Benjamin Gonzalez Garcia
Expediente 1881/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1881/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 13/03/2017
Partes del expediente
- Benjamin Gonzalez Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de marzo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia de siete de febrero de del año en curso (fojas 69 a 74), en el cual se sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese orden, a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, devuélvanse los anexos que adjunto como complemento a su informe justificado, consistente en copia certificada del expediente administrativo SJ/UEIPF/035/2014 y de la carpeta de investigación 595210830377113. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. - El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1881/2016-V, promovido por Benjamín González García, por derecho propio, contra actos del Procurador General de Justicia en el Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito recibido el siete de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada el siete de ese mismo mes y año a este órgano jurisdiccional, Benjamín González García, por propio derecho demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos siguientes (fojas 2 a 9): "AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Procurador General de Justicia del Estado de México. Fiscal Regional de Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Director General de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Subdirector del Valle de Toluca de Lerdo de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Licenciado DAVID MORALES FRANCO, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. EJECUTORAS: Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de México. Director General de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. (sic)". ACTO RECLAMADO: IV.- La posible orden de presentación, detención o aprehensión que se haya girado en mi contra, así como el cumplimiento y ejecución que se pretenda dar a dicha orden, dentro de la carpeta de investigación 5952210830377113, la cual origino el expediente número SJ/UEIPF/035/2014, de la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de México" SEGUNDO. La parte inconforme señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. En auto de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó de la responsable su informe justificado; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 13 a 16). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver este juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues el acto señalado por el quejoso es reclamado a una autoridad que se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia es la orden de aprehensión, presentación o detención con motivo de la orden de citación girada en contra del quejoso por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como su ejecución; se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgador de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del presente juicio, lo que incluye la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al caso se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, número de registro 181810, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Las autoridades responsables: 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección Jurídico y Consultiva de Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en representación del Procuraduría General de Justicia del Estado de México (fojas 19). 2. Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección Jurídico y Consultiva de Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en representación del Fiscal Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (foja 21). 3. Director General de la Unidad Especializada de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (foja 26). 4. Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de la Unidad Especializada de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (foja 27). 5. Coordinador Regional del Valle de Toluca de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (foja 28). Al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna en la audiencia constitucional para desvirtuar tales manifestaciones. Ahora, dicha negativa correspondía desvirtuarla al agraviado, en razón de que es principio general del derecho que los actos negativos no son materia de prueba, por lo que en este caso se arroja la carga respectiva a los agraviados, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos; razón por la cual debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Y si bien, el quejoso exhibió los citatorios de fechas tres, dieciséis y veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, también lo es que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, el treinta de noviembre de dos mil dieciséis dejó insubsistentes los apercibimientos ahí decretados (foja 66), lo cual aconteció antes de la presentación de la demanda. En consecuencia, es claro que en el caso concreto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común,, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2002, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, número de registro 187728, cuyo rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, se estima procedente sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inexistencia de actos que se hace extensiva al Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, quien no obstante que no rindió su informe justificado, a pesar de haber sido notificado para ese efecto, tal como se obtiene del acuse de recibo del oficio 4951, glosado en autos (foja 37), no puede ejecutar una orden que negaron su existencia las autoridades ordenadoras. Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano de control constitucional, que no se haya ordenado el llamado a juicio a la tercero interesado, lo anterior, en virtud de que el sentido de la presente determinación no le causa ningún perjuicio. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los numerales 73, 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Benjamín González García, por su propio derecho, contra la autoridad, por los actos y motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; uno de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General de Justicia, del Estado de México, por medio del cual remite copia certificada de diversas constancias que integran la carpeta de investigación 59521080377113, en cumplimiento al proveído de veinticinco de enero del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la promoción de cuenta suscrita por el quejoso Benjamín González García, por medio del cual formula diversas peticiones; por tanto, no ha lugar a acordar de conformidad dichas solicitudes, en razón en que las mismas no forman parte de la litis Constitucional. Por otra parte, la certificación de cuenta y el estado procesal de autos evidencian que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse a las once horas con diez minutos, tal como se determinó en auto de cinco de los cursantes (foja 43); sin embargo, mediante auto de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, rindió su informe justificado, al cual adjuntó copia certificada del expediente administrativo SJ/UEIPF/035/14, del cual se advierte el citatorio al quejoso de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, en el que la representante social en cita, señalo el treinta de noviembre de dos mil dieciséis a las diez horas con treinta minutos para su comparecencia, apercibiéndole que para el caso de no asistir sin causa justificada, sería conducido mediante el auxilio de la fuerza pública, sin que obre constancia alguno relativa a dicha diligencia; asimismo, se advierte que el quejoso compareció días previos y posteriores al día de la cita; sin que al respecto obre constancia de la diligencia de treinta de noviembre de dos milo dieciséis Por tanto, a efecto de que este juzgador cuente con los elementos necesarios para determinar lo que en derecho corresponda, requiérase a la autoridad referida en párrafo precedente, informe a este órgano jurisdiccional si el quejoso asistió a la cita en comento, o no, así como el auto que recayó a su dicha circunstancia (asistencia o inasistencia), y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acredite; debiendo remitir dicha información, en un plazo de tres días, establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley en cita. Con el apercibimiento que en caso de ser omiso se le impondrá una multa hasta por la cantidad de cincuenta veces la unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo Por tanto, a fin de que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y para su celebración, se fijan las diez horas con treinta minutos del siete de febrero de dos mil diecisiete. Sirve de apoyo a tal consideración, la jurisprudencia I.8o.C. J/6 emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuya fuente es el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, marzo de 1998, visible a foja 728, de la Novena Época, del siguiente rubro y texto: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO." Asimismo, apoya lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, página 319, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
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