Benjamin Piene Corona
Expediente 454/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 10/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Benjamin Piene Corona
- Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, trascurrió del cuatro de septiembre al tres de octubre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea el caso requerir a las partes para que recojan documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, no ha lugar a devolver la prueba documental que remitió el Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado, por la que se formaron los anexos I y II; toda vez, que por auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo 962/2017-E, la misma fue tomada como prueba de la referida autoridad responsable.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diez de agosto de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho, en tal virtud se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto; por lo que se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio se indica que en la sentencia dictada el cinco de julio de dos mil diecisiete (fojas 77 a 107), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: "NOVENO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado a favor de Benjamín Piene Corona, porque el acto reclamado atenta contra el principio de legalidad contenido en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, deberá realizar lo siguiente: 1. Dejar sin efectos la resolución que emitió el treinta de marzo de dos mil diecisiete, en la causa penal 105/2015, en la que se decretó auto de formal prisión en contra de Benjamín Piene Corona, como probable responsable del delito de robo agravado, previsto y sancionado en los artículos 373, 374, fracción IV y 380, fracción XII, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Tractores Agrícolas de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable. 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, debidamente fundada y motivada, que podrá ser en sentido diverso que la anterior, o en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales, es decir, deberá: a. Precisar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito de robo agravado que se imputa al indiciado. b. Explicar con qué pruebas se acredita la calificativa prevista en el artículo 380, fracción XII, del Código Penal para el Estado de Puebla, referente a cuando el ilícito lo cometa un dependiente o un doméstico contra su patrón o alguno de la familia de éste, en cualquier parte que lo cometa. c. Precisar a cuánto ascendía el salario mínimo vigente en la región en el momento que se ejecutó el delito de robo y realizar una operación aritmética a través de la cual establezca por qué, en su caso, se actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 374, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Puebla. d. En un apartado especial de la resolución, deberá explicar por qué, a su consideración, existen pruebas suficientes, idóneas y pertinentes para justificar la probable responsabilidad del inculpado, aquí quejoso, en la comisión del delito que se le atribuye; y, en ese mismo apartado, tendrá que indicar qué medios de convicción son los que sustentan su conclusión, el valor que les asignó a cada uno de ellos, el aporte probatorio que producen los mismos y las razones de la justipreciación que realice. e. Respetar la congruencia interna que en toda resolución debe de observarse, para lo cual deberá constatar que en esa nueva resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí. En el entendido de que, las incongruencias destacadas en esta sentencia, tuvieron como fin ilustrar el vicio de forma que dio lugar a la concesión del amparo, pero ello no implica que sean las únicas, por lo que, al dictar la resolución con la que dé cumplimiento, el juez de origen deberá de ocuparse de subsanarlas todas; esto es, para acatar el fallo protector de garantías, la nueva resolución no deberá presentar consideraciones contradictorias entre sí. 3. En caso que reitere la acreditación del delito de robo agravado, previsto y sancionado en los artículos 373, 374, fracción IV y 380, fracción XII, del Código Penal para el Estado de Puebla, o de cualquier otro que prevea una sanción máxima de prisión que exceda de cinco años, deberá declinar seguir conociendo del asunto y, remitir los autos de la causa penal, al Juez de lo Penal que estime competente, apoyándose para ello, en lo dispuesto en la fracción X, del artículo 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, interpretada a contrario sentido. Cabe indicar, que para acatar el fallo protector, la autoridad responsable deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia. (.) Además, es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al quejoso, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución." Resolución que en auto de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 122 a 125). Así, mediante oficio 712 de dos de agosto de dos mil diecisiete (fojas 127 a 147), la autoridad responsable Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal 105/2015 de su índice, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de treinta de marzo de dos mil diecisiete (foja 129). