Benjamin García Ramos

Expediente 328/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
328/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
22/04/2019

Partes del expediente

  • Benjamin García Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    II. Toluca, Estado de México; veintidós de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón de imposibilidad de cuenta, mediante la cual el fedatario judicial manifiesta la imposibilidad de notificar los oficios 7160/2019, 7161/2019, 7162/2019, 7164/2019, 7165/2019 7166/2019 y 7171/2019, del índice de este juzgado dirigidos al Jefe de Grupo o Comandante de la Policía de Investigación o Ministerial de la Fiscalía Regional de Tenancingo, Agente del Ministerio Público adscritos a los turnos Primero y Segundo de la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, Jefe de Grupo o Comandante de la Policía de Investigación o Ministerial de la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal, Agente del Ministerio Público adscrito al Turno Primero de la Fiscalía Regional de Tonático, Jefe de Grupo o Comandante de la Policía de Investigación o Ministerial de la Fiscalía Regional de Tonático, Agente del Ministerio Público adscrito al Turno Tercero de la Fiscalía Regional de Tejupilco, todas del Estado de México, respectivamente por los motivos ahí expuestos. Atento a lo anterior, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables. Tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia); se deja de tener con el carácter de responsables a las autoridades referidas para los efectos del presente juicio de amparo, máxime que el veintinueve de marzo del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Ahora bien, de la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa a quien podría causarle perjuicio la determinación de veintinueve de marzo del año en curso (fojas 106 a 108), a través de la cual se sobreseyó en el juicio de amparo no la recurrió; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo se advierte que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El presente juicio es susceptible de depuración, porque se concedió la suspensión de plano (punto vigésimo primero, Fracción III, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    ii) Toluca, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Por recibidos el oficio signados por el Fiscalía de Asuntos Especiales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través del cual informa que el dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, se calificó de legal la detención del quejoso y su vez se formuló imputación, generándose audiencia para la prórroga de plazo constitucional para el día veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta administrativa 8/2019. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese el oficio de cuenta, dando cumplimiento al auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve Ahora, por lo que hace a las manifestaciones de la autoridad responsable y en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "....Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio se advierte que la parte quejosa acudió a este juicio de amparo el catorce de marzo del año en curso, señalando como acto reclamado la retención o detención fuera del procedimiento. Sin embargo, mediante oficio recibido en este juzgado el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales, se aprecia que por medio de oficio 400LG6000/III/220/2019, dirigido al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Sultepec, Estado de México, solicita el ingreso del imputado al Centro Penitenciario e informa los datos de la audiencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecinueve para formular imputación y en esta fecha el Fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicias, informa que el dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, se calificó de legal la detención del quejoso y su vez se formuló imputación, generándose audiencia para la prórroga de plazo constitucional para el día veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta administrativa 8/2019. En este orden de ideas, si la parte quejosa promovió juicio de amparo en contra de la retención o detención fuera del procedimiento, y, de autos se advierte que el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales, medio de oficio 400LG6000/III/220/2019, dirigido al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Sultepec, Estado de México, solicitó el ingreso del imputado al Centro Penitenciario e informó los datos de la audiencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, para formular imputación y se confirma con lo manifestado por el Fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicias; es claro que ha operado un cambio de situación jurídica, pues se han actualizado los requisitos de los incisos señalados en párrafos precedentes. Lo anterior es así toda vez que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se emitió una determinación que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso con motivo del acto que reclamó en el amparo. Por lo cual, si se decidiere sobre la constitucionalidad de los actos reclamados en este juicio, se afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la determinación emitida en el juicio de origen; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo y por tanto, dejar insubsistente la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encuentra prevista para celebrarse a las diez horas con cincuenta minutos del diez de abril de dos mil diecinueve; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Jorge Daniel Ochoa Ruiz que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    II) Toluca, Estado de México; veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la razón suscrita por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar el oficio 7172/2019, del índice de este juzgado dirigido al Jefe de Grupo o Comandante de la Policía de Investigación o Ministerial de la Fiscalía Regional de Tejupilco, Estado de México, por los motivos ahí expuestos. Atento a lo anterior, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia) se deja de tener con el carácter de responsable a la autoridad referida para los efectos del presente juicio de amparo, sin perjuicio de que la parte quejosa corrija la denominación de dicha autoridad, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; veintidós de marzo de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de ocho de marzo de la presente anualidad; en consecuencia, este Juzgado Federal procede a realizar el estudio de las constancias que integran el presente juicio para verificar el cumplimiento dado al fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación de Marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento dado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Gobierno del Estado de México por conducto de su representante legal Carlos Felipe Fuentes Del Río, contra el acto consistente en: La resolución de cinco de julio de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación 387/2018 por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Suprior de Justicia del Estado de México, donde revocó las interlocutorias de veintidós de mayo de dos mil dieciocho pronunciadas en el expediente 810/2017 del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, decretando improcedentes las excepciones de incompetencia planteadas por las demandadas en el juicio de origen. Mediante sentencia de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Gobierno del Estado de México, representado por Carlos Felipe Fuentes del Río, contra los actos y autoridades mencionados en los considerandos segundo y tercero, y por los motivos expresados en el considerando quinto del presente fallo." Así las cosas inconforme con la sentencia dictada en autos el representante legal de la parte quejosa interpuso recurso de revisión, medio de impugnación que por razón de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, registrándolo con el número 394/2018. Tribunal que mediante sesión de treinta de enero de dos mil diecinueve, resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en esta ejecutoria la justicia de la unión ampara y protege al Gobierno del Estado de México, por conducto de su representante legal José Luis Rico López, contra la autoridad y actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." La concesión del amparo fue para los efectos de que la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, realizara lo siguiente: Dejará insubsistente la resolución reclamada. Dictara otra, en la que partiera de la base de que para efectos de fijar la competencia, es procesalmente aplicable la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios y por ende quien debe conocer del asunto es la autoridad administrativa no la civil. Acto continuo, por auto de siete de febrero del presente año, se tuvo por recibida la ejecutoria en cuestión, atento a ello se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable; por lo que mediante oficio recibido el quince de febrero del presente año, el Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México, hizo del conocimiento que mediante auto de doce de ese mes y año, dejó sin efectos la resolución de cinco de julio de dos mil dieciocho, emitida dentro del toca 387/2018. Así las cosas previa prorroga otorgada para dar total cumplimiento a la ejecutoria, el siete de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio recibido por la sala responsable a través de la cual remitió copia certificada dictada en el toca 387/2018, de la cual se advierte que dictó otra, en la que partió de la base para efectos de fijar la competencia, y determinó que es aplicable la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios y por ende quien debe conocer del asunto es la autoridad administrativa y no la civil. En tales consideraciones, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues tal actuar cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."

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