Benjamín Bañales Rodríguez
Expediente 651/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Benjamín Bañales Rodríguez
- Benjamín Bañales Rodríguez y Otros.
- Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región La Piedad, Mich
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que parte quejosa ********************, hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal (que es la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes: CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 17, fracción III, inciso a), Capítulo Quinto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación; por lo que, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es conservable y transferible dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, lo anterior por haberse NEGADO EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, a la parte quejosa. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con fundamento en el artículo 20, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, se determina que el incidente de suspensión es destruible, ya que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de la Región de la Piedad, Michoacán, dos discos ópticos que adjuntó a su informe justificado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Avpb*
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que parte quejosa ********************, hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal (que es la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes: CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 17, fracción III, inciso a), Capítulo Quinto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación; por lo que, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es conservable y transferible dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, lo anterior por haberse NEGADO EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, a la parte quejosa. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con fundamento en el artículo 20, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, se determina que el incidente de suspensión es destruible, ya que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de la Región de la Piedad, Michoacán, dos discos ópticos que adjuntó a su informe justificado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Avpb*
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. RAZÓN, ACTUARIAL Vista la razón levantada por el actuario adscrito a este juzgado el catorce de agosto del año en curso, de la que se desprende que no le fue posible notificar personalmente a la parte tercera interesada ********************la resolución con engrose de once de agosto de dos mil veintitrés dictado dentro del juicio en que se actúa. Atento a lo anterior toda vez que el tercero interesado no señaló ningún otro domicilio o medio de comunicación; se ordena notificar el mencionado proveído, este acuerdo y los subsecuentes por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VIII-651/2023, promovido por ********************, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de la Piedad, Michoacán.****************************************R E S U L T A N D O********************PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito depositado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado el veintinueve de ese mes y año, en este órgano jurisdiccional, ******************** solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de la Piedad, Michoacán.****************************************Lo que estima violatorio de los derechos fundamentales que, refieren consagran los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17, 20, apartados A) y B) y 21 Constitucionales; así como los diversos numerales 8°, 15 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. **************************************** SEGUNDO. ADMISION DE DEMANDA. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado de Distrito conocer de la demanda de amparo en comento, el que en auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional determinó admitirlo a trámite; solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.****************************************En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada al tenor del acta que antecede; previos diferimientos.**************************************** C O N S I D E R A N D O****************************************PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer por materia, grado y territorio y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49, 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana.****************************************Toda vez que se reclama un acto formal y materialmente penal cuya autoridad emisora y su ejecución acontece dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal, con competencia mixta, ejerce su jurisdicción.****************************************SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados, para lo cual se debe atender a la demanda de amparo, vista en su integridad y su escrito aclaratorio, de lo que se obtiene que los peticionarios de amparo reclaman:****************************************La resolución emitida de audiencia dentro del cuaderno de antecedentes 226/2022, de fecha cinco de mayo de dos mil veintitrés, en la que se otorgó la calidad de víctima indirecta a José Álvaro Bañales Rodríguez, como hijo y por el fallecimiento de la víctima directa Benjamín Cuauhtémoc Bañales León, contraviniendo las dos resoluciones de la misma autoridad responsable, emitidas en audiencias de fechas once de abril de dos mil veintitrés y en dieciséis de marzo de dos mil veintitrés.