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió nuevamente la situación jurídica del aquí quejoso Benjamín Piene Corona, decretándole auto de libertad de libertad por falta de méritos para procesar, respecto del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por los artículos 396 y 399, fracciones I y III del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la persona moral denominada Tractores Agrícolas de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable. Asimismo, le decretó auto de formal prisión respecto del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV y 380, fracción XII todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la persona moral denominada Tractores Agrícolas de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable. Resolución en la cual el juez del proceso especificó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito de robo agravado que se imputa al indiciado, al señalar lo siguiente: "Bajo esa tesitura al concatenar de manera lógica y natural el cúmulo de probanzas hasta aquí analizadas llegamos a la convicción de que en la especie se encuentra demostrada la corporeidad del delito de ROBO AGRAVADO, por el cual ejercita acción el Ministerio Público, eso a razón de que se demostró que a las trece treinta horas del día veintisiete de mayo de dos mil trece el señor Cuberto Malvaez Chávez (sic), gerente del departamento de refacciones informó al representante legal de la moral agraviada, que le solicitó a través de una llamada telefónica al encargado de la sucursal de Cholula, (Jaime Reyes Ruiz), revisar su cartera de clientes, el cual le respondió que estaba bien que no había ningún problema, pero su compañero el señor Benjamín Piene Corona, encargado de ventas maquinaria le había estado realizando la cobranza meses atrás aproximadamente desde del dos mil trece, esto en razón de que él podía salir a realizar labores de cobranza ya que tenía más disponibilidad de tiempo y además contaba con vehículo de la empresa para hacer dicha cobranza, comprometiéndose Benjamín Piene Corona a pasarle copia de los depósitos en esos días, por lo que le señor Cuberto Malvaez Chávez decidió ir a la sucursal para hacer juntos una compulsa o cotejo de su cartera con sus clientes, llegando aproximadamente 11:30 hrs. a la sucursal estando ahí el señor Benjamín Piene Corona, por lo que al verlo tan insistente en el sentido de que él se haría cargo de la cobranza le preguntó Cuberto Malvaez Chávez a Benjamín Piene Corona, si había agarrado dinero de la cobranza respondiéndole que sí, en esos momentos regresaron a la sucursal el señor Cutberto le pidió al señor Benjamín que señalara en la relación de clientes de quién había recibido dinero y cuánto tomado, el señor Benjamín indició los importes y sumaron la cantidad de $72,500.00 (setenta y dos mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional), de lo cual fue testigo el señor Jaime Reyes Ruiz, encargado de sucursal, así mismo el señor Benjamín Piene Corona, presentó una carta al suscrito con fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, en la que solicita se le dé oportunidad de pagar el dinero que tomó de la moral, debido a lo anterior el día treinta y uno de mayo de dos mil trece, se dio instrucción al empleado Gabino Eduardo Alonso Soto empleado de la empresa realizara una compulsa sobre los clientes que pertenecen a la cartera de clientes de Benjamín Piene Corona, pues el dinero que admitió haber tomado fue de la cartera de clientes del empleado Jaime Reyes Ruiz de la sucursal de Cholula, razón por la que se ordenó realizar la compulsa que pertenece a Benjamín Piene Corona, para determinar si existía algún faltante en su cartera y de la compulsa realizada resultó que el cliente Orzuna Marín Ambrosio, con domicilio en calle Reforma número uno en la colonia San Juan Bautista, en Huaquechula, Puebla, ya pagó el saldo que ese día tenía pues el saldo sube debido a los interés, resultando la cantidad de $30,318.00 (treinta mil trescientos dieciocho pesos cero centavos moneda nacional), incluso el cliente de su puño y letra hizo la anotación en el Estado de cuenta, haciendo mención que ya pagó y no debe nada, aunado a que el señor Benjamín Piene Corona le entregó al representante legal de la empresa dos escritos hechos por puño y letra en el cual el primero de los escritos, menciona haber tomado más dinero producto de cobranza de diferentes clientes los cuales detalla con nombres y montos. En el segundo de los escritos el señor Benjamín Piene Corona, manifiesta haber entregado, al señor Jaime Reyes Ruiz la cantidad de $12,650.00 (doce mil seiscientos cincuenta pesos cero centavos moneda nacional), cantidad que no se encuentra aplicada a la deuda que tiene que pagar. Es importante mencionar que el día veintiséis de septiembre de dos mil trece el señor Benjamín Piene Corona, entregó un escrito al suscrito solicitando término para pagarle la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos cero centavos moneda nacional), ya que tomó prestado sin autorización la cantidad antes mencionada que era parte de un anticipo de maquinaria del cliente Antonio Morales Cueto, hechos que son corroborados en primer lugar por denuncia formulada ante el Agente del Ministerio Público, mediante un escrito de fecha cinco de julio de dos mil trece, signado por el represente legal de la moral agraviada Tractores Agrícolas de Puebla, S.A. de C.V., aunado con las siguientes probanzas, obra en autos diligencia de fe de documentos de fecha 30 de septiembre del año 2013, en la cual se dio fe de tener a la vista: 1.