Benjamín Carlos Patiño Vega

Expediente 946/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
946/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
02/02/2018

Partes del expediente

  • Benjamín Carlos Patiño Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de tres de enero del año en curso, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo II-946/2016, promovido por Benjamín Carlos Patiño Vega, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido, junto con los cuadernos incidentales. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del juicio en que se actúa, de igual forma es DEPURABLE dado que en la especie se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Toda vez que del sumario se aprecia que el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado remitió dos tomos de pruebas y en razón de que este juicio de amparo se encuentra concluido y resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta súplica del acuse de su recibo; en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días, se tendrán como recibidos a su entera satisfacción. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales ni garantía, toda vez que no se exhibieron. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su secretario de acuerdos; mismo que fue notificado a las partes el diecinueve y veintidós siguientes (fojas 204, 209, 211 y 223). En consecuencia, este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, se tiene que por sentencia engrosada el once de agosto de dos mil diecisiete (fojas 157 a 166), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional al quejoso Benjamín Carlos Patiño Vega, para los efectos que se reproducen: "[.] que la sala responsable: a) Deje insubsistente la sentencia reclamada de catorce de septiembre de dos mil dieciséis y, en su lugar, emita un nuevo fallo. b) En esa resolución, proceda a ponderar los agravios hechos valer por el defensor del inculpado Benjamín Carlos Patiño Vega, vinculados con la ilegal detención que, dice, sufrió, y a la valoración de la prueba de reconocimiento, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, determine lo que en derecho corresponda. Adicional a lo anterior, de la vista que esta Juzgadora efectuó a las actuaciones del proceso penal 36/2016 se advierte que el aquí disconforme, al momento de rendir su declaración preparatoria, manifestó haber sido sujeto a tortura física y psicológica (fojas 304 a 307 del tomo 2 de pruebas, en específico, foja 306, vuelta). Sin embargo, tal tópico (posible tortura) en modo alguno fue abordado por la sala responsable, al dictar la resolución reclamada, ni por el juez de la causa. Por tanto, adicional a los efectos de la concesión del amparo antes señalados, la sala penal responsable deberá ordenar dar vista al Agente del Ministerio Público respectivo, a fin de que se lleve a cabo la investigación de la tortura, como delito". Lo anterior, según las consideraciones de la sentencia de amparo en la que se estableció que la resolución de la Sala responsable adoleció de una adecuada motivación, en contravención a los principios de congruencia y exhaustividad consagrados en el artículo 17 constitucional, al haber soslayado ocuparse del motivo de inconformidad propuesto por el quejoso en sus agravios, con respecto a la ilegal detención que, dice, sufrió, y a la valoración de la prueba de reconocimiento; por lo cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Sentencia que causó ejecutoria el siete de septiembre de dos mil diecisiete y se requirió su cumplimiento (fojas 183-184). Ahora bien, en acatamiento al fallo concesivo emitido por el juzgado auxiliar, el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su secretario de acuerdos, mediante oficio 827 (foja 167), allegó copia certificada de la determinación de trece de septiembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca I-209/2016, en la que en su considerando primero se advierte que, dejó insubsistente la resolución emitida el catorce de septiembre de dos mil dieciséis y, en su lugar, en acatamiento al fallo protector, pronunció una nueva, en la que realizó lo siguiente: Respecto de la detención del quejoso, llevó a cabo su estudio para establecer que las actuaciones de la representación social y de los policías ministeriales para lograr la detención del quejoso, con base en la orden de localización, búsqueda y presentación, para obtener su comparecencia y declaración -si así fuese su deseo- sobre los hechos materia de la investigación, si bien limitaba temporalmente el derecho de libertad, era fundada y conforme a las atribuciones del ministerio público previstas en el artículo 21 constitucional. Luego, en relación al agravio relativo a la falta de justificación de la detención del imputado por caso urgente, lo declaró infundado, porque acorde al criterio sostenido por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, contenido en la jurisprudencia 1a. CCLII/2015 (10a.), que establece que para la validez o legalidad de la detención por caso urgente debe estar precedida de una orden del Ministerio Público, una vez que se han acreditado los tres requisitos que la autorizan: i) que se trate de un delito grave; ii) que exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue; y, iii) que por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo. Y que, además de lo anterior, deben existir motivos objetivos y razonables de que el Ministerio Público tiene la carga de aportar para que la existencia de dichos elementos