Bernabé Alvarez Guzmán y Otros.
Expediente 536/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 536/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/05/2019
Partes del expediente
- Bernabé Alvarez Guzmán y Otros.
- Bernabé Alvarez Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista; la certificación anterior y que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de catorce de mayo del año que transcurre, en el que, por una parte se desechó la demanda de amparo promovida por ***; y por la otra, se tuvo por no presentada la demanda promovida por los diversos quejosos ***. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a pronunciar en relación al cuaderno incidental, toda vez que del presente juicio de amparo, se advierte que no se formaron los cuadernos incidentales. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
Vistos: La certificación de cuenta, del que se advierte que los quejosos ***, no dieron cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintidós de abril del año en curso. Con la reserva de proveer respecto al contenido del escrito presentado por los diversos quejosos ***, por el que dieron cumplimiento al requerimiento efectuado en el auto de referencia. Al efecto, se acuerda: Tocante a lo manifestado en el inciso 1), se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintidós de abril del año que transcurre; en consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo, respecto a los diversos quejosos ***, de conformidad con lo que establece el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en atención a lo precisado en el diverso inciso 2), se obtiene que analizada la demanda de amparo, se advierte que los quejosos ***, señalan como actos reclamados los siguientes: El traslado de la investigación que se está integrando en la carpeta de investigación número FED/CHIS/TGZ/0000566/2019, dirigido por la Fiscalía General de la República, Delegación Tuxtla, misma investigación que actualmente se encuentra en trámite en la causa penal 69/2019, a la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada antes SIEDO. El traslado de los quejosos ***, a un diverso Centro de Reinserción Social, con residencia en la Ciudad de México, sin que exista orden fundada ni motivada. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda debemos tomar en consideración que el artículo 113, de la ley de la materia, impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por ello, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el contexto anterior, respecto del acto reclamado descrito en el inciso a), se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario. El numeral citado en primer término establece que el juicio de amparo será improcedente precisamente cuando ello resulte de alguna disposición legal. En correlación, el segundo de los mencionados dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos del Ministerio Público que se relacionan de manera taxativa en la citada fracción, siendo éstos los siguientes: las omisiones en la investigación de los delitos, las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Las citadas actuaciones impugnables en el juicio constitucional, son analizadas a continuación, para mayor claridad: Las omisiones en la investigación de los delitos reportan importancia, en la medida que, si el representante social, íntegra de manera deficiente la averiguación previa, es factible que no prospere el ejercicio de la acción penal ante el órgano jurisdiccional. La resolución de reserva tiene lugar cuando existe imposibilidad de cualquier naturaleza para proseguir la averiguación previa y aún no se ha integrado el cuerpo del delito y en consecuencia la probable responsabilidad, o bien cuando habiéndose integrado el cuerpo del delito, no es posible hasta el momento atribuir la probable responsabilidad a persona determinada. La imposibilidad que constituya un obstáculo para la práctica de diligencias que impidan la continuación de la investigación, debe ser de tal naturaleza que imposibilite realmente la actuación del Ministerio Público; la otra situación en que procedería acordar la reserva de la averiguación es cuando comprobado el cuerpo del delito y habiéndose diligenciado cada una de las actuaciones que indica el procedimiento, no haya sido posible hasta el momento señalar a persona alguna como probable responsable. El mandar a la reserva la Averiguación Previa de ningún modo significa que la averiguación previa haya concluido o que no puedan llevarse a cabo más diligencias, puesto que en el caso de obtener nuevos elementos y no habiendo prescrito la acción penal el Ministerio Público Investigador, estará obligado a realizar nuevas diligencias, ya que dicha resolución de reserva no tiene carácter de definitividad y constituye una causa de interrupción de la prescripción de la acción penal, por lo que siempre queda la posibilidad al practicar nuevas diligencias investigativas de ejercitarse la acción penal. La determinación de no ejercicio de la acción penal implica que agotadas las diligencias de la averiguación se determina que no existe cuerpo del delito de ninguna figura típica y por supuesto no hay probable responsable; o bien, que ha operado alguna de las causas extintivas de la acción penal; en estos casos el Agente del Ministerio Público propone el no ejercicio de la acción penal y el archivo de la Averiguación Previa, los agentes del Ministerio Público auxiliares del Procurador opinan sobre la procedencia o improcedencia de autorizar el no ejercicio de la acción penal. El desistimiento de la acción penal, implica que ejercida la acción penal, el Ministerio Público, manifiesta ante el órgano jurisdiccional su voluntad de renunciar a la pretensión punitiva en contra del procesado. Finalmente, la suspensión del procedimiento, implica la interrupción del procedimiento, derivada