- inventario de fecha dieciocho de julio de dos mil trece mismo que consta de dos fojas, realizado por la C. Erika Vázquez Flores (asistente administrativa), y el señor Jonathan Peña Castillo (encargado de sistemas), y también firmado de conformidad por el señor Jaime Reyes Ruiz, 2.- informe de resultados de inventario que hacen y firman, el señor Cutberto Malvaez Chávez (gerente de refacciones), y la señorita Erika Vázquez Flores (asistente administrativo); se desprende de actuaciones ampliación de denuncia del representante legal de la moral agraviada Juan Alberto Vargas Martínez, con un escrito de fecha veintiséis de septiembre; así como obra en autos la comparecencia de Cutberto Malvaez Sánchez, de fecha 30 de octubre de 2013, se desprende de autos el dictamen número GYD-307/2014 de fecha 07 de agosto de 2014, signado por la C. Claudia Esmeralda Sánchez Porras, perito en grafoscopía y documentoscopía adscrita a la dirección de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. En el cual la perito en la materia establece en conclusiones: primera.- las firmas que aparecen estampadas al calce del nombre Benjamín Piene Corona, en los cinco escritos de fecha 29 de mayo de 2013, 1 de junio de 2013, 19 de julio de 2013 y 26 de septiembre de 2013, provienes del mismo origen gráfico de las firmas autógrafas que aparecen estampadas al margen y al calce del convenio de terminación de la relación de trabajo de fecha 1 de octubre de 2013, específicamente la firma estampada en el nombre del C. Benjamín Piene Corona; por último se cuenta con la diligencia de inspección ocular, de fecha 11 de diciembre de 2014, en la que la representación social se trasladó asociado del C. abogado Juan Alberto Vargas Martínez, quien me solicita hacer inspección ocular en carretera de paso de cortés número dos mil trescientos cinco, del barrio de Xixitla, San Pedro Cholula; a mayor abundamiento obra en la indagatoria el dictamen en contabilidad CON-121/2015 de fecha 25 de marzo de 2015, signado por el C.P. Mario Salazar Fuentes, perito en materia contable, adscrito a la dirección de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia, designado para intervenir dentro de la averiguación previa, en el cual se concluyó: del estudio, análisis y cálculo de la documentación antes mencionada emito mi dictamen en el sentido de que el importe del detrimento patrimonial ocasionado al agraviado asciende a $197,425.12 (ciento noventa y siete mil cuatrocientos veinticinco pesos 12/10 m.n.), provenientes de cobranza a clientes no depositada a la moral agraviada por $190,137.08 (ciento noventa mil ciento treinta y siete pesos 08/100 m.n.); atribuibles a C. Benjamín Piene Corona, y por faltantes en inventarios de refacciones por $7,288.04 (siete mil doscientos ochenta y ocho pesos 04/100 m.n.), atribuibles a C. Jaime Reyes Ruiz. Por lo que con este dictamen se determina el detrimento patrimonial sufrido por la persona moral agraviada, pues demuestran que los inculpados, a través de los señalamientos que de manera precisa y directa se efectúan en su contra por parte de C. Juan Alberto Vargas Martínez, en su calidad de apoderado legal de la persona moral denominada Tractores Agrícolas de Puebla, S.A. de C.V., en virtud de que la conducta exteriorizada por los sujetos activos, se evidencia que efectivamente sí se modificó el mundo exterior produciendo un resultado típico, desde el momento mismo en que el indiciado Benjamín Piene Corona voluntariamente decidió disponer para sí, de una cantidad de dinero en numerario, de la cual tenía en posesión precaria en razón de que fue autorizado para hacer el cobro de $190,137.08 (ciento noventa mil ciento treinta y siete pesos 08/100 m.n.), realizando sus actos con plena voluntad cometiendo así el ilícito materia de esta investigación, establecido en los numerales 373, 374, fracción IV y 380 fracción XII, realizando sus actos con plena voluntad cometiendo así el ilícito materia de esta investigación." (fojas 137 vuelta a 138 vuelta). Igualmente, en dicha determinación el juez del proceso estableció las pruebas con las cuales se acredita la calificativa prevista en el artículo 380, fracción XII del Código Penal para el Estado de Puebla, al referir lo siguiente: "Se acredita en el sumario la agravante a la que hace referencia el artículo 380 y a que a la letra dice "artículo 380.- Son circunstancias, que agravan la penalidad en el delito de robo aumentando la pena hasta en una mitad a las señaladas en los artículos 374, 375 fracciones I, II y 378 las siguientes fracción XII del Código Penal: XII.- cuando lo cometa un doméstico contra su patrón, en cualquier parte que lo cometa (por doméstico se entiende el individuo que mediante un salario o sueldo, sirve a otro aunque no viva en la casa de este). Dicha agravante se demuestra con las siguientes probanzas en primer lugar a la querella formulada por el representante legal de la persona moral denomina Tractores Agrícolas de Puebla, S.A. de C.V., en contra del C. Benjamín Piene Corona. diligencia de fe de documentos de fecha 30 de septiembre del año 2013; documental privada que adquiere valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia Penal para el Estado, con dicha documentación se acreditó la disposición del dinero que tuvo la persona que se denunció, en agravio de la persona moral, así como la relación laboral. así como obra en autos la comparecencia de Cutberto Malvaez Sánchez. se desprende de autos el dictamen número GYD-307/2014 de fecha 07 de agosto de 2014. por último se cuenta con la diligencia de inspección ocular, de fecha 11 de diciembre de 2014." (fojas 133 vuelta y 134). Por otro lado, el juez A Quo señaló a cuánto ascendía el salario mínimo vigente en la región en el momento que se ejecutó el delito de robo, realizando una operación aritmética a través de la cual estableció por qué, en su caso, se actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 374, fracción IV del Código Penal para el Estado de Puebla, al referir: "Ahora bien, si los hechos sucedieron en el año dos mil trece y el salario mínimo de esa época se encontraba a $61.38 (sesenta y un pesos con treinta y ocho centavos), multiplicado por 300 días a que hace referencia la fracción IV del artículo 374 del Código Penal para el Estado da un resultado de = 18,414 (dieciocho mil cuatrocientos catorce pesos); y si en actuaciones se demostró que existió detrimento patrimonial ocasionado al agraviado asciende a provenientes de cobranza a clientes no depositada a la moral agraviada por $190,137.08 (ciento noventa mil ciento treinta y siete pesos 08/100 m.n.) atribuibles al C. Benjamín Piene Corona, resulta que sí sobrepasa los trescientos días a que hace referencia la fracción IV del artículo 374 del Código Penal para el Estado." (foja 139 vuelta). Por otra parte, el juez del proceso en un apartado independiente estudió la probable responsabilidad penal del quejoso en la comisión del delito imputado al establecer: "CUARTO. La probable responsabilidad del inculpado Benjamín Piene Corona, como probable responsable en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado por los artículos 373, 374 fracción IV y 380 fracción XII, en relación con los numerales 13 y 21 fracción I del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de la persona moral denominada Tractores Agrícolas de Puebla, S.A. de C.V., se encuentra legalmente acreditada en autos en grado de autoría, en términos de la fracción I del artículo 21 del ordenamiento legal antes invocado, con las probanzas, razones y fundamentos que a continuación se desglosa." (foja 139 vuelta). Asimismo, estableció las pruebas con las cuales tiene por acreditada la probable responsabilidad penal del quejoso en la comisión del delito que se le imputa, las valoró, al precisar que dichas probanzas son: a) La denuncia formulada por el representante legal de la moral agraviada Tractores Agrícolas de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable. b) Diligencia de fe de documentos de fecha treinta de septiembre de dos mil trece. c) Ampliación de del representante legal de la referida moral agraviada. d) Comparecencias de Cutberto Malvaez Sánchez, Erika Vázquez Flores y Bayardo Jonathan Peña Castillo. e) Las fe de documentos efectuadas el doce de noviembre de dos mil trece, ocho de abril y once de septiembre de dos mil catorce. f) Dictamen GYD-307/2014 de siete de agosto de dos mil catorce, suscrito por la perito en grafoscopía y documentoscopía adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. g) Inspección ocular de once de diciembre de dos mil catorce. h) Dictamen en contabilidad CON-121/2015 de veinticinco de marzo de dos mil quince, suscrito por el contador público adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. i) Declaración preparatoria del indiciado aquí quejoso Benjamín Piene Corona, de tres de agosto de dos mil dieciséis. Medios de prueba que valoró en términos de los artículos 56, 59, 61, 62, 66, fracción I, 73, 108, 123, fracciones III y IV, 127, 197, 200, 201 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla (fojas 139 vuelta a 145). Y, finalmente el juez responsable se declaró incompetente para seguir conociendo del proceso seguido en contra del aquí quejoso, en virtud de que el delito que refiere se acredita de robo agravado, previsto y sancionado en los artículos 373, 374, fracción IV y 380, fracción XII, del Código Penal para el Estado de Puebla, prevé una sanción máxima de prisión que excede de cinco años (fojas 145 vuelta y 146). Por otro lado, mediante oficio 748 de ocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 157 y 158), el juez responsable remitió a esta autoridad copia certificada del acuse de recibo del similar 747 por medio del cual remitió el proceso penal 105/2015 de su índice al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
