Benjamin Vargas Arroyo
Expediente 407/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 407/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Benjamin Vargas Arroyo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), en relación con el 86, de la citada Ley de Amparo, contra el auto emitido el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación invocada, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que al decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en este juicio de amparo, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no atender el citatorio la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintiséis de abril actual, que en lo conducente dice: Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por la Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, téngase por rendido el informe justificado que a su parte corresponde; con su contenido, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes. Téngase como pruebas de su parte, la documental que adjunta al oficio que se acuerda, misma que de conformidad con el artículo 119, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, exhibida, admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza. Asimismo. Téngase como pruebas de dicha autoridad la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana. Con fundamento en el artículo 9º de la Ley de Amparo, téngase como delegados de la autoridad en cita, a las personas que menciona en el oficio que se acuerda, así como señalando el domicilio que indica para el efecto de oír y recibir notificaciones, siempre y cuando en ese lugar se encuentren las instalaciones propias de sus funciones como autoridad responsable, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables se les notifica mediante oficio en el domicilio de su oficina principal. Ahora bien, la autoridad responsable en su informe de ley, negó expresamente la omisión reclamada, agregando que mediante resolución de diez de marzo de dos mil diecisiete, dio respuesta a la solicitud presentada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis ante ella por el quejoso ***, con que se formó el expediente GUA-L-1025-04-05-16 (que constituye la omisión reclamada en este asunto), y la notificó al referido solicitante mediante oficio BOO.910.01.1/001420, según se desprende de la constancia de otificación respectiva, el dieciocho de abril del actual; resolución de la que, en lo que ahora importa, se desprende que autorizó la solicitud de prórroga de vigencia del Título de Concesión 08GUA106726/12AMGE05. En este orden, de las constancias que integran el Juicio de Amparo en que se actúa, se obtiene que Benjamín Vargas Arroyo, por su propio derecho el tres de abril de dos mil diecisiete, presentó demandad de amparo contra la omisión que reclamó de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, la que hizo consistir en la falta de resolver en definitiva la solicitud ingresada con folio 1025, el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, de prórroga de vigencia del Título de Concesión 08GUA106726/12AMGE05. Precisado lo anterior, considerando el contenido del informe con justificación rendido por la autoridad responsable en el presente asunto, se advierte que respecto del acto reclamado sobreviene un motivo manifiesto e indudable para sobreseerlo, incluso antes de que se celebre la Audiencia Constitucional programada para las nueve horas con dos minutos del doce de mayo de dos mil diecisiete. Así, se precisa entonces que debe sobreseerse en el Juicio de Amparo en que se actúa, virtud de que sobre el acto reclamado por ***, por su propio derecho, destacado en párrafos precedentes, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, acorde con las razones jurídicas siguientes: Debe asentarse en principio que el precepto legal y fracción invocados con antelación, literalmente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Pues bien, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga, revoca o desaparece para la vida jurídica el acto reclamado en la vía de Amparo, pero además, con su actuación destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección Constitucional solicitada, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, toda vez que la autoridad responsable Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, a través de la Titular del área Jurídica, dio respuesta a la solicitud ingresada con folio 1025, el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, de prórroga de vigencia del Título de Concesión 08GUA106726/12AMGE05, y notificó esa resolución el dieciocho de abril actual; lo que se verifica de las constancias que se adjuntaron al oficio que se acuerda. En consecuencia, resulta incuestionable que con tal actuar, cesó en sus efectos el acto reclamado, en el caso, la falta de respuesta a la solicitud de prórroga de vigencia de Título Concesión, pues el diez de marzo emitió la resolución respectiva y, la notificó al promovente del amparo el dieciocho de abril siguiente, esto es, ya tramitado el Juicio de Amparo que nos ocupa; destruyéndose con ello los efectos de la violación reclamada en este procedimiento Constitucional, lo que trae como consecuencia que se actualice la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, y por ende debe decretarse el sobreseimiento del Juicio, acorde con lo dispuesto por el diverso ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal antes citado. Por su puntual aplicación, es de invocarse la tesis XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, correspondiente a la Novena Época, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la Jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, también de la Novena Época, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. De la misma forma, es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, contenida en la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber de igual forma, que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la Audiencia Constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con dos minutos del doce de mayo del actual. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE el Juicio de Amparo promovido por ***, contra la omisión que reclamó de la autoridad señalada como responsables, de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Vistos los presentes autos de los que se advierte que aún no obra el informe justificado solicitado a la autoridad responsable DIRECCION LOCAL GUANAJUATO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EN CELAYA, con sede en esta ciudad, no obstante que ya obra el acuse de recibo del oficio con el cual se le solicitó, según se advierte en autos, del cual se desprende que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de quince días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que lo rinda. DIFERIMIENTO. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL programada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL DOCE DE MAYO PRÓXIMO, para que la misma tenga verificativo.
- Principal
Vista la demanda de amparo, promovida por ***, a través de la cual solicitan el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato. que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 8°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 407/2017 Mesa I.1. Anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE la demanda promovida por ***, contra actos del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; sin embargo, deberá de tomar en consideración el artículo 25, 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establece: "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Aunado a lo anterior, la autoridad responsable Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, a través de su Titular en su informe de ley deberá advertir en el caso específico el estatus del trámite cuya demora injustificada reclama la parte quejosa, precisando ante qué Subdirección o Área a su mando se encuentra, incluso indicando sobre que funcionario recae tal encargo. Esto último, con el objeto de dictar una sentencia de amparo adecuada a la hipótesis en específico y en caso de que sea concedida la protección constitucional solicitada, se vincule a quien de manera inmediata, bien por encomienda directa o subordinación, pudiera tener injerencia en el cumplimiento de la misma. Se señalan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL ACTUAL, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este Juicio de amparo; ello en virtud de que las labores del Juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia, a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con apoyo en el artículo 75 de la Ley de la Materia, se requiere a la autoridad responsable, para que en caso de ser cierto el acto que se le atribuye, en el mismo lapso de tiempo concedido en el párrafo que antecede, remita a este Juzgado Federal, copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias que se tomaron en consideración para la emisión del acto reclamado; o bien, manifieste el impedimento legal que tiene para ello, apercibida que de no hacer manifestación alguna o no rendir su informe justificado, se le impondrá una multa, en términos del artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual manera se requiere a la autoridad responsable, para que conforme a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informe de inmediato a este Órgano de Control Constitucional, si durante el trámite del Juicio de origen se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal; bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se le impondrá una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Téngase a la parte quejosa exhibiendo como pruebas de su parte las documentales que acompaña a su escrito de demanda, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana y la instrumental de actuaciones, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas con posterioridad, en términos del artículo 119 de la Ley de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II, de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, a fin de que proporcione el nombre y domicilio del tercero interesado; ello en razón de que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no existe, aunado a que el acto reclamado en el presente asunto se trata de un derecho de petición; es decir, un derecho constitucional violado al quejoso directamente, sin que haya contraparte respecto del acto reclamado, lo anterior, para favorecer la pronta impartición de justicia. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior la Tesis: I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1830 del libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el número de registro: 2008986, Materia común del rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." No se tramita el incidente de suspensión, previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, por no haberlo solicitado el quejoso, ni estar en alguno de los supuestos de apertura oficiosa en términos de lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley de Amparo. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponda. Como lo indica el quejoso en su demanda, se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en ***, de esta ciudad. De igual forma, se tiene como autorizado de su parte al licenciado ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que sí tiene registrada su respectiva cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
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