Berenice Manzano Rodríguez

Expediente 1026/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1026/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
22/05/2018

Partes del expediente

  • Berenice Manzano Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el oficio del Juez Cuarto Menor en Materia Civil con residencia en esta ciudad, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del comunicado 10335/2018, así como de las constancias que remitió como justificación a su informe de ley, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo II-1026/2017, promovido por Berenice Manzano Rodríguez, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido, junto con los cuadernos incidentales relativos. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del juicio en que se actúa, de igual forma es DEPURABLE dado que en la especie se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por el quejoso. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales ni garantía, toda vez que, por una parte, no se exhibieron documentos originales y, por otra, los billetes exhibidos en el incidente de suspensión ya fueron devueltos a la parte quejosa. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Dado que del sumario se aprecia que la autoridad responsable Juez Cuarto Menor en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, allegó las constancias de las que deriva el acto reclamado, en razón de que este juicio de amparo ha concluido, siendo innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo, dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrán por recibidas a entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de marzo del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Juez Cuarto Menor en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán; mismo que fue notificado a las partes el veintiséis siguiente y tres de abril pasado (fojas 99, 101 y 104). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el quince de febrero de dos mil dieciocho (fojas 53 a 63), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a la quejosa Berenice Manzano Rodríguez, para los efectos que se reproducen: "[.] Deje insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 6/2017 de su índice. Dicte otra resolución debidamente fundada y motivada en la cual analice la procedencia del incidente de liquidación (incumplimiento del convenio judicial). Con plenitud de jurisdicción resuelva lo conducente. [.]" Esto es, en la sentencia de amparo se determinó que el juez responsable al resolver en el juicio ejecutivo mercantil 6/2017, el incidente de liquidación el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, transgredió en perjuicio de la quejosa, el principio de legalidad salvaguardado en el primer párrafo del precepto 16 constitucional, toda vez que dio por cierto el incumplimiento al convenio celebrado entre los contendientes el doce de julio de dos mil diecisiete, sin exponer los hechos a raíz de los cuales llegó a esa conclusión; omisión anterior, con la que dejó de examinar la oportunidad en la cual la solicitante del amparo realizó diversos abonos, pues en ningún momento confrontó las fechas de presentación de las consignaciones de pago, con las datas señaladas en el acuerdo de voluntades citado con antelación, a efecto de aclarar si los pagos de mérito se cubrieron dentro o fuera del tiempo pactado por las partes. Además, -agregó- el examen de dichas circunstancias resultaba trascendente para determinar la actualización del incumplimiento del convenio judicial celebrado en autos, ya que la periodicidad de los abonos podía definir el momento a partir del cual eran exigibles las obligaciones pactadas. Asimismo, estableció que en términos de los artículos 1851 a 1857 del Código Civil Federal, el juzgador de origen debió interpretar el contenido de la cláusula cuarta del referido acuerdo de voluntades, a efecto de dilucidar si el incumplimiento se actualiza cuando se deja de erogar uno de los abonos en la temporalidad pactada o bien sólo ante la inobservancia general del convenio. Antes de culminar, -señaló- que si bien la autoridad responsable mencionó la existencia de cuatro abonos exhibidos por la quejosa, dicha referencia únicamente la realizó a efecto de descontar esos montos del importe correspondiente a los intereses ordinarios cuantificados al tenor del pagaré base de la acción, pero en ningún momento estudió cómo esos pagos podían influir en la actualización o desestimación del incumplimiento al convenio judicial de doce de julio de dos mil diecisiete. Hecho anterior que era menester que dilucidara de oficio, pues, en el caso concreto, la procedencia del incidente de liquidación bajo los lineamientos del título de crédito de siete de agosto de dos mil nueve, estaba condicionado por el desacato de la quejosa al acuerdo de voluntades celebrado en autos; en otras palabras, era necesario tener certeza sobre la actualización de la condición referida, pues de lo contrario se contravendría la cosa juzgada y la normatividad que al respecto resultara aplicable, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos segundo y sexto del artículo 17 constitucional. Sentencia que causó ejecutoria el quince de marzo dos mil dieciocho y en el propio acuerdo se requirió su cumplimiento (foja 81). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, el Juez Cuarto Menor en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, mediante oficio 376/2018 (foja 85), hizo del conocimiento de este juzgado que el dieciséis de marzo del año en curso (foja 97), dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, pronunciada en el incidente de liquidación de sentencia derivado del juicio ejecutivo mercantil 6/2017; misiva a la que acompañó copia certificada de la determinación de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho (fojas 86-96), emitida en el citado incidente, en acatamiento al fallo protector, pronunció una nueva, en la que realizó lo siguiente: Expuso los hechos a raíz de los cuales llegó a la conclusión del incumplimiento por parte de la quejosa respecto del convenio de doce de julio de dos mil diecisiete, para establecer: Primero, que de conformidad con los numerales 1792 a 1797, 1835, 1839, 1840 y 1851 a 1857, todos del Código Civil Federal, sí quedó acreditado el incumplimiento al convenio de pago por parte de la demandada, en términos de la cláusula cuarta del referido acuerdo de voluntades Lo que estimó de esa manera, porque -agregó- de la literalidad de las cláusulas del convenio, los términos eran claros y no dejaban duda sobre la intención de los contratantes, pues resultaba evidente que se sometieron a obligaciones de cumplimiento sucesivo, toda vez que Berenice Manzano Rodríguez adquirió el compromiso de cubrir la cantidad de quince mil pesos en los términos siguientes: "[.] En la fecha de firma del convenio (doce de julio de dos mil diecisiete) entregó la cantidad de dos mil quinientos pesos, moneda nacional. El día treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, cubriría la suma de dos mil quinientos pesos, moneda nacional Posteriormente, a partir del quince de agosto de ese año, y así sucesivamente los días treinta y quince de cada mes, hasta el treinta de noviembre de tal anualidad, cubriría el importe de trescientos pesos, moneda nacional. El quince de diciembre de dos mil diecisiete, cubriría la suma de tres mil seiscientos cincuenta pesos, moneda nacional, Los subsecuentes pagos se efectuarían por la cantidad de trescientos pesos, moneda nacional, hasta cubrir la cantidad total pactada (quince mil pesos moneda nacional)". De ahí -asentó- que existió la obligación de la demandada de cubrir en total la cantidad de quince mil pesos, moneda nacional, mediante amortizaciones periódicas, sujetas a término suspensivo; por ello, conforme a los arábigos 19839, 1840, 1851 y 1852 del Código Civil Federal, debía prevalecer esa intención evidente de los contratantes, en el sentido de cubrir el importe establecido en la cláusula primera, en los términos apuntados, esto es, atendiendo estrictamente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar expresamente pactados. Luego de establecer las fechas en las que la quejosa efectúo diversos abonos, las confrontó con las datas señaladas en el acuerdo de voluntades celebrado en autos, para fijar que la demandada incumplió con su obligación de pago desde la segunda de las parcialidades acordadas, en la forma y términos establecidos, pues dicho abono debía efectuarse el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, empero, ésta lo efectúo hasta el tres de agosto de esa anualidad. Además, que si la actora denunció el incumplimiento de la demandada a lo pactado en el convenio, le incumbía a la accionada probar el cumplimiento a las cláusulas en los términos, forma y tiempo en que se obligó. Toda vez que -estableció- tratándose de obligaciones estipuladas en parcialidades, no bastaba con entregar la suma acordada, sino que tal pago debía hacerse atendiendo al modo, fechas y plazos acordados en el convenio respectivo, conforme a lo establecido en los artículos 2062 y 2078 del Código Civil Federal, pues la validez y el cumplimiento de los contratos no podía dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Así, concluyó que se deducía el incumplimiento convencional por parte de la demandada, y en consecuencia, como sanción a tal inobservancia, como establecieron las partes en la cláusula