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CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diez de agosto de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho, en tal virtud se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto; por lo que se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio se indica que en la sentencia dictada el cinco de julio de dos mil diecisiete (fojas 77 a 107), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: "NOVENO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado a favor de Benjamín Piene Corona, porque el acto reclamado atenta contra el principio de legalidad contenido en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, deberá realizar lo siguiente: 1. Dejar sin efectos la resolución que emitió el treinta de marzo de dos mil diecisiete, en la causa penal 105/2015, en la que se decretó auto de formal prisión en contra de Benjamín Piene Corona, como probable responsable del delito de robo agravado, previsto y sancionado en los artículos 373, 374, fracción IV y 380, fracción XII, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Tractores Agrícolas de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable. 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, debidamente fundada y motivada, que podrá ser en sentido diverso que la anterior, o en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales, es decir, deberá: a. Precisar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito de robo agravado que se imputa al indiciado. b. Explicar con qué pruebas se acredita la calificativa prevista en el artículo 380, fracción XII, del Código Penal para el Estado de Puebla, referente a cuando el ilícito lo cometa un dependiente o un doméstico contra su patrón o alguno de la familia de éste, en cualquier parte que lo cometa. c. Precisar a cuánto ascendía el salario mínimo vigente en la región en el momento que se ejecutó el delito de robo y realizar una operación aritmética a través de la cual establezca por qué, en su caso, se actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 374, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Puebla. d. En un apartado especial de la resolución, deberá explicar por qué, a su consideración, existen pruebas suficientes, idóneas y pertinentes para justificar la probable responsabilidad del inculpado, aquí quejoso, en la comisión del delito que se le atribuye; y, en ese mismo apartado, tendrá que indicar qué medios de convicción son los que sustentan su conclusión, el valor que les asignó a cada uno de ellos, el aporte probatorio que producen los mismos y las razones de la justipreciación que realice. e. Respetar la congruencia interna que en toda resolución debe de observarse, para lo cual deberá constatar que en esa nueva resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí. En el entendido de que, las incongruencias destacadas en esta sentencia, tuvieron como fin ilustrar el vicio de forma que dio lugar a la concesión del amparo, pero ello no implica que sean las únicas, por lo que, al dictar la resolución con la que dé cumplimiento, el juez de origen deberá de ocuparse de subsanarlas todas; esto es, para acatar el fallo protector de garantías, la nueva resolución no deberá presentar consideraciones contradictorias entre sí. 3. En caso que reitere la acreditación del delito de robo agravado, previsto y sancionado en los artículos 373, 374, fracción IV y 380, fracción XII, del Código Penal para el Estado de Puebla, o de cualquier otro que prevea una sanción máxima de prisión que exceda de cinco años, deberá declinar seguir conociendo del asunto y, remitir los autos de la causa penal, al Juez de lo Penal que estime competente, apoyándose para ello, en lo dispuesto en la fracción X, del artículo 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, interpretada a contrario sentido. Cabe indicar, que para acatar el fallo protector, la autoridad responsable deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia. (.) Además, es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al quejoso, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución." Resolución que en auto de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 122 a 125). Así, mediante oficio 712 de dos de agosto de dos mil diecisiete (fojas 127 a 147), la autoridad responsable Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal 105/2015 de su índice, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de treinta de marzo de dos mil diecisiete (foja 129). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió nuevamente la situación jurídica del aquí quejoso Benjamín Piene Corona, decretándole auto de libertad de libertad por falta de méritos para procesar, respecto del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por los artículos 396 y 399, fracciones I y III del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la persona moral denominada Tractores Agrícolas de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable. Asimismo, le decretó auto de formal prisión respecto del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV y 380, fracción XII todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la persona moral denominada Tractores Agrícolas de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable. Resolución en la cual el juez del proceso especificó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito de robo agravado que se imputa al indiciado, al señalar lo siguiente: "Bajo esa tesitura al concatenar de manera lógica y natural el cúmulo de probanzas hasta aquí analizadas llegamos a la convicción de que en la especie se encuentra demostrada la corporeidad del delito de ROBO AGRAVADO, por el cual ejercita acción el Ministerio Público, eso a razón de que se demostró que a las trece treinta horas del día veintisiete de mayo de dos mil trece el señor Cuberto Malvaez Chávez (sic), gerente del departamento de refacciones informó al representante legal de la moral agraviada, que le solicitó a través de una llamada telefónica al encargado de la sucursal de Cholula, (Jaime Reyes Ruiz), revisar su cartera de clientes, el cual le respondió que estaba bien que no había ningún problema, pero su compañero el señor Benjamín Piene Corona, encargado de ventas maquinaria le había estado realizando la cobranza meses atrás aproximadamente desde del dos mil trece, esto en razón de que él podía salir a realizar labores de cobranza ya que tenía más disponibilidad de tiempo y además contaba con vehículo de la empresa para hacer dicha cobranza, comprometiéndose Benjamín Piene Corona a pasarle copia de los depósitos en esos días, por lo que le señor Cuberto Malvaez Chávez decidió ir a la sucursal para hacer juntos una compulsa o cotejo de su cartera con sus clientes, llegando aproximadamente 11:30 hrs. a la sucursal estando ahí el señor Benjamín Piene Corona, por lo que al verlo tan insistente en el sentido de que él se haría cargo de la cobranza le preguntó Cuberto Malvaez Chávez a Benjamín Piene Corona, si había agarrado dinero de la cobranza respondiéndole que sí, en esos momentos regresaron a la sucursal el señor Cutberto le pidió al señor Benjamín que señalara en la relación de clientes de quién había recibido dinero y cuánto tomado, el señor Benjamín indició los importes y sumaron la cantidad de $72,500.00 (setenta y dos mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional), de lo cual fue testigo el señor Jaime Reyes Ruiz, encargado de sucursal, así mismo el señor Benjamín Piene Corona, presentó una carta al suscrito con fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, en la que solicita se le dé oportunidad de pagar el dinero que tomó de la moral, debido a lo anterior el día treinta y uno de mayo de dos mil trece, se dio instrucción al empleado Gabino Eduardo Alonso Soto empleado de la empresa realizara una compulsa sobre los clientes que pertenecen a la cartera de clientes de Benjamín Piene Corona, pues el dinero que admitió haber tomado fue de la cartera de clientes del empleado Jaime Reyes Ruiz de la sucursal de Cholula, razón por la que se ordenó realizar la compulsa que pertenece a Benjamín Piene Corona, para determinar si existía algún faltante en su cartera y de la compulsa realizada resultó que el cliente Orzuna Marín Ambrosio, con domicilio en calle Reforma número uno en la colonia San Juan Bautista, en Huaquechula, Puebla, ya pagó el saldo que ese día tenía pues el saldo sube debido a los interés, resultando la cantidad de $30,318.00 (treinta mil trescientos dieciocho pesos cero centavos moneda nacional), incluso el cliente de su puño y letra hizo la anotación en el Estado de cuenta, haciendo mención que ya pagó y no debe nada, aunado a que el señor Benjamín Piene Corona le entregó al representante legal de la empresa dos escritos hechos por puño y letra en el cual el primero de los escritos, menciona haber tomado más dinero producto de cobranza de diferentes clientes los cuales detalla con nombres y montos. En el segundo de los escritos el señor Benjamín Piene Corona, manifiesta haber entregado, al señor Jaime Reyes Ruiz la cantidad de $12,650.00 (doce mil seiscientos cincuenta pesos cero centavos moneda nacional), cantidad que no se encuentra aplicada a la deuda que tiene que pagar. Es importante mencionar que el día veintiséis de septiembre de dos mil trece el señor Benjamín Piene Corona, entregó un escrito al suscrito solicitando término para pagarle la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos cero centavos moneda nacional), ya que tomó prestado sin autorización la cantidad antes mencionada que era parte de un anticipo de maquinaria del cliente Antonio Morales Cueto, hechos que son corroborados en primer lugar por denuncia formulada ante el Agente del Ministerio Público, mediante un escrito de fecha cinco de julio de dos mil trece, signado por el represente legal de la moral agraviada Tractores Agrícolas de Puebla, S.A. de C.V., aunado con las siguientes probanzas, obra en autos diligencia de fe de documentos de fecha 30 de septiembre del año 2013, en la cual se dio fe de tener a la vista: 1.