de un obstáculo que no permite su continuación, la cual puede ser resuelta por el Ministerio Público, las demás partes, u ordenada de oficio por el juzgador. De una interpretación teleológica de la referida fracción del artículo 107, de la ley de la materia, aplicable al caso, vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, el legislador señaló los casos específicos en que procede el juicio de amparo biinstancial, contra actos del Ministerio Público, en su carácter de autoridad responsable, a fin de que estos se puntualizaran de manera limitativa. Es así, pues se ampliaron los supuestos que contenía el artículo 114, fracción VII, de la ley abrogada, en el que solo se señalaba la procedencia del amparo indirecto, contra el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal; sumándose así en la ley vigente las omisiones en la investigación de los delitos, la reserva, desistimiento de la acción penal y suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. De lo que se advierte, que fue voluntad del legislador, ampliar ese catálogo a ciertos casos específicos en los que el mismo consideró la necesidad de incorporarlos, dejando fuera todas las demás actuaciones en que puede intervenir el Ministerio Público como autoridad responsable. De tal manera, es diáfano advertir que el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, señala de manera limitativa, más no enunciativa, las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, precisando los casos específicos en que la actuación del representante social puede ser combatida por medio del juicio constitucional. En el caso particular, los quejosos reclaman el traslado de la investigación de la carpeta de investigación número FED/CHIS/TGZ/0000566/2019, de Fiscalía General de la República, Delegación Tuxtla, a la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada antes SIEDO, ubicado en la Ciudad de México, acto respecto del cual se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia anunciada. Lo anterior, ya que dicho acto no se encuentra previsto en ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos del Ministerio Público, previstas de manera taxativa y limitativa en el multicitado artículo 107, fracción VII, de la Ley de amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece. Aunado a ello, que dicho acto de manera alguna transciende en la esfera jurídica de los aquí quejosos, ya que si el representante social integra de manera deficiente la averiguación previa, es factible que no prospere el ejercicio de la acción penal ante el órgano jurisdiccional, de ahí que tampoco cause afectación alguna; además que el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el representante social. Con base en todo lo anterior, es dable destacar que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no la petición del Agente del Ministerio Público. En las condiciones apuntadas, se actualiza la causal de improcedencia dispuesta en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, por lo que, lo procedente es desechar la demanda de amparo por lo que respecta al inciso a), detallado con anterioridad. Por otro lado, respecto al acto precisado en el diverso inciso b), consistente en el traslado de los quejosos ***, a un diverso Centro de Reinserción Social, con residencia en la Ciudad de México, sin que exista orden fundada ni motivada, reclamado a Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, se llega a la conclusión que también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, conforme se dispone en el numeral antes invocado en que se apoya la causal de referencia, el juicio de amparo será improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, porque de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Así las cosas, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme al nuevo sistema penal acusatorio. Dicha Ley Nacional de Ejecución Penal establece varios procedimientos para resolver diferentes controversias que surjan en reclusión, por lo que al caso interesa, contiene un capítulo relacionado con los traslados, distingue entre traslados voluntarios que solicita el propio interno, los involuntarios y los urgentes (o excepcionales), estos últimos son impuestos u ordenados por la autoridad, sin consentimiento del interno. El traslado involuntario tanto de procesados como sentenciados, conforme al artículo 51, de la Ley de Ejecución, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. Por otro lado, los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria sin autorización previa del Juez, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52, de la ley de ejecución, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Contra la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá la apelación, pero en caso de que el Juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por la autoridad judicial competente, la regla general es que la autorización sea previa y de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez, por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre deberá ser autorizada por la autoridad judisdiccional, por esa razón se estima que la ley de ejecución prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, un análisis oficioso y otro a petición de parte: I.- La Ley de Ejecución en su artículo 52, impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo dela autoridad judicial de calificar la legalidad de la detención dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. II.