cuarta del convenio, quedaba sin efectos la cantidad precisada en la diversa primera, por lo que ésta debía pagar al actor, las prestaciones estipuladas en el documento base de la acción. Finalmente, con plenitud de jurisdicción, resolvió lo conducente, es decir, condenó a pagar a la quejosa en favor de la actora la cantidad por concepto de suerte principal, más intereses moratorios y ordinarios. Ahora, del examen de la documental destacada con antelación, la que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio, hace patente que la responsable Juez Cuarto Menor en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, cumplió con el fallo protector, pues llevó el acto correspondiente para el acatamiento de la ejecutoria de amparo, como fue dejar insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 6/2017. Después, el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictó otra resolución, en la cual analizó la procedencia del incidente de liquidación, es decir, consideró las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las cuales la justiciable consignó diversos pagos con la finalidad de solventar el adeudo; dicho de otra manera, expuso los hechos por los que consideró actualizado el incumplimiento al convenio judicial celebrado en autos del citado juicio ejecutivo, y la manera en que esas erogaciones influyeron en la actualización del incumplimiento al acuerdo de voluntades de doce de julio de dos mil diecisiete. Finalmente, con plenitud de jurisdicción resolvió lo conducente, esto es, condenó a la quejosa a pagar en favor de la parte actora la cantidad reclamada por concepto de suerte principal, más los intereses moratorios y ordinarios. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho en el juicio ejecutivo mercantil 6/2017, dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. Luego, el veintiuno de marzo del año en curso, dictó una nueva resolución, en la cual analizó la procedencia del incidente de liquidación, además, consideró las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las cuales la justiciable consignó diversos pagos con la finalidad de solventar el adeudo; dicho de otra manera, expuso los hechos por los que estimó actualizado el incumplimiento al convenio judicial celebrado en el citado juicio ejecutivo, y la manera en que esas erogaciones influyeron en la actualización del incumplimiento al acuerdo de voluntades de doce de julio de dos mil diecisiete. Finalmente, con plenitud de jurisdicción resolvió lo conducente, tan es así que condenó a la quejosa Berenice Manzano Rodríguez -demandada-, a pagar en favor de la actora, la suerte principal, así como los intereses ordinarios y moratorios. Lo cual, muestra que no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dejar insubsistente una sentencia interlocutoria, dictar otra en la que debía analizar la procedencia del incidente de liquidación; y, finalmente, con plenitud de jurisdicción resolver lo conducente. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, al igual que los incidentes de suspensión, así como la devolución de las constancias de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTÍFICA AL TERCERO INTERESADO: LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de marzo del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Juez Cuarto Menor en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán; mismo que fue notificado a las partes el veintiséis siguiente y tres de abril pasado (fojas 99, 101 y 104). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el quince de febrero de dos mil dieciocho (fojas 53 a 63), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a la quejosa Berenice Manzano Rodríguez, para los efectos que se reproducen: Deje insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 6/2017 de su índice. Dicte otra resolución debidamente fundada y motivada en la cual analice la procedencia del incidente de liquidación (incumplimiento del convenio judicial). Con plenitud de jurisdicción resuelva lo conducente. [.]" Esto es, en la sentencia de amparo se determinó que el juez responsable al resolver en el juicio ejecutivo mercantil 6/2017, el incidente de liquidación el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, transgredió en perjuicio de la quejosa, el principio de legalidad salvaguardado en el primer párrafo del precepto 16 constitucional, toda vez que dio por cierto el incumplimiento al convenio celebrado entre los contendientes el doce de julio de dos mil diecisiete, sin exponer los hechos a raíz de los cuales llegó a esa conclusión; omisión anterior, con la que dejó de examinar la oportunidad en la cual la solicitante del amparo realizó diversos abonos, pues en ningún momento confrontó las