Bernabe Montoya Montoya

Expediente 714/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
714/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Bernabe Montoya Montoya

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por Bernabé Montoya Montoya; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de garantías; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Del análisis del presente asunto, se advierte, no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA

  3. Principal

    S E NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUEDOS LA PARTE QUEJOSA BERNABÉ MONTOYA MONTOYA EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO EL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE QUE DICE:Vista la demanda de cuenta, promovida por Bernabé Montoya Montoya, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, con sede en la ciudad de Guamúchil, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 714/2019-2B. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: ? Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa con sede en Guamúchil. ACTO RECLAMADO: ? El auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, en el incidente de nulidad de actuaciones, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 342/2019, promovido por Ariel Walterio Armenta Armenta, contra el aquí quejoso. Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo cual la demanda se debe desechar de plano por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de amparo. Ciertamente, el precepto legal referido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)". Asimismo, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Al respecto, de una interpretación de los artículos citados anteriormente, se obtiene que tratándose de actos emitidos en juicio, sólo podrá promoverse el juicio de amparo contra actos que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos, situación que en el caso en concreto no acontece. En ese orden de ideas, para determinar si el acto que la parte impetrante de amparo tilda de inconstitucional es reclamable por la presente vía, es menester primeramente estudiar si es de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte a través de los derechos humanos. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Ahora bien, desde la perspectiva jurisprudencial, sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aun con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. Asimismo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, debe precisarse el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Pues bien, el máximo órgano constitucional destacó que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, a fin de ser calificados como tal, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, -precisando- que el concepto "imposible reparación" rebasa lo puramente procesal, por lo que, debía lesionar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior, deriva de la interpretación de jurisprudencia realizada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual concluyó que no era dable continuar sosteniendo el criterio -personalidad- de imposible reparación, dada que dicha interpretación fue realizada de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad, en cuanto al concepto de imposible reparación. Sin embargo, -puntualizó- a la fecha no ocurre lo mismo, puesto que la vigente Ley de Amparo establece que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos" y otro su naturaleza "material" de la lesión producida. Así, debe precisarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de los derechos humanos, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. La señalada causa de improcedencia se materializa en la especie, porque el acto reclamado lo constituye un acto dentro de juicio que no produce efectos de imposible reparación ni afecta en grado superior o predominante en perjuicio a la parte quejosa. Así es, el peticionario del amparo reclama destacadamente el auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, con sede en Guamúchil, en el juicio Ejecutivo Mercantil número 342/2019, de su índice, en el que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el aquí quejoso Bernabé Montoya Montoya, en el juicio Ejecutivo Mercantil instaurado en su contra por Ariel Walterio Armenta Armenta. Por la naturaleza misma de ese proveído debe puntualizarse que, atendiendo a la materia del incidente de nulidad de actuaciones, sólo genera efectos puramente adjetivos o procedimentales, porque el fondo de la cuestión debatida quedó constreñida a dilucidar sobre la legalidad o ilegalidad de una notificación; y de ahí que indudablemente se trata de una violación procesal que no tiene la particularidad de producir consecuencias de imposible reparación, porque no genera ninguna afectación material en forma directa ni inmediata derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tal como lo exige el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como requisito sine qua non de procedibilidad del juicio constitucional en la vía biinstancial. Motivo por el cual, al tratarse la determinación reclamada de actos de carácter netamente formal, sólo trasciende y actualiza sus consecuencias hasta en tanto se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento, o en su caso, se violen derechos sustantivos de la parte promovente, de ahí que no puedan ser calificados como actos terminales, o bien de imposible reparación; máxime que si el procedimiento del que derivan los actos reclamados aún no concluye, y se encuentra transcurriendo el proceso, es claro que la parte promovente aún no puede saber el sentido de la resolución que ahí se dicte respecto del asunto en lo principal, y por ende, tampoco puede conocer desde este momento, si el referido juicio, le será desfavorable, siendo hasta ese momento, en el cual la parte peticionaria de amparo estará en aptitud de aseverar que el acto que ahora reclama le causó un daño o perjuicio de difícil reparación y en este supuesto podrá combatirlo por los medios legales que estime pertinentes. En todo caso las transgresiones aducidas por el quejoso podrían constituir una infracción al procedimiento susceptible de ser reparada al promoverse juicio de amparo