Berenice González Martínez
Expediente 660/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 09/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juez Cuarto de Primera Instancia, Martínez de la Torre, Veracruz
- Berenice González Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Ténganse por recibido el escrito de cuenta, signado por el tercero interesado Mario Miguel de la Fuente Maciel; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de las constancias que señala, autorizando a las personas que menciona en su escrito para recibirlas, quienes deberán firmar por su recibo en autos, para debida constancia.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle algún perjuicio en este juicio interpusiera el recurso de revisión en contra de la resolución de veinticinco de septiembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse únicamente sobreseído en el juicio y susceptible de destrucción el original del incidente de suspensión, por haberse negado la suspensión provisional y la definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá en consecuencia a la destrucción de los mismos con posterioridad al DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Asimismo, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Incidental
Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el auto de dieciocho de septiembre del año en curso, dictado en los autos del recurso de queja 194/2018, de su índice, por el que se declaró sin materia el aludido recurso interpuesto por la parte quejosa, causó estado. Lo anterior para los efectos legales procedentes.
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que se tuvo para notificar personalmente al tercero interesado Mario Miguel de la Fuente Maciel, el auto de veinticinco de septiembre del año en curso, por la razones ahí expuestas; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes hasta en tanto subsane dicha omisión. Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de diez de septiembre del año en curso, informa que la quejosa interpuso recurso de revocación en contra del auto de seis de julio del año en curso, dictado en los autos del expediente 723/2018/III, de su índice, mismo que fue resuelto el veintisiete de agosto de la presente anualidad, declarándolo procedente y dejando sin efecto el auto que en esta vía se combate. En mérito de lo anterior, cabe precisar que el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en el auto de seis de julio de la presente anualidad, emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, en los autos del expediente 723/2018/III, a través del cual tiene al aquí tercero interesado Mario Miguel de la Fuente Maciel, promoviendo medios preparatorios a juicio en contra de la aquí quejosa Berenice González Martínez, y por el que decreta la convivencia del citado tercero interesado con el menor hijo de la promovente; y toda vez que la autoridad responsable en esta propia fecha indicó que en contra del referido auto la aquí quejosa interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto el veintisiete de agosto del año en curso, determinando procedente el aludido recurso y como consecuencia de ello, se dejó sin efecto el auto que constituye el acto reclamado en esta vía. En tales condiciones, y toda vez que en la resolución de veintisiete de agosto del año en curso, se determinó dejar sin efecto el auto de seis de julio de la presente anualidad, se pone de manifiesto que los efectos del acto reclamado consistente en el aludido proveído, han dejado de tener vigencia al haber sido sustituido procesalmente por la resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictada con motivo del recurso de revocación promovido por la impetrante de amparo; por ende, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan -por ejemplo- cuando contra éste se interpuso un recurso al que recayó una nueva resolución que viene a sustituir procesalmente a la anterior, ya que será esta nueva determinación, y no la recurrida, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el medio de control de la constitucionalidad no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; por tanto, respecto del acto primigenio debe sobreseerse en el amparo con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Al respecto, es ilustrativa por su contenido la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, que se transcribe a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ESTA CAUSAL SE ACTUALIZA RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA CORRECCIÓN DISCIPLINARIA DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL, SI TAMBIÉN SE RECLAMA LA EMITIDA EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD QUE CONFIRMA O MODIFICA EL CORRECTIVO EN PERJUICIO DEL INTERNO. Cuando se reclaman tanto la resolución que impone un correctivo disciplinario emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario, como la de la inconformidad expedida por el Coordinador General de Centros Federales de Readaptación Social, que confirma o modifica el correctivo en perjuicio del interno, debe considerarse que respecto de la primera, el juicio de amparo es improcedente con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado en sus efectos, al ser sustituida por la emitida por la autoridad revisora en la inconformidad, en tanto que es en esta última donde se califican en definitiva los actos que dieron origen a la medida disciplinaria y al procedimiento que culminó con su imposición; por ende, es la que rige la situación jurídica del quejoso y la que, en todo caso, podría causarle perjuicio; sin que ello implique que se deje insubsistente el correctivo disciplinario o que se declare legal el procedimiento del cual deriva, sino simplemente que, para efectos del juicio de amparo, ningún fin práctico tendría estudiar la primera resolución dictada por ser susceptible de subsanarse por la autoridad revisora, al emitir la resolución correspondiente en la inconformidad planteada." (Lo subrayado es propio) También lo es la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, que se cita enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En este contexto, como quedó expuesto en párrafos que anteceden, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la aquí quejosa promovió recurso de revocación, el cual por resolución de veintisiete de agosto del año en curso, determinó dejar sin efecto el auto de seis de julio del presente año, mismo que constituye el acto combatido en esta vía. Por tanto, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado, pues debe considerarse que con la resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, mediante la cual determinó dejar sin efecto el auto de seis de julio de la presente anualidad, constituye un obstáculo procesal que impide entrar al estudio de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de mérito respecto al acto reclamado (auto de seis de julio de dos mil dieciocho), toda vez que el acto del que se duele la aquí quejosa, cesó con motivo de la resolución de la citada autoridad, de ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada, por haber sido sustituida procesalmente por dicha resolución, siendo la determinación de veintisiete de agosto del presente año, la que rige en todos sus efectos legales y la que en todo caso podría causar perjuicio a la parte quejosa. Resulta aplicable por analogía la tesis III.3o.C.23 K, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ÉSTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente". En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En mérito de lo anteriormente expuesto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse la causal de improcedencia prevista ene le artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; dese los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías."
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