Bernardo Manuel Carrillo Collado
Expediente 968/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 968/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Bernardo Manuel Carrillo Collado
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION QUE DICE: Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Bernardo Manuel Carrillo Collado, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que anexó en su escrito de demanda y se haga entrega a las personas que indicó en dicho ocurso. Al respecto, dígase al promovente que deberá estarse a lo ordenado mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, donde se dejaron a su disposición los documentos exhibidos en el expediente en que se actúa; asimismo, se autoriza a las personas que señala para la recepción de dichos documentos.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo.
- Principal
Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE A LA QUE SE LE DEJO AVISO, LA RESOLUCION QUE DICE: Vista la demanda de amparo que promueve Bernardo Manuel Carrillo Collado, contra actos de Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, con residencia Veracruz, Veracruz y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1o, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: Con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108 y 112 de la Ley de Amparo; fórmese juicio de amparo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 968/2022-II, que es el que le correspondió. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitir ni tramitar la demanda de que se trata, al advertir este órgano jurisdiccional causas de improcedencia manifiestas e indudables, cuya observancia es de oficio, atenta su naturaleza de orden público. Del texto del referido numeral se colige que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo anterior, fue dispuesto así por el legislador, tomando en consideración que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, el cual debe ser promovido como último medio de defensa de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales. De la demanda de amparo de cuenta se advierte que Bernardo Manuel Carrillo Collado, señaló como autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, con residencia Veracruz, Veracruz y otra autoridad; y como acto reclamado el siguiente: - La verificación o Revisión al Sistema de Medición y la Instalación Eléctrica del medidor con número de servicio 8491120904880 ubicado en el domicilio ubicado en Martí número 380, Fraccionamiento Reforma de la Ciudad de Veracruz, realizada el veinticuatro de octubre del año en curso, mediante el acta con folio número DJ-19779/22; DJ12884/22 y la suspensión o corte del servicio de energía eléctrica. De la lectura integral de la demanda y de los anexos que acompañan se observa que la parte quejosa es titular del contrato de suministro de energía eléctrica con número de servicio 849 120 904 880, relativo al inmueble ubicado en Martí 380, entre Magallanes y Alamino, Fraccionamiento Reforma, C.P. 91919, Veracruz, Veracruz, lo que se corrobora con el recibo emitido por la Comisión Federal de Electricidad, así como de la constancia Aviso de Revisión al Sistema de Medición y la Instalación eléctrica que anexó a su demanda. Igualmente, se advierte que en esencia lo que reclama en esta vía es la verificación de fecha veinticuatro de octubre del año en curso, así como el corte del servicio de energía eléctrica con número de servicio 849 120 904 880, que reclama la parte quejosa; por lo que, este Juzgado de Distrito advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo Para demostrar lo anterior, es preciso tener en cuenta diversas puntualizaciones que se vinculan necesariamente con tal premisa, como son las relativas a los conceptos de "autoridad responsable", "acto de autoridad" y a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad y sus diferencias con los actos de particulares. Al tomar en cuenta las consideraciones contenidas en el criterio invocado, es dable concluir que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público otorgadas por la norma jurídica, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral, con independencia de su naturaleza formal, que con facultades de facto o de jure, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, así como aquellos particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, sin necesidad de acudir ante diverso órgano jurisdiccional para dirimir sus controversias y exigir el cumplimiento coactivo de una pretensión. Todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Aquellos entes que con independencia de su naturaleza formal, creen, modifique o extingan situaciones jurídicas u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, así como aquellos particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad. b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que los actos que dicten sean en forma unilateral y obligatoria, afectando la esfera jurídica del gobernado, sin necesidad de la intervención de un tribunal. En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de entes jurídicos que actúen en plano de coordinación con los gobernados, es decir, sin dichas potestades para poder emitir actos unilaterales y obligatorios en perjuicio de la situación jurídica de los particulares, o de los particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5o de la Ley de Amparo, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel o, dicho de otra forma, en igualdad de circunstancias; teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el procedimiento jurisdiccional contencioso o administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, pues los entes gubernamentales actúan con la potestad e imperio que la ley les confiere; y, por ello, la Carta Magna establece una serie de derechos fundamentales que, como limitaciones, deben observar al actuar frente al gobernado a fin de no conculcar sus derechos, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Aclarado lo anterior, cabe afirmar que en la especie la relación