Benjamin Piene Corona

Expediente 135/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
135/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
29/08/2016

Partes del expediente

  • Benjamin Piene Corona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 26 DE agosto DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diez de agosto de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el ocho de abril de dos mil dieciséis (fojas 89 a 100), se concedió el amparo a la parte quejosa Benjamín Piene Corona, para los siguientes efectos: Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado contra el aquí quejoso el veinticinco de diciembre de dos mil quince, dentro de la causa penal 105/2015; Reponga el procedimiento a partir de la diligencia de declaración preparatoria de veintitrés de ese mismo mes y año, la recabe nuevamente y en la misma haga del conocimiento del quejoso la totalidad de los derechos que establece el artículo 20 apartado A Constitucional, anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y dentro del término constitucional, resuelva nuevamente la situación jurídica. Lo anterior, no implica que las actuaciones efectuadas durante la etapa de preinstrucción sean inválidas, ello atendiendo al principio de economía procesal y tomando en consideración que su subsistencia no pugna con el derecho fundamental que se estimó vulnerado." (fojas 97 y 97 vuelta). Asimismo, en el considerando noveno, de dicha sentencia se estableció: "TERCERO. En términos de lo expuesto en el punto considerativo noveno de esta sentencia, se instruye al Juez Municipal Penal de San Pedro Cholula, Puebla, que, en caso de que no lo haya hecho, dé vista al Ministerio Público respecto de las manifestaciones en que la parte quejosa denuncia haber sufrido posiblemente tortura durante su detención, para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, el juez deberá proporcionarle los datos que obran en el proceso y que al caso sean necesarios para tal efecto." (foja 100). Resolución que, en auto de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, causó ejecutoria, por lo que se solicitó el cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 203 a 206). Ahora bien, mediante oficio 899 de tres de agosto de dos mil dieciséis (fojas 230 a 235), el Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, remitió copia certificada de diversas constancias dictadas en la causa penal 105/2015 de su índice, de las cuales se advierte que siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de veinticinco de diciembre de dos mil quince (foja 232). - En auto de dos de agosto de dos mil dieciséis, ordenó dar vista al Ministerio Público respecto de las manifestaciones en que la parte quejosa denuncia haber sufrido posiblemente tortura durante su detención, para que inicie una investigación (foja 232). - Repuso el procedimiento en la causa penal 105/2015 de su índice, y con fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, volvió a recabarle al aquí quejoso Benjamín Piene Corona su declaración preparatoria, en la cual le hizo saber la totalidad de los derechos que establece el artículo 20, apartado A Constitucional (fojas 233 y 234). Y, mediante diverso oficio 907 de seis de agosto de dos mil dieciséis, el juez responsable remitió a esta autoridad copia certificada de la resolución de esa misma fecha mediante la cual resuelve la situación jurídica del quejoso, decretándole auto de formal prisión por el delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por los artículos 396 y 399, fracción III del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la persona moral denominada "Tractores Agrícolas de Puebla", Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 240 a 251). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento..."

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diez de agosto de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el ocho de abril de dos mil dieciséis (fojas 89 a 100), se concedió el amparo a la parte quejosa Benjamín Piene Corona, para los siguientes efectos: Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado contra el aquí quejoso el veinticinco de diciembre de dos mil quince, dentro de la causa penal 105/2015; Reponga el procedimiento a partir de la diligencia de declaración preparatoria de veintitrés de ese mismo mes y año, la recabe nuevamente y en la misma haga del conocimiento del quejoso la totalidad de los derechos que establece el artículo 20 apartado A Constitucional, anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y dentro del término constitucional, resuelva nuevamente la situación jurídica. Lo anterior, no implica que las actuaciones efectuadas durante la etapa de preinstrucción sean inválidas, ello atendiendo al principio de economía procesal y tomando en consideración que su subsistencia no pugna con el derecho fundamental que se estimó vulnerado." (fojas 97 y 97 vuelta). Asimismo, en el considerando noveno, de dicha sentencia se estableció: "TERCERO. En términos de lo expuesto en el punto considerativo noveno de esta sentencia, se instruye al Juez Municipal Penal de San Pedro Cholula, Puebla, que, en caso de que no lo haya hecho, dé vista al Ministerio Público respecto de las manifestaciones en que la parte quejosa denuncia haber sufrido posiblemente tortura durante su detención, para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, el juez deberá proporcionarle los datos que obran en el proceso y que al caso sean necesarios para tal efecto." (foja 100). Resolución que, en auto de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, causó ejecutoria, por lo que se solicitó el cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 203 a 206). Ahora bien, mediante oficio 899 de tres de agosto de dos mil dieciséis (fojas 230 a 235), el Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, remitió copia certificada de diversas constancias dictadas en la causa penal 105/2015 de su índice, de las cuales se advierte que siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de veinticinco de diciembre de dos mil quince (foja 232). - En auto de dos de agosto de dos mil dieciséis, ordenó dar vista al Ministerio Público respecto de las manifestaciones en que la parte quejosa denuncia haber sufrido posiblemente tortura durante su detención, para que inicie una investigación (foja 232). - Repuso el procedimiento en la causa penal 105/2015 de su índice, y con fecha tres de agosto de dos mil dieciséis, volvió a recabarle al aquí quejoso Benjamín Piene Corona su declaración preparatoria, en la cual le hizo saber la totalidad de los derechos que establece el artículo 20, apartado A Constitucional (fojas 233 y 234). Y, mediante diverso oficio 907 de seis de agosto de dos mil dieciséis, el juez responsable remitió a esta autoridad copia certificada de la resolución de esa misma fecha mediante la cual resuelve la situación jurídica del quejoso, decretándole auto de formal prisión por el delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por los artículos 396 y 399, fracción III del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la persona moral denominada "Tractores Agrícolas de Puebla", Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 240 a 251). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes.

  4. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DIEZ DE AGOSTO DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes.

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