- Cuando el Juez competente omitió calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52, en relación con los diversos 116 a 119, de la Ley de Ejecución. Del análisis de la invocada ley, es posible determinar que el procedimiento para controvertir las órdenes de traslado, es de naturaleza accesoria al juicio principal, por las siguientes razones: a) El procedimiento accesorio tiene como fin que la autoridad judicial sea la que resuelva cualquier autorización de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro (artículos 52 y 53, de la Ley de Ejecución), constituye un procedimiento contencioso, en tanto que el interno es titular de una acción, mientras que la autoridad administrativa es la demandada (artículo 121), y la litis se ciñe en determinar si procede o no trasladar al interno a otro centro de reclusión, de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. b) El procedimiento accesorio es autónomo respecto del juicio principal, porque su trámite y resolución no afectan el trámite del proceso penal o la ejecución de la pena, dependiendo del estado procesal en que se encuentre el interno. c) El procedimiento accesorio es independiente del juicio principal, cuenta con una estructura procesal equiparable a la de éste, por partir de una acción que contiene una pretensión jurídica, a la que puede oponerse la autoridad demandada, contiene una etapa procesal de pruebas, alegatos y sentencia, siendo ésta impugnable en apelación. Del artículo 120, de la Ley de Ejecución se deduce que la controversia judicial, se inicia a través del ejercicio de una acción, de los artículos 120 al 129, de dicha ley, se advierte que el ejercicio de esa acción da inicio a un procedimiento jurisdiccional accesorio, al señalar que las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral; además, se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad; incluso, el interno debe contar con un defensor durante la tramitación de ese procedimiento accesorio, desde el ejercicio de las acciones incluyendo el trámite de los recursos judiciales. d) El procedimiento es independiente y al mismo tiempo accesorio del juicio principal, porque la procedencia de la acción depende de que la persona se encuentre recluida, con motivo de un proceso penal ya sea dentro de juicio o en ejecución de la pena (artículos 1 y 2, de la Ley de Ejecución). La tramitación del proceso accesorio es facultativa, pues depende de que la autoridad ordene el traslado de un interno a otro centro penitenciario, y que este no esté de acuerdo con tal decisión por estimar que agravia sus derechos (artículos 116, fracción I, y 117, fracción III, y último párrafo de la multireferida Ley de Ejecución). e) En el proceso penal la litis está limitada a determinar si existe un hecho que la ley señale como delito y si el interno es responsable de su ejecución; en la etapa de ejecución de sentencia se pretende que el sentenciado compurgue la sanción privativa de libertad y lograr la reinserción social del sentenciado. Mientras que el objetivo del proceso accesorio es resolver una controversia que surgió con motivo de la ejecución penal, determinar si el traslado respeto o no los derechos del interno. Todo lo anterior es suficiente para considerar que el procedimiento denominado por la ley de ejecución como "controversias ante el Juez de ejecución" que se tramita a través de un "procedimiento jurisdiccional", constituye un procedimiento accesorio del proceso penal. Esta situación es importante para sustentar la improcedencia del juicio de amparo, pues de estimarlo así, conlleva a determinar que la orden de traslado se dictó dentro de un proceso penal, incluso la resolución administrativa dictada por autoridades administrativas, por estar autorizada por la propia ley en casos excepcionales y urgentes, por supuesto con la autorización judicial posterior. Para abundar en la última parte del párrafo anterior, ese procedimiento accesorio es de naturaleza penal, porque está previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, se refiere a personas recluidas en un centro penitenciario sujetas a un proceso penal, y el hecho de que intervengan autoridades administrativas, no significa que por esa circunstancia el procedimiento pertenezca a otra materia. Corrobora lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 18/2012 (10a.), Registro 2001982, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Página 17, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL." Del criterio mencionado se advierte la intervención de autoridades administrativas durante la reclusión de procesados o sentenciados, y los actos que realicen con ese motivo serán considerados de materia penal. De allí que resulte irrelevante la circunstancia de que la orden de traslado sea de naturaleza administrativa, al calificarlo de esa manera el artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dictada por autoridades administrativas, pues de acuerdo con el artículo 3, fracción I, de dicha ley, las autoridades penitenciarias son autoridades administrativas, porque al estar previstos en una ley penal, cuyo ámbito de aplicación es sobre procesos penales, entonces se trata de un procedimiento accesorio de naturaleza penal. Sentados los antecedentes expuestos, es dable sostener lo siguiente: Del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que, contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación", es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos; además, la fracción IV, del mismo numeral, dispone que contra actos de tribunales judiciales realizados después de concluido el juicio, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En esas condiciones, cuando un interno se duele de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, ocurrida dentro de un proceso penal (en prisión preventiva) o en ejecución de sentencia (para compurgar una pena privativa de libertad), el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17, Constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. Atento a lo expuesto, resulta improcedente el amparo indirecto promovido contra la orden de traslado, al tratarse de un acto ocurrido dentro de un procedimiento, el cual no deja sin defensa a los quejosos ni puede verse de forma autónoma, más bien constituye una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de que el Juez de instancia analice si dicho acto reclamado está o no apegado a derecho. En el caso a estudio, si la Ley de Ejecución prevé un procedimiento por el cual es dable analizar la legalidad de la orden de traslado, entonces, los internos deberán atender a lo establecido en ese procedimiento ordinario, es decir, acudir ante el Juez de instancia quien determinara si fue o no dictada en apego al respeto de sus derechos humanos. Lo anterior encuentra respaldo, por las razones que la sustentan, lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 8/2015 (10a.) de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." No se oponen a lo antes esgrimido, los criterios de nuestro alto tribunal siguientes: 1a./J. 58/2016 (10a.), registro 2013066, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Página 865, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA". 1a./J. 83/2015 (10a.), registro 2010596, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Página 247, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA." 1a. CLXVI/2014 (10a.), registro 2006256, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Página 824, del rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL." 1a./J. 17/2013 (10a.), registro 2003323, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, Página 800, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO." Ello es así, porque de su análisis se advierte que la Suprema Corte tomó como base la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de junio de dos mil once, donde se le quitaron facultades a las autoridades administrativas para decidir las controversias que se susciten en reclusión, para otorgárselos a la autoridad judicial, por ende, las autoridades administrativas ya no tienen competencia para ordenar traslados, de hacerlo estaríamos hablando de actos fuera de procedimiento judicial. En tales criterios el alto tribunal alude a situaciones donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambio con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues creó un procedimiento judicial que regula los traslados, por regla general la autorización judicial es previa y excepcionalmente en casos urgentes la autorización judicial es posterior, en este último caso la autoridad administrativa ordena y ejecuta el traslado para posteriormente solicitar la autorización judicial, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa, también se previó la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el alto tribunal que alude a supuestos donde los actos fueron emitidos fuera de juicio, de allí que al caso a estudio no resulten aplicables esos criterios. En apoyo a lo anterior se cita la tesis PC.III.P. J/18 P (10a.), del rubro y texto siguiente: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." En esta tesitura, se colige que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con la reclusión del ahora quejoso; como lo es, lo relativo a su traslado; adicionalmente cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que es inconcuso que dichos procedimientos deber ser agotados previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. Ello es así, porque de acuerdo al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, previo a la interposición de éste, deben ejercitarse los recursos ordinarios que prevenga la ley, que tengan por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada, tal y como se estipulo en líneas precedentes, entonces debe concluirse que el presente juicio es improcedente. Por lo anteriormente expuesto y al haber quedado de manifiesto que el acto reclamado en esta instancia se hace consistir en la orden de traslado de los quejosos ***, del Centro Estatal para la Reinserción de Sentenciados, Número Catorce, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, donde actualmente se encuentran recluidos al diverso centro de Justicia Penal Federal, con sede en la Ciudad de México. En esas circunstancias, es evidente que los aludidos impetrantes no tienen el carácter de terceros extraños a juicio, asimismo, que los actos reclamados por esta vía se encuentran dentro de un procedimiento jurisdiccional, además, que no es de aquellos en los que importen privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, por lo que los peticionarios de amparo debieron agotar el recurso ordinario correspondiente, entendiéndose por éste, el medio de impugnación que tiene derecho de hacer valer cualquiera de las partes para combatir las resoluciones que consideren les causa algún agravio, con el objeto de que dicho auto sea revocado o modificado. Sin que en la especie pueda entenderse que el acto reclamado esté comprendido en alguna de las hipótesis de excepción de la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley aplicable, en especial la que se refiere a que el mismo afecte la libertad personal del impetrante; pues como se advierte los quejosos no se encuentran privados de su libertad personal con motivo de la determinación que por esta vía se reclama, esto es, el traslado del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados, Número Catorce, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, a diverso Centro de Reinserción Social en la Ciudad de México; sino que se encuentran ahí, por la comisión del delito de Tráfico de personas Migrantes, en la Modalidad de a quien Transporte por el Territorio Nacional, con el objeto de tener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria, por el que se formó la causa penal 69/2019. Sirve de apoyo, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XXIII y XVIII, la primera en relación con el numeral 107, fracción VII; así como con lo dispuesto por el precepto 113, todos de la ley de materia, se impone desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria e indudable improcedencia. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa: Vistos: La certificación de cuenta, del que se advierte que los quejosos ***, no dieron cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintidós de abril del año en curso. Con la reserva de proveer respecto al contenido del escrito presentado por los diversos quejosos ***, por el que dieron cumplimiento al requerimiento efectuado en el auto de referencia. Al efecto, se acuerda: Tocante a lo manifestado en el inciso 1), se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintidós de abril del año que transcurre; en consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo, respecto a los diversos quejosos ***, de conformidad con lo que establece el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en atención a lo precisado en el diverso inciso 2), se obtiene que analizada la demanda de amparo, se advierte que los quejosos ***, señalan como actos reclamados los siguientes: El traslado de la investigación que se está integrando en la carpeta de investigación número FED/CHIS/TGZ/0000566/2019, dirigido por la Fiscalía General de la República, Delegación Tuxtla, misma investigación que actualmente se encuentra en trámite en la causa penal 69/2019, a la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada antes SIEDO. El traslado de los quejosos ***, a un diverso Centro de Reinserción Social, con residencia en la Ciudad de México, sin que exista orden fundada ni motivada. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda debemos tomar en consideración que el artículo 113, de la ley de la materia, impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por ello, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el contexto anterior, respecto del acto reclamado descrito en el inciso a), se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario. El numeral citado en primer término establece que el juicio de amparo será improcedente precisamente cuando ello resulte de alguna disposición legal. En correlación, el segundo de los mencionados dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos del Ministerio Público que se relacionan de manera taxativa en la citada fracción, siendo éstos los siguientes: las omisiones en la investigación de los delitos, las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Las citadas actuaciones impugnables en el juicio constitucional, son analizadas a continuación, para mayor claridad: Las omisiones en la investigación de los delitos reportan importancia, en la medida que, si el representante social, íntegra de manera deficiente la averiguación previa, es factible que no prospere el ejercicio de la acción penal ante el órgano jurisdiccional. La resolución de reserva tiene lugar cuando existe imposibilidad de cualquier naturaleza para proseguir la averiguación previa y aún no se ha integrado el cuerpo del delito y en consecuencia la probable responsabilidad, o bien cuando habiéndose integrado el cuerpo del delito, no es posible hasta el momento atribuir la probable responsabilidad a persona determinada. La imposibilidad que constituya un obstáculo para la práctica de diligencias que impidan la continuación de la investigación, debe ser de tal naturaleza que imposibilite realmente la actuación del Ministerio Público; la otra situación en que procedería acordar la reserva de la averiguación es cuando comprobado el cuerpo del delito y habiéndose diligenciado cada una de las actuaciones que indica el procedimiento, no haya sido posible hasta el momento señalar a persona alguna como probable responsable. El mandar a la reserva la Averiguación Previa de ningún modo significa que la averiguación previa haya concluido o que no puedan llevarse a cabo más diligencias, puesto que en el caso de obtener nuevos elementos y no habiendo prescrito la acción penal el Ministerio Público Investigador, estará obligado a realizar nuevas diligencias, ya que dicha resolución de reserva no tiene carácter de definitividad y constituye una causa de interrupción de la prescripción de la acción penal, por lo que siempre queda la posibilidad al practicar nuevas diligencias investigativas de ejercitarse la acción penal. La determinación de no ejercicio de la acción penal implica que agotadas las diligencias de la averiguación se determina que no existe cuerpo del delito de ninguna figura típica y por supuesto no hay probable responsable; o bien, que ha operado alguna de las causas extintivas de la acción penal; en estos casos el Agente del Ministerio Público propone el no ejercicio de la acción penal y el archivo de la Averiguación Previa, los agentes del Ministerio Público auxiliares del Procurador opinan sobre la procedencia o improcedencia de autorizar el no ejercicio de la acción penal. El desistimiento de la acción penal, implica que ejercida la acción penal, el Ministerio Público, manifiesta ante el órgano jurisdiccional su voluntad de renunciar a la pretensión punitiva en contra del procesado. Finalmente, la suspensión del procedimiento, implica la interrupción del procedimiento, derivada de un obstáculo que no permite su continuación, la cual puede ser resuelta por el Ministerio Público, las demás partes, u ordenada de oficio por el juzgador. De una interpretación teleológica de la referida fracción del artículo 107, de la ley de la materia, aplicable al caso, vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, el legislador señaló los casos específicos en que procede el juicio de amparo biinstancial, contra actos del Ministerio Público, en su carácter de autoridad responsable, a fin de que estos se puntualizaran de manera limitativa. Es así, pues se ampliaron los supuestos que contenía el artículo 114, fracción VII, de la ley abrogada, en el que solo se señalaba la procedencia del amparo indirecto, contra el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal; sumándose así en la ley vigente las omisiones en la investigación de los delitos, la reserva, desistimiento de la acción penal y suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. De lo que se advierte, que fue voluntad del legislador, ampliar ese catálogo a ciertos casos específicos en los que el mismo consideró la necesidad de incorporarlos, dejando fuera todas las demás actuaciones en que puede intervenir el Ministerio Público como autoridad responsable. De tal manera, es diáfano advertir que el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, señala de manera limitativa, más no enunciativa, las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, precisando los casos específicos en que la actuación del representante social puede ser combatida por medio del juicio constitucional. En el caso particular, los quejosos reclaman el traslado de la investigación de la carpeta de investigación número FED/CHIS/TGZ/0000566/2019, de Fiscalía General de la República, Delegación Tuxtla, a la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada antes SIEDO, ubicado en la Ciudad de México, acto respecto del cual se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia anunciada. Lo anterior, ya que dicho acto no se encuentra previsto en ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos del Ministerio Público, previstas de manera taxativa y limitativa en el multicitado artículo 107, fracción VII, de la Ley de amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece. Aunado a ello, que dicho acto de manera alguna transciende en la esfera jurídica de los aquí quejosos, ya que si el representante social integra de manera deficiente la averiguación previa, es factible que no prospere el ejercicio de la acción penal ante el órgano jurisdiccional, de ahí que tampoco cause afectación alguna; además que el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el representante social. Con base en todo lo anterior, es dable destacar que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no la petición del Agente del Ministerio Público. En las condiciones apuntadas, se actualiza la causal de improcedencia dispuesta en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, por lo que, lo procedente es desechar la demanda de amparo por lo que respecta al inciso a), detallado con anterioridad. Por otro lado, respecto al acto precisado en el diverso inciso b), consistente en el traslado de los quejosos ***, a un diverso Centro de Reinserción Social, con residencia en la Ciudad de México, sin que exista orden fundada ni motivada, reclamado a Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, se llega a la conclusión que también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, conforme se dispone en el numeral antes invocado en que se apoya la causal de referencia, el juicio de amparo será improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, porque de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Así las cosas, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme al nuevo sistema penal acusatorio. Dicha Ley Nacional de Ejecución Penal establece varios procedimientos para resolver diferentes controversias que surjan en reclusión, por lo que al caso interesa, contiene un capítulo relacionado con los traslados, distingue entre traslados voluntarios que solicita el propio interno, los involuntarios y los urgentes (o excepcionales), estos últimos son impuestos u ordenados por la autoridad, sin consentimiento del interno. El traslado involuntario tanto de procesados como sentenciados, conforme al artículo 51, de la Ley de Ejecución, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. Por otro lado, los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria sin autorización previa del Juez, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52, de la ley de ejecución, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Contra la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá la apelación, pero en caso de que el Juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por la autoridad judicial competente, la regla general es que la autorización sea previa y de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez, por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre deberá ser autorizada por la autoridad judisdiccional, por esa razón se estima que la ley de ejecución prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, un análisis oficioso y otro a petición de parte: I.- La Ley de Ejecución en su artículo 52, impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo dela autoridad judicial de calificar la legalidad de la detención dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. II.- Cuando el Juez competente omitió calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52, en relación con los diversos 116 a 119, de la Ley de Ejecución. Del análisis de la invocada ley, es posible determinar que el procedimiento para controvertir las órdenes de traslado, es de naturaleza accesoria al juicio principal, por las siguientes razones: a) El procedimiento accesorio tiene como fin que la autoridad judicial sea la que resuelva cualquier autorización de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro (artículos 52 y 53, de la Ley de Ejecución), constituye un procedimiento contencioso, en tanto que el interno es titular de una acción, mientras que la autoridad administrativa es la demandada (artículo 121), y la litis se ciñe en determinar si procede o no trasladar al interno a otro centro de reclusión, de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. b) El procedimiento accesorio es autónomo respecto del juicio principal, porque su trámite y resolución no afectan el trámite del proceso penal o la ejecución de la pena, dependiendo del estado procesal en que se encuentre el interno. c) El procedimiento accesorio es independiente del juicio principal, cuenta con una estructura procesal equiparable a la de éste, por partir de una acción que contiene una pretensión jurídica, a la que puede oponerse la autoridad demandada, contiene una etapa procesal de pruebas, alegatos y sentencia, siendo ésta impugnable en apelación. Del artículo 120, de la Ley de Ejecución se deduce que la controversia judicial, se inicia a través del ejercicio de una acción, de los artículos 120 al 129, de dicha ley, se advierte que el ejercicio de esa acción da inicio a un procedimiento jurisdiccional accesorio, al señalar que las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral; además, se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad; incluso, el interno debe contar con un defensor durante la tramitación de ese procedimiento accesorio, desde el ejercicio de las acciones incluyendo el trámite de los recursos judiciales. d) El procedimiento es independiente y al mismo tiempo accesorio del juicio principal, porque la procedencia de la acción depende de que la persona se encuentre recluida, con motivo de un proceso penal ya sea dentro de juicio o en ejecución de la pena (artículos 1 y 2, de la Ley de Ejecución). La tramitación del proceso accesorio es facultativa, pues depende de que la autoridad ordene el traslado de un interno a otro centro penitenciario, y que este no esté de acuerdo con tal decisión por estimar que agravia sus derechos (artículos 116, fracción I, y 117, fracción III, y último párrafo de la multireferida Ley de Ejecución). e) En el proceso penal la litis está limitada a determinar si existe un hecho que la ley señale como delito y si el interno es responsable de su ejecución; en la etapa de ejecución de sentencia se pretende que el sentenciado compurgue la sanción privativa de libertad y lograr la reinserción social del sentenciado. Mientras que el objetivo del proceso accesorio es resolver una controversia que surgió con motivo de la ejecución penal, determinar si el traslado respeto o no los derechos del interno. Todo lo anterior es suficiente para considerar que el procedimiento denominado por la ley de ejecución como "controversias ante el Juez de ejecución" que se tramita a través de un "procedimiento jurisdiccional", constituye un procedimiento accesorio del proceso penal. Esta situación es importante para sustentar la improcedencia del juicio de amparo, pues de estimarlo así, conlleva a determinar que la orden de traslado se dictó dentro de un proceso penal, incluso la resolución administrativa dictada por autoridades administrativas, por estar autorizada por la propia ley en casos excepcionales y urgentes, por supuesto con la autorización judicial posterior. Para abundar en la última parte del párrafo anterior, ese procedimiento accesorio es de naturaleza penal, porque está previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, se refiere a personas recluidas en un centro penitenciario sujetas a un proceso penal, y el hecho de que intervengan autoridades administrativas, no significa que por esa circunstancia el procedimiento pertenezca a otra materia. Corrobora lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 18/2012 (10a.), Registro 2001982, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Página 17, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL." Del criterio mencionado se advierte la intervención de autoridades administrativas durante la reclusión de procesados o sentenciados, y los actos que realicen con ese motivo serán considerados de materia penal. De allí que resulte irrelevante la circunstancia de que la orden de traslado sea de naturaleza administrativa, al calificarlo de esa manera el artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dictada por autoridades administrativas, pues de acuerdo con el artículo 3, fracción I, de dicha ley, las autoridades penitenciarias son autoridades administrativas, porque al estar previstos en una ley penal, cuyo ámbito de aplicación es sobre procesos penales, entonces se trata de un procedimiento accesorio de naturaleza penal. Sentados los antecedentes expuestos, es dable sostener lo siguiente: Del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que, contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación", es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos; además, la fracción IV, del mismo numeral, dispone que contra actos de tribunales judiciales realizados después de concluido el juicio, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En esas condiciones, cuando un interno se duele de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, ocurrida dentro de un proceso penal (en prisión preventiva) o en ejecución de sentencia (para compurgar una pena privativa de libertad), el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17, Constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. Atento a lo expuesto, resulta improcedente el amparo indirecto promovido contra la orden de traslado, al tratarse de un acto ocurrido dentro de un procedimiento, el cual no deja sin defensa a los quejosos ni puede verse de forma autónoma, más bien constituye una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de que el Juez de instancia analice si dicho acto reclamado está o no apegado a derecho. En el caso a estudio, si la Ley de Ejecución prevé un procedimiento por el cual es dable analizar la legalidad de la orden de traslado, entonces, los internos deberán atender a lo establecido en ese procedimiento ordinario, es decir, acudir ante el Juez de instancia quien determinara si fue o no dictada en apego al respeto de sus derechos humanos. Lo anterior encuentra respaldo, por las razones que la sustentan, lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 8/2015 (10a.) de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." No se oponen a lo antes esgrimido, los criterios de nuestro alto tribunal siguientes: 1a./J. 58/2016 (10a.), registro 2013066, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Página 865, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA". 1a./J. 83/2015 (10a.), registro 2010596, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Página 247, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA." 1a. CLXVI/2014 (10a.), registro 2006256, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Página 824, del rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL." 1a./J. 17/2013 (10a.), registro 2003323, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, Página 800, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO." Ello es así, porque de su análisis se advierte que la Suprema Corte tomó como base la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de junio de dos mil once, donde se le quitaron facultades a las autoridades administrativas para decidir las controversias que se susciten en reclusión, para otorgárselos a la autoridad judicial, por ende, las autoridades administrativas ya no tienen competencia para ordenar traslados, de hacerlo estaríamos hablando de actos fuera de procedimiento judicial. En tales criterios el alto tribunal alude a situaciones donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambio con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues creó un procedimiento judicial que regula los traslados, por regla general la autorización judicial es previa y excepcionalmente en casos urgentes la autorización judicial es posterior, en este último caso la autoridad administrativa ordena y ejecuta el traslado para posteriormente solicitar la autorización judicial, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa, también se previó la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el alto tribunal que alude a supuestos donde los actos fueron emitidos fuera de juicio, de allí que al caso a estudio no resulten aplicables esos criterios. En apoyo a lo anterior se cita la tesis PC.III.P. J/18 P (10a.), del rubro y texto siguiente: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." En esta tesitura, se colige que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con la reclusión del ahora quejoso; como lo es, lo relativo a su traslado; adicionalmente cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que es inconcuso que dichos procedimientos deber ser agotados previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. Ello es así, porque de acuerdo al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, previo a la interposición de éste, deben ejercitarse los recursos ordinarios que prevenga la ley, que tengan por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada, tal y como se estipulo en líneas precedentes, entonces debe concluirse que el presente juicio es improcedente. Por lo anteriormente expuesto y al haber quedado de manifiesto que el acto reclamado en esta instancia se hace consistir en la orden de traslado de los quejosos ***, del Centro Estatal para la Reinserción de Sentenciados, Número Catorce, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, donde actualmente se encuentran recluidos al diverso centro de Justicia Penal Federal, con sede en la Ciudad de México. En esas circunstancias, es evidente que los aludidos impetrantes no tienen el carácter de terceros extraños a juicio, asimismo, que los actos reclamados por esta vía se encuentran dentro de un procedimiento jurisdiccional, además, que no es de aquellos en los que importen privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, por lo que los peticionarios de amparo debieron agotar el recurso ordinario correspondiente, entendiéndose por éste, el medio de impugnación que tiene derecho de hacer valer cualquiera de las partes para combatir las resoluciones que consideren les causa algún agravio, con el objeto de que dicho auto sea revocado o modificado. Sin que en la especie pueda entenderse que el acto reclamado esté comprendido en alguna de las hipótesis de excepción de la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley aplicable, en especial la que se refiere a que el mismo afecte la libertad personal del impetrante; pues como se advierte los quejosos no se encuentran privados de su libertad personal con motivo de la determinación que por esta vía se reclama, esto es, el traslado del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados, Número Catorce, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, a diverso Centro de Reinserción Social en la Ciudad de México; sino que se encuentran ahí, por la comisión del delito de Tráfico de personas Migrantes, en la Modalidad de a quien Transporte por el Territorio Nacional, con el objeto de tener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria, por el que se formó la causa penal 69/2019. Sirve de apoyo, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XXIII y XVIII, la primera en relación con el numeral 107, fracción VII; así como con lo dispuesto por el precepto 113, todos de la ley de materia, se impone desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria e indudable improcedencia. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado.
- Principal
Visto, el escrito de los quejosos ***, mediante el cual dan cumplimiento al requerimiento que se les hizo en auto de veintidós de abril de la presente anualidad. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta, reservándose de proveer de su contenido hasta en tanto los diversos impetrantes del amparo ***, den cumplimiento al requerimiento señalado, dentro del plazo concedido en el auto mencionado.
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