pueda corroborarse posteriormente por un juez, cuando éste realice el control posterior de la detención, como lo dispone el artículo 16 constitucional. Así, la alzada sostuvo que el primer requisito constitucional para la restricción de la libertad personal por caso urgente, era la previa emisión de una orden o resolución del ministerio público, debidamente fundada y motivada, en la que constaran acreditados los tres requisitos constitucionales que la autorizan; y, una vez emitida conforme a estos lineamientos, era procedente su ejecución para la detención del indiciado. Ello, puesto que, en el caso concreto, se acreditó que el acuerdo del representante social fue pronunciado a las cero horas con un minuto del siete de junio de dos mil dieciséis, después de que el imputado -Benjamín Carlos Patiño Vega- rindió declaración ministerial, y fue informado por el órgano investigador a las veintitrés horas con veinticinco minutos del seis de junio de dos mil dieciséis, que podía retirarse de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. De igual forma, se justificó que la detención se materializó en el exterior de las citadas instalaciones, alrededor de las cero horas con cinco minutos, cuando el solicitante del amparo se encontraba con un grupo de personas. Lo que conllevó implícito que, una vez que concluyeron las diligencias ministeriales con motivo de la orden de localización y presentación, fue puesto en libertad, tan era así que pudo retirarse del lugar y salir de la edificación de la Procuraduría de Justicia. En tales circunstancias, el acuerdo del representante social emitido a las cero horas con un minuto del siete de junio de dos mil dieciséis, ordenando la detención del imputado por causa urgente, revistió las características de un mandato ex ante, en términos del artículo 16 constitucional. Enseguida, respecto del agravio consistente en que luego que rindió declaración ministerial Benjamín Carlos Patiño Vega, nunca fue liberado, como tampoco pudo retirarse de las instalaciones donde se encontraba, lo estimó infundado, dado que no existió sustento probatorio o evidencia que respaldara o convalidara esa afirmación. Por el contrario, que la certificación del ministerio público acreditaba que, luego de que el imputado rindió declaración ministerial, fue informado por aquél que estaba en libertad para retirarse en el momento que deseara; además, que el incriminado salió de las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado y que, con posterioridad, fue detenido por la policía ministerial en las inmediaciones, cuando se encontraba en el exterior de dicha dependencia con un grupo de personas, tal como se confirmó con el oficio de cumplimiento de la orden de detención. En cambio, estableció que, como bien lo señalaba la defensa, resultó cierto que la orden de detención por caso urgente fue emitida a las cero horas con un minuto del siete de junio de dos mil dieciséis y que el oficio 1229 mediante el cual el ministerio público ordenó dicha detención del imputado al director de inteligencia en materia de secuestro, presentaba fecha de seis de junio de dos mil dieciséis. Sin embargo, lo anterior, no acreditaba y como se pretendía en los agravios, que el fiscal investigador ordenara a la policía ministerial la detención de los imputados antes de emitir el acuerdo de detención por caso urgente, ya que advirtió que se trató de un error mecanográfico. Ello era así, dado que, como el propio oficio 1229 especifica, fue girado en cumplimiento al acuerdo de detención por caso urgente; por tanto, si este último fue emitido a las cero horas con un minuto del siete de junio de dos mil dieciséis, el oficio que solicitó al director de inteligencia en materia de secuestro su cumplimentación, al ser derivado de dicho acuerdo de detención, necesariamente debió ser posterior, sin que la imprecisión destacada afectara los términos en que se efectúo la detención del imputado. En cuanto a que se tratara de un delito grave, se acreditaba con el hecho imputado y su clasificación jurídica por parte del ministerio público -secuestro, considerado como grave por el artículo 194 fracción XVIII del Código Federal de Procedimientos Penales-, así como de prisión preventiva oficiosa por el artículo 2° de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Con respecto a que exista riesgo fundado de que el inculpado se fugara, estableció que la representación social expuso las razones por las cuales estimó que, contaba con motivos suficientes para considerar el riesgo de que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia. Además, devenía razonable considerar que en el momento que el imputado tuvo noticia de la denuncia e investigación en su contra por el delito de secuestro y la penalidad de este ilícito, era factible que se sustrajera de la justicia de no realizarse la detención en ese momento. Lo anterior lo sustentó en los párrafos 144 y 145 del amparo directo en revisión 3506/2014, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para establecer que las razones del fiscal investigador al determinar la imposibilidad de ocurrir ante un juez para el control judicial previo para la detención del imputado, estaba justificado. En suma, que el fiscal ordenó la detención de Benjamín Carlos Patiño Vega el siete de junio de dos mil dieciséis a las cero horas con un minuto, tan es así que se ejecutó a las cero horas con cinco minutos siguientes, en el exterior de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado; entonces, se