Benito Ruiz Vilchez

Expediente 21/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
21/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Benito Ruiz Vilchez

Actuaciones

  1. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Manifestaciones en notificación. De la certificación de cuenta, se desprende que el diez de enero del presente año, se desechó la demanda de amparo que dio origen a este asunto, la cual fue recurrida, pero el once de los actuales, se tuvo por recibida la ejecutoria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que declaró infundado el recurso de queja interpuesto. Ahora, de la notificación practicada al quejoso relativa a la última de las determinaciones mencionadas, se desprende que realiza diversas manifestaciones que se transcribirán a continuación: "Estoy siendo tratado de manera inhumana por parte del director general de este dentro y su jefe de seguridad Armando Armenta Valtierra quienes me tienen amenasado de muerte y los ago responsables de mi vida y pido la Protección y el amparo del gobierno federal, Benito Ruiz Vilchez quejoso" (sic). En consecuencia, con copia certificada de dicha notificación, gírese oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, en esta ciudad, para que tenga a bien turnarla al juzgado que corresponda, como demanda de amparo, en virtud de que éstas constituyen actos diversos y este asunto se encuentra concluido.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de marzo de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se recibe ejecutoria. Acúsese recibo del oficio 831, del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como testimonio de la ejecutoria de dos de diciembre de dos mil veintiuno emitida en la queja laboral 21/2022, que declaró infundado el medio de impugnación interpuesto contra la determinación emitida por este órgano jurisdiccional en sesión pública ordinaria virtual número siete de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. 1.2. Comunicación a las partes y anotaciones. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes; las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Cristina García Maya.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Recurso de queja. Vista la notificación practicada al quejoso ********************por medio del cual interpone queja contra el auto de diez de enero año en curso, en el cual se desechó la demanda. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la parte promovente del amparo, contra el citado acuerdo. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo al que se anexará la diligencia mencionada en líneas precedentes y copia simple de la misma. 2. Informe con justificación. Atento a lo anterior, en vía de informe con justificación sobre el recurso hecho valer, hágasele saber que es cierto que el diez de enero de dos mil veintidós, se emitió el proveído que constituye la materia de la queja, constando en él los motivos y fundamentos legales que se tomaron en cuenta para emitirlo en el sentido en que se hizo, lo que sustenta su legalidad, por lo que se estima, no se han violado derechos humanos de los promoventes del amparo. 3. Se pone a disposición el Expediente electrónico. Póngase a disposición de la superioridad el expediente electrónico, para el ulterior trámite del recurso de que se trata; lo anterior, comuníquesele para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Benito Ruiz Vilchez, por propio derecho, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 21/2022. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclaman, lo siguiente: Las tarjetas de indisciplina levantadas en contra del quejoso y sus consecuencias, quien se encuentra recluido dentro del Centro de Reinserción Social de Máxima Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número Uno. 2.1. Causa de improcedencia. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. 2.2. Estudio de la improcedencia actualizada. El referido precepto consagra el principio de definitividad que debe imperar previo a instar la acción constitucional. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que el quejoso debe, previamente a su promoción, agotar los juicios, recursos o medios de defensa correspondientes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Establecido lo anterior, para el caso que nos ocupa, la fracción II, del artículo 1º de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva legislación creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión; de ahí que las personas privadas de su libertad tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de dichos litigios. Asimismo, el diverso 2º de la citada ley, como ámbito de aplicación, señala en general a todas las personas privadas de la libertad; es decir, ya sea que se encuentren en prisión preventiva o que estén compurgando una pena o medida de seguridad. Bajo ese contexto, por tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión de la parte quejosa, a los actos reclamados les resulta aplicable dicho ordenamiento legal. En efecto, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la citada ley, se contempla la posibilidad de que los internos lleven a cabo las peticiones administrativas que requieran dentro de su estancia en los centros de internamiento, de igual forma, en el artículo 117, fracción II, de la misma Ley, se prevé que los sujetos legitimados en la ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre la impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacer valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes. Y todo ello se constata cuando el diverso numeral 48 de la precitada Ley Nacional de Ejecución establece: Impugnación de resoluciones. Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y orden en el Centro Penitenciario. En ese contexto, se advierte que el esquema que regula la forma en que se deben resolver los conflictos suscitados con relación al internamiento de un recluso, impuesto por el legislativo, prevé que dicho recurso es apto para resolver las medidas disciplinarias impuestas a los reos, es decir, existe un procedimiento previo, establecido por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse con anterioridad a la presentación del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa. Tienen aplicación a lo anterior las tesis siguientes II.4o.P.11 P (10a.) y II.4o.P.12 P (10a.), de rubro y texto siguientes: "SANCIONES IMPUESTAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO PENITENCIARIO. SE REGULAN BAJO EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, AUN CUANDO PUDIERAN RELACIONARSE CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con el internamiento por prisión preventiva, la ejecución de penas y las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, siendo los principales los siguientes: i) internamiento: en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura; ii) disciplinario: en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del comité técnico del centro penitenciario; y, iii) traslados de las personas detenidas: en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. A partir de ello, las peticiones administrativas pueden promoverse ante la autoridad penitenciaria contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento, que estarán reguladas bajo dicho régimen, conforme a los artículos 107 a 117 de la ley mencionada. Sin embargo, es bajo el régimen disciplinario mediante el que se regulan las sanciones impuestas por el comité técnico del centro penitenciario correspondiente. A este régimen le es aplicable otro trámite y medios de impugnación diversos al de internamiento, que se encuentran regulados en los artículos 38 a 48 de la ley referida. Ello, no obstante que las sanciones pudieran estar relacionadas con las condiciones de internamiento". "SANCIONES DISCIPLINARIAS IMPUESTAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO PENITENCIARIO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVISIÓN Y NO MEDIANTE LA PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE EL DIRECTOR DEL CENTRO, AUN CUANDO AQUÉLLAS PUDIERAN RELACIONARSE CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. De conformidad con el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante el director del centro penitenciario en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. En ese sentido, la petición administrativa puede resultar un medio de defensa idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Sin embargo, cuando se impugne la resolución del comité técnico del centro penitenciario que impone sanciones disciplinarias, no procede la petición administrativa, sino la revisión ante el Juez de Ejecución establecida en el artículo 48 de la propia ley. Ello, no obstante que la sanción pudiera estar relacionada con las condiciones de internamiento, pues los aspectos de internamiento por los que procede la petición administrativa ante el director del centro penitenciario, no comprenden las situaciones en las que se encuentre el recluso, derivadas de una resolución sancionatoria emitida por el comité técnico respectivo, sino aquellas circunstancias en las que se encuentre de forma regular por el propio entorno del centro y que debe modificarse para propiciar o garantizar el nivel decoroso de vida en reclusión para todas las personas privadas de la libertad que pretende el modelo penitenciario actual." 2.3. Desechamiento. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XX de la Ley Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda. 2.4. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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