Benjamin Gutiérrez Larios
Expediente 1706/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1706/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/07/2019
Partes del expediente
- Benjamin Gutiérrez Larios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
III)Toluca, Estado de México; quince de julio de dos mil diecinueve. Por recibido el escrito de cuenta signado por Apolo Omar García Mejía, autorizado del quejoso Benjamín Gutiérrez Larios, por medio del cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente incidente de suspensión. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al promovente, bajo su costa, la copia certificada solicitada, previa comparecencia que por su recibo se deje para constancia legal debida, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 280 de la codificación citada en primer término, e identificación oficial vigente y copia de la misma que presente. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de julio de dos mil diecinueve. Por recibido el escrito de cuenta signado por ********************, autorizado del quejoso ********************, por medio del cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al promovente, bajo su costa, la copia certificada solicitada, previa comparecencia que por su recibo se deje para constancia legal debida, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 280 de la codificación citada en primer término, e identificación oficial vigente y copia de la misma que presente. Notifíquese.
- Principal
III) Toluca, Estado de México; diecisiete de enero de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el proveído de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, donde se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del diverso 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). 2. El original del incidente de suspensión es depurable al haberse concedido la medida cautelar definitiva, respecto de algunos actos (punto vigésimo primero, inciso III). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, pues existe el original (punto vigésimo, inciso III). En el entendido que en ambos cuadernos (principal e incidentales) no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
iii)Toluca, Estado de México; veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta por medio del cual la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Cinco de Trámite de Toluca, remite copias certificadas de la carpeta de investigación CAJAIT/00/UAI/395/03833/18/08 como complemento a su informe justificado a través de las cuales hace del conocimiento haber mandado copias de la carpeta de investigación al juicio de amparo 1705/2018-II del índice de este órgano jurisdiccional, con los cuales informa enviar copias de los escritos y acuerdos así como de la citación hecha para la notificación al quejoso para presentarse en el domicilio oficial de la responsable para la ratificación de todos sus escritos presentados ante dicha oficiante. Atento a lo anterior, de conformidad a que el oficio y anexo de cuenta se consideran como complementos al informe justificado de la responsable de conformidad a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de mérito y agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser tomado en consideración al momento de resolver el juicio en que se actúa. Ahora bien, no es procedente requerir al quejoso para que manifieste si es su deseo señalar algún otro acto reclamado, ya que su calidad de parte dentro de la indagatoria, le permite intervenir directamente en este expediente para conocer las determinaciones que se dicten en él, de conformidad con el artículo 17 constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia 7/2015 de la Décima Época, con el número de registro 2008884, de la Primera Sala, que a la letra dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." No se soslaya que en la jurisprudencia 1ª./J 136/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que cuando se advierta la existencia de un nuevo acto vinculado a la omisión reclamada por violación al derecho de petición, el juez de distrito debe notificar personalmente al quejoso su contenido, así como prevenirlo para que si lo estima conveniente amplíe la demanda. Sin embargo, dicha jurisprudencia no es aplicable al caso en concreto porque ésta abordó el tema específico del derecho de petición, previsto en el artículo 8 constitucional, que no constituye la litis en este juicio de amparo. En efecto, el mencionado criterio establece que cuando en una demanda de amparo se alegan violaciones al artículo 8 constitucional (derecho de petición) y durante la tramitación de ese juicio, la autoridad responsable emita un acto con el que le dé respuesta al quejoso, el juzgado de amparo está obligado a darle vista a fin de que amplíe su demanda de derechos respecto del acuerdo con el que se le dio respuesta a su petición. No obstante, como quedó asentado en párrafos anteriores, en la especie, el derecho en todo caso afectado no es el de petición previsto en el artículo 