justificó la orden de detención emitida por el representante social, ante la imposibilidad de que algún juez hubiese podido obsequiar la orden de aprehensión, en esa hora, y fuera del horario laboral de los juzgadores penales. De manera que, al no haberse acreditado la ilegalidad de la detención del imputado -Benjamín Carlos Patiño Vega-, eran infundados los agravios invocados al respecto. Por otra parte, con relación al análisis de las declaraciones de Pastor García García y Maricela Tinajero Villaseñor, respecto a la valoración de la prueba de reconocimiento, una vez que asentó lo que expusieron, estableció que dichos testimonios se obtuvieron con las formalidades de los artículos 23, 269, 270, 271 y 272, del Código de Procedimientos Penales, toda vez que se les instruyó en lo concerniente a las sanciones que el Código Penal establece para el que se produce con falsedad o se niega a declarar y, con ese antecedente, protestaron decir la verdad. Además, que describieron de forma congruente y consistente, los hechos que cada uno de ellos presenció -sustracción de la víctima y entrega del rescate- sin que presentaran contradicciones entre sí, como tampoco con la denuncia, como lo afirmó el agravio; por lo cual, respecto a esas circunstancias estableció que tenían valor probatorio. Lo anterior, sin perjuicio del valor probatorio otorgado a los testimonios de Pastor García García y Maricela Tinajero Villaseñor, los cuales fueron eficaces para la acreditación del cuerpo del delito de secuestro, no eran aptos para justificar la probable responsabilidad del imputado Benjamín Carlos Patiño Vega. Dicho lo anterior, en relación al reclamo de la legalidad del reconocimiento -por medio de fotografía- del imputado que realizaron los citados García García y Tinajero Villaseñor, antes de que precisaran las características físicas de las personas que afirmaron cometieron el ilícito denunciado, la Sala responsable lo abordó de la manera siguiente. Que al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que las personas que declaren como testigos en la averiguación previa deben hacerlo en forma espontánea e imparcial. Dicha máxima se violentó en el momento que el órgano investigador mostró a los testigos fotografías del indiciado, sin que hubieran manifestado poder reconocerlos o sin que proporcionaran la razón por la cual estuvieron en condiciones de identificarlo, ya que con tal forma de actuar, se indujo al testigo para que realizar imputaciones en contra de persona determinada; como consecuencia, estableció la Sala responsable que las declaraciones en que se actualizaron vicios de ilicitud pueden tener valor probatorio en aquélla parte en que los testigos declararon libremente y considerarse ilícitas en la parte en que el órgano de la acusación indujo el señalamiento del inculpado a partir de la muestra de fotografías. Además, adicionó que los tribunales colegiados han establecido que para el reconocimiento por fotografías sea legal, debe exhibirse al denunciante, víctima o testigo, un álbum o serie de fotografías de personas sobre las cuales existen indicios de su participación en los hechos delictivos. Agregó que en ese contexto jurisprudencial, si en el caso concreto, los testigos Pastor García García y Maricela Tinajero Villaseñor luego de que declararon en forma libre y espontánea acerca de los hechos que presenciaron, identificaron al quejoso y coimputado, por medio de las fotografías que el ministerio público les mostró, exclusivamente de ellos -no una serie de fotografías- y sin que antes hubieran proporcionado las características físicas de los imputados, para determinar que estaban en condiciones de identificarlos, este señalamiento de los inculpados era ilícito, al haber sido inducidos por el representante social para que realizaran la imputación en contra de esas dos personas determinadas; y, por tanto, no podían tomarse en consideración para la probable responsabilidad penal del inculpado, resultando fundado dicho agravio. Además, -abundo- que las declaraciones de Pastor García García y Maricela Tinajero Villaseñor, en la parte que describieron de forma libre y espontánea los hechos que presenciaron, tenían valor probatorio -como se dijo, sólo para la acreditación del cuerpo del delito de secuestro- mas no era eficaz o pertinente para la acreditación de la probable responsabilidad del indiciado, al haber sido declarado ilícito el reconocimiento por fotografía que realizaron. Luego, sin perjuicio de lo anterior, estableció que una vez que llevó a cabo el análisis de los restantes medios de convicción, acorde al estándar probatorio requerido, hasta ese momento no estaba justificada alguna causa excluyente de incriminación; además, de conformidad con los datos aportados y destacados en ese apartado, eran suficientes para acreditar la intervención de Benjamín Carlos Patiño Vega [aquí quejoso] en el ilícito de secuestro acreditado; y, por ende, su probable responsabilidad penal. Ahora, en lo referente a que al momento en que el solicitante del amparo rindió su declaración preparatoria manifestó haber sido objeto de tortura física y psicológica, con fundamento en los artículos 1°, 20, 22, B-I, 29 in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación con los numerales 5.1 y 5.2, de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos; arábigo 7° del Pacto Internacional sobre los Derechos Humanos; 2° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 18 del Código de Procedimientos