Benigno Núñez Arellano y Otros.
Expediente 256/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Benigno Núñez Arellano y Otros.
- Benigno Núñez Arellano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el doce de junio de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a BENIGNO, PRISCILA PALOMA, ANTONIO y MONSERRAT, todos de apellidos NÚÑEZ ARELLANO, para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".siguiendo los lineamientos establecidos en la ley de la materia, de manera inmediata señale fecha para que tenga verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución dentro del controvertido de origen laboral 551/2016, de su índice." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Mediante oficio presentado el catorce de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable, allegó copias certificadas del auto de veintitrés de abril de este año, dictado en el juicio laboral número 551/2016, donde se señaló día y hora para que tuviere verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución; y de las constancias relativas al desahogo de dicha audiencia celebrada el uno de junio del año en curso; con lo cual, en auto de diecinueve de junio en curso, se ordenó reserva de proveer, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto. Así, en proveído de veintinueve de junio de este año, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse señalado fecha y hora para que tuviere verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, dentro del juicio laboral número 551/2016 e incluso haberse celebrado la misma el uno de junio de dos mil dieciocho; y de las constancias relativas al desahogo de dicha audiencia celebrada el uno de junio del año en curso, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Extrañamiento a la autoridad responsable No pasa inadvertido para el suscrito juzgador que el verificativo de la audiencia en el juicio de origen (cuya omisión de señalamiento y celebración constituía la materia de reclamo en esta instancia), se llevó a cabo desde el uno de junio de dos mil dieciocho; mientras que, la sentencia constitucional fue emitida el doce de ese mismo mes y año, de donde se colige que la responsable estuvo en aptitud de informar -con toda oportunidad- dicha circunstancia a este órgano jurisdiccional y con ello, evitar el sentido de la sentencia y su correspondiente ejecución, por lo cual, se le realiza un extrañamiento a fin de que, en lo subsecuente atienda con mayor atención los requerimientos que le son formulados, dado que, desde el auto de admisión de veintidós de marzo del año en curso, se requirió a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informaran a este juzgado a la brevedad posible. Se ordena el archivo del presente juicio En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 256/2018, promovido por Benigno, Priscila Paloma, Antonio y Monserrat, todos de apellidos Núñez Arellano, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, Benigno, Priscila Paloma, Antonio y Monserrat, todos de apellidos Núñez Arellano, por su propio derecho, promovieron demanda de amparo indirecto contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8,14 y 17, 103, 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, 2, 4, 5, 114, en su fracción IV, 115, 116, 117 de la Ley de Amparo. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de veintidós de marzo del año que transcurre, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose la misma con el número de expediente 256/2018; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante lo anterior, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de emitir el acuerdo en que se señale fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, en el juicio ordinario laboral 551/2016. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal responsable, se advierte que es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de señalar fecha para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución y la consecuente demora en la administración de justicia. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias relativas al juicio ordinario laboral 551/2016, esto es, el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en el que se tuvo por recibida la demanda promovida por la parte actora y aquí quejosos Benigno, Priscila Paloma, Antonio y Monserrat, todos de apellidos Núñez Arellano, se admitió a trámite la demanda aludida y ordenó emplazar a la demandada Secretaria de Educación en el Estado. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. ANÁLISIS DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En ese sentido, por ser una cuestión de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que la haga valer alguna de las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio. Resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial VI. 2o. J/209, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 55, Julