Berlin Juárez Solis

Expediente 1066/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1066/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
25/09/2019

Partes del expediente

  • Berlin Juárez Solis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Audiencia y Sentencia Constitucional... RESUELVE: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra acto del Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este fallo.

  2. Principal

    Visto; el oficio de cuenta con anexo, signado por la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, en representación del Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de dicha secretaría, residente en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado, y exhibe constancias adjuntas a dicho informe. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el informe de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la ley de la materia, téngase por rendido el mismo; y con su contenido, dése vista a las partes para que, en su caso, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Relaciónese en la audiencia constitucional. En términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, téngase como delegados de la autoridad mencionada a las personas que designa, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su informe de cuenta. Tocante a las constancias adjuntas al informe, con apoyo en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe la autoridad responsable oficiante, la que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que será valorada al momento de emitir el fallo correspondiente. Tomando en consideración el volumen de la documental de referencia, para su mejor manejo se ordena abrir por separado anexo de pruebas (un tomo), mismo que queda en la secretaría de este juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido.

  3. Incidental

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL... R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a ***, la suspensión definitiva contra el acto de la autoridad mencionada en el resultando segundo, en los términos del considerando cuarto de esta interlocutoria...

  4. Principal

    Visto el escrito aclaratorio de demanda signado por el quejoso ***, mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de doce de agosto del año en curso. ACTOS RECLAMADOS Así, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, y del escrito aclaratorio, se desprende que el quejoso reclama: A) La orden de suspensión provisional y preventiva de pago de sueldos, como policía adscrito a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. B)La inconstitucionalidad de la fracción XIX, del artículo 60, del Reglamento de Ética y Disciplina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. C)La omisión de iniciar el procedimiento administrativo en contra del quejoso. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA Ahora bien, la superioridad supeditó la admisión de la demanda de amparo, salvo que no exista otro motivo de improcedencia; sin embargo, respecto de los actos reclamados precisados con antelación en los incisos A) y B), se advierte de manera manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, misma que consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos; improcedencia que se actualiza respecto a los actos que reclama el promovente. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad. Para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. Que el acto reclamado exista, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; 2. Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado; y, 3. Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del término legal establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18, de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I, del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Esto es, conforme al numeral en cita, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo previene tres hipótesis, a partir de la cuales da inicio el referido plazo. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. En el caso particular, se colma el primer y segundo requisito para ser un acto consentido, toda vez que los actos reclamados (orden de suspensión provisional y preventiva de pago de sueldos, y la inconstitucionalidad de la fracción XIX, del artículo 60, del Reglamento de Ética y Disciplina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que en la parte relativa se aplicó la suspensión de sus emolumentos) incuestionablemente le causan un agravio al referido impetrante. Ahora bien, por lo que hace al tercer requisito, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado; esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo, éste se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18, de la propia ley, establece que los plazos se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Así, debe precisarse que el impetrante de amparo manifestó en su escrito de demanda que bajo protesta de decir verdad tuvo conocimiento respecto del acto precisado en el inciso A), consistente en la orden de suspensión provisional y preventiva de pago de sueldos, como policía adscrito a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desde el quince de febrero de dos mil diecisiete, y en cuanto al acto de aplicación del reglamento tildado de inconstitucional, en su escrito aclaratorio refrió que éste inicio a partir del quince de mayo de dos mil diecinueve. En efecto, de conformidad con el artículo 17, de la Ley de Amparo, el quejoso contaba con el plazo de quince días hábiles, para presentar la demanda de amparo, a partir del día siguiente en que se ostentó sabedor de los mismos. En ese sentido, sin necesidad de hacer el cómputo de quince días, es notorio que desde el quince de febrero de dos mil diecisiete y quince de mayo de dos mil diecinueve, a la fecha de la presentación de la demandada de amparo -ocho de agosto de dos mil diecinueve-, la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea, ya que fue interpuesta en el primer supuesto, más de dos años y medio después, y en el segundo, casi tres meses. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda de amparo promovida por ***, respecto de los actos precisados en los incisos A) y B), y en cuanto de las autoridades responsables a quienes atribuye los mismos, siendo estos el Gobernador del Estado de Chiapas, Secretario General de Gobierno, Consejería Jurídica del Gobernador, Director del Periódico Oficial del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Hacienda del Estado, Jefe del Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Director de la Policía Estatal Preventiva. Guarda aplicación el criterio de la literalidad siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. ADMISIÓN DE DEMANDA Ahora bien, por lo que hace al acto precisado por esta autoridad en el inciso C), con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115 y 116, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada y admitida la demanda de amparo. AUTORIDAD RESPONSABLE Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo se advierte que se reclama: La omisión de iniciar el procedimiento administrativo en contra del quejoso. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115, de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con veinticinco minutos del veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO En términos del artículo 117, de la ley normativa del juicio de amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio de notificación, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibidas que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, se les impondrá en la sentencia respectiva, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con independencia de lo anterior, a falta de éste, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1, de la ley de la materia. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. OBLIGACIÓN DE INFORMAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, se conmina a las partes, para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y Séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO INTERESADO Tomando en cuenta que la parte quejosa manifiesta que no existe tercero interesado en el presente asunto, se deja de proveer al respecto. PRUEBAS Por otra parte, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que exhibe la parte quejosa, la que se desahoga atenta a su propia y especial naturaleza jurídica, y que será valorada al momento de emitir el fallo correspondiente.

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