Bernardo Salazar Ceja

Expediente 491/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
491/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
27/01/2021

Partes del expediente

  • Bernardo Salazar Ceja

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia la sentencia dictada el ocho de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio promovido por Bernardo Salazar Ceja, transcurrió sin que las partes lo hubieran hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del artículo 21, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello, deberá destruirse. Por lo que respecta al original y duplicado del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es depurable dado que en la especie se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, solicitadas por la parte quejosa; en los términos de lo dispuesto en el artículo 18, inciso a), del citado acuerdo. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el artículo 21 de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que prevé el diverso precepto 22. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula de este expediente y de los cuadernos incidentales, los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el incidente de suspensión respectivo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Asimismo, se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Reserva de comunicaciones Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado de Michoacán y de la Federación, no se encuentran laborando con regularidad debido a la la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus COVID-19; por ende, se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, siendo las dieciséis horas con veinte minutos del ocho de diciembre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo VI491/2020, promovido por Bernardo Salazar Ceja, por conducto de su apoderado legal Francisco Manuel Cárdenas Arriaga, contra actos del Fiscal Regional de Justicia de Zamora y otra. Por los actos que hace consistir en: ? La orden de comparecencia, citación o aprehensión, derivada de la carpeta de investigación 1005202023286, que se instruye por la comisión (no referida como supuesto) del delito de amenazas y ataques al honor. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con la asistencia del secretario licenciado Marco Antonio Arroyo Rodríguez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el secretario hace una relación de las constancias de autos y certifica: Que obran agregados: 1. La demanda de amparo; 2. Auto admisorio de veintiuno de agosto de dos mil veinte; 3. El informe justificado rendido por las autoridades responsables; y, 4. Los autos en que se tuvieron por recibidos dichos informes. A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias; con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo. Acto continuo, el Juez, se declara abierto el periodo de pruebas, en el que el secretario hace constar que obra la que el quejoso adjuntó a su escrito de demanda inicial. El Juez acuerda: Téngase por desahogada dicha documental debido a su propia y especial naturaleza y a las demás partes por perdiendo su derecho a exhibir medios de convicción, por tanto, se cierra dicha etapa. Enseguida, con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el secretario hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público adscrita realizó manifestaciones al respecto. A lo anterior el Juez acuerda: Téngase a la representante especial formulados los alegatos que a su parte corresponde y por perdido el derecho de las demás para hacerlo, por lo que se cierra esta fase. Al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción sin acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la sentencia correspondiente Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto VI-491/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte, vía electrónica, recibido en esa misma data en este órgano jurisdiccional, Bernardo Salazar Ceja, por conducto de su apoderado legal, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades responsables siguientes: NUM. ORDENADORA 1. Fiscal Regional de Justicia de Zamora. Con domicilio en calle Carlos Salazar 592 (quinientos noventa y dos), Tangancícuaro, Michoacán. EJECUTORA 2. Ministerio Público Facilitador del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado. Con domicilio en carretera nacional Zamora-La Barca, kilómetro 10 (diez), en el predio denominado El Pochote, en Zamora, Michoacán. Por los actos que hace consistir en: ? La orden de comparecencia, citación o aprehensión, derivada de la carpeta de investigación 1005202023286, que se instruye por la comisión (no referida como supuesto) del delito de amenazas y ataques al honor. Por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9.1, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y 7.1, 7.2, 7.3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Por auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y se registró bajo el número VI-491/2020, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 49, 51, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que, el acto reclamado afecta la libertad personal y se le atribuye a autoridades que residen dentro de la jurisdicción de éste órgano judicial. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijarse de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada y la intención de la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican ERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Así como la diversa jurisprudencia 55/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, Materia Común, Novena Época, con registro 195745, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". De igual forma, la tesis 2a. XXVIII/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, página 235, abril de 2000, materia común, Novena época, con registro 191939, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS BÁSICOS QUE DEBEN OBSERVAR LOS JUECES Y MAGISTRADOS PARA RESOLVER COHERENTEMENTE TODAS LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN JUICIO, SALVO LOS CASOS EN QUE ELLO RESULTE INNECESARIO. En ese sentido, atendiendo a los criterios que anteceden y a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, y evitar la incongruencia o contradicción en la correcta impartición de justicia, así como del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo y a las constancias deducidas del juicio natural del que provienen los actos reclamados, se advierte que la parte quejosa propiamente reclama lo siguiente: ? La orden de comparecencia, citación o aprehensión, derivada de la carpeta de investigación 1005202023286, que se instruye por la comisión (no referida como supuesto) del delito de amenazas y ataques al honor. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/20042 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Ministerio Público Facilitador del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado negó categóricamente la existencia de los actos reclamados por el quejoso. Por su parte, el quejoso exhibió la documental consistente en la invitación de dos de agosto de dos mil veinte, suscrita por el Ministerio Público Facilitador Jorge Mario Aguirre Macías, adscrito al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, de la que se advierte que con motivo de la carpeta de investigación 1005202023286, instruida en contra de Bernardo Salazar Ceja, por un hecho que la ley señala como delito de amenazas y ataques al honor, motivo por el cual, dicha autoridad emitió la invitación al aquí quejoso a fin de lograr una solución rápida y pacífica del conflicto. Sin embargo, dicha documental resulta insuficiente para desvirtuar la negativa del acto reclamado por la parte quejosa, atribuido a la autoridad responsable, consistente en la orden de privación de la libertad - comparecencia, citación o aprehensión- que deriva de la indagatoria penal 1005202023286. Ahora, de lo anterior se obtiene lo siguiente: a) Existe una carpeta de investigación penal registrada con el número de carpeta único 1005202023286, que se instruye en contra del aquí quejoso por la probable comisión del delito amenazas y ataques al honor. b) Dicha indagatoria se encuentra controlada por el Área de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal en la ciudad de Zamora Michoacán, bajo la instrucción del Agente del Ministerio Público Facilitador Jorge Mario Aguirre Macías, adscrito al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. c) El Agente del Ministerio Público aludido, en dos de agosto del año en curso, emitió una invitación dirigida al aquí promovente a fin de que compareciera a las instalaciones en que se encuentra la citada agente a fin de lograr una solución pacífica entre las partes intervinientes. d) Finalmente, que la invitación en mención no tiene como efecto, en caso de inasistencia del quejoso, se le prive temporalmente de la libertad a fin de que se presente al desahogo de la diligencia de mérito. En esa tesitura, es menester recordar que el promovente señala que la autoridad responsable pretende privarlo de su libertad, empero, la invitación que adjuntó a su escrito de cuenta no contiene efecto alguno en ese sentido, veamos. Al respecto, los artículos 38, 39 y 40 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, establecen lo siguiente: "Artículo 38. Objeto. El Centro de mecanismos alternativos de solución de controversias tendrá como objeto la solución alterna mediante acuerdos reparatorios entre las partes según lo dispuesto en el Código Nacional y en la legislación general aplicable, asegurando la reparación del daño a las víctimas u ofendidos del delito. Artículo 39. Principios. Los mecanismos alternativos de solución de controversias se rigen por los principios de voluntariedad de los interesados, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. Artículo 40. Servidores públicos. El Centro de mecanismos alternativos de solución de controversias estará encabezado por un coordinador general y contará con los facilitadores que sean necesarios para el desarrollo de los procedimientos establecidos en el Código Nacional y en la normatividad aplicable". De los preceptos normativos transcritos, se desprende que en la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, se encuentra contemplada un área especializada en implementar mecanismos alternativos de solución, instituidos a fin de lograr una solución sencilla y reparatoria entre las partes intervinientes. Por su parte, el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala cuáles son las obligaciones del Ministerio Público, entre las que se encuentra la de promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias y formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables. "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: XVIII. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables;" Es decir, el Ministerio Público, en el ámbito de sus atribuciones, tiene la obligación de promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución. Asentado lo anterior, conviene invocar lo contenido en los artículos 10, 12, 13, 14 y 15, de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, en los cuales se regula, en lo que aquí importa, el procedimiento que se debe seguir tratándose de la aplicación de los mecanismos alternativos de solución, a saber Artículo 10. Derivación El Ministerio Público, una vez recibida la denuncia o querella orientará al denunciante o querellante sobre los Mecanismos Alternativos de solución de controversias y le informará en qué consisten éstos y sus alcances. El Ministerio Público, podrá derivar el asunto al Órgano adscrito a las procuradurías o fiscalías cuando la víctima u ofendido esté de acuerdo con solicitar el inicio del Mecanismo Alternativo previsto en esta Ley, los Intervinientes se encuentren identificados, se cuente con su domicilio y se cumplan con los requisitos de oportunidad y procedencia que establece el presente ordenamiento legal. El Ministerio Público deberá realizar las actuaciones urgentes o inaplazables para salvaguardar los indicios necesarios Artículo 12. Admisibilidad El Órgano, al recibir la solicitud examinará la controversia y determinará si es susceptible de resolverse a través del Mecanismo Alternativo. Una vez admitida, se turnará al Facilitador para los efectos conducentes En su caso, se hará constar que el Solicitante acepta sujetarse al Mecanismo Alternativo, por lo que se fijará la Cita o Invitación correspondiente al Requerido a la sesión inicial." "Artículo 13. Registro del Mecanismo Alternativo Con la solicitud planteada se abrirá y registrará el expediente del caso, mismo que contendrá una breve relación de los hechos, el Mecanismo Alternativo a aplicar y el resultado obtenido." "Artículo 14. Invitación al Requerido La Invitación al Requerido la realizará el Órgano dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la fecha del registro del expediente del caso, por cualquier medio que asegure la transmisión de la información en los términos de la legislación procedimental penal aplicable. La Invitación se hará preferentemente de manera personal." "Artículo 15. Contenido de la Invitación La Invitación a que se refiere el artículo anterior deberá precisar: I. Nombre y domicilio del Requerido; II. Motivo de la Invitación; III. Lugar y fecha de expedición; IV. Indicación del día, hora y lugar de celebración de la sesión del Mecanismo Alternativo; V. Breve explicación de la naturaleza del mecanismo con su fundamento legal, y VI. Nombre y firma del Facilitador que la elaboró." (el resaltado es propio) Del análisis de las normas que preceden, se desprende que corresponde al Órgano Especializado adscrito a la Fiscalía General del Estado de Michoacán llevar el trámite que corresponde a los mecanismos alternativos de solución, la cual, comienza una vez que el asunto criminal es turnado a dicha dependencia por el Ministerio Público Investigador. Así, una vez recibida la indagatoria, toca al órgano especializado analizar el debate penal y determinará si resulta viable la gestión del mecanismo alternativo de solución, lo cual, de ser afirmativo, asignará al asunto a un facilitador, a fin de que se sirva desarrollar el procedimiento correspondiente, quien tendrá la obligación de citar o invitar a las partes para el desahogo de una audiencia de conciliación. Es decir, del análisis formulado se desprende que, corresponde al facilitador adscrito al órgano interno especializado en el desarrollo de los mecanismos alternativos de solución emitir la invitación o citación de las partes, la cual, no es vinculante, pues en caso de incumplimiento, no podrá ordenarse su desarrollo por virtud de la fuerza del estado, ya que, conforme a la poción normativa del artículo 4, fracción I, el procedimiento conciliatorio se rige por, entre otros, el principio de voluntariedad. "Artículo 4. Principios de los Mecanismos Alternativos Son principios rectores de los Mecanismos Alternativos los siguientes: I. Voluntariedad: La participación de los Intervinientes deberá ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; Es decir, no es posible imponer una obligación de hacer a cargo de los intervinientes en el trámite de un mecanismo alternativo de solución de controversia en materia penal. En ese sentido, no se advierte que la invitación contenida en el documento que adjuntó el quejoso tenga como efecto privarlo temporalmente de su libertad, por ello, no resulta factible para desvirtuar la negativa vertida por la autoridad responsable en su informe previo. Por otra parte, el Fiscal Regional de Zamora, Michoacán, manifestó que era parcialmente cierto el acto reclamado, en el sentido de que existe la carpeta de investigación 1005202023286, que se instruye en contra del aquí quejoso por la comisión del delito de amenazas y ataques contra el honor en agravio de Servio Mendoza Valencia y María de los Ángeles Vázquez Zamora. Empero, como ya se analizó previamente, la existencia de la indagatoria criminal no acredita ni justifica la coexistencia de una orden que implique la privación de la libertad del aquí quejoso, razón por la cual, no es posible tener por ciertos los actos reclamados al fiscal responsable Máxime que de los preceptos legales antes citados no se advierte que el fiscal responsable tenga atribuciones para emitir la invitación a que en párrafos que anteceden se ha hecho mención. Por tanto, ya que el solicitante del amparo no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar la inexistencia de los actos reclamados, en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo".3 Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Bernardo Salazar Ceja contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en la parte considerativa de esta sentencia, conforme a los razonamientos ahí expuestos

  3. Principal

    Informe justificado Agréguese a los autos el telegrama de cuenta, remitido por el Ministerio Público Facilitador del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual rinde informe justificado, negando categóricamente los actos reclamados por la parte quejosa. Con su contenido dése vista a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo al momento de la celebración de la audiencia incidental. Integración del expediente electrónico Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que en proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, se ordenó reenviar el oficio 11679 dirigido a la autoridad responsable Facilitador del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado, con sede en Zamora, Michoacán -Licenciado ********************-, para requerirle su informe justificado. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior y a fin de no violar las reglas del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las DIECISÉIS HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo. Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a las autoridades responsables, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Ni requerir a la Administradora Local de Correos para que remita copia certificada del acuse de recibo del comunicado en comento, al estimar que no ha trascurrido tiempo suficiente para que la autoridad responsable rinda su informe de ley, dada la distancia que existe entre ambas sedes -Zamora y Morelia-. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).

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