Berenice Ramos Rios

Expediente 329/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
329/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Berenice Ramos Rios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Téngase por recibida la razón actuarial de cuenta, levantada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, en la cual se hace constar la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 18627/2022 que contiene la determinación de veinte de julio de dos mil veintidós, dirigidos a Delegado Federal de la Secretaria de Educación Pública en el Estado de Guanajuato, ya que señalaron la misiva como "desconocido el Cargo", no obstante se trata del domicilio en que diversas misivas del presente sumario se han entregado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Amparo, se tienen por hecha la notificación de la referida misiva.

  2. Principal

    Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que no se interpuso recurso de revisión previsto por el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, contra el auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el ordinal 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en relación con su numeral 2, se declara que dicho fallo ha causado estado. Se ordena archivo. En mérito de lo anterior, y toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, con apoyo en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), LA DETERMINACIÓN DE VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio de referencia, y atento a su contenido, téngase rendido el informe justificado de la autoridad responsable: *********. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable en cita, la documental que acompaña, la instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana; mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Se sobresee en el juicio de amparo. Ahora, visto el contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen. En efecto, la causal de improcedencia en estudio, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la disposición legal trascrita, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado en un juicio ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. Ciertamente, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando la autoridad o autoridades responsables dan lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o, también cuando, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no es más que el hecho de que la autoridad emisora del acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que esa afectación no sólo debe ser definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo: la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Orienta lo así considerado -por analogía- con la actual disposición contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la diversa 9/98, de la propia sala, que en su orden, dicen: Análisis del caso concreto La hipótesis legal transcrita, cobra aplicación al caso concreto, toda vez que la promovente del amparo reclama la omisión de entregar el título universitario. Cierto, a la fecha de presentación de la demanda que dio origen a este juicio de amparo -quince de marzo de dos mil veintidós- la autoridad no había concluido los trámites correspondientes a la expedición del título universitario en favor de la quejosa; sin embargo, el veintidós de junio del año en curso, a través del correo electrónico comunicó a la quejosa que su título universitario había sido expedido y remitió la versión electrónica de éste, a efecto de que pudiera continuar con los trámites de su cédula profesional. Además, vista la certificación que antecede, se aprecia que, una vez realizada una consulta en la página de internet del Registro Nacional de Profesiones, se localizó que Berenice Ramos Ríos cuenta con el registro de la cédula profesional número 12904384, tocante a la licenciatura en Derecho, por el Instituto Universitario del Centro de México Campus Acámbaro. Los datos descritos constituyen un hecho notorio para este juzgado federal en términos de lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ****** En ese contexto, se estima que los actos reclamados que motivaron el ejercicio de la acción constitucional cesaron en sus efectos, porque al notificar a la quejosa que su título universitario había sido expedido y remitirle la versión electrónica de éste, a efecto de que pudiera continuar con los trámites de su cédula profesional, deviene incuestionable que la omisión reclamada en estudio perdió validez jurídica; motivo por el cual la hoy solicitante del amparo ha sido restituida en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. De lo hasta aquí expuesto, se impone concluir la imposibilidad jurídica para pronunciarse en relación a la pretendida inconstitucionalidad de los actos reclamados en esta instancia constitucional, en razón de que han dejado de existir materia sobre la que el amparo concretizaría sus efectos. Decisión. Consecuentemente, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley que rige la materia, respecto del acto a estudio. En ese sentido, en el particular se estima innecesario dar vista a la parte quejosa con el informe justificado, ni ello constituye una violación procesal, porque la causal de improcedencia es insuperable. Una vez que cause estado esta determinación, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Se deja sin efectos. En razón de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha que se tenía contemplada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta minutos del veintisiete de julio de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio de referencia, y atento a su contenido, téngase rendido el informe justificado de la autoridad responsable: *********. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable en cita, la documental que acompaña, la instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana; mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Se sobresee en el juicio de amparo. Ahora, visto el contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen. En efecto, la causal de improcedencia en estudio, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la disposición legal trascrita, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado en un juicio ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. Ciertamente, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando la autoridad o autoridades responsables dan lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o, también cuando, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no es más que el hecho de que la autoridad emisora del acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que esa afectación no sólo debe ser definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo: la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Orienta lo así considerado -por analogía- con la actual disposición contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la diversa 9/98, de la propia sala, que en su orden, dicen: Análisis del caso concreto La hipótesis legal transcrita, cobra aplicación al caso concreto, toda vez que la promovente del amparo reclama la omisión de entregar el título universitario. Cierto, a la fecha de presentación de la demanda que dio origen a este juicio de amparo -quince de marzo de dos mil veintidós- la autoridad no había concluido los trámites correspondientes a la expedición del título universitario en favor de la quejosa; sin embargo, el veintidós de junio del año en curso, a través del correo electrónico comunicó a la quejosa que su título universitario había sido expedido y remitió la versión electrónica de éste, a efecto de que pudiera continuar con los trámites de su cédula profesional. Además, vista la certificación que antecede, se aprecia que, una vez realizada una consulta en la página de internet del Registro Nacional de Profesiones, se localizó que Berenice Ramos Ríos cuenta con el registro de la cédula profesional número 12904384, tocante a la licenciatura en Derecho, por el Instituto Universitario del Centro de México Campus Acámbaro. Los datos descritos constituyen un hecho notorio para este juzgado federal en términos de lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ****** En ese contexto, se estima que los actos reclamados que motivaron el ejercicio de la acción constitucional cesaron en sus efectos, porque al notificar a la quejosa que su título universitario había sido expedido y remitirle la versión electrónica de éste, a efecto de que pudiera continuar con los trámites de su cédula profesional, deviene incuestionable que la omisión reclamada en estudio perdió validez jurídica; motivo por el cual la hoy solicitante del amparo ha sido restituida en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. De lo hasta aquí expuesto, se impone concluir la imposibilidad jurídica para pronunciarse en relación a la pretendida inconstitucionalidad de los actos reclamados en esta instancia constitucional, en razón de que han dejado de existir materia sobre la que el amparo concretizaría sus efectos. Decisión. Consecuentemente, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley que rige la materia, respecto del acto a estudio. En ese sentido, en el particular se estima innecesario dar vista a la parte quejosa con el informe justificado, ni ello constituye una violación procesal, porque la causal de improcedencia es insuperable. Una vez que cause estado esta determinación, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Se deja sin efectos. En razón de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha que se tenía contemplada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta minutos del veintisiete de julio de dos mil veintidós.

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