Benito Zarate Vidal
Expediente 1509/2017 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1509/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Benito Zarate Vidal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Téngase por recibido el oficio número 82/2019-B, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo 1509/2017, de nuestro índice, tres tomos de prueba y testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 366/2018, de su índice, misma que resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Quedan INTOCADOS los considerandos tercero y cuarto de la sentencia recurrida, dentro de las cuales se sobreseyó en el juicio de amparo por cuanto hace a las autoridades responsables Fiscal General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; Delegado de la Policía Ministerial, con residencia en Misantla; Delegado de la Policía Ministerial de Martínez de la Torre; y Comandante de la Policía Ministerial, con sede en Vega de Alatorre; así como en torno al acto reclamado de las autoridades responsables Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública con residencia en ésta ciudad; Director General de la Policía Ministerial de Emiliano Zapata; y Delegado Estatal de la Policía Región V, con sede en Martínez de la Torre, todos del Estado de Veracruz.. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia impugnada, en consecuencia. TERCERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto número 1509/2017, del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, promovido por Benito Zárate Vidal, contra los actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de Misantla, Veracruz, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; hágase del conocimiento de las partes la resolución de mérito, así como las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno; agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó en ausencia de los autos originales y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCION, al haberse sobreseído en el juicio de amparo y negado tanto la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción de los mismos; en el entendido de que será con posterioridad al VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otro lado, toda vez que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, al rendir su informe justificado remitió diversas documentales, con las que se formaron tres tomos de pruebas, y toda vez que resulta innecesaria su subsistencia, devuélvanse los mismos a su lugar de origen.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte tercera interesada, la determinación que dice: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso *******, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de once de junio de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, y 88 de la Ley de Amparo, con copia de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes y agréguese a éste una copia del escrito de agravios; asimismo, con copia simple del escrito de agravios córrase traslado a las demás partes del presente juicio. En ese orden de ideas, como lo dispone el artículo 89 de la Ley de Amparo, remítase dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente en que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, anexando el original del escrito de agravios y copia del mismo.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso Benito Zarate Vidal, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de once de junio de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, y 88 de la Ley de Amparo, con copia de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes y agréguese a éste una copia del escrito de agravios; asimismo, con copia simple del escrito de agravios córrase traslado a las demás partes del presente juicio. En ese orden de ideas, como lo dispone el artículo 89 de la Ley de Amparo, remítase dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente en que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, anexando el original del escrito de agravios y copia del mismo.
- Principal
Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto número 1509/2017, del índice de este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz; y, RESULTANDO. PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete y recibido en este juzgado el mismo día,Benito Zarate Vidal , por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades que a continuación se indican: NO.AUTORIDAD RESPONSABLEFOJASSENTIDO1 Juez Segundo de Primera Instancia de Misantla, Veracruz.40Admite.2 Delegado de la Policía Ministerial de Misantla, Veracruz.36Inexistente.3 Delegado de la Policía Ministerial de Martínez de la Torre, Veracruz.39Inexistente.4 Delegado de la V Región de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado. 23 Niega. 5 Director General de la Policía Ministerial 21 Niega. 6 Secretario de Seguridad Pública del Estado. 24 Niega. 7 Fiscal General de Justicia del Estado. 26 Inexistente. 8 Delegado de la Policía Ministerial en Vega de Alatorre, Veracruz. 39 Inexistente. De quienes reclamó: ".IV.- LA NORMA GNERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. De la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora, se reclama, El indebido otorgamiento de la Escritura Pública de ADJUDICACIÓN DIRECTA, en Escritura Pública No. 19,089 del Libro Doscientos Ochenta, que se hizo ante la Notaría Pública Núm. UNO a cargo del Licenciado ROBERTO MEDELLIN MAGGIO, con fecha treinta de Noviembre del año en curso, en acuerdo que se me dejó a vista por el término de tres días por lista de acuerdos sobre una petición que hace el Sr. Antonio Amor Garrido, y con dicha escritura C. juez Segundo de Primera Instancia de Misantla, Ver., de motu propio, adjudica en forma Directa bienes inmuebles que salieron de mi patrimonio desde el año de 1996, al C. Antonio Amor Garrido, de los cuales ya había hecho venta al Sr. Ernestino Barradas Córdova, desde 1996, violentando mis derechos fundamentales de debido proceso y acceso a la justicia y mis garantías individuales de legalidad y audiencia, inmersos en los artículos 1°, 8°, 14 y 16 Constitucionales. Y, de las autoridades señaladas como Responsables ejecutoras, la ilegal ejecución de las órdenes que reciban para poner en posesión de lo adjudicado al C. Antonio Amor Garrido, en el Mercantil No. 432/2004, en su Sección