Bernabe Bautista Gómez

Expediente 423/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
423/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
02/05/2019

Partes del expediente

  • Bernabe Bautista Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Vista; la diligencia de cuenta, de la cual se advierte que **, ratificó el contenido y firma del escrito de diez de abril del presente año, por medio del cual dio cumplimiento a la prevención de tres del mismo mes y anualidad. Al efecto se acuerda: IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: La falta de emplazamiento en el juicio laboral 362/B/2008. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, se advierte que se actualiza de modo, manifiesto, indudable y notorio, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5, de la misma ley. Por su parte, el artículo 5, de la Ley de Amparo, en su fracción I, primer párrafo, establece que tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1, de la ley de la materia, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, conviene precisar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Del contenido de los artículos reseñados, se colige que la existencia de un agravio personal y directo en la esfera jurídica del particular, es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, en relación con el párrafo cuarto del artículo 5, de la Ley de Amparo, que exceptúa la titularidad de un interés legítimo, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en cuyo supuesto, el quejoso deberá necesariamente, aducir ser titular de un derecho subjetivo que lo afecte de manera personal y directa; es decir, el interés jurídico. En la especie, el acto reclamado deriva de lo actuado en el juicio laboral 362/B/2008, del índice de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático, con residencia en esta ciudad; el cual es un hecho notorio para esta autoridad, pues este órgano jurisdiccional tuvo conocimiento del diverso juicio de amparo 2245/2016, mediante el cual Matías Grajales Ocaña, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad y que señaló como "la dilación en la ejecución del laudo de fecha once de agosto de dos mil once, emitido en el juicio laboral 362/B/2008..." Lo que se corrobora con los autos del juicio de amparo referido, así como la sentencia en la que se sobreseyó al no existir el acto impugnado, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, misma que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mismos que se traen a la vista como un hecho notorio. Al respecto, cobra aplicación el principio jurídico contenido en la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que enuncia: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones. Así como la diversa que dice: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Por tales motivos, no es dable en lo particular la acreditación del interés legítimo individual o colectivo, sino el interés jurídico. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial. En el caso particular, como se anunció con antelación, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Bernabé Bautista Gómez, acudió a este medio de control constitucional reclamando de la autoridad responsable lo actuado en el juicio laboral 362/B/2008, del índice de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático, con residencia en esta ciudad, y en esencia la falta de emplazamiento al no ser llamado a juicio como tercero extraño. En efecto, aun cuando la autoridad señalada como responsable el once de agosto de dos mil once, emitió laudo en el juicio de origen, en el que se ordenó la reinstalación del actor Matías Grajales Ocaña, ello no lo faculta para promover el juicio de garantías con el objeto de que se analice su falta de emplazamiento dentro del juicio laboral 362/B/2008, en el que el inconforme no fue parte, ya que la fracción I del artículo 107, Constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y a su vez el artículo 6, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, siempre que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica de manera directa; lo cual refleja que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona física o moral, directamente agraviada por la ley o acto que estime violatorio de garantías, mas no así quien por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo. Orientadora de lo expuesto, la tesis XV.1o.5 K, consultable con el registro 202357, en la página 592 del Tomo III, Mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO. PERJUICIO INDIRECTO, NO LEGITIMA A QUIEN LO SUFRE PARA PROMOVER EL." De esta guisa, ello no le confiere interés jurídico para acudir al amparo, en reclamo de actos jurisdiccionales emitidos en un juicio donde él no participó con el carácter de parte, de tal manera que carece de legitimación para intervenir en el amparo en que se reclaman actos emanados de un juicio al que resulta ajeno. Es así, en la medida que la ejecución de dicho juicio laboral corresponde recibirla y satisfacerla, respectivamente, a las partes actora y demandada del juicio de origen, en donde no figuran como tal el hoy quejoso; de tal suerte que aunque la situación jurídica concreta generada por dicho juicio laboral, pudiera reflejarse en un obstáculo para que el aquí promovente pudiera continuar laborando en el Ayuntamiento Municipal de Villaflores, Chiapas, ese perjuicio no se traduce en una afectación que provenga en forma directa e inmediata de la falta de emplazamiento dentro del juicio laboral 362/B/2008. Además, el derecho personal con el que acude el promovente al amparo, si bien le permite demostrar interés jurídico para promover el amparo, no es apto para demostrar violación al derecho de audiencia, puesto que no existe obligación de llamarlo a ese juicio laboral porque su derecho de asegurar su puesto de auxiliar administrativo es posterior a la emisión del laudo -once de agosto de dos mil once-, máxime que, como el propio promovente lo manifiesta en su escrito de desahogo de la prevención efectuada, el puesto de Auxiliar de Desarrollo Comunitario (Recursos Humanos) Administrativo del Ayuntamiento Municipal de Villaflores, Chiapas, lo ocupa a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho, y la presentación de la demanda laboral fue en el año dos mil ocho. Por todo lo anterior, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía correspondiente, si considera que le causa perjuicio la reinstalación de Matías Grajales Ocaña, en la plaza y desempeño del puesto de referencia. Máxime que el aquí promovente manifiesta haberse enterado de la existencia del acto reclamado por el dicho de sus amigos, lo cual de ninguna manera es una notificación de carácter formal. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Finalmente, como lo solicitó el promovente, téngase como autorizado en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones, a Vicente Gómez Peralta, con revocación de las personas señaladas en su escrito inicial de demanda.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el ocurso de cuenta. Ahora, a efecto de acordar lo que conforme a derecho corresponda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este Juzgado en día y hora hábil, a efecto de ratificar y manifestar bajo protesta de decir verdad si la firma del escrito de cuenta fue puesta con su puño y letra, toda vez que a simple vista se aprecia que la firma de quien hoy promueve, no concuerda con la plasmada en el ocurso de la demanda; apercibido que de no hacerlo dentro del término requerido, se tendrá por no presentado dicho escrito. Sirve de apoyo por analogía la siguiente tesis. RATIFICACIÓN DE FIRMAS EN AMPARO.- Si la firma que calza una promoción, no es igual a la que aparece en la demanda de amparo y existe duda acerca de la identidad del promovente, no debe rechazarse la promoción, sino ordenar que sea ratificada, previa la identificación del agraviado, en caso de no ser conocido por el personal del juzgado. En el entendido de que si el ocursante comparece a ratificar la firma y si se aprecia una diferencia notoria entre la firma ratificada y la plasmada en la diligencia de ratificación, el suscrito ordenará oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad. Es aplicable a lo anterior la siguiente Jurisprudencia: PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. Con la salvedad que si con motivo del resultado de la pericial, se llegare a demostrar que la primera firma resultare falsa, se dará vista al Ministerio Público para que se investigue el delito de falsedad de declaraciones judiciales.

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