8, sino que el contenido en el diverso artículo 17 constitucional (administración de justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes); es así porque el impetrante tiene el carácter de parte dentro de la averiguación previa. Por tanto, en el caso, la litis constitucional no se centrará en función de una violación al artículo 8 constitucional (derecho de petición) sino en función de una violación al artículo 17 (administración de justicia pronta), por lo que se reitera, este órgano constitucional estima que la aludida jurisprudencia no tiene aplicación y por tanto, no resulta necesario requerir al quejoso a fin de que amplíe su demanda respecto de la determinación de cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Por otro lado, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Del estudio de las constancias que integran el sumario constitucional, se advierte una causa de improcedencia, que impide realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa en el goce del derecho estimado violentado por la autoridad, en términos de la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo. Cesan los efectos cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia publicada con el número 103, en la página 81 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el presente juicio el quejoso Benjamín Gutiérrez Larios, se duele de: "La omisión por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Quinta de la Unidad de Investigación "A1" de la Fiscalía Regional de Toluca, Estado México, de dar respuesta a los escritos presentados por el quejoso los días veintiséis de septiembre, dieciséis de octubre y ocho de noviembre todos de dos mil dieciocho, así como la falta de notificación de dichos proveídos en caso de que éstos ya se hubiesen emitido en la carpeta de investigación TOL/TOL/AC1/107/189272/17/09. De las actuaciones remitidas por la autoridad responsable relativas a la copia certificada de la carpeta de investigación TOL/TOL/AC1/107/189272/17/09, remitida por la responsable se advierte que el quejoso reclama la falta de contestación a sus escritos presentados los días veintiséis de septiembre, dieciséis de octubre y ocho de noviembre todos de dos mil dieciocho, así como la falta de notificación la cual le fue dada por la responsable de la siguiente manera: Escrito de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho Escrito de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho Escrito de ocho de noviembre de dos mil dieciocho Fecha de contestación Fecha de contestación Fecha de contestación VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (FOJA 22 ANEXO). CONTESTACIÓN A FOJA TREINTAY OCHO (ANEXO) CONTESTACIÓN A FOJA TREINTAY UNO (ANEXO) Por tanto, de dichas constancias se advierte que los escritos que reclama el quejoso de falta de respuesta acordaron en los términos establecidos en la carpeta de investigación referida. Asimismo, de las constancias remitidas por la responsable como complemento a su informe justificado, se advierte que en fecha diecinueve de diciembre del año en curso, se envió citatorio al quejoso con el objeto de comparecer a las trece horas del once de enero de dos mil diecinueve, al domicilio oficial de dicha autoridad a efecto de ratificar diversos escritos y hacer el nombramiento de sus defensores públicos con la finalidad de que acepten el cargo correspondiente, así como notificarle todos y cada uno de los acuerdos recaídos a cada una de sus promociones y en caso de no comparecer a la cita señalada de manera injustificada se le concederá un plazo de veinticuatro horas para justificar su inasistencia, con el apercibimiento que para el caso de ser omiso a dicha diligencia se aplicara en su contra la medida de apremio que establece el artículo 76 fracción primera, del Código Penal Vigente. Constancias aludidas a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones de un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Máxime a que el quejoso tuvo conocimiento del citatorio de diecinueve de diciembre de este año, data en la que se le notificó por medio del correo electrónico (d110209@hotmail.com) proporcionado por su autorizado Carlos Gerardo Espinoza Tirado medio de notificación por así haberlo solicitado dicho autorizado. Ahora bien, si la autoridad responsable dejó de afectar la esfera jurídica del promovente de amparo, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de esa propia legislación. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con veinte minutos del once de enero de dos mil diecinueve, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Benjamin Emmanuel Uribe Romero1072/2022
- Benjamin Estrada Vilchis1519/2022
- Benjamin García Ramos328/2019
- Benjamin Gonzalez Albarran1143/2018
- Benjamin Gonzalez Garcia1881/2016
- Benjamin Gutierrez Larios703/2019
- Benjamin Liborio Gonzalez Garduño784/2020
- Benjamin Liborio Gonzalez Garduño281/2021
- Benjamin Martínez Ortiz284/2020
- Benjamin Monroy García912/2023
- Benjamin Ortiz Avalos472/2021
- Benjamín Pérez Clavel244/2016