Penales del Estado; así como en la interpretación y alcance otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la obligación y deber que -derivado de este marco normativo- tienen todas las autoridades del Estado Mexicano para promover, respetar y garantizar los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional y los tratados internacionales; y, en particular la prohibición absoluta e inderogable a su cargo de la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ordenó dar vista al ministerio público a fin de que iniciara de oficio una investigación imparcial, eficiente y minuciosa, de la tortura como delito, que permitiera determinar la naturaleza de los actos de coacción física y psicológica que afirmó el imputado le fueron infligidos para obligarlo a declarar; y, en su caso, identificar a los probables responsable e iniciar su procesamiento. Finalmente, confirmó el auto de formal prisión apelado de catorce de junio de dos mil dieciséis, pronunciado en el proceso penal 36/2016-II. Ahora bien, del examen de la documental mencionada con antelación, la que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio, hace patente que el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, cumplió con el fallo protector, ello atendiendo a que el trece de septiembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución reclamada de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca I-209/2016. En su lugar, dictó otra, en la que ponderó los agravios hechos valer por el defensor del inculpado Benjamín Carlos Patiño Vega, vinculados con la ilegal detención que, dijo, sufrió, y a la valoración de la prueba de reconocimiento, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, determinó lo que en derecho correspondió -confirmó el auto de formal prisión emitido el catorce de junio de dos mil dieciséis-. Finalmente, la sala penal responsable ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público respectivo, a fin de que llevara a cabo la investigación de la tortura, como delito. Por consiguiente, el suscrito considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de amparo. Ahora, en relación a lo anterior, el autorizado del quejoso realizó manifestaciones por escrito presentado el veinticinco de septiembre del año que transcurre, en torno a que la Sala responsable al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo hace de manera parcial y con defectos, toda vez que no ponderó -como se ordenó en la sentencia concesiva del amparo- los agravios que vertió con respecto a la detención del inculpado y a la valoración de la prueba de reconocimiento. Lo anterior, porque disentía con los argumentos que el Magistrado de origen llevó a cabo, esto es, porque a su discernir se encontraba acreditada la detención ilegal del imputado, pues no existía riesgo fundado de que el encausado se fugara, al igual que tampoco razones extraordinarias que no hicieran posible el control judicial previo y, al caso concreto no aplicó los criterios aislados que citó. Además, que ante la imputación que únicamente realiza la víctima, no era eficaz y pertinente para tener por acreditada la probable responsabilidad penal de Benjamín Carlos Patiño Vega en la comisión del delito que se le atribuye. Argumentos anteriores que deben desestimarse por ineficaces, toda vez que la autoridad responsable satisfizo los deberes impuestos en la sentencia concesiva del amparo, como se demostró en epígrafes precedentes, es decir, conforme al fallo protector, el Magistrado responsable sólo debía ponderar los agravios hechos valer por el defensor del inculpado -aquí quejoso-, vinculados con la ilegal detención que, dijo, sufrió, y valorar la prueba de reconocimiento; hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción determinar lo que en derecho correspondiera. De ahí que, la correcta o incorrecta valoración, tanto de la detención del solicitante del amparo, como el reconocimiento que llevaron a cabo los testigos Pastor García García y Maricela Tinajero Villaseñor de la fotografía del quejoso Benjamín Carlos Patiño Vega, no es motivo de incumplimiento de la ejecutoria de amparo, en razón de que, sólo debía ponderar los agravios hechos valer por el defensor del imputado y, una vez realizado ello, con libertad de jurisdicción, determinara la consecuencia jurídica. Por tanto, el desacuerdo que pueda tener, en su caso, es materia propia del recurso o medio de defensa que considere necesario y eficaz promover. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató con lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el trece de septiembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca I-209/2016. En consonancia con lo anterior, en su lugar dictó una nueva determinación en la que ponderó los agravios hechos valer por el defensor del inculpado Benjamín Carlos Patiño Vega, vinculados con la ilegal detención que dijo haber sufrido éste, y a la valoración de la prueba de reconocimiento efectuada por los testigos Pastor García García y Maricela Tinajero Villaseñor de la fotografía del quejoso, una vez que realizó ello, con libertad de jurisdicción determinó lo que en derecho correspondió -confirmó el auto de formal prisión emitido contra el solicitante del amparo-. Además, adicional a lo anterior, ordenó dar vista al agente del Ministerio Público respectivo, a fin de que llevara a cabo la investigación de la tortura, como delito. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsables no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues, su actuar fue dejar insubsistente una resolución y emitir otra, en la que ponderara unos agravios vinculados con la ilegal detención que, dijo, sufrió el quejoso, y valorara una prueba y determinara lo conducente; además, dar vista al fiscal respectivo a fin de que llevara a cabo la investigación de la tortura, como delito. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, igualmente a lo relativo a los cuadernos incidentales, así como a la devolución de las constancias de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: BENJAMÍN CARLOS PATIÑO VEGA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su secretario de acuerdos; mismo que fue notificado a las partes el diecinueve y veintidós siguientes (fojas 204, 209, 211 y 223). En consecuencia, este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Al respecto, se tiene que por sentencia engrosada el once de agosto de dos mil diecisiete (fojas 157 a 166), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional al quejoso Benjamín Carlos Patiño Vega, para los efectos que se reproducen: que la sala responsable: a) Deje insubsistente la sentencia reclamada de catorce de septiembre de dos mil dieciséis y, en su lugar, emita un nuevo fallo. b) En esa resolución, proceda a ponderar los agravios hechos valer por el defensor del inculpado Benjamín Carlos Patiño Vega, vinculados con la ilegal detención que, dice, sufrió, y a la valoración de la prueba de reconocimiento, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, determine lo que en derecho corresponda. Adicional a lo anterior, de la vista que esta Juzgadora efectuó a las actuaciones del proceso penal 36/2016 se advierte que el aquí disconforme, al momento de rendir su declaración preparatoria, manifestó haber sido sujeto a tortura física y psicológica (fojas 304 a 307 del tomo 2 de pruebas, en específico, foja 306, vuelta). Sin embargo, tal tópico (posible tortura) en modo alguno fue abordado por la sala responsable, al dictar la resolución reclamada, ni por el juez de la causa. Por tanto, adicional a los efectos de la concesión del amparo antes señalados, la sala penal responsable deberá ordenar dar vista al Agente del Ministerio Público respectivo, a fin de que se lleve a cabo la investigación de la tortura, como delito". Lo anterior, según las consideraciones de la sentencia de amparo en la que se estableció que la resolución de la Sala responsable adoleció de una adecuada motivación, en contravención a los principios de congruencia y exhaustividad consagrados en el artículo 17 constitucional, al haber soslayado ocuparse del motivo de inconformidad propuesto por el quejoso en sus agravios, con respecto a la ilegal detención que, dice, sufrió, y a la valoración de la prueba de reconocimiento; por lo cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Sentencia que causó ejecutoria el siete de septiembre de dos mil diecisiete y se requirió su cumplimiento (fojas 183-184). Ahora bien, en acatamiento al fallo concesivo emitido por el juzgado auxiliar, el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su secretario de acuerdos, mediante oficio 827 (foja 167), allegó copia certificada de la determinación de trece de septiembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca I-209/2016, en la que en su considerando primero se advierte que, dejó insubsistente la resolución emitida el catorce de septiembre de dos mil dieciséis y, en su lugar, en acatamiento al fallo protector, pronunció una nueva, en la que realizó lo siguiente: Respecto de la detención del quejoso, llevó a cabo su estudio para establecer que las actuaciones de la representación social y de los policías ministeriales para lograr la detención del quejoso, con base en la orden de localización, búsqueda y presentación, para obtener su comparecencia y declaración -si así fuese su deseo- sobre los hechos materia de la investigación, si bien limitaba temporalmente el derecho de libertad, era fundada y conforme a las atribuciones del ministerio público previstas en el artículo 21 constitucional. Luego, en relación al agravio relativo a la falta de justificación de la detención del imputado por caso urgente, lo declaró infundado, porque acorde al criterio sostenido por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, contenido en la jurisprudencia 1a. CCLII/2015 (10a.), que establece que para la validez o legalidad de la detención por caso urgente debe estar precedida de una orden del Ministerio Público, una vez que se han acreditado los tres requisitos que la autorizan: i) que se trate de un delito grave; ii) que exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue; y, iii) que por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo. Y que, además de lo anterior, deben existir motivos objetivos y razonables de que el Ministerio Público tiene la carga de aportar para que la existencia de dichos elementos pueda corroborarse posteriormente por un juez, cuando éste realice el control posterior de la detención, como lo dispone el artículo 16 constitucional. Así, la alzada sostuvo que el primer requisito constitucional para la restricción de la libertad personal por caso urgente, era la previa emisión de una orden o resolución del ministerio público, debidamente fundada y motivada, en la que constaran acreditados los tres requisitos constitucionales que la autorizan; y, una vez emitida conforme a estos lineamientos, era procedente su ejecución para la detención del indiciado. Ello, puesto que, en el caso concreto, se acreditó que el acuerdo del representante social fue pronunciado a las cero horas con un minuto del siete de junio de dos mil dieciséis, después de que el imputado -Benjamín Carlos Patiño Vega- rindió declaración ministerial, y fue informado por el órgano investigador a las veintitrés horas con veinticinco minutos del seis de junio de dos mil dieciséis, que podía retirarse de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. De igual forma, se justificó que la detención se materializó en el exterior de las citadas instalaciones, alrededor de las cero horas con cinco minutos, cuando el solicitante del amparo se encontraba con un grupo de personas. Lo que conllevó implícito que, una vez que concluyeron las diligencias ministeriales con motivo de la orden de localización y presentación, fue puesto en libertad, tan era así que pudo retirarse del lugar y salir de la edificación de la Procuraduría de Justicia. En tales circunstancias, el acuerdo del representante social emitido a las cero horas con un minuto del siete de junio de dos mil dieciséis, ordenando la detención del imputado por causa urgente, revistió las características de un mandato ex ante, en términos del artículo 16 constitucional. Enseguida, respecto del agravio consistente en que luego que rindió declaración ministerial Benjamín Carlos Patiño Vega, nunca fue liberado, como tampoco pudo retirarse de las instalaciones donde se encontraba, lo estimó infundado, dado que no existió sustento probatorio o evidencia que respaldara o convalidara esa afirmación. Por el contrario, que la certificación del ministerio público acreditaba que, luego de que el imputado rindió declaración ministerial, fue informado por aquél que estaba en libertad para retirarse en el momento que deseara; además, que el incriminado salió de las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado y que, con posterioridad, fue detenido por la policía ministerial en las inmediaciones, cuando se encontraba en el exterior de dicha dependencia con un grupo de personas, tal como se confirmó con el oficio de cumplimiento de la orden de detención. En cambio, estableció que, como bien lo señalaba la defensa, resultó cierto que la orden de detención por caso urgente fue emitida a las cero horas con un minuto del siete de junio de dos mil dieciséis y que el oficio 1229 mediante el cual el ministerio público ordenó dicha detención del imputado al director de inteligencia en materia de secuestro, presentaba fecha de seis de junio de dos mil dieciséis. Sin embargo, lo anterior, no acreditaba y como se pretendía en los agravios, que el fiscal investigador ordenara a la policía ministerial la detención de los imputados antes de emitir el acuerdo de detención por caso urgente, ya que advirtió que se trató de un error mecanográfico. Ello era así, dado que, como el propio oficio 1229 especifica, fue girado en cumplimiento al acuerdo de detención por caso urgente; por tanto, si este último fue emitido a las cero horas con un minuto del siete de junio de dos mil dieciséis, el oficio que solicitó al director de inteligencia en materia de secuestro su cumplimentación, al ser derivado de dicho acuerdo de detención, necesariamente debió ser posterior, sin que la imprecisión destacada afectara los términos en que se efectúo la detención del imputado. En cuanto a que se tratara de un delito grave, se acreditaba con el hecho imputado y su clasificación jurídica por parte del ministerio público -secuestro, considerado como grave por el artículo 194 fracción XVIII del Código Federal de Procedimientos Penales-, así como de prisión preventiva oficiosa por el artículo 2° de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Con respecto a que exista riesgo fundado de que el inculpado se fugara, estableció que la representación social expuso las razones por las cuales estimó que, contaba con motivos suficientes para considerar el riesgo de que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia. Además, devenía razonable considerar que en el momento que el imputado tuvo noticia de la denuncia e investigación en su contra por el delito de secuestro y la penalidad de este ilícito, era factible que se sustrajera de la justicia de no realizarse la detención en ese momento. Lo anterior lo sustentó en los párrafos 144 y 145 del amparo directo en revisión 3506/2014, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para establecer que las razones del fiscal investigador al determinar la imposibilidad de ocurrir ante un juez para el control judicial previo para la detención del imputado, estaba justificado. En suma, que el fiscal ordenó la detención de Benjamín Carlos Patiño Vega el siete de junio de dos mil dieciséis a las cero horas con un minuto, tan es así que se ejecutó a las cero horas con cinco minutos siguientes, en el exterior de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado; entonces, se justificó la orden de detención emitida por el representante social, ante la imposibilidad de que algún juez hubiese podido obsequiar la orden de aprehensión, en esa hora, y fuera del horario laboral de los juzgadores penales. De manera que, al no haberse acreditado la ilegalidad de la detención del imputado -Benjamín Carlos Patiño Vega-, eran infundados los agravios invocados al respecto. Por otra parte, con relación al análisis de las declaraciones de Pastor García García y Maricela Tinajero Villaseñor, respecto a la valoración de la prueba de reconocimiento, una vez que asentó lo