de Ejecución, con el uso de la fuerza pública, actos que son de inminente ejecución, y que igualmente importa una violación de garantías." Señaló como violados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 8, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, se radicó la demanda de amparo con el número de juicio 1509/2017, y se previno al quejoso para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que se encontrara debidamente notificada, precisara lo siguiente: ".PRIMERO. Diga si interpuso medio de impugnación en contra del auto de once de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 432/2004, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz. SEGUNDO. En su caso, si ya se resolvió el citado recurso, cuál fue el sentido de éste, la fecha en la que se resolvió y la fecha en la que se le notificó tal resolución. TERCERO. Indique si ya se ordenó de forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados a la parte actora; asimismo, precise la fecha del auto en el que, en su caso, se haya ordenado lo anterior, pues en su demanda refiere primeramente que fue en treinta de noviembre de este año, y luego que en once de diciembre del año en curso; en caso de contar con copia del auto que haya ordenado lo antes referido deberá exhibirla a este juzgado. CUARTO. Diga para que efecto fue la vista de tres días que refiere se le concedió en el aludido auto de once de diciembre del año en curso. QUINTO. Precise qué persona tiene la posesión del bien inmueble que refiere es objeto de la ejecución de sentencia del aludido expediente." Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete y recibido en este juzgado el día siguiente, el quejoso desahogó los puntos por los que se le previno. Luego, por auto de veintiocho de diciembre del año pasado, se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, se reservó el emplazamiento de la parte tercera interesada. Posteriormente, por auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, ordenó el emplazamiento del tercero interesado Antonio Amor Garrido, quien compareció a juicio mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes el veinte de febrero de dos mil dieciocho. Finalmente, una vez integrada la litis constitucional, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se reclaman actos de autoridad cuya ejecución se materializa en el ámbito territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento del acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de amparo, como lo interpretó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis y jurisprudencia de rubros; "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" de aplicación al caso por identidad de razones. Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa, reclama esencialmente lo siguiente: 1. De la autoridad responsable denominada Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz: El auto de doce de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 432/2004/II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, a través del cual se ordenó el otorgamiento de la escrituración relativa a la adjudicación directa a favor del actor Antonio Amor Garrido, de los bienes inmuebles adjudicados de manera directa, descritos en el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. 2. De las autoridades responsables denominadas Delegado de la Policía Ministerial de Misantla, Veracruz, Delegado de la Policía Ministerial de Martínez de la Torre, Veracruz, Delegado de la V Región de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, Director General de la Policía Ministerial, Secretario de Seguridad Pública del Estado, Fiscal General de Justicia del Estado, todas con sede en esta ciudad, y Delegado de la Policía Ministerial en Vega de Alatorre, Veracruz: La orden para ejecutar la entrega de los bienes adjudicados a favor de Antonio Amor Garrido. Ahora, en virtud de que han sido precisados los actos reclamados en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre la certeza de la existencia de los mismos. TERCERO. Estudio de la inexistencia de las autoridades responsables. De los autos que integra el juicio de amparo que se resuelve, se aprecia que en proveídos de doce, diecisiete y veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se dio vista al quejoso con la inexistencia de las autoridades responsables denominadas Fiscal General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, Delegado de la Policía Ministerial, con supuesta residencia en Misantla, Veracruz, Delegado de la Policía Ministerial, con supuesta residencia en Martínez de la Torre, Veracruz y Comandante de la Policía Ministerial, con supuesta residencia en Vega de Alatorre, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto, motivo por el cual, en la audiencia que antecede se tuvieron por inexistentes a las citadas autoridades. En mérito de lo antes expuesto, de conformidad con lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II y 63 fracción V, de la Ley de Amparo, resulta procedente decretar el sobreseimiento, por lo que respecta a las citadas autoridades dada su inexistencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 111/2008, de rubro y texto: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". CUARTO. Estudio de la inexistencia de actos reclamados. Las autoridades responsables denominadas Director General de la Policía Ministerial, con sede en Emiliano Zapata, Veracruz, Delegado Estatal de la Policía Región V, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz y Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en ésta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente la existencia del acto que les fue reclamado, es decir, la orden para ejecutar la entrega de los bienes adjudicados a favor de Antonio Amor Garrido. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia, cuya sinopsis se transcribe a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Asimismo, la parte quejosa no aportó al presente juicio prueba alguna tendiente a desvirtuar dichas negativas, ni objetó la autenticidad de los informes mencionados; por lo que al no haber ofrecido la parte quejosa prueba en contrario que desvirtúe tales negativas de las autoridades responsables, respecto del acto del que se duele, resulta procedente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo al no evidenciarse su existencia. Por ilustrativa, es aplicable la tesis, que literalmente dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean necesarias para apoyar dicho informe, en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, El Secretario encargado del Despacho de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." QUINTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, aceptó la existencia del acto que se les reclama, por lo que así deberá tenérsele para los efectos legales conducentes. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". La existencia del acto reclamado se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 432/2004/II, a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2 de la ley de la materia, por tratarse de documentos provenientes de una autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". SEXTO. Causas de improcedencia. Las causas de improcedencia son de orden público, por tanto, de estudio preferente, tal como lo determina el artículo 62 de la Ley de Amparo; mismas que deberán analizarse de oficio por el juzgador, sean alegadas o no por las partes. Este órgano de control de la constitucionalidad advierte que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento, que obliga a sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento. En efecto, los numerales invocados 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos, se desprende en primer término, que un acto está consentido tácitamente porque contra ellos no se promovió el juicio de amparo dentro de los términos que señala la ley de la materia; asimismo, se obtiene que el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 17 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 17 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 30/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Asentado lo anterior, es necesario precisar los siguientes acontecimientos. 1. Por escrito de quince de noviembre de dos mil cuatro, Antonio Amor Garrido, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Benito Zarate Vidal, demandando el pago de la cantidad de $310,000.00 (trescientos diez mil pesos 00/100 moneda nacional) y otras prestaciones. 2. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, quien radicó el juicio ejecutivo mercantil 432/2004/II, de su índice, y por auto de veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, admitió la demanda, ordenando el emplazamiento del demandado. 3. Una vez agotado el procedimiento, por sentencia de veintitrés de mayo de dos mil cinco, se condenó a Benito Zarate Vidal al pago de la cantidad de $310,000.00 (trescientos diez mil pesos 00/100 moneda nacional), resolución que fue apelada por el demandado. 4. Posteriormente, por resolución de dieciséis de diciembre de dos mil cinco, la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al resolver el toca 3115/2005, formado con motivo de la apelación interpuesta por Benito Zarate Vidal confirmó la diversa sentencia de primer grado. 5. Luego, por auto de veinticinco de agosto de dos mil seis, el Juez responsable formó la sección de ejecución, ordenando requerir personalmente al demandado que designara perito valuador de su parte. 6. Seguida la etapa de ejecución, por auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, se ordenó la adjudicación directa de los inmuebles ahí descritos a favor de Antonio Amor Garrido, previniéndose al actor para que designará Notaría Pública para el otorgamiento de la escritura pública correspondiente. 7. Inconforme con la determinación anterior, el demandado Benito Zarate Vidal, interpuso recurso de apelación en su contra, correspondiendo conocer de tal medio de impugnación a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, quien radicó el toca 70/2017, de su índice. 8. Paralelamente a la substanciación de la apelación, por auto de doce de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo a Antonio Amor Garrido solicitando que se revocara la designación de la Notaría Pública que había realizado y propuso al Notario Público Número Uno de la Demarcación Notarial de Misantla, Veracruz, acordando el Juzgado responsable que se designaba a la citada Notaría para que elaborara la escritura de adjudicación directa, notificándose al demandado Benito Zarate Vidal por lista de acuerdos el mismo doce de septiembre de dos mil dieciséis. En ese contexto, se aprecia que Benito Zarate Vidal fue notificado el doce de septiembre de dos mil dieciséis, sobre el otorgamiento de la escritura de adjudicación. Se afirma lo anterior, ya que el artículo 1412 Bis 1 del Código de Comercio establece que tratándose del remate y adjudicación de inmuebles, el juez y el adjudicatario, sin más trámite, otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público, por tal motivo si la legislación aplicable al caso concreto únicamente indica que sin mayor trámite el juez y el adjudicatario otorgarán la escritura correspondiente, con la notificación de doce de septiembre de dos mil dieciséis, relativa al auto donde se designó Notaría Pública y se acordó que sería la encargada de realizar la escritura referida, se hizo del conocimiento del aquí quejoso tal circunstancia. En ese orden, si Benito Zarate Vidal fue notificado del auto de doce de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación, en la misma data; luego, a partir de aquel momento estuvo en aptitud legal para promover el juicio constitucional; sin embargo, si del sello de recepción de la demanda de amparo se advierte que ésta fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, hasta el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, es evidente que transcurrió en exceso el término de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; y, por tanto, debe reputarse que el peticionario consintió tácitamente los actos reclamados, de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, del mismo ordenamiento. En las relatadas condiciones, si la parte quejosa tuvo la posibilidad legal de impugnar los actos que reclama, dentro del plazo perentorio señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, y no lo hizo de esa manera, su conducta revela conformidad con dichos actos en su perjuicio, por lo que se colige que existió el consentimiento de su parte en lo que ve a los actos reclamados, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta; esto es, dentro del término de quince días que dispone el aludido precepto. Efectivamente, al advertirse que la parte quejosa no es extraño al procedimiento, pues como se precisó Benito Zarate Vidal es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 432/2004/II, donde ya fue oído y vencido; por tanto, la falta o indebida defensa que tuvo durante la sección de ejecución del referido juicio sólo le es imputable a la parte quejosa; de ahí que debe considerarse que el peticionario de amparo consintió el otorgamiento de la escritura de adjudicación, pues contrario a que no le fue notificado el otorgamiento de la escritura, desde la fecha señalada se le notificó cuál notaría iba ser la designada para realizar la escritura y en ese auto se ordenó la escrituración, por lo que, desde ese momento estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.J/21, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". No es óbice a la anterior determinación, lo alegado por el quejoso, en el sentido de que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el doce de diciembre de dos mil diecisiete, cuando se le notificó la vista que se le otorgó en auto de once de diciembre del año pasado, en relación a una petición formulada por el aquí tercero interesado. Lo anterior, en virtud de que del contenido del artículo 18 de la Ley de Amparo antes transcrito, se desprende que los plazos para la presentación de la demandada de amparo se contarán, entre otros, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. En este orden de ideas, obra en autos constancia de la que se desprende que el otorgamiento de la escritura de adjudicación se notificó por lista de acuerdos el doce de septiembre de dos mil dieciséis, esto es, con anterioridad a la fecha en la que adujo tener conocimiento del mismo (doce de diciembre de dos mil diecisiete); entonces, resulta indiscutible que para el cómputo del término de la presentación de la demanda de amparo relativa, debe estarse a la notificación por estrados, por ser la primera en tiempo. Además, el quejoso no impugnó la notificación del auto en mención, convalidando con ello cualquier deficiencia en la notificación del mencionado acuerdo. Tampoco obsta que la escritura se haya emitido el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, pues aquélla únicamente constituye la protocolización de un acto jurídico, en el caso la adjudicación directa de los bienes embargados, con lo que se pretende dar certeza jurídica y publicidad del mismo, por lo que en estricto sentido la escritura no puede ser analizada constitucionalmente, sino el otorgamiento de ésta ordenado por el juez del proceso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, de ahí que la fecha que debe considerarse para computar el plazo para la presentación de la demanda de amparo, es el auto de doce de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se ordenó el otorgamiento de la escritura y no la data en la que se emitió la escritura. Es ilustrativa la tesis aislada XXVII.3o.36 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "NOTARIO PÚBLICO. NO REALIZA ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD CUANDO SE LE RECLAMA LA PROTOCOLIZACIÓN DE UNA ESCRITURA PÚBLICA, SI ÚNICAMENTE DA FORMALIDAD AL ACTO JURÍDICO QUE CELEBRAN LAS PARTES. Conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal, y ahora atiende a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, con la modalidad de que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los referidos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por ende, la protocolización de una escritura pública por un notario público, al ejercer esa función en términos de la ley del notariado que rige su actuación, no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del amparo, ya que sólo autentica y da forma a los instrumentos donde constan los actos, hechos o negocios jurídicos que celebran las partes que en ellos intervienen, razón por la cual no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral ni afecta la esfera legal de las partes, pues es el acto, hecho o negocio jurídico protocolizado el que, en sí mismo, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas y el que, en su caso, podría causar perjuicio a las partes que intervienen. En esta tesitura, al no tratarse en un caso de excepción, de los previstos por las fracciones I, II, III y IV, del artículo 17, de la propia Ley de Amparo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, ambos del mismo ordenamiento; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos antes precisados. Debe indicarse que es innecesario estudiar si se actualiza alguna otra causa de improcedencia, en tanto que tal examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Así también, conviene mencionar que al actualizarse la causa de improcedencia mencionada, no resulta posible analizar el fondo del asunto, lo que se apoya en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el título y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Dicho sobreseimiento se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a la autoridad responsable ejecutora, dada su propia naturaleza. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 286, Tomo 91-96 Sexta Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que a la letra señala: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." No obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Cabe destacar, que en la presente sentencia se citaron diversos criterios, los cuales, aunque fueron integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, siguen siendo aplicables de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, ya que en lo que en ellos se interpreta, no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. SÉPTIMO. Transparencia y acceso a la información pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. OCTAVO. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo conforme a su numeral segundo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 63, fracción IV, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 1509/2017, promovido por Benito Zarate Vidal, contra los actos precisados en el considerando segundo, atento a los argumentos vertidos en los considerandos tercero, cuarto y sexto de esta sentencia.
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