jurídica entablada con motivo del contrato de suministro de energía eléctrica con número de servicio 849 120 904 880, relativo al inmueble ubicado en Martí 380, entre Magallanes y Alamino, Fraccionamiento Reforma, C.P. 91919, Veracruz, Veracruz, celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, y el acto reclamado consistente, como ya se dijo, en el verificación de fecha veinticuatro de octubre del año en curso, así como el corte del servicio de energía eléctrica, es un acto que únicamente se ubica dentro de los denominados de coordinación que, como se ha visto, excluye la idea de un "acto de autoridad" que es la que impera en las relaciones de supra a subordinación, pues deriva del contrato celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y la parte quejosa para que le proporcionara el servicio de suministro de energía eléctrica en el referido domicilio. Lo anterior se corrobora con los documentos aportados por la propia quejosa, en los que se advierte que ésta tiene contratado con la referida compañía de electricidad bajo el número de servicio 849 120 904 880, y derivado de ese contrato, se proporciona el servicio de suministro de energía eléctrica al inmueble ubicado en Martí 380, entre Magallanes y Alamino, Fraccionamiento Reforma, C.P. 91919, Veracruz, Veracruz, lo que se corrobora con el recibo emitido por la Comisión Federal de Electricidad y la referida constancia de aviso de revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica, todos a su nombre, que exhibió con su demanda. En ese orden de ideas, es posible afirmar que los actos reclamados de la Comisión Federal de Electricidad, no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, que impliquen el ejercicio de una potestad pública, impositiva, unilateral y obligatoria que afecte situaciones jurídicas de la parte quejosa con base en una ley cuyo ejercicio sea irrenunciable, sino que derivan de un acuerdo privado de voluntades -contrato de suministro de energía eléctrica-, en el que las partes participan en un plano de coordinación, por lo que el referido acto tiene como base el propio convenio. Por consiguiente, es indudable y manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia antes analizada, dado que los actos reclamados no son susceptibles de ser impugnados en la vía constitucional, al no emanar de una autoridad con carácter de responsable para efectos del juicio de amparo; es decir, no se trata de actos que hubieran sido emitidos en ejercicio de su imperio o sus atribuciones de mando, que por ley le resultare ineludible su aplicación; ni mucho menos se trata de un acto que implique que en ejercicio de las facultades, de forma unilateral, hubiere creado, modificado o extinguido situación jurídica alguna que afecte la esfera legal de la solicitante de amparo; sino que se trata del cumplimiento o incumplimiento de obligaciones y derechos pactados por la parte quejosa y la empresa suministradora de energía eléctrica respecto del cobro de la cantidad determinada en el ajuste de facturación respecto del servicio suministrado y facturado a la quejosa en su domicilio, por lo cual, en todo caso, tales cuestiones deben ser atendidas y resueltas por la autoridad jurisdiccional competente en materia mercantil. En ese contexto, si de los hechos narrados en la demanda, y anexos a la misma, se advierte que los actos reclamados tienen su origen en un contrato en el que las partes participaron en una relación de coordinación; por tanto, aun cuando se llegara a admitir la demanda, ello no podrá ser desvirtuado en el curso del procedimiento del presente juicio, lo que torna en manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio. En esas condiciones, toda vez que la cuestión tendiente al suministro de energía eléctrica es de naturaleza comercial pues está directamente relacionada con el contrato de prestación de servicio de suministro de energía eléctrica celebrado entre el quejoso y la Comisión Federal de Electricidad, por ello, las controversias suscitadas entre las partes deben ventilarse en la vía ordinaria mercantil, ya que son de naturaleza materialmente mercantil, y no en una instancia extraordinaria de amparo. En este sentido, queda de manifiesto el vínculo contractual que existe entre la solicitante de amparo y la Comisión Federal de Electricidad; en consecuencia, la controversia que plantea la promovente, en todo caso, se debe ventilar en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los Tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como el hecho de que cuando sólo se afecten intereses de particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquellas los jueces y Tribunales del orden común. En consecuencia, es indudable y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia antes analizada, dado que los actos reclamados no son susceptibles de ser impugnados en la vía Constitucional del amparo indirecto, al no emanar de autoridades con carácter de responsables para efectos del juicio de amparo; es decir, no se trata de actos que hubieran sido emitidos en ejercicio de su imperio o sus atribuciones de mando, que por ley le resultare ineludible su aplicación; ni mucho menos se trata de un acto que implique que en ejercicio de las facultades, de forma unilateral, hubiere creado, modificado o extinguido situación jurídica alguna que afecte la esfera legal de la solicitante de amparo; sino que se trata de actos relacionados con los derechos y obligaciones derivados del contrato de suministro de energía eléctrica que proporciona Comisión Federal de Electricidad, por lo que se trata de cuestiones formal y materialmente mercantiles, ya que las entidades de la Comisión Federal de Electricidad, señaladas como responsables actuaron en carácter de proveedores de un servicio y no como ente gubernamental y se insiste, en todo caso, tales cuestiones deben ser atendidas y resueltas por la autoridad judicial que corresponda. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el artículo 113 de la aludida ley.
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