Bernardo Campos Zúñiga
Expediente 925/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 925/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 20/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Bernardo Campos Zúñiga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del proveído dictado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Bernardo Campos Zúñiga (fojas 133 a 138); con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este órgano jurisdiccional este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello es susceptible de destrucción y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es destruible dado que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva, solicitadas por la parte quejosa, y destruible su duplicado; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente y en los cuadernos incidentales. Sin que se haga pronunciamiento sobre la devolución de documentos o garantía, toda vez que no fueron exhibidos los primeros, ni la segunda en el cuaderno incidental. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que del sumario se aprecia que la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Pátzcuaro, Michoacán, envió en apoyo al informe justificado que rindió copia certificada de las constancias de donde emanó el acto reclamado, con el cual se formó un tomo de prueba y un disco versátil que contiene videograbada la audiencia preliminar del juicio ordinario familiar 337/2017; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta súplica del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrán como recibidos a su entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: BERNARDO CAMPOS ZÚÑIGA. Visto el estado que guardan los autos se advierte, que a la fecha ha trascurrido el plazo de veinte días que se otorgó a la parte quejosa para que compareciera ante esta potestad federal a recoger los edictos ordenados en auto de once de abril último (fojas 125 a la 128) y acreditara haber realizado el trámite relativo a su publicación, sin que lo haya hecho; por tal motivo se provee en los términos siguientes: En el particular se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Dicho precepto es del tenor siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; Del artículo trascrito se obtiene que debe sobreseerse el juicio de amparo cuando el quejoso omita justificar que entregó los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de Ley de Amparo. Por su parte, dicho numeral 27 señala: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. (.)". De lo expuesto, se advierte que en los casos en los cuales deba hacerse la notificación a la parte tercera interesada mediante edictos, procede sobreseer en el juicio siempre y cuando el quejoso no haya acreditado que los entregó para su publicación en los siguientes veinte días al en que se pongan a su disposición. Ahora, de las constancias del juicio de amparo se aprecia, en lo que interesa para resolver, lo siguiente: a) En proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se reconoció la calidad de tercera interesada a Ma. Guadalupe García Solorio, por sí y en cuanto representante legal de su menor hijo B.S.G.S., señalándose como domicilio para su emplazamiento el ubicado en la calle Cuarta de Ibarra número 122-A, zona centro, en Pátzcuaro, Michoacán (fojas46 y 47). b) Ante la imposibilidad de emplazarla en ese domicilio y en el diverso ubicado en la calle Tajo sin número, Barra La Asunción, código postal 61630, en Erongarícuaro, municipio de Pátzcuaro, Michoacán, advertido en la foja 6 del tomo de pruebas y, tomando en consideración que la investigación realizada por este órgano jurisdiccional para indagar su paradero no arrojó resultados positivos, según se advierte de lo expuesto en el acuerdo de once de abril del presente año (fojas 125 a 128), en el que, además, se declaró procedente notificar por edictos a la parte tercera interesada, para lo cual se hizo saber al quejoso Bernardo Campos Zúñiga que contaba con el plazo de veinte días a fin de que acreditara haber realizado el trámite para la publicación de los edictos con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo u omitir manifestar algún impedimento se sobreseería en el presente juicio de garantías. c) Dicho proveído se notificó a la parte quejosa el veintidós de abril del año en curso, mediante lista que se fija en los estrados de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, por lo cual conforme al numeral 31, fracción II, de la ley en la materia surtió efectos el veintitrés siguiente (fojas 129 y 130). En ese sentido, se aprecia que dichos edictos estuvieron a disposición de la parte quejosa desde el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, esto es, al día siguiente en que surtió efectos la notificación del auto de once de abril pasado. Así pues, el término de veinte días siguientes a que se refiere el inciso b) de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo comenzó a computarse a partir del veinticuatro de abril pasado, concluyendo el veintidós de mayo del año en curso, en virtud de que fueron inhábiles los días veintisiete y veintiocho de abril, uno, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de mayo, todos del presente año. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 27, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Ahora, durante dicho término, el quejoso Bernardo Campos Zúñiga omitió comparecer a recoger los edictos y entregarlos para su publicación. En ese tenor se tiene que, dentro del término de veinte días otorgado al promovente del amparo para que compareciera a recoger los edictos para su publicación, no acató dicha determinación y tampoco compareció ante este órgano de control constitucional a manifestar algún impedimento para ello. Lo expuesto revela que la intención de la parte quejosa no fue la de cumplir con la carga procesal que le impone el artículo 27, fracción III, inciso b), último párrafo , esto es: Que acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de los veinte días siguientes a que se pusieron a su disposición. Cabe referir que conforme al inciso c) del numeral antes señalado de la Ley de Amparo, existe una salvedad para cumplir con la carga procesal referida, esto es, cuando a juicio del órgano jurisdiccional el quejoso se trate de una persona de escasos recursos, supuesto en el cual se ordenará la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Para hacer operante dicha salvedad, el juez debe acudir a las constancias que integran el juicio de amparo para advertir si existen indicios de los que se desprenda que la parte quejosa se trata de una persona de escasos recursos. Al respecto, el Alto Tribunal de la Nación estableció que el término "escasos recursos" se entiende que es un concepto dinámico que debe interpretarse ampliamente en cada caso concreto. Para lo cual, a fin de determinar si la parte quejosa se ubica en una condición social de desventaja que le impide cumplir con ciertas cargas procesales [por ejemplo, el pago de los edictos para emplazar a la parte tercera interesada o expresar conceptos de violación a fin de combatir el acto reclamado], debe partirse del análisis de los elementos que obren en autos para determinar si existen indicios suficientes que demuestren la capacidad económica de la parte quejosa, en donde se debe tomar en cuenta: ? La materia del juicio; ? Los datos aportados por el quejoso o por las autoridades responsables de donde se advierta su condición económica; y, ? Las características particulares del caso concreto . En el presente caso, la materia del juicio versa sobre un proveído emitido el uno de octubre de dos mil dieciocho -particularmente en lo concerniente al requerimiento de pago por concepto de las pensiones mensuales adeudadas por pensión alimenticia provisional y apercibimiento en caso de no hacerlo- en el juicio ordinario familiar 337/2017, que sobre reconocimiento de la paternidad del menor B.S.G.S., promovió Ma. Guadalupe García Solorio, frente a Bernardo Campos Zúñiga, en el cual el quejoso figura como parte demandada. Así, la circunstancia consistente en que el acto reclamado emane de un juicio familiar, en el que el quejoso es la parte demandada y a cuyo cargo la juez responsable, con base en las constancias conducentes, fijó una pensión alimenticia provisional en favor del menor B.S.G.S., de manera mensual, constituye un indicio que permite presumir que la parte quejosa posee los recursos necesarios para publicar los edictos requeridos; máxime que no compareció ante este órgano jurisdiccional a ventilar ninguna imposibilidad para ello. Así, tomando en consideración que la parte quejosa no manifestó que se encontraba imposibilitada a recoger los edictos para su publicación por ser de escasos recursos, no obstante que han transcurrido más de los veinte días hábiles concedidos en el acuerdo de once de abril del presente año, este órgano jurisdiccional de amparo debe continuar con el trámite del juicio conforme las directrices que fueron trazadas dentro de la secuela procesal. Y si conforme tales directrices se requirió a la parte quejosa para que recogiera los edictos o acreditara su imposibilidad para hacerlo en un plazo de veinte días, siendo omisa en cumplir con lo anterior, es indudable que resulta procedente hacer efectiva la sanción procesal con la que fue apercibida, a saber, decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Pues tal como lo refirió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 275/2013, la debida integración de la relación jurídico-procesal no debe quedar al arbitrio de las partes, sino que la misma le corresponde al juzgador, de tal manera que es válida la imposición al quejoso de la carga procesal de publicar los edictos o acreditar la imposibilidad que tiene para hacerlo. Carga que, por una parte, tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a ninguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el contenido conducente del artículo 14 constitucional y, por otra, tal carga se encuentra concebida en función del diverso artículo 17 constitucional que impone el deber a los juzgadores de impartir justicia en los plazos y términos establecidos en la ley. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción II y 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el juicio promovido por Bernardo Campos Zúñiga; por ello, se deja sin efectos la citación para la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del seis de junio de dos mil diecinueve. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se obtiene que a la fecha se encuentra trascurriendo el plazo de veinte días, para que la parte quejosa acredite las gestiones realizadas a fin de publicar los edictos para emplazar a juicio a la tercera interesada María Guadalupe García Solorio, por sí y en cuanto representante legal de su menor hijo B.S.G.C.; por tanto, para dar margen a que transcurra el mencionado lapso, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del seis de junio de dos mil diecinueve, para su verificativo. Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a las autoridades responsables, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
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