fechas de presentación de las consignaciones de pago, con las datas señaladas en el acuerdo de voluntades citado con antelación, a efecto de aclarar si los pagos de mérito se cubrieron dentro o fuera del tiempo pactado por las partes. Además, -agregó- el examen de dichas circunstancias resultaba trascendente para determinar la actualización del incumplimiento del convenio judicial celebrado en autos, ya que la periodicidad de los abonos podía definir el momento a partir del cual eran exigibles las obligaciones pactadas. Asimismo, estableció que en términos de los artículos 1851 a 1857 del Código Civil Federal, el juzgador de origen debió interpretar el contenido de la cláusula cuarta del referido acuerdo de voluntades, a efecto de dilucidar si el incumplimiento se actualiza cuando se deja de erogar uno de los abonos en la temporalidad pactada o bien sólo ante la inobservancia general del convenio. Antes de culminar, -señaló- que si bien la autoridad responsable mencionó la existencia de cuatro abonos exhibidos por la quejosa, dicha referencia únicamente la realizó a efecto de descontar esos montos del importe correspondiente a los intereses ordinarios cuantificados al tenor del pagaré base de la acción, pero en ningún momento estudió cómo esos pagos podían influir en la actualización o desestimación del incumplimiento al convenio judicial de doce de julio de dos mil diecisiete. Hecho anterior que era menester que dilucidara de oficio, pues, en el caso concreto, la procedencia del incidente de liquidación bajo los lineamientos del título de crédito de siete de agosto de dos mil nueve, estaba condicionado por el desacato de la quejosa al acuerdo de voluntades celebrado en autos; en otras palabras, era necesario tener certeza sobre la actualización de la condición referida, pues de lo contrario se contravendría la cosa juzgada y la normatividad que al respecto resultara aplicable, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos segundo y sexto del artículo 17 constitucional. Sentencia que causó ejecutoria el quince de marzo dos mil dieciocho y en el propio acuerdo se requirió su cumplimiento (foja 81). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, el Juez Cuarto Menor en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, mediante oficio 376/2018 (foja 85), hizo del conocimiento de este juzgado que el dieciséis de marzo del año en curso (foja 97), dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, pronunciada en el incidente de liquidación de sentencia derivado del juicio ejecutivo mercantil 6/2017; misiva a la que acompañó copia certificada de la determinación de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho (fojas 86-96), emitida en el citado incidente, en acatamiento al fallo protector, pronunció una nueva, en la que realizó lo siguiente: Expuso los hechos a raíz de los cuales llegó a la conclusión del incumplimiento por parte de la quejosa respecto del convenio de doce de julio de dos mil diecisiete, para establecer: Primero, que de conformidad con los numerales 1792 a 1797, 1835, 1839, 1840 y 1851 a 1857, todos del Código Civil Federal, sí quedó acreditado el incumplimiento al convenio de pago por parte de la demandada, en términos de la cláusula cuarta del referido acuerdo de voluntades Lo que estimó de esa manera, porque -agregó- de la literalidad de las cláusulas del convenio, los términos eran claros y no dejaban duda sobre la intención de los contratantes, pues resultaba evidente que se sometieron a obligaciones de cumplimiento sucesivo, toda vez que Berenice Manzano Rodríguez adquirió el compromiso de cubrir la cantidad de quince mil pesos en los términos siguientes: "[.] En la fecha de firma del convenio (doce de julio de dos mil diecisiete) entregó la cantidad de dos mil quinientos pesos, moneda nacional. El día treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, cubriría la suma de dos mil quinientos pesos, moneda nacional Posteriormente, a partir del quince de agosto de ese año, y así sucesivamente los días treinta y quince de cada mes, hasta el treinta de noviembre de tal anualidad, cubriría el importe de trescientos pesos, moneda nacional. El quince de diciembre de dos mil diecisiete, cubriría la suma de tres mil seiscientos cincuenta pesos, moneda nacional, Los subsecuentes pagos se efectuarían por la cantidad de trescientos pesos, moneda nacional, hasta cubrir la cantidad total pactada (quince mil pesos moneda nacional)". De ahí -asentó- que existió la obligación de la demandada de cubrir en total la cantidad de quince mil pesos, moneda nacional, mediante amortizaciones periódicas, sujetas a término suspensivo; por ello, conforme a los arábigos 19839, 1840, 1851 y 1852 del Código Civil