que expusieron, estableció que dichos testimonios se obtuvieron con las formalidades de los artículos 23, 269, 270, 271 y 272, del Código de Procedimientos Penales, toda vez que se les instruyó en lo concerniente a las sanciones que el Código Penal establece para el que se produce con falsedad o se niega a declarar y, con ese antecedente, protestaron decir la verdad. Además, que describieron de forma congruente y consistente, los hechos que cada uno de ellos presenció -sustracción de la víctima y entrega del rescate- sin que presentaran contradicciones entre sí, como tampoco con la denuncia, como lo afirmó el agravio; por lo cual, respecto a esas circunstancias estableció que tenían valor probatorio. Lo anterior, sin perjuicio del valor probatorio otorgado a los testimonios de Pastor García García y Maricela Tinajero Villaseñor, los cuales fueron eficaces para la acreditación del cuerpo del delito de secuestro, no eran aptos para justificar la probable responsabilidad del imputado Benjamín Carlos Patiño Vega. Dicho lo anterior, en relación al reclamo de la legalidad del reconocimiento -por medio de fotografía- del imputado que realizaron los citados García García y Tinajero Villaseñor, antes de que precisaran las características físicas de las personas que afirmaron cometieron el ilícito denunciado, la Sala responsable lo abordó de la manera siguiente. Que al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que las personas que declaren como testigos en la averiguación previa deben hacerlo en forma espontánea e imparcial. Dicha máxima se violentó en el momento que el órgano investigador mostró a los testigos fotografías del indiciado, sin que hubieran manifestado poder reconocerlos o sin que proporcionaran la razón por la cual estuvieron en condiciones de identificarlo, ya que con tal forma de actuar, se indujo al testigo para que realizar imputaciones en contra de persona determinada; como consecuencia, estableció la Sala responsable que las declaraciones en que se actualizaron vicios de ilicitud pueden tener valor probatorio en aquélla parte en que los testigos declararon libremente y considerarse ilícitas en la parte en que el órgano de la acusación indujo el señalamiento del inculpado a partir de la muestra de fotografías. Además, adicionó que los tribunales colegiados han establecido que para el reconocimiento por fotografías sea legal, debe exhibirse al denunciante, víctima o testigo, un álbum o serie de fotografías de personas sobre las cuales existen indicios de su participación en los hechos delictivos. Agregó que en ese contexto jurisprudencial, si en el caso concreto, los testigos Pastor García García y Maricela Tinajero Villaseñor luego de que declararon en forma libre y espontánea acerca de los hechos que presenciaron, identificaron al quejoso y coimputado, por medio de las fotografías que el ministerio público les mostró, exclusivamente de ellos -no una serie de fotografías- y sin que antes hubieran proporcionado las características físicas de los imputados, para determinar que estaban en condiciones de identificarlos, este señalamiento de los inculpados era ilícito, al haber sido inducidos por el representante social para que realizaran la imputación en contra de esas dos personas determinadas; y, por tanto, no podían tomarse en consideración para la probable responsabilidad penal del inculpado, resultando fundado dicho agravio. Además, -abundo- que las declaraciones de Pastor García García y Maricela Tinajero Villaseñor, en la parte que describieron de forma libre y espontánea los hechos que presenciaron, tenían valor probatorio -como se dijo, sólo para la acreditación del cuerpo del delito de secuestro- mas no era eficaz o pertinente para la acreditación de la probable responsabilidad del indiciado, al haber sido declarado ilícito el reconocimiento por fotografía que realizaron. Luego, sin perjuicio de lo anterior, estableció que una vez que llevó a cabo el análisis de los restantes medios de convicción, acorde al estándar probatorio requerido, hasta ese momento no estaba justificada alguna causa excluyente de incriminación; además, de conformidad con los datos aportados y destacados en ese apartado, eran suficientes para acreditar la intervención de Benjamín Carlos Patiño Vega [aquí quejoso] en el ilícito de secuestro acreditado; y, por ende, su probable responsabilidad penal. Ahora, en lo referente a que al momento en que el solicitante del amparo rindió su declaración preparatoria manifestó haber sido objeto de tortura física y psicológica, con fundamento en los artículos 1°, 20, 22, B-I, 29 in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación con los numerales 5.1 y 5.2, de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos; arábigo 7° del Pacto Internacional sobre los Derechos Humanos; 2° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 18 del Código de Procedimientos Penales del Estado; así como en la interpretación y alcance otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la obligación y deber que -derivado de este marco normativo- tienen todas las autoridades del Estado Mexicano para promover, respetar y garantizar los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional y los tratados internacionales; y, en particular la prohibición absoluta e inderogable a su cargo de la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ordenó dar vista al ministerio público a fin de que iniciara de oficio una investigación imparcial, eficiente y minuciosa, de la