- inventario de fecha dieciocho de julio de dos mil trece mismo que consta de dos fojas, realizado por la C. Erika Vázquez Flores (asistente administrativa), y el señor Jonathan Peña Castillo (encargado de sistemas), y también firmado de conformidad por el señor Jaime Reyes Ruiz, 2.- informe de resultados de inventario que hacen y firman, el señor Cutberto Malvaez Chávez (gerente de refacciones), y la señorita Erika Vázquez Flores (asistente administrativo); se desprende de actuaciones ampliación de denuncia del representante legal de la moral agraviada Juan Alberto Vargas Martínez, con un escrito de fecha veintiséis de septiembre; así como obra en autos la comparecencia de Cutberto Malvaez Sánchez, de fecha 30 de octubre de 2013, se desprende de autos el dictamen número GYD-307/2014 de fecha 07 de agosto de 2014, signado por la C. Claudia Esmeralda Sánchez Porras, perito en grafoscopía y documentoscopía adscrita a la dirección de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. En el cual la perito en la materia establece en conclusiones: primera.- las firmas que aparecen estampadas al calce del nombre Benjamín Piene Corona, en los cinco escritos de fecha 29 de mayo de 2013, 1 de junio de 2013, 19 de julio de 2013 y 26 de septiembre de 2013, provienes del mismo origen gráfico de las firmas autógrafas que aparecen estampadas al margen y al calce del convenio de terminación de la relación de trabajo de fecha 1 de octubre de 2013, específicamente la firma estampada en el nombre del C. Benjamín Piene Corona; por último se cuenta con la diligencia de inspección ocular, de fecha 11 de diciembre de 2014, en la que la representación social se trasladó asociado del C. abogado Juan Alberto Vargas Martínez, quien me solicita hacer inspección ocular en carretera de paso de cortés número dos mil trescientos cinco, del barrio de Xixitla, San Pedro Cholula; a mayor abundamiento obra en la indagatoria el dictamen en contabilidad CON-121/2015 de fecha 25 de marzo de 2015, signado por el C.P. Mario Salazar Fuentes, perito en materia contable, adscrito a la dirección de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia, designado para intervenir dentro de la averiguación previa, en el cual se concluyó: del estudio, análisis y cálculo de la documentación antes mencionada emito mi dictamen en el sentido de que el importe del detrimento patrimonial ocasionado al agraviado asciende a $197,425.12 (ciento noventa y siete mil cuatrocientos veinticinco pesos 12/10 m.n.), provenientes de cobranza a clientes no depositada a la moral agraviada por $190,137.08 (ciento noventa mil ciento treinta y siete pesos 08/100 m.n.); atribuibles a C. Benjamín Piene Corona, y por faltantes en inventarios de refacciones por $7,288.04 (siete mil doscientos ochenta y ocho pesos 04/100 m.n.), atribuibles a C. Jaime Reyes Ruiz. Por lo que con este dictamen se determina el detrimento patrimonial sufrido por la persona moral agraviada, pues demuestran que los inculpados, a través de los señalamientos que de manera precisa y directa se efectúan en su contra por parte de C. Juan Alberto Vargas Martínez, en su calidad de apoderado legal de la persona moral denominada Tractores Agrícolas de Puebla, S.A. de C.V., en virtud de que la conducta exteriorizada por los sujetos activos, se evidencia que efectivamente sí se modificó el mundo exterior produciendo un resultado típico, desde el momento mismo en que el indiciado Benjamín Piene Corona voluntariamente decidió disponer para sí, de una cantidad de dinero en numerario, de la cual tenía en posesión precaria en razón de que fue autorizado para hacer el cobro de $190,137.08 (ciento noventa mil ciento treinta y siete pesos 08/100 m.n.), realizando sus actos con plena voluntad cometiendo así el ilícito materia de esta investigación, establecido en los numerales 373, 374, fracción IV y 380 fracción XII, realizando sus actos con plena voluntad cometiendo así el ilícito materia de esta investigación." (fojas 137 vuelta a 138 vuelta). Igualmente, en dicha determinación el juez del proceso estableció las pruebas con las cuales se acredita la calificativa prevista en el artículo 380, fracción XII del Código Penal para el Estado de Puebla, al referir lo siguiente: "Se acredita en el sumario la agravante a la que hace referencia el artículo 380 y a que a la letra dice "artículo 380.- Son circunstancias, que agravan la penalidad en el delito de robo aumentando la pena hasta en una mitad a las señaladas en los artículos 374, 375 fracciones I, II y 378 las siguientes fracción XII del Código Penal: XII.