Berenice González Martínez

Expediente 576/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
576/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
15/07/2019

Partes del expediente

  • Berenice González Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de veintiséis de junio del año en curso, que desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por la parte quejosa y que ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones I y II, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado de plano la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años, se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida conjuntamente por Berenice González Martínez y Geovanny Martínez Hernández, ambos por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada e iniciales S.I.M.G. contra el acto que reclaman del Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 576/2019-II-A. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso los hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación dla parte quejosa de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución interlocutoria de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del expediente 970/2018/II, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, y su ejecución. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Es trascendente precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda no sea posible desvirtuar con probanzas la causa de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO A SU EXTEMPORANEIDAD. De acuerdo con lo expuesto, en el caso este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del precepto transcrito, se desprende que un acto está consentido tácitamente cuando contra él no se promovió el juicio de amparo dentro de los plazos que establece la ley de la materia. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 216152, que dice. "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de amparo fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En ese entendido, debe indicarse que el plazo genérico para la interposición del juicio de amparo es de quince días, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir de que la parte quejosa se haya impuesto del acto reclamado; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido la parte quejosa conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice, y de ser el caso, conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia 30/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Acotado lo anterior, es necesario reiterar que el acto del que se duele la parte quejosa en el presente asunto se hace consistir en la interlocutoria de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio ordinario civil 970/2018/II, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Martínez de la Torre, Veracruz, mediante la cual se confirma el auto de uno de marzo del año en curso, en el que se ordena la preparación de la pericial en genética molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN. Ahora, como se dijo de inicio, el suscrito estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo toda vez que su promoción resulta extemporánea, debido a que ésta no se promovió dentro de los quince días siguientes a aquél en que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado, la que se efectuó por lista de acuerdos en el mismo día de la emisión de dicho acto, esto es, el treinta de mayo de dos mil diecinueve, pues así lo manifestaron los quejosos en su demanda de amparo, al manifestar bajo protesta de decir verdad, la fecha de notificación del mismo, de lo que se advierte que la resolución reclamada fue emitida y notificada por lista de acuerdos en la fecha precisada. Al efecto cabe destacar lo estipulado por la primera parte del numeral 18 de la Ley de Amparo, en el sentido que el plazo para presentar la demanda de amparo, previsto por el diverso ordinal 17 del mismo ordenamiento, se contará a partir de que del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Ahora, en el caso que nos ocupa el acto combatido por los promoventes es dentro de un juicio de contradicción de paternidad, por ende, de índole familiar, cuyo procedimiento se rige por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el cual contiene un capítulo V relativo a las notificaciones, que comprenden los artículos 73 a 91, en los que se establece de qué forma pueden ser las notificaciones en el juicio civil y la manera en que éstas deben de practicarse, así como el momento en que éstas surtirán efectos cuando se realice por edictos o cuando deba tenerse por hecha conforme a los previsto por los numerales 77 y 78 de dicho código adjetivo. En el caso, se tiene que el citado artículo 78, dispone que si las partes no concurren al tribunal, como se previene en el artículo anterior, la notificación se dará por hecha y surtirá todos sus efectos, el día siguiente de dictada la resolución, siempre y cuando se haya publicado el acuerdo respectivo en el tribunal o en su tabla de avisos, y en la propia fecha del acuerdo. Bajo esas consideraciones, es menester destacar que la parte quejosa manifestó en su demanda de amparo que la resolución reclamada le fue notificada por lista de acuerdos el treinta de mayo de dos mil diecinueve, por lo que su demanda de amparo fue promovida fuera del término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ello es así, porque si bien el precepto 18 de la ley de la materia dispone que el plazo para promover la demanda de amparo empieza a computarse a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos legales la notificación, conforme a la ley que rige el acto reclamado, por lo que, de conformidad con lo ya expuesto, si la notificación que se practicó a la parte quejosa por lista de acuerdos el treinta de mayo de dos mil diecinueve, surtió sus efectos al día siguiente, esto es, el treinta y uno siguiente. Por lo tanto, el cómputo de los quince días para que los quejosos promovieran la demanda de amparo contra la resolución dictada por el juez responsable, empezó a transcurrir del tres de junio de la presente anualidad y feneció el veintiuno del mismo mes y año. En este orden de ideas, la exigencia de que exista prueba plena de que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto que ahora pretende reclamar, sí se satisface en el caso, pues son los propios quejosos quienes manifestaron que la resolución aquí combatida, les fue notificada por lista de acuerdos el treinta de mayo de dos mil diecinueve, por lo que el presente juicio de amparo resulta improcedente, en virtud de que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para la promoción de la demanda de garantías, empezó a correr a partir del día siguiente al en que surtió efectos tal notificación, esto es, a partir del tres de junio del año que cursa, ya que tal notificación surtió efectos al día siguiente de su práctica, esto es, el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, y tal plazo feneció el veintiuno de junio de esta misma anualidad, como ya se dijo, en el entendido de que se descontaron los días ocho, nueve, quince y dieciséis de junio del año en curso. Por lo que resulta inconcuso que si fue hasta el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, en que los quejosos presentaron en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, la demanda de amparo dio origen al presente controvertido tal y como se advierte de la papeleta de turno; por tanto, es indudable que el plazo de quince días que impone la ley para promover el juicio de amparo, ya había fenecido. En las relatadas condiciones, la parte quejosa tuvo la posibilidad legal de impugnar el acto que reclama, dentro del plazo perentorio señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, y si no lo hizo de esa manera, su conducta revela conformidad con dicho acto en su perjuicio, por lo que se colige que existió consentimiento de su parte en lo que hace al acto reclamado, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del plazo de quince días que dispone el aludido precepto legal; en tal razón, lo expuesto conlleva a establecer la imposibilidad de encausar su inconformidad en este medio, si previamente lo consintió tácitamente, y siendo ello así, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/21, visible en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto. "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice. "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y por tanto, se desecha de plano la demanda de garantías. SE TIENE COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA, el que señala en el escrito que se provee y por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María de los Ángeles Carmona López y Jaime Gonzalez Marcos, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encuentran registrados con los números 184972 y 99306, respectivamente; por otra parte, respecto a los diversos autorizados Deysi Riquelme González y Gisela Hernández Ortiz, ténganse como autorizados en términos restringidos del aludido precepto legal, toda vez que en el referido sistema no aparece el registro correspondiente, amén de que tampoco acreditaron contar con dicho documento. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario adscrito al juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

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