tortura como delito, que permitiera determinar la naturaleza de los actos de coacción física y psicológica que afirmó el imputado le fueron infligidos para obligarlo a declarar; y, en su caso, identificar a los probables responsable e iniciar su procesamiento. Finalmente, confirmó el auto de formal prisión apelado de catorce de junio de dos mil dieciséis, pronunciado en el proceso penal 36/2016-II. Ahora bien, del examen de la documental mencionada con antelación, la que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio, hace patente que el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, cumplió con el fallo protector, ello atendiendo a que el trece de septiembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución reclamada de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca I-209/2016. En su lugar, dictó otra, en la que ponderó los agravios hechos valer por el defensor del inculpado Benjamín Carlos Patiño Vega, vinculados con la ilegal detención que, dijo, sufrió, y a la valoración de la prueba de reconocimiento, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, determinó lo que en derecho correspondió -confirmó el auto de formal prisión emitido el catorce de junio de dos mil dieciséis-. Finalmente, la sala penal responsable ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público respectivo, a fin de que llevara a cabo la investigación de la tortura, como delito. Por consiguiente, el suscrito considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de amparo. Ahora, en relación a lo anterior, el autorizado del quejoso realizó manifestaciones por escrito presentado el veinticinco de septiembre del año que transcurre, en torno a que la Sala responsable al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo hace de manera parcial y con defectos, toda vez que no ponderó -como se ordenó en la sentencia concesiva del amparo- los agravios que vertió con respecto a la detención del inculpado y a la valoración de la prueba de reconocimiento. Lo anterior, porque disentía con los argumentos que el Magistrado de origen llevó a cabo, esto es, porque a su discernir se encontraba acreditada la detención ilegal del imputado, pues no existía riesgo fundado de que el encausado se fugara, al igual que tampoco razones extraordinarias que no hicieran posible el control judicial previo y, al caso concreto no aplicó los criterios aislados que citó. Además, que ante la imputación que únicamente realiza la víctima, no era eficaz y pertinente para tener por acreditada la probable responsabilidad penal de Benjamín Carlos Patiño Vega en la comisión del delito que se le atribuye. Argumentos anteriores que deben desestimarse por ineficaces, toda vez que la autoridad responsable satisfizo los deberes impuestos en la sentencia concesiva del amparo, como se demostró en epígrafes precedentes, es decir, conforme al fallo protector, el Magistrado responsable sólo debía ponderar los agravios hechos valer por el defensor del inculpado -aquí quejoso-, vinculados con la ilegal detención que, dijo, sufrió, y valorar la prueba de reconocimiento; hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción determinar lo que en derecho correspondiera. De ahí que, la correcta o incorrecta valoración, tanto de la detención del solicitante del amparo, como el reconocimiento que llevaron a cabo los testigos Pastor García García y Maricela Tinajero Villaseñor de la fotografía del quejoso Benjamín Carlos Patiño Vega, no es motivo de incumplimiento de la ejecutoria de amparo, en razón de que, sólo debía ponderar los agravios hechos valer por el defensor del imputado y, una vez realizado ello, con libertad de jurisdicción, determinara la consecuencia jurídica. Por tanto, el desacuerdo que pueda tener, en su caso, es materia propia del recurso o medio de defensa que considere necesario y eficaz promover. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató con lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el trece de septiembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca I-209/2016. En consonancia con lo anterior, en su lugar dictó una nueva determinación en la que ponderó los agravios hechos valer por el defensor del inculpado Benjamín Carlos Patiño Vega, vinculados con la ilegal detención que dijo haber sufrido éste, y a la valoración de la prueba de reconocimiento efectuada por los testigos Pastor García García y Maricela Tinajero Villaseñor de la fotografía del quejoso, una vez que realizó ello, con libertad de jurisdicción determinó lo que en derecho correspondió -confirmó el auto de formal prisión emitido contra el solicitante del amparo-. Además, adicional a lo anterior, ordenó dar vista al agente del Ministerio Público respectivo, a fin de que llevara a cabo la investigación de la tortura, como delito. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsables no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues, su actuar fue dejar insubsistente una resolución y emitir otra, en la que ponderara unos agravios vinculados con la ilegal detención que, dijo, sufrió el quejoso, y valorara una prueba y determinara lo conducente; además, dar vista al fiscal respectivo a fin de que llevara a cabo la investigación de la tortura, como delito. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, igualmente a lo relativo a los cuadernos incidentales, así como a la devolución de las constancias de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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