Bernardo Fernando Carmona Ruíz

Expediente 56/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
56/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • Bernardo Fernando Carmona Ruíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el Oficio B-220/2023, signado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, a través del cual remite resolución dictada en sesión ordinaria virtual de cuatro de mayo del presente año, en el recurso de queja 55/2023, mediante la cual se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por Bernardo Fernando Carmona Ruiz, contra el proveído de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo indirecto 56/2023, por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz." En consecuencia, acúsese recibo de estilo vía interconexión al Tribunal de Alzada y archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, Punto 2, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso d) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista de acuerdo a la parte quejosa y por oficio vía interconexión al Tribunal de Alzada.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 858/2023, signado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual comunica que dicho órgano colegiado admitió el recurso de queja interpuesto por ********************, parte quejosa en el presente asunto, en contra del proveído de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó su demanda de amparo por los motivos ahí expuestos, el cual quedó registrado con el número de expediente ********************, de su índice. Notifíquese por lista electrónica a las partes.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintitrés.********************Téngase por recibido el escrito de presentación y expresión de agravios signado por el quejoso ********************, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, todos de la Ley de Amparo, téngase al promovente interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, a través del cual, se desechó la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa.********************En consecuencia, ríndase informe en relación con la materia de la queja al Tribunal Colegiado respectivo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, en el sentido de es cierto al acto impugnado.********************En efecto, mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, que es el impugnado a través del recurso de queja, este órgano de control constitucional desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, por las consideraciones ahí contenidas.********************En tales condiciones, con fundamento en los artículos 3 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados por el diverso Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que establecen que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; asimismo, que cuando el órgano jurisdiccional que conozca de un asunto estime necesario consultar las constancias que obren ante uno diverso, deberá privilegiar el expediente electrónico; y, que excepcionalmente, previa justificación, se podrán enviar las constancias de manera física, póngase a disposición del Tribunal Colegiado al que por turno corresponda el conocimiento del recurso de queja de mérito, la consulta del presente expediente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para su tramitación.********************Ahora, en cumplimiento al punto "1" de la circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, se proporciona la información necesaria para el turno del recurso de queja al Tribunal Colegiado en Materia Civil que corresponda; misma que consiste en:********************Parte quejosa: ********************.********************Autoridades responsables: ********************Juez Cuarto de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz.********************Juan Martínez Vázquez, Oficial administrativo adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz, Ver.********************Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz.********************Actos reclamados: ********************". A LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA.********************a) El ilegal determinación (autónoma a la sentencia de fecha 1 de diciembre del 2022), librada dentro del expediente 1611/2015, del índice de la autoridad ordenadora, mediante la cual el juez responsable ordena la ejecución material de dicha resolución de forma distinta a la ordenada en la sentencia del juicio natural de la que emanan los actos reclamados.********************b) La falta de notificación de dicha determinación ya que NUNCA FUI NOTIFICADO de la misma, ni requerido para hacer entrega del inmueble a la que fui condenado en el término que establece la ley LO QUE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN GRAVE DE los derechos humanos del suscrito en términos de los artículos 1, 14 y 16 constitucionales.********************A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA.********************a).- La ilegal diligencia de lanzamiento de fecha 8 de diciembre del 2022, mediante la cual dicha diligencia de lanzamiento se llevó a cabo materialmente sobre un inmueble diferente, o es decir; se materializó de manera distinta a la ordenado en la sentencia definitiva del juicio natural." ********************Autorizado: ********************.********************Recurso de queja contra desechamiento.********************Juicio de amparo: 56/2023-II.********************Notifíquese por oficio a la superioridad, así como por lista a las restantes partes.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE A LA QUE SE LE DEJO AVISO, LA RESOLUCION QUE DICE: Vista la demanda de amparo que promueve Bernardo Fernando Carmona Ruiz, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 56/2023-II. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Además, el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia de que las hayan invocado las partes, o no, dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. Así, a juicio del suscrito, la demanda promovida es notoriamente improcedente, conforme a lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que refiere a la improcedencia del juicio de garantías en los casos en que resulta de alguna disposición de la Ley, en relación con el precepto 107, fracción VI, de la citada Ley de la materia, a contrario sensu, el cual establece la procedencia del amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas. Del escrito de la demanda de garantías se desprende que el Por otra parte, también se observa del escrito de demanda que el solicitante del amparo aduce fundamentalmente y bajo protesta de decir verdad, que es parte demandada en el juicio, antes 330/2004, ahora 1611/2015 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, que compareció al mismo y que atendiendo a la pésima defensa por parte de sus abogados, se emitió sentencia el veintisiete de febrero de dos mil nueve, mediante el cual, se le condenó a declarar judicialmente que los actores son los legítimos propietarios de diversos lotes de la manzana 235, del fraccionamiento Costa Verde, en el municipio de Boca del Río, que se ubica en la calle 18, actualmente calle 12 y construcciones existentes y a la desocupación y entrega del referido inmueble, que el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se realizó la diligencia de desalojo, pero que con motivo del juicio de amparo 393/2019 de este índice, promovido por José Manuel Suastegui Zurita, propietario del cincuenta por ciento del inmueble materia de la Litis, en el que se le concedió el amparo solicitado para el efecto de que: las cosas se vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación.esto es, se le restituya en el goce y disfrute de sus derechos de propiedad sobres los bienes inmuebles materia de la controversia, en razón de que fue ajeno a la relación jurídica ventilada en el juicio ordinario civil 1611/2015, sin que ello implique que se declare la nulidad de todo lo actuado. Que se invoca como hecho notorio, al tener a la vista dicho expediente, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la presente determinación se tengan a la vista, lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aduce, que se respetó el derecho de propiedad del mencionado José Manuel Suastegui Zurita, pero que, posterior a ello, el representante legal de la parte actora, solicitó se ordenara el lanzamiento del cincuenta por ciento del inmueble materia de la condena, cuya propiedad manifestaron les pertenecía, por lo que, el Juez Cuarto de Primera Instancia, emitió el auto de uno de diciembre dos mil veintidós, en el que establece fecha y hora para la diligencia de lanzamiento, la que se ejecutó el ocho de diciembre pasado (actos reclamados en esta vía). Precisado lo anterior, es dable sostener que se actualiza la referida causa de improcedencia, en virtud de que el accionante de la tutela constitucional no se encuentra ubicado en el supuesto exigido por la norma, para la procedencia del juicio de amparo, en virtud de que no es tercero extraño al procedimiento de origen. En efecto, de la demanda de amparo se desprende que, la impetrante de amparo, manifestó expresamente que fue notificado en el juicio natural, en el cual, se le condenó, por lo que, como se dijo, no es tercero extraño a juicio (entendido éste como la persona que habiendo sido señalada como parte en el juicio de origen, no es llamado a él o se le cita en forma contraria a la ley). De esa guisa, la sola circunstancia de que se ponga de manifiesto que el solicitante del amparo conoce de la existencia del juicio en el que es parte y compareció, lo despoja de su carácter de extraño al procedimiento. Pues no debe soslayarse que, al manifestar que fue notificado al juicio de origen el impetrante de garantías queda supeditado a la resulta del recurso o medio de defensa que la Ley procesal que rige el acto reclamado le permita interponer en contra de los actos que por esta vía constitucional reclama; de ahí que, como se dijo, estuvo en aptitud de hacerlo valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio juicio y, en caso de no obtener resolución favorable, hacer el planteamiento de las violaciones al momento de combatir esa resolución. De ahí que, si el quejoso, pretende impugnar actos del procedimiento, después de concluido el juicio y en etapa de ejecución, no obstante que es parte en el juicio y que no es tercero extraño por equiparación, es inconcuso que las acciones que se deducen en este procedimiento de tutela constitucional devienen improcedentes, al actualizarse la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que refiere a la improcedencia del juicio de amparo en los casos en que resulta de alguna disposición de la Ley, en relación con el precepto 107, fracción VI, de la citada Ley de la materia, a contrario sensu. Sin que este órgano jurisdiccional pase inadvertido la manifestación de la parte solicitante del amparo en el sentido de que no se le notificó el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós; sin embargo, al haber sido emplazado y comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse dentro del contencioso. Lo que también se hace extensivo al precepto impugnado, esto es, respecto a al artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, pues al ser improcedente el juicio respecto del primer acto de aplicación, también lo es respecto de la norma controvertida A mayor abundamiento, debe decirse que con independencia de lo anterior, el juicio de amparo también es notoriamente improcedente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual refiere la improcedencia del juicio de garantías cuando se promueva contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, en atención al principio de definitividad que rige en la materia de amparo. Lo anterior es así, toda vez que si el quejoso reclama que no se le notificó el auto de uno de diciembre de dos ml veintidós, en el que se ordenó la diligencia de lanzamiento, soslayó que, siendo parte demandada en dicho controvertido, es inconcuso que no tiene el carácter de tercero extraño, y por tanto, al ser parte formal y material en el juicio natural, estaba en condiciones de impugnar dicho acto, a través del recurso o medios de defensa idóneos que contempla la legislación de la materia, y el código procesal civil supletorio, como es el incidente de nulidad de notificaciones, por virtud del cual pudo ser combatida dicha omisión de notificación, y al no agotar ese medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad. Ello se afirma así, pues a pesar de que el promovente del amparo manifiesta en su demanda que no fue notificado del auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, debía hacer valer el citado medio de impugnación previsto en la ley ordinaria; máxime que se trata de la legalidad de notificaciones, pues a través del incidente de nulidad de notificaciones toda notificación u omisión de ella, que los solicitantes de amparo consideraren defectuosa, podría ser ordenada o nulificada, precisamente en razón de que ese es el fin último del citado incidente y, por ende, queda comprendido entre aquellos a los que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley reglamentaria del juicio de garantías, sin que se encuentre en ninguno de los casos de excepción previsto en dicha fracción. Entonces, si el solicitante de amparo, a pesar de ser parte en el controvertido natural del que hace derivar el acto reclamado, no agotó dicho medio de impugnación antes de promover este juicio constitucional, resulta evidente que el acto reclamado en su demanda de amparo al no haber sido notificado, carece de definitividad y, por ende, no puede ser impugnado en la vía constitucional. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Dichos artículos prevén la improcedencia del juicio de amparo en los casos en que resulta de alguna disposición de la Ley, en relación con el precepto 107, fracción IV, de la citada Ley de la materia, interpretado a contrario sensu, el cual exige para la impugnación de los actos dictados en ejecución de una sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en el mismo, como lo es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Lo anterior es así, en razón de que el aludido acto reclamado, consistente en la orden de lanzamiento llevada a cabo el ocho de diciembre de dos mil veintidós, con motivo del auto de uno de diciembre de ese propio año, es un acto dictado en ejecución de sentencia, pero que no es la última resolución de esa sección de ejecución, como lo es la relativa a aquélla en que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ello, porque la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues se dirige a preparar y lograr el mismo, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. En esas condiciones, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo hasta entonces, reclamarse en la misma demanda las demás violaciones que se hayan cometido durante ese procedimiento; siendo así, evidentemente opera la causa de improcedencia antes invocada, en atención a que el acto reclamado que anteriormente se detalló, no constituye la última resolución dictada en ese procedimiento, pues todavía quedan otros actos posteriores y no es hasta la resolución que aprueba o reconozca el cumplimiento total de la ejecución de la sentencia emitida en el expediente del que emana el acto reclamado, en que se pueda hacer valer las violaciones cometidas en el mismo. Por tanto, el impetrante debe esperar hasta que se emita la última resolución en el procedimiento de ejecución, pudiendo ser la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente; y reclamar conjuntamente las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trasciendan al resultado de la resolución. Máxime que no se advierte que el lanzamiento impugnado afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del peticionario de amparo, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, ajenos a la cosa juzgada. Lo anterior, dado que, la Ley de Amparo vigente, define expresamente cuales son los actos de imposible reparación para la procedencia del amparo indirecto, ya que su artículo 107, fracción V, ofreciendo precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; por lo que puede afirmarse que, con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Y en la especie, la orden de lanzamiento reclamada, dentro de los autos del juicio 1611/2015 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia con residencia en Veracruz, Veracruz, es un acto que no es ajeno a la cosa juzgada; por el contrario, deriva de una resolución definitiva que constituye cosa juzgada y, por ende, es de orden público e interés social que se logre el cumplimiento de lo sentenciado. En esas condiciones, si el acto reclamado destacado, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución a que se refiere la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es inconcuso que ha quedado plenamente demostrado que en el caso particular, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia en estudio. Ante esa tesitura, en el caso se actualizan en forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia preinvocadas. En consecuencia, en términos del artículo 113 de la propia Ley, procede desechar de plano la demanda de amparo en comento.

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