Berenice Becerril Mendez

Expediente 792/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
792/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
25/02/2021

Partes del expediente

  • Berenice Becerril Mendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado, el veintiocho de enero del año en curso, en el recurso de queja Q-147/2020 de su índice, interpuesto por el quejoso Berenice Becerril Méndez, contra el auto de once de noviembre de dos mil veinte, dictado en la presente incidencia, la cual se resolvió en los términos siguientes: "ÚNICO. Se declara infundado el presente el recurso de queja interpuesto por Berenice Becerril Méndez, en contra del acuerdo emitido el once de noviembre de dos mil veinte, dentro del juicio de amparo indirecto 792/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual se desechó su demanda de amparo." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la Superioridad; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, hágase del conocimiento de las partes el contenido de este acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. Notifíquese por lista a la parte quejosa, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 y mediante oficio a la superioridad.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el oficio III-2737/2020, proveniente del Primero Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual, informa que por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto dictado el once de noviembre de dos mil veinte; y, lo radicó con el número de queja 147/2020 de su índice; de lo anterior, queda enterado el suscrito juez de Distrito, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista a las partes; debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el escrito de expresión de agravios signado por Berenice Becerril Méndez, mediante el cual, interpone recurso de queja en contra del auto dictado el once de noviembre de dos mil veinte, en el presente juicio de amparo 792/2020, por el cual se desechó su demanda de garantías. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase el informe respectivo, manifestando que es cierto que el suscrito Juez Federal desechó la demanda de amparo, y remítase el original del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, conjuntamente con copia certificada de todo lo actuado en este expediente en que se provee, toda vez que no hay más partes a notificar. Asimismo, glósese para constancia copia del escrito de expresión de agravios.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio de demanda signado por la promovente Berenice Becerril Méndez, y visto su contenido, téngasele dando cumplimiento al auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, pues al efecto: - Precisa la denominación correcta de las autoridades que señala como ejecutoras por esta vía constitucional. De lo anterior, toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, RESPECTO DE LAS AUTORIDADES A) DELEGADA ESTATAL EN PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y B) TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. En ese sentido, respecto del acto reclamado consistente en la negativa de la Delegada Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, de a) informarle a la quejosa si presentaron querella o denuncia en su contra; b) cuales son los hechos que se le imputan; y, c) darle acceso a los registros y constancias que obran en su perjuicio; debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera pertinente señalar lo establecido por los referidos preceptos legales, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." (.)" Como se aprecia de los preceptos transcritos, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos u omisiones de la autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por lo que no es suficiente que se reclame una violación a dichas garantías o derechos para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad". La noción de acto "de autoridad" ineludiblemente involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad; debido a lo siguiente, son: -Unilaterales: porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; -Imperativos: en razón de que se imponen, aún en contra de la voluntad del gobernado; y, -Coercitivos: ya que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Por su parte, debe decirse que el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo establece que los "particulares" tendrán la calidad de autoridad responsable; sin embargo, ello sólo opera cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En suma, el término del acto de autoridad involucra una persona física (oficial) o un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio; actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión o con la ejecución de la misma. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. " Sentado lo anterior, conviene reiterar que del contenido integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama a la Delegada Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, de negativa de a) informarle a la quejosa si presentaron querella o denuncia en su contra; b) cuales son los hechos que se le imputan; y, c) darle acceso a los registros y constancias que obran en su perjuicio; lo anterior, en el entendido que las citadas autoridades podrían tener carácter de victima al referir la propia quejosa, que es su deseo conocer si interpusieron una querella o denuncia en su contra. De lo anterior, se advierte que la obligación de informar tales circunstancias a la quejosa, recae en el agente del Ministerio Público que judicialice un procedimiento penal, y no en la víctima de un delito. Ahora bien, conforme al artículo 21 de la Constitución General de la República, el Ministerio Público tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la sociedad, encomendándosele la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal, en su caso; derivándose así la primera de sus dos funciones es llevar a cabo la investigación de los hechos delictuosos que le son denunciados, y las determinaciones que dicta están investidas de potestad de imperio; y la segunda, al ejercer la acción penal. De ahí que, el artículo 216 del Código Nacional establece que durante la investigación, tanto el imputado -cuando haya comparecido o haya sido entrevistado- como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. En el entendido de que el Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquéllos que sean conducentes en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición. Lo anterior, deja de manifiesto que la negativa atribuida a la Delegada Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social señalado como responsable y en su carácter de víctima de un delito, no tiene el carácter de acto de autoridad; pues en todo caso, quien tiene la potestad de a) informarle a la quejosa si presentaron querella o denuncia en su contra; b) cuales son los hechos que se le imputan; y, c) darle acceso a los registros y constancias que obran en su perjuicio, es el agente del Ministerio Público que conoce de la investigación de los delitos que se le imputan; por lo que, se deduce válidamente que no hay vinculación de supra a subordinación, entre la hoy quejosa y las autoridades que señala como responsables Delegada Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social y Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues carecen de unilateralidad, imperio y coercibilidad. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de la referida ley reglamentaria, se desecha la demanda de amparo. DESECHAMIENTO RESPECTO AL ACTO RECLAMADO A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. Ahora bien, debe precisarse que Berenice Becerril Méndez, acude a esta instancia constitucional a inconformarse, contra la negativa a informarle el número de carpeta de investigación , de informarle cuales son los hechos materia de su acusación, y darle acceso a los registros y constancias que obran en la indagatoria iniciada en su contra; por lo que, respecto de dichos actos, el suscrito juzgador Federal, de oficio advierte que se actualiza la causa de inviabilidad prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. (.)". Del precepto legal trascrito se obtiene que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio de garantías, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. " Cabe agregar que el interés jurídico para promover el juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. " Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Y, en relación con dicho numeral debe citarse el diverso 6 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Así, de acuerdo con los preceptos transcritos, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica; entendiéndose por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado, por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por consiguiente, sólo tiene interés jurídico el particular a quien la norma le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En ese sentido, no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Efectivamente, el interés legítimo es aquel que tienen las personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado, pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Sentado lo anterior, es pertinente precisar que en el caso en particular, los actos reclamados consisten en la negativa a informarle el número de carpeta de investigación , de informarle cuales son los hechos materia de su acusación, y darle acceso a los registros y constancias que obran en la indagatoria iniciada en su contra. Lo anterior, pues si bien es cierto que en el procedimiento penal, que inicia con la etapa de investigación, el imputado y/o investigado, cuenta con derechos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la legislación adjetiva (Código Nacional de Procedimientos Penales), cuya defensa, en caso de violación, puede realizarse a través del juicio de amparo; también lo es, que si se presenta una demanda de amparo, como en este caso sucede, en la que quien presume tener el carácter de imputado en una carpeta de investigación, reclama que se ha omitido llamar a rendir su declaración ministerial, para ejercer su derecho de defensa, previo al ejercicio de la acción penal, sin señalar un dato concreto ni específico, incluso genérico, que permita al juez de Distrito advertir, aun indiciariamente, que dicha indagatoria existe y le ocasiona un perjuicio de imposible reparación, debe estimarse que lo planteado de esa manera, hace improcedente el juicio por falta de interés jurídico y/o legítimo, en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por no concretarse un derecho tutelado constitucionalmente para instar esta vía. Por tanto, la negativa a informarle el número de carpeta de investigación , de informarle cuales son los hechos materia de su acusación, y darle acceso a los registros y constancias que obran en la indagatoria iniciada en su contra; no afecta su esfera jurídica en este momento, pues la calidad de imputado y los derechos a que alude el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales , surgen cuando está detenido, si es citado a comparecer con dicho carácter, si se pretende entrevistarlo, o bien, cuando en su contra se ejecuta un acto de molestia. Así, al no haberse dado alguna de las hipótesis mencionadas, resulta clara y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por falta de interés jurídico. Además, existe una restricción en materia constitucional que impide a quien tenga el carácter de imputado, y más aún a quien no lo tenga, que acuda de manera libre en el momento en que lo desee, a imponerse de la carpeta de investigación que se sigue en su contra, todo esto durante la investigación inicial; no obstante, hasta en tanto el Ministerio Público estime pertinente la comparecencia del imputado será cuando le sea solicitado que se imponga a lo conveniente de sus derechos dentro de la carpeta de investigación que ya se siga en su contra, por lo que, la omisión que se reclama no afecta el interés jurídico de la quejosa. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO Y/O LEGÍTIMO EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. CARECE DE ÉL QUIEN PRESUME TENER EL CARÁCTER DE INCULPADO O IMPUTADO Y/O INVESTIGADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, Y RECLAMA LA NEGATIVA DE ACCESO A LAS CONSTANCIAS QUE LAS INTEGRAN PARA EJERCER SU DERECHO DE DEFENSA, SIN SEÑALAR UN DATO CONCRETO NI ESPECÍFICO, INCLUSO GENÉRICO, QUE PERMITA AL JUEZ DE DISTRITO CONOCER, AUN INDICIARIAMENTE, LA EXISTENCIA DE DICHA INDAGATORIA. Si bien es cierto que en el procedimiento penal, que inicia desde la averiguación previa, o bien, en la etapa de investigación (según el nuevo sistema de justicia penal), el inculpado o imputado y/o investigado, cuenta con derechos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la legislación adjetiva (Código Federal de Procedimientos Penales o Código Nacional de Procedimientos Penales, según sea el caso), cuya defensa, en caso de violación, puede realizarse a través del juicio de amparo; también lo es que si se presenta una demanda de amparo, en la que quien presume tener aquel carácter en una averiguación previa o carpeta de investigación, reclama que no se le permite el acceso a las constancias que las integran para ejercer su derecho de defensa, previo al ejercicio de la acción penal, sin señalar un dato concreto ni específico, incluso genérico, que permita al Juez de Distrito conocer, aun indiciariamente, la existencia de dicha indagatoria, para efectos de pronunciarse sobre su admisión o no, debe estimarse que lo planteado de esa manera, hace improcedente el juicio por falta de interés jurídico y/o legítimo, en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por no concretarse un derecho tutelado constitucionalmente para instar el juicio de amparo." Bajo esa perspectiva, resulta indudable que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en la citada fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, respecto al acto reclamado consistente en la negativa a informarle el número de carpeta de investigación , de informarle cuales son los hechos materia de su acusación, y darle acceso a los registros y constancias que obran en la indagatoria iniciada en su contra; por lo que, atinente a dichos actos, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO A LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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