- cuando lo cometa un doméstico contra su patrón, en cualquier parte que lo cometa (por doméstico se entiende el individuo que mediante un salario o sueldo, sirve a otro aunque no viva en la casa de este). Dicha agravante se demuestra con las siguientes probanzas en primer lugar a la querella formulada por el representante legal de la persona moral denomina Tractores Agrícolas de Puebla, S.A. de C.V., en contra del C. Benjamín Piene Corona. diligencia de fe de documentos de fecha 30 de septiembre del año 2013; documental privada que adquiere valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia Penal para el Estado, con dicha documentación se acreditó la disposición del dinero que tuvo la persona que se denunció, en agravio de la persona moral, así como la relación laboral. así como obra en autos la comparecencia de Cutberto Malvaez Sánchez. se desprende de autos el dictamen número GYD-307/2014 de fecha 07 de agosto de 2014. por último se cuenta con la diligencia de inspección ocular, de fecha 11 de diciembre de 2014." (fojas 133 vuelta y 134). Por otro lado, el juez A Quo señaló a cuánto ascendía el salario mínimo vigente en la región en el momento que se ejecutó el delito de robo, realizando una operación aritmética a través de la cual estableció por qué, en su caso, se actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 374, fracción IV del Código Penal para el Estado de Puebla, al referir: "Ahora bien, si los hechos sucedieron en el año dos mil trece y el salario mínimo de esa época se encontraba a $61.38 (sesenta y un pesos con treinta y ocho centavos), multiplicado por 300 días a que hace referencia la fracción IV del artículo 374 del Código Penal para el Estado da un resultado de = 18,414 (dieciocho mil cuatrocientos catorce pesos); y si en actuaciones se demostró que existió detrimento patrimonial ocasionado al agraviado asciende a provenientes de cobranza a clientes no depositada a la moral agraviada por $190,137.08 (ciento noventa mil ciento treinta y siete pesos 08/100 m.n.) atribuibles al C. Benjamín Piene Corona, resulta que sí sobrepasa los trescientos días a que hace referencia la fracción IV del artículo 374 del Código Penal para el Estado." (foja 139 vuelta). Por otra parte, el juez del proceso en un apartado independiente estudió la probable responsabilidad penal del quejoso en la comisión del delito imputado al establecer: "CUARTO. La probable responsabilidad del inculpado Benjamín Piene Corona, como probable responsable en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado por los artículos 373, 374 fracción IV y 380 fracción XII, en relación con los numerales 13 y 21 fracción I del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de la persona moral denominada Tractores Agrícolas de Puebla, S.A. de C.V., se encuentra legalmente acreditada en autos en grado de autoría, en términos de la fracción I del artículo 21 del ordenamiento legal antes invocado, con las probanzas, razones y fundamentos que a continuación se desglosa." (foja 139 vuelta). Asimismo, estableció las pruebas con las cuales tiene por acreditada la probable responsabilidad penal del quejoso en la comisión del delito que se le imputa, las valoró, al precisar que dichas probanzas son: a) La denuncia formulada por el representante legal de la moral agraviada Tractores Agrícolas de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable. b) Diligencia de fe de documentos de fecha treinta de septiembre de dos mil trece. c) Ampliación de del representante legal de la referida moral agraviada. d) Comparecencias de Cutberto Malvaez Sánchez, Erika Vázquez Flores y Bayardo Jonathan Peña Castillo. e) Las fe de documentos efectuadas el doce de noviembre de dos mil trece, ocho de abril y once de septiembre de dos mil catorce. f) Dictamen GYD-307/2014 de siete de agosto de dos mil catorce, suscrito por la perito en grafoscopía y documentoscopía adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. g) Inspección ocular de once de diciembre de dos mil catorce. h) Dictamen en contabilidad CON-121/2015 de veinticinco de marzo de dos mil quince, suscrito por el contador público adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. i) Declaración preparatoria del indiciado aquí quejoso Benjamín Piene Corona, de tres de agosto de dos mil dieciséis. Medios de prueba que valoró en términos de los artículos 56, 59, 61, 62, 66, fracción I, 73, 108, 123, fracciones III y IV, 127, 197, 200, 201 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla (fojas 139 vuelta a 145). Y, finalmente el juez responsable se declaró incompetente para seguir conociendo del proceso seguido en contra del aquí quejoso, en virtud de que el delito que refiere se acredita de robo agravado, previsto y sancionado en los artículos 373, 374, fracción IV y 380, fracción XII, del Código Penal para el Estado de Puebla, prevé una sanción máxima de prisión que excede de cinco años (fojas 145 vuelta y 146). Por otro lado, mediante oficio 748 de ocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 157 y 158), el juez responsable remitió a esta autoridad copia certificada del acuse de recibo del similar 747 por medio del cual remitió el proceso penal 105/2015 de su índice al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 10 DE agosto DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de dos de agosto pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, así como con el oficio y anexo agregados en el auto de dos de agosto pasado, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación..."
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