Benito Ruiz Vilchez

Expediente 20/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
20/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • Benito Ruiz Vilchez
  • Director General de Prevención y Reinserción Social, Morelia, Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se recibe ejecutoria. Acúsese recibo del oficio 1478/2022, del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese tribunal el tres de marzo de dos mil veintidós, acúsese el recibo correspondiente. Ahora, en el resolutivo único de la referida ejecutoria se estableció lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja". 1.1. Comunicación a las partes y anotaciones. Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales correspondientes; las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Recurso de queja. Vista la notificación practicada al quejoso Benito Ruiz Vilchez, por medio del cual interpone queja contra el auto de diez de enero año en curso, en el cual se desechó la demanda. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la parte promovente del amparo, contra el citado acuerdo. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo al que se anexará la diligencia mencionada en líneas precedentes y copia simple de la misma. 2. Informe con justificación. Atento a lo anterior, en vía de informe con justificación sobre el recurso hecho valer, hágasele saber que es cierto que el diez de enero de dos mil veintidós, se emitió el proveído que constituye la materia de la queja, constando en él los motivos y fundamentos legales que se tomaron en cuenta para emitirlo en el sentido en que se hizo, lo que sustenta su legalidad, por lo que se estima, no se han violado derechos humanos de los promoventes del amparo. 3. Se pone a disposición el Expediente electrónico. Póngase a disposición de la superioridad el expediente electrónico, para el ulterior trámite del recurso de que se trata; lo anterior, comuníquesele para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Benito Ruiz Vilchez, por propio derecho, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 20/2022. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclaman, lo siguiente: La inexistencia y descuido de los espacios para estudio, capacitación y esparcimiento, dentro del Centro de Reinserción Social de Máxima Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número Uno. 2.1. Causa de improcedencia. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. 2.2. Estudio de la improcedencia actualizada. El referido precepto consagra el principio de definitividad que debe imperar previo a instar la acción constitucional. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que el quejoso debe, previamente a su promoción, agotar los juicios, recursos o medios de defensa correspondientes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Establecido lo anterior, para el caso que nos ocupa, la fracción II, del artículo 1º de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva legislación creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión; de ahí que las personas privadas de su libertad tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de dichos litigios. Asimismo, el diverso 2º de la citada ley, como ámbito de aplicación, señala en general a todas las personas privadas de la libertad; es decir, ya sea que se encuentren en prisión preventiva o que estén compurgando una pena o medida de seguridad. Bajo ese contexto, por tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión de la parte quejosa, a los actos reclamados les resulta aplicable dicho ordenamiento legal. En efecto, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la citada ley, se contempla la posibilidad de que los internos lleven a cabo las peticiones administrativas que requieran dentro de su estancia en los centros de internamiento, de igual forma, en el artículo 117, fracción I, de la misma Ley, se prevé que los sujetos legitimados en la ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa. 2.3. Desechamiento. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XX, de la Ley Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda. 2.4. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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