****************************************TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Unidad de Gestión La Piedad, se obtiene que es cierto el acto reclamado****************************************Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente:****************************************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." ************************************************************Certeza que se corrobora con dos discos formato DVD y PDF, relativos al cuaderno de antecedentes 226/2022, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Unidad de Gestión La Piedad, que anexó a su informe justificado, constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley.****************************************Tiene aplicación al caso la diversa jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1907-1995, con registro 394182, del tenor siguiente:****************************************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena."****************************************Al respecto, tiene aplicación la tesis 1a./J. 43/2013, (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, del libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente:****************************************"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL".****************************************CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa que torne improcedente el juicio constitucional, bien porque se advierta de oficio o la haga valer parte legítima.****************************************Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia que establece lo siguiente:****************************************Época: Octava Época ********************Registro: 222780 ********************Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito ********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación ********************Tomo VII, Mayo de 1991 ********************Materia(s): Común ********************Tesis: II.1o. J/5 ********************Página: 95 ********************"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia".****************************************Así, debido a que este órgano jurisdiccional no advierte de manera oficiosa que se actualice alguna causa de improcedencia en el presente juicio de amparo, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada, dando respuesta a los conceptos de violación.****************************************QUINTO. Conceptos de violación. Los promoventes del amparo expresaron como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, los que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". ****************************************SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Es infundado el concepto de violación hecho valer por los quejosos, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.****************************************Así, una vez establecido lo anterior, a efecto de realizar un correcto análisis del acto reclamado, es pertinente traer a colación los antecedentes del asunto:****************************************1. La Agente del Ministerio Público de la Agencia IV de la Fiscalía Regional de la Piedad, inició la carpeta de investigación con número único de caso 1007-2022-05017, en contra de Esther Amalia Rodríguez Peña y Benjamín Bañales Rodríguez (aquí quejosos) por los delitos de despojo y robo, cometidos en agravio del denunciante Benjamín Cuauhtémoc Bañales León, en la que esencialmente, se base en los hechos siguientes:****************************************Medularmente, el denunciante interpuso la denuncia inicialmente contra su ex esposa Esther Amalia Rodríguez Peña, por el delito de despojo respecto de la casa habitación marcada con el número 187 de la calle Mariano Silva y Aceves de la zona Centro en la Piedad, Michoacán, pues dicho inmueble, dijo, era de su propiedad; pero en él se estableció el domicilio conyugal antes de que se decretara su divorcio.****************************************Asimismo, realizó una ampliación de denuncia en contra de su hijo Benjamín Bañales Rodríguez, por el delito de robo, respecto de una camioneta KIA, modelo 2021.****************************************2. Posteriormente, mediante escrito presentado ante el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región La Piedad, el trece de diciembre de dos mil veintidós, Benjamín Cuauhtémoc Bañales León, interpuso el recurso innominado previsto en el artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de las omisiones del Titular de la Agencia Cuarta Investigadora del Ministerio Público de la Ciudad de La Piedad, Michoacán, así como en contra del Titular del Área de Litigación, adscrito a la fiscalía citada, debido a que a criterio del denunciante existía claramente omisiones por parte de las autoridades recurridas en el trámite de la averiguación y su judicialización.****************************************3. Derivado del anterior ocurso, se radicó el cuaderno de antecedentes 226/2022, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, Unidad La Piedad, el que emitió el proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, en el que determinó requerir a Benjamín Cuauhtémoc Bañales León, a efecto de darle trámite al recurso innominada que pretendió interponer.****************************************4. Luego, previos cumplimientos de requerimientos, en auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dentro del cuaderno de antecedentes 226/2022, se citó a las partes a las once horas con quince minutos del treinta de enero del año en curso, a la audiencia de impugnación de actos y/o determinaciones del ministerio público.****************************************5. Llegada la fecha de la audiencia de impugnación de actos y/o determinaciones del ministerio público, dicha audiencia se difirió debido a una incapacidad médica del juez de control, por lo que señaló las once horas con quince minutos del ocho de febrero de dos mil veintitrés, para su celebración. ****************************************6. En data ocho de febrero de dos mil veintitrés, verificó la audiencia de impugnación de actos y/o determinaciones del ministerio público, en la que el juez de control declaró procedente la solicitud planteada por la asesoría jurídica privada y se requirió a la fiscalía por el términos de tres días, notificara a las partes lo resuelto sobre el destino de la carpeta de investigación 1007-2022-05017, con la finalidad de que las partes promovieran de manera particular lo que su representación correspondiera.****************************************7. En cumplimiento a lo anterior, la Agente del Ministerio Público de la Agencia IV de la Fiscalía Regional de La Piedad, y el Director de Carpetas de Investigación de la citada fiscalía emitieron el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, el quince de febrero de dos mil veintitrés.****************************************8. Dentro del cuaderno de antecedentes 226/2022 del índice del juez de control, se tuvo a Benjamín Cuauhtémoc Bañales León, solicitando la audiencia para impugnar la determinación de la Agente del Ministerio Público de la Agencia IV de la Fiscalía Regional de La Piedad; en ese sentido, al ser procedente tal solicitud, el juez responsable convocó a las partes a audiencia de impugnación de actos y/o determinaciones del ministerio público a las nueve horas del nueve de marzo de dos mil veintitrés, la cual fue diferida para las nueves horas del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés.****************************************9. Luego, en la audiencia de impugnación de actos y/o determinaciones del ministerio público de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, la defensa privada de la víctima directa Benjamín Cuauhtémoc Bañales León hizo del conocimiento del juez responsable sobre el deceso de éste; y, en ese acto informó sobre la comparecencia de José Álvaro de Jesús Bañales Rodríguez, quien solicitó se le reconociera el carácter de victima indirecta, por ser hijo de la víctima directa (occiso).****************************************Consecuentemente, el juez de control declaró sin materia la audiencia de impugnación de actos y/o determinaciones del ministerio público de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dado que se acreditó que el promovente de la misma había muerto y que hasta ese momento no había ninguna persona con legitimación activa para continuar con la litis.****************************************Por otra parte, respecto de la diversa solicitud de reconocimiento de carácter de víctima -la cual constituye una solicitud de materia distinta, a saber tutela de derechos-; y en virtud que no era materia de la audiencia y no había condiciones para su debate, no se pronunció al respecto, por lo que la declaratoria de la extinción de la audiencia, únicamente operó respecto de la petición primigenia -relativa a la impugnación de actos y/o determinaciones del ministerio público respecto del acuerdo de no ejercicio penal-, efectuada por la víctima directa Benjamín Cuauhtémoc Bañales León.****************************************10. Posteriormente, dentro del cuaderno de antecedentes de origen, en auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a José Álvaro de Jesús Bañales Rodríguez, solicitando que se continuara la audiencia de dieciséis de marzo del año actual; por lo que al ser procedente su solicitud el juez de control convocó a las partes a audiencia de impugnación de actos y/o determinaciones del ministerio público, señalándola a las nueve horas del once de abril de dos mil veintitrés, la cual se quedó sin materia la solicitud planteada, debido a la incomparecencia de José Álvaro de Jesús Bañales Rodríguez y del asesor legal.****************************************11. En auto de veinticuatro de abril del año actual, se tuvo a José Álvaro de Jesús Bañales Rodríguez, solicitando la continuación de la audiencia de dieciséis de marzo del año en curso; por lo que al ser procedente dicha solicitud, convocó a audiencia a las partes a las nueve horas del dos de mayo de dos mil veintitrés, la cual se difirió por la incomparecencia de los agentes del ministerio público, por lo que señaló nueva fecha, esto es, las nueve horas del cinco de mayo del año actual.****************************************12. Luego, el cinco de mayo del año en curso, se celebró la audiencia de tutela de derechos, en la que el juez de control le reconoció el carácter de victima indirecta a José Álvaro de Jesús Bañales Rodríguez, debido a que a juicio de la autoridad responsable se ajusta a la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que dicho dispositivo no prevé ningún otro requisito, además de la prelación descrita y dado que la víctima directa que falleció, al momento de su muerte no ostentaba alguna relación matrimonial o concubinaria, además que su diverso hijo tiene el carácter de investigado en la carpeta de origen del asunto, lo cual lo exlcuye de tal posibilidad, no encontró impedimento para reconocer el carácter de victima indirecta al citado José Álvaro de Jesús.****************************************En ese acto, la defensa privada de los peticionarios de amparo promovieron el recurso de revocación, el cual fue declarado improcedente por el juez de control.****************************************Ahora, como se adelantó, resulta infundado, el concepto de violación formulado por los promoventes, por lo que conviene precisar inicialmente lo siguiente:****************************************Debe decirse que los recursos procesales en materia penal son medios de impugnación en contra de las resoluciones dictadas por la autoridad que permiten que un superior califique dicha actuación y resuelva, confirmando, modificando o revocando, la resolución impugnada. Con esta naturaleza, la regulación del recurso innominado que hace el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales hace efectivos para las víctimas u ofendidos los derechos fundamentales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.****************************************La previsión que hace el artículo 258 del aludido ordenamiento, es con la finalidad de que un juez pueda controlar, mediante la interposición de un recurso ordinario, la actuación del Ministerio Público en la investigación que realiza supone, por lo menos para la víctima u ofendido, la materialización de los derechos fundamentales citados.****************************************Consecuentemente, se encuentra incorporado como derecho fundamental de las víctimas u ofendidos la posibilidad de impugnar jurisdiccionalmente las omisiones del Ministerio Público en la investigación del delito, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, cuando no esté satisfecha la reparación el daño.****************************************En este sentido, el artículo 20 constitucional apartado C) fracción VII, que regula los derechos de las víctimas en el proceso penal, señala como tal el siguiente:****************************************"VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no este´ satisfecha la reparación del daño".****************************************Por su parte, el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al regular los derechos de las víctimas u ofendidos, dice:****************************************"Artículo 109. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:********************[.] ********************XXI. A impugnar por si´ o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Pu´blico en el desempen~o de sus funciones de investigacio´n, en los te´rminos previstos en este Co´digo y en las dema´s disposiciones legales aplicables [.]"****************************************Acorde con la regulación apuntada, el propio artículo 258 del último dispositivo en cita, al regular el recurso innominado que se analiza, faculta expresamente a la víctima u ofendido a interponerlo, el cual a la letra reza lo siguiente: ****************************************"Artículo 258. Notificaciones y control judicial ********************Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación".****************************************Asentado lo anterior, se advierte que contra el no ejercicio de la acción penal las victimas pueden interponer el recurso innominado ante el juez de control, quien convocará a las partes a una audiencia para decidir, en definitiva, lo conducente. ****************************************Por otra parte, cabe precisar que el segundo párrafo del artículo 1° constitucional, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia ley fundamental y con los previstos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, de tal manera que favorezca de la manera más amplia a las personas.****************************************Ello se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro persona e interpretación conforme, así como a aplicar el principio de progresividad en la protección de los derechos humanos; entre ellos, los de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, garantizados en los diversos ordinales 17 y 20 de la propia Carta Magna, así como 8°, numeral 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.****************************************Bajo esa óptica, la víctima u ofendido del delito tiene derecho a que el Estado, por conducto de cualquiera de sus órganos, realice acciones encaminadas al fortalecimiento de sus prerrogativas, a contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como a brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera.****************************************Tales prerrogativas se encuentran inmersas en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando de especial interés las fracciones I, II y IV, que a la letra establecen lo que sigue:****************************************"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. ********************(.) ********************C. De los derechos de la víctima o del ofendido: ********************(.) ********************I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; ********************II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. ********************(.) ********************IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. ********************La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; (.)"****************************************El marco constitucional que antecede consagra el derecho de la víctima u ofendido de un delito, a recibir asesoría jurídica, a ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, a ser informado sobre el desarrollo del procedimiento penal; coadyuvar con el Ministerio Público; a que le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley; y, a que se le repare el daño.****************************************Ahora, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente los numerales 108 y 109, prevén:****************************************"Artículo 108. Víctima u ofendido ********************Para los efectos de este Código, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. ********************En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que este Código le otorga, se considerarán como ofendidos, en el siguiente orden, el o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. ********************La víctima u ofendido, en términos de la Constitución y demás ordenamientos aplicables, tendrá todos los derechos y prerrogativas que en éstas se le reconocen". ****************************************"Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido ********************En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:********************I. A ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución; ********************II. A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida diligencia;****************************************III. A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo, o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un Asesor jurídico; ****************************************IV. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar, e incluso con su Asesor jurídico; ****************************************V. A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su Asesor jurídico, el Ministerio Público y/o, en su caso, por el Juez o Tribunal; ****************************************VI. A ser tratado con respeto y dignidad; ****************************************VII. A contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable; ****************************************VIII. A recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna; ****************************************IX. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas; ****************************************X. A participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias; ****************************************XI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde la denuncia hasta la conclusión del procedimiento penal, cuando la víctima u ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena o no conozca o no comprenda el idioma español;****************************************XII. En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus derechos; ****************************************XIII. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad; ****************************************XIV. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece este Código; ****************************************XV. A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor jurídico, conforme lo dispuesto en este Código; ****************************************XVI. A que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida o integridad personal; ****************************************XVII.A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario, debiendo fundar y motivar su negativa; ****************************************XVIII. A recibir atención médica y psicológica o a ser canalizado a instituciones que le proporcionen estos servicios, así como a recibir protección especial de su integridad física y psíquica cuando así lo solicite, o cuando se trate de delitos que así lo requieran; ****************************************XIX. A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares; ****************************************XX. A solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación; ****************************************XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; ****************************************XXII.A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a reserva así determinada por el Órgano jurisdiccional;****************************************XXIII. A ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados; ****************************************XXIV. A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en cualquiera de las formas previstas en este Código; ****************************************XXV. A que se le repare el daño causado por la comisión del delito, pudiendo solicitarlo directamente al Órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite; ****************************************XXVI. Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa; ****************************************XXVII. A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones que finalicen el procedimiento, de conformidad con las reglas que establece este Código; ****************************************XXVIII. A solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspensión, y ****************************************XXIX. Los demás que establezcan este Código y otras leyes aplicables.****************************************En el caso de que las víctimas sean personas menores de dieciocho años, el Órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados, así como los previstos en el presente Código.****************************************Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables".****************************************En coherencia con la anterior prerrogativa constitucional, la Ley General de Víctimas establece:****************************************"Artículo 2. El objeto de esta Ley es:********************I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos; ********************II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral; ********************III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso; ********************IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas; V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones".****************************************"Artículo 3. Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución y con los Tratados Internacionales favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas".****************************************"Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. ********************Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. ********************Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. ********************La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. ********************Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos".****************************************"Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. ********************Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: ********************I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral; ********************II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron; ********************III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones; ********************(.) ********************IX. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley; ********************X. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos; ********************XI. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas; ********************(.) ********************XIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie; ********************(.) ********************XXII. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos; ********************(.) ********************XXVII. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la materia; ********************XXVIII. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses;********************XXIX. Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos; ********************(.)"****************************************De lo anterior, se desprende que nuestra legislación nacional prevé la existencia de víctimas directas e indirectas (ofendidos).****************************************Para estos efectos se denominan víctimas directas a aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.****************************************Asimismo, se consideran víctimas indirectas (ofendidos) a los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. De manera que el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que en el supuesto de que la víctima directa no pueda ejercer personalmente los derechos que le confiere dicho ordenamiento, se considerarán como ofendidos, en el siguiente orden, el o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima.****************************************Así, para el caso que nos ocupa, y de una interpretación sistemática de dichos preceptos, se colige que existen dos supuestos para considerar actualizado el carácter señalado: el primero, atribuido a los sujetos que de manera directa y personal hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a sus derechos humanos; y el segundo, que a pesar de no haber sufrido tales efectos o menoscabos de manera personal y directa, se encuentra dirigido a los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella, ponderando para ello, la simple relación de parentesco o dependencia con la victima directa.****************************************Interpretación que guarda cohesión, con el principio de interpretación más favorable a la víctima reiterado en los artículos 3 y 7 de tal ordenamiento legal, los cuales prevén, respectivamente, que la Ley General de Víctimas se interpretará de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas, y que los derechos de las víctimas que prevé tal ordenamiento legal son de carácter enunciativo, más no limitativo; y deberán ser interpretados favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.****************************************Es decir, las normas previstas en la referida ley, en especial las relacionadas a los derechos de las víctimas, no pueden ser interpretadas de manera restrictiva, sino que deben analizarse a la luz del parámetro de regularidad constitucional favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas; en el caso de las víctimas debe estudiarse su calidad en términos de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, eficacia, buena fe y no discriminación o exclusión, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 3 y 7 de la Ley General de Víctimas.****************************************En ese orden, se estima que la definición legal se amplió respecto de lo que debe entenderse como víctima u ofendido, pues no se refiere a ellos el concepto tradicional atinente a toda persona que haya sufrido algún daño en sus bienes jurídicos, físico, mental o emocional, sino que se extiende en general a cualquier puesta en peligro, lesión a sus derechos o violaciones a sus prerrogativas humanas reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.****************************************Lo anterior se corrobora con lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien al resolver la contradicción de tesis 4/2006, estableció básicamente que las acepciones de víctima y ofendido comprenden a todas aquellas personas que son afectadas por la comisión de un delito.****************************************Así, se estimó que el concepto de víctima u ofendido debe entenderse en forma amplia respecto de toda persona que sufrió un daño físico, una pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones delictivas.****************************************Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia 1a./J.58/2006 de la Primera Sala del Alto Tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Novena Época, registro 174069, página 115, cuyo rubro disponen:****************************************"LEGITIMACIÓN AD PROCESUM DEL DENUNCIANTE FACULTADO PARA EXIGIR LA REPARACIÓN DEL DAÑO O LA RESPONSABILIDAD CIVIL, COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES U OMISIONES QUE SANCIONA LA LEY PENAL. CUENTA CON INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRME EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O SU DESISTIMIENTO, EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO.".************************************************************Bajo ese orden de ideas, debe quedar claro que la víctima u ofendido es toda persona que haya sufrido algún daño económico o demás bienes jurídicos, físico, mental o emocional y, en general, cualquier puesta en peligro, lesión a sus derechos o violaciones a sus prerrogativas humanas reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.****************************************Como se advierte, para reconocer la calidad de víctima u ofendido a determinada persona, debe considerarse el contexto del asunto para estimar si puede existir determinado perjuicio o lesión a sus derechos, pues se insiste, atento al marco jurídico actual sobre la protección de derechos humanos, ya no es posible limitar el reconocimiento de la calidad de víctima a aquellos casos en que pueda tener derecho a la reparación del daño (máxime que ese aspecto debe estar sujeto a prueba en un procedimiento).****************************************De ahí que conforme al artículo 109, fracción XV del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establezca que toda victima sea directa o indirecta (ofendido), tiene derecho a intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor jurídico, conforme lo dispuesto en este Código; y, en términos del artículo 7, fracción XXIX de la Ley General de Víctimas, se estipula que las victimas (sean directas o indirectas -ofendidos-), tienen el derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos.****************************************Así que, toda persona que considere tener la calidad de victima indirecta (ofendido) tiene el derecho de acudir ante el juez de control a solicitar se le reconozca dicho carácter; y, el juez convocará a las partes a audiencia de tutela derechos, la cual no se encuentra expresamente prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, dicha solicitud podría encuadrarse como un recurso innominado, que no exige formalismo alguno para su interposición; y, que el juez de control resolverá en audiencia pública.****************************************Ahora bien, en el caso concreto, se encuentra ajustado a derecho la resolución reclamada en esta instancia constitucional, esto es, la emitida en audiencia de cinco de mayo de dos mil veintitrés, en la que se le reconoció el carácter de víctima indirecta a José Álvaro Bañales Rodríguez, pues tiene derecho a tal reconocimiento por ser hijo de la víctima directa y ajustarse en el orden de prelación establecida en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales.****************************************Lo anterior porque se acreditó que la victima directa falleció con el acta de defunción respectiva; asimismo, se acreditó con las actas de divorcio que no ostentaba a esa data alguna relación con Esther Amalia Rodríguez Peña ni con Martha Elia Ordaz Torres, en tanto no existe otra prueba de que al momento de su muerte ostentaba alguna otra relación matrimonial o concubinaria; además, su diverso hijo Benjamín Bañales Rodríguez tiene el carácter de investigado en la carpeta de origen del asunto, lo cual lo excluye de la posibilidad de otorgarle el carácter de victima indirecta (ofendido); de ahí que el juez de control no encontró impedimento para reconocer el carácter de victima indirecta al citado José Álvaro Bañales Rodríguez, lo cual explicó debidamente en audiencia de cinco de mayo del año actual.****************************************Además, es infundado el concepto de violación esgrimido en el libelo constitucional, ya que la resolución que emitió el juez de control en audiencia de cinco de mayo de dos mil veintitrés, versó únicamente en otorgarle el carácter de victima indirecta a José Álvaro de Jesús Bañales Rodríguez, por lo que esa resolución no puede quedar subjúdice a la resolución emitida en audiencia de impugnación de actos y/o determinaciones del ministerio público de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, originada con motivo del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra del auto de no ejercicio penal, emitido el quince de febrero del año actual, por la Agente del Ministerio Público de la Agencia IV de la Fiscalía Regional de La Piedad y el Director de Carpetas de Investigación de la citada fiscalía -la cual se declaró sin materia, dado que se acreditó que el promovente de la misma había muerto y que hasta ese momento no había ninguna persona con legitimación activa para continuar con la litis-; así como la diversa resolución emitida en audiencia de once de abril de dos mil veintitrés -la cual se quedó sin materia la solicitud planteada (relativa al reconocimiento del carácter de víctima indirecta), debido a la incomparecencia de José Álvaro de Jesús Bañales Rodríguez y del asesor legal-.****************************************Lo anterior porque las resoluciones emitidas en las audiencias en comento, se ocupan de diferentes solicitudes las cuales se atendieron de manera autónoma e independiente, con una finalidad diversa, que si bien es cierto todas fueron atendidas en el mismo cuaderno de antecedentes 226/2022 del índice del juez de control, sin embargo, la materia de cada audiencia fue realizada en atención a un tema determinado.****************************************De ahí que no le asista la razón a los peticionarios de amparo en insistir que al dejarse sin materia las audiencias de dieciséis de marzo y once de abril, ambas de dos mil veintitrés, fuera ilegal la resolución emitida el cinco de mayo de dos mil veintitrés, al existir una contravención a lo resuelto en las audiencias anteriores, pues cada audiencia es autónoma e independiente, en atención a cada solicitud.****************************************Sin soslayarse que José Álvaro de Jesús Bañales Rodríguez, hizo solicitudes con el fin de que se le reconociera el carácter de victima indirecta y, de manera incorrecta, las realizó solicitando la reanudación de la audiencia de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés -relativa a la impugnación de actos y/o determinaciones del ministerio público que había promovido la victima directa en contra del acuerdo de no ejercicio penal, la cual fue declara sin materia, dado que en esa diligencia se acreditó que el promovente de la misma había muerto y que hasta en ese momento no había ninguna persona con legitimación activa para continuar con la litis-; y, el juez de control cada que acordaba las solicitudes, en los autos emitidos dentro del cuaderno de antecedentes 226/2022 de su índice, nunca hizo la aclaración de que las audiencias de once de abril y cinco de mayo de dos mil veintitrés, versaba sobre audiencias de tutela de derechos para reconocerle el carácter de victima indirecta al promovente José Álvaro de Jesús Bañales Rodríguez.****************************************Sin embargo, de ninguna manera puede sostenerse que la resolución emitida en audiencia de cinco de mayo de dos mil veintitrés, contraviene a la emitida en audiencia de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, porque cada audiencia versaba sobre materias diferentes, es decir la primera era respecto a una tutela de derechos a efecto de que se le reconociera el carácter de victima indirecta a José Álvaro de Jesús Bañales Rodríguez; y, la última atendía a la impugnación de actos y/o determinaciones del ministerio público que había promovido la victima directa Benjamín Cuauhtémoc Bañales León en contra del acuerdo de no ejercicio penal emitido el quince de febrero de dos mil veintitrés, por la Agente del Ministerio Público de la Agencia IV de la Fiscalía Regional de La Piedad y el Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán.****************************************Tampoco puede sostenerse que la resolución emitida en audiencia de cinco de mayo de dos mil veintitrés, contraviene a la emitida en audiencia de once de abril de dos mil veintitrés, pues aun y cuando dichas audiencias se dirigían a la tutela de derechos para reconocer el carácter de victima indirecta a José Álvaro de Jesús Bañales Rodríguez, lo cierto es que en audiencia de once de abril de dos mil veintitrés, se declaró sin materia la solicitud de quien pretendía se le reconociera el carácter de victima indirecta debido a la incomparecencia del promovente y su asesor legal privado; y, no así atendiendo al fondo de la solicitud.****************************************De manera que el propio ordenamiento que rige al acto reclamado, no prevé la prohibición de realizar nuevamente solicitudes para la tutela de derechos, pese a anteriormente declararse sin materia la solicitud que se atendería en audiencia por la incomparecencia de las partes, pues como tal no se declaró sin materia el fondo de la solicitud, sino el planteamiento de la solicitud en la audiencia señalada el once de abril de dos mil veintitrés; de ahí, que se torna valido el hecho de que las partes pueden volver a solicitar nuevamente audiencia a efecto de reconocérsele el carácter de victima indirecta (ofendido), pues como tal el fondo de la solicitud no fue debatida; y, la declaración sin materia fue respecto al planteamiento en la audiencia de once de abril de dos mil veintitrés, por la incomparecencia de José Álvaro de Jesús Bañales Rodríguez y su asesor legal privado; de manera que el juez de control se encontraba en aptitud legal de señalar nueva fecha para audiencia, ante presentación de diversa solicitud.****************************************Por lo anterior, no les asiste razón a los requirentes constitucionales, pues la resolución emitida en audiencia de cinco de mayo de dos mil veintitrés, no está subjúdice; y, por ende, no contraviene las diversas resoluciones emitidas en audiencias de dieciséis de marzo y once de abril de dos mil veintitrés.****************************************Precisado lo anterior, el que suscribe advierte que la resolución reclamada satisface los principios de objetividad y de legalidad consagrado en el numeral 16, párrafo primero, constitucional, que consistente en la fundamentación y motivación que la autoridades están obligadas a expresar en sus actos, es decir, todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera de derechos del gobernado debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que deben expresarse con exactitud los preceptos legales aplicables al caso, sustentados en una disposición normativa de carácter general, esto es, que la ley prevea una situación concreta para lo cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que así lo autorice, de tal manera, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.****************************************Aspectos formales colmados en la especie, pues en cuanto al requisito de fundamentación, la resolución reclamada, contiene los preceptos de ley que la sustentan pues fundó en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que el juez responsable, al emitir la resolución emitida en audiencia de cinco de mayo de dos mil veintitrés, expuso las razones que lo llevaron a reconocer la calidad de victima indirecta al tercero interesado, por ende, cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación al emitir su determinación; es decir, los requisitos necesarios para su emisión.****************************************Al respecto resulta aplicable la tesis P. CXVI/2000, que se lee en la página 143 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, con registro 191358, del siguiente rubro y texto:****************************************"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa".****************************************Por otro lado, son inatendibles los argumentos dirigidos a evidenciar que no se verifica su responsabilidad en los hechos con apariencia de delito que se les atribuyen, pues tal aspecto, en todo caso, será materia de la determinación que en su momento emitan los jueces competentes al resolver el expediente de origen.****************************************Así, al haberse desestimado los conceptos de violación en estudio, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado.****************************************Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria.********************Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio:****************************************"MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria."****************************************Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se****************************************R E S U E L V E:********************ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, respecto del acto reclamado y autoridad que quedaron precisados en esta resolución, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza, hasta hoy once de agosto de dos mil veintitrés en que lo permitieron las labores del Juzgado de Distrito. Doy fe.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Benigno Núñez Arellano y Otros.256/2018
- Benito Morales Martinez498/2006
- Benito Ortiz Arias542/2013
- Benito Ramírez Gordillo569/2021
- Benito Ramírez Gordillo72/2019
- Benito Zarco Arreola435/2016
- Benjamín Contreras Nieves1184/2023
- Benjamín Contreras Nieves316/2023
- Benjamin Hernández Ambris546/2020
- Benjamín Magaña González1247/2019
- Benjamín Navarrete Vallejo1303/2022
- Benjamín Villalobos Paz947/2019