directo contra la última resolución dictada en el procedimiento respetivo. Cierto, el artículo 172 de la Ley de Amparo prevé tal situación: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad.". Por identidad jurídica sustancial, es consultable de igual manera, la Tesis III.3o.C.43 K, que se localiza en la página 835, de Tomo X, del mes de Julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con el rubro y contenido: "ACTOS DENTRO DE JUICIO QUE NO SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SU IMPUGNACIÓN HASTA EL AMPARO DIRECTO NO INFRINGE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. La Ley de Amparo es reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que es donde se encuentra establecida la procedencia del juicio de garantías. Y justamente el segundo de tales preceptos, en su párrafo inicial, establece que: 'Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley' (o sea, la Ley de Amparo), 'de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos ... fuera de juicio o después de concluido ...'. Es decir, que es la propia Constitución la que aun cuando en su artículo 17 previene que la justicia debe ser pronta y expedita, dispone o autoriza a que en ciertos casos sea la Ley de Amparo la que reglamente lo relativo al momento en que procede tramitar el juicio de garantías". También sustenta lo anterior la tesis de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil novecientos ochenta y uno, Tomo XCVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de registro 370162, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA A DECLARARLA. El artículo 158, fracción III, (relacionada con lo previsto en la fracción I), de la Ley de Amparo, establece que en los juicios seguidos ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las violaciones procesales sólo pueden ser reclamadas en el amparo directo que se enderece contra el laudo definitivo, por violaciones a las leyes del procedimiento o cometidas durante el curso del juicio arbitral, cuando se hayan afectado las partes sustanciales de él y de manera que su infracción, precisamente, haya dejado sin defensa al quejoso; y no pertenece a otra categoría el acuerdo que desecha un incidente de nulidad, como resulta de conjugar las fracciones V y XI del artículo 159 de la propia ley. La primera de dichas fracciones no distingue, por cierto, entre la nulidad absoluta y la relativa. Por tanto, este amparo es prematuro porque el acuerdo que desechó la demanda de nulidad de actuaciones en el procedimiento laboral, no puede reputarse definitivo, ni causa gravamen de imposible reparación, mientras no se pronuncie el laudo que ponga fin al conflicto de trabajo, por lo que debe confirmarse el auto del Juez de Distrito, que desechó de plano la demanda de garantías.". Asimismo, son aplicables las siguientes tesis emitidas por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la primera consultable en la página dos mil trescientos setenta y dos, Tomo CVI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de registro 343451, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES, AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA. La interlocutoria que niega la declaración de nulidad de actuaciones judiciales, constituye una violación de procedimientos catalogada en la fracción V del artículo 159 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que no admite el amparo indirecto, sino la preparación del directo en los términos del artículo 61 de la misma ley". Otra de ellas, es la que aparece publicada en la página ochocientos treinta y uno, Tomo CIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de registro 344162, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES, AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS INCIDENTES DE. La resolución dictada en un incidente de nulidad de actuaciones, que permite la continuación del juicio, se encuentra comprendida dentro de lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, y por lo mismo, la violación procesal que esa resolución pudiera causar, sólo puede reclamarse al ocurrir al amparo contra la sentencia definitiva y no mediante un juicio de garantías indirecto". De igual forma, la que aparece publicada en la página ochocientos noventa y seis, Tomo CIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de registro 343919, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA. La resolución que niega la nulidad de actuaciones solicitada por el quejoso, constituye una violación procesal catalogada en la fracción V del artículo 159 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y por lo mismo, dicha resolución debe reclamarse al interponerse el juicio de garantías contra la sentencia definitiva, y no en amparo indirecto, el cual debe reputarse notoriamente improcedente". Lo anterior, también encuentra sustento en la jurisprudencia 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Por tanto, además de que el acto reclamado no es de ejecución irreparable, tampoco se actualiza el caso de excepción de procedencia del amparo indirecto, relativo a la afectación en grado preponderante o superior los derechos fundamentales de la aquí quejosa, con motivo de lo resuelto en la interlocutoria reclamada. Tiene aplicación sobre lo anterior, a contrario sensu, la tesis P.LVIII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diez, Tomo XX, octubre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio". Luego entonces, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida con antelación a nada práctico conduciría admitir una demanda de garantías notoria e indudablemente improcedente, pues aun cuando se admitiera la demanda y se ventilara el procedimiento no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V de la Ley de Amparo, en concordancia con los arábigos 170 y 172, fracción V, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Finalmente, con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en Gabriel Leyva número 416 Norte interior 312, entra Cárdenas y Heriberto Valdez, en esta ciudad, y como su autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Heriberto Sánchez Camacho, Gilberto Angulo Obeso y Juan Alonso Armenta Lun.

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