Federal, debía prevalecer esa intención evidente de los contratantes, en el sentido de cubrir el importe establecido en la cláusula primera, en los términos apuntados, esto es, atendiendo estrictamente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar expresamente pactados. Luego de establecer las fechas en las que la quejosa efectúo diversos abonos, las confrontó con las datas señaladas en el acuerdo de voluntades celebrado en autos, para fijar que la demandada incumplió con su obligación de pago desde la segunda de las parcialidades acordadas, en la forma y términos establecidos, pues dicho abono debía efectuarse el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, empero, ésta lo efectúo hasta el tres de agosto de esa anualidad. Además, que si la actora denunció el incumplimiento de la demandada a lo pactado en el convenio, le incumbía a la accionada probar el cumplimiento a las cláusulas en los términos, forma y tiempo en que se obligó. Toda vez que -estableció- tratándose de obligaciones estipuladas en parcialidades, no bastaba con entregar la suma acordada, sino que tal pago debía hacerse atendiendo al modo, fechas y plazos acordados en el convenio respectivo, conforme a lo establecido en los artículos 2062 y 2078 del Código Civil Federal, pues la validez y el cumplimiento de los contratos no podía dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Así, concluyó que se deducía el incumplimiento convencional por parte de la demandada, y en consecuencia, como sanción a tal inobservancia, como establecieron las partes en la cláusula cuarta del convenio, quedaba sin efectos la cantidad precisada en la diversa primera, por lo que ésta debía pagar al actor, las prestaciones estipuladas en el documento base de la acción. Finalmente, con plenitud de jurisdicción, resolvió lo conducente, es decir, condenó a pagar a la quejosa en favor de la actora la cantidad por concepto de suerte principal, más intereses moratorios y ordinarios. Ahora, del examen de la documental destacada con antelación, la que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio, hace patente que la responsable Juez Cuarto Menor en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, cumplió con el fallo protector, pues llevó el acto correspondiente para el acatamiento de la ejecutoria de amparo, como fue dejar insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 6/2017. Después, el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictó otra resolución, en la cual analizó la procedencia del incidente de liquidación, es decir, consideró las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las cuales la justiciable consignó diversos pagos con la finalidad de solventar el adeudo; dicho de otra manera, expuso los hechos por los que consideró actualizado el incumplimiento al convenio judicial celebrado en autos del citado juicio ejecutivo, y la manera en que esas erogaciones influyeron en la actualización del incumplimiento al acuerdo de voluntades de doce de julio de dos mil diecisiete. Finalmente, con plenitud de jurisdicción resolvió lo conducente, esto es, condenó a la quejosa a pagar en favor de la parte actora la cantidad reclamada por concepto de suerte principal, más los intereses moratorios y ordinarios. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho en el juicio ejecutivo mercantil 6/2017, dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. Luego, el veintiuno de marzo del año en curso, dictó una nueva resolución, en la cual analizó la procedencia del incidente de liquidación, además, consideró las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las cuales la justiciable consignó diversos pagos con la finalidad de solventar el adeudo; dicho de otra manera, expuso los hechos por los que estimó actualizado el incumplimiento al convenio judicial celebrado en el citado juicio ejecutivo, y la manera en que esas erogaciones influyeron en la actualización del incumplimiento al acuerdo de voluntades de doce de julio de dos mil diecisiete. Finalmente, con plenitud de jurisdicción resolvió lo conducente, tan es así que condenó a la quejosa Berenice Manzano Rodríguez -demandada-, a pagar en favor de la actora, la suerte principal, así como los intereses ordinarios y moratorios. Lo cual, muestra que no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dejar insubsistente una sentencia interlocutoria, dictar otra en la que debía analizar la procedencia del incidente de liquidación; y, finalmente, con plenitud de jurisdicción resolver lo conducente. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, al igual que los incidentes de suspensión, así como la devolución de las constancias de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano