Berenice Sanchez Valencia

Expediente 1053/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1053/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
19/03/2019

Partes del expediente

  • Berenice Sanchez Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por ***, se ordena agregarlo a autos únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que no tiene reconocida personalidad alguna, en el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, Capital, mediante el cual remite el original del Juicio de Amparo 1053/2018-III.1 del índice de este Juzgado Federal, promovido por ***, así como copia certificada de la resolución dictada el siete de febrero del año en curso, la que concluye en el siguiente punto: ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja. Acúsese el recibo de estilo a la Superioridad, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, glósese el cuadernillo de antecedentes. En tales circunstancias y por tratarse de asunto concluido, ARCHÍVESE FÍSICAMENTE el presente juicio de amparo, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se desechó la demanda de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  3. Principal

    Por recibido el escrito de cuenta, signado por la peticionaria de amparo ***, como lo solicita téngasele interponiendo recurso de queja en contra de la resolución de veintiuno de diciembre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99 y 100, todos de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto recurso de queja en contra de la resolución de veintiuno de diciembre del año en curso. Por tanto, se ordena rendir el respectivo informe justificado en términos de lo dispuesto en el artículo 101, primer párrafo de la Ley de Amparo; haciendo del conocimiento de la Superioridad QUE ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. De conformidad con el numeral 100, segundo párrafo de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, el escrito de queja y copia del mismo, así como la totalidad de las constancias integrantes del presente juicio de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.

  4. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintiuno de diciembre actual, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, téngase por recibido la demanda que promueve ***; por estimarla violatoria de los derechos que se encuentran consagrados en el artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 1053/2018-III.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia que el expediente electrónico estará a disposición de las partes tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, así como lo dispuesto por el diverso Acuerdo 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como cuestión previa, cabe señalar que las tesis aisladas y de jurisprudencia que se citarán en el presente acuerdo, se aplican en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a dicha legislación. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo de cuenta, este Juzgado Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en virtud de que frente al acto reclamado se configura la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de amparo, en relación con el artículo 107; al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, los diversos numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, textualmente dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la parte peticionaria de amparo señala como acto reclamado, la resolución de once de diciembre del año en curso, dictada en el Proceso Penal 88/2015 del índice del Juzgado Cuarto de Partido Penal, con sede en esta ciudad, por medio de la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí peticionaria de amparo, en contra del auto de seis de diciembre del presente año. Bajo este panorama, es menester señalar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado, no es de aquellos actos que la Ley considera como de imposible reparación. Pues bien, de la demanda de amparo se desprende que la parte solicitante del amparo señaló como autoridad responsable al Juez Cuarto de Partido Civil, con sede en esta ciudad, de quien reclama la resolución de once de diciembre del año en curso, dictada en el Proceso Penal 88/2015 del índice del Juzgado Cuarto de Partido Penal, con sede en esta ciudad, por medio de la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí peticionaria de amparo, en contra del auto de seis de diciembre del presente año. Lo antes expuesto, pone en evidencia que el acto que se reclama en el caso no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues la autoridad responsable, en la determinación de fecha once de diciembre del año en curso (que constituye el acto reclamado), resolvió en el recurso de revocación, interpuesto en contra del auto de seis de diciembre del presente año, en el Proceso Penal 88/2015, mediante el cual, se determinó sobre sobre la no admisión de diversas probanzas; sin embargo, a consideración del suscrito, dicha resolución, no causa a la parte quejosa un agravio de imposible reparación. Por lo cual, es factible que al momento de dictarse la sentencia en el juicio de origen, sea favorable a los intereses de la impetrante de amparo, y con ello se repararía la violación alegada. De tal suerte, que dicha circunstancia por sí sola, no basta para estimar que la ejecución de ese acto sea de naturaleza irreparable, pues para ello es menester la existencia de una violación directa a los derechos sustantivos del quejoso, contenidos en las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución Federal, y además, que la citada violación ya no pudiese ser reparada en la sentencia definitiva que se llegase a dictar en el juicio natural; lo cual no sucede en la especie, pues la violación alegada aún puede ser reparada precisamente, si la sentencia que se llegue a dictar en el Juicio de origen, favorece a los intereses del quejoso, lo cual haría que los efectos de la violación combatida quedaran extinguidos y sin dejar huella en su esfera jurídica; pero aún más, en el caso de que la sentencia no fuese emitida a favor de los intereses del promovente, aún podría ser reparada mediante el juicio de amparo directo que se enderece en contra de la resolución definitiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo. En esas condiciones, lo anterior provoca que sobre la demanda de estudio, se actualice la causal de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso dispositivo 107, fracción V, del mismo cuerpo de leyes, éste último aplicado a contrario sensu, por no tratarse de actos de imposible reparación, ya que como se dejó explicado, constituyen únicamente violaciones intraprocesales, reclamables en su caso a través del amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva de segunda instancia. Tiene aplicación al respecto, la tesis de Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, Junio de 1996, tesis IV.2° J/13, en la página 538, la cual es del tenor literal siguiente: AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION.- Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial. Asimismo, resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo IV, Primera Parte, Tesis 3ª./J 43 29/89, en la página 291, la cual es del tenor literal siguiente: EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Ello es así, porque por acto de imposible reparación debe entenderse aquél cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que emanan, aunque se obtenga sentencia definitiva favorable, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna, ya sea durante el trámite o bien al momento de resolverse el juicio. Sin embargo, cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados o realizados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por estos actos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; en tanto que, los derechos adjetivos son aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado; por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo y como consecuencia de ello, cuando se esté en el primero de los casos mencionados (cuando se trate de violación que atente contra los derechos fundamentales del gobernado), procederá el amparo indirecto; y cuando se esté en el segundo de los supuestos (derechos adjetivos o comúnmente llamados procesales), no procederá el amparo biinstancial por tratarse de un acto que no conlleva una imposible reparación; dicho de otro modo, la ejecución irreparable se presenta para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del gobernado que no pueden ser convalidados o reparados a través de la obtención de una sentencia favorable; por consecuencia, si el acto que se reclama no atenta contra tales derechos sustantivos, sino contra derechos adjetivos o procesales, los cuales sí pueden ser reparados o convalidados en caso de que se obtenga una sentencia favorable, ello se traduce en que la promoción del amparo biinstancial sea improcedente. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis de Jurisprudencia número 29/2003, obtenida de la Contradicción de Tesis número 74/2002-PS, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 11, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, Novena Época, Instancia de la Primera Sala; cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE AUTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUES DE CONCLUIDO Y EN EJECUCION DE SENTENCIA. De lo dispuesto por los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal de país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas olas cosas, no se les puede aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque se así se hiciera, el juicio de amparo sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas fue evitar el abuso del juicio de garantías. En esa tesitura, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el ubicado en *** esta ciudad y como autorizada para tal efecto en términos restringidos del artículo 12 de la nueva Ley de Amparo, a ***, toda vez que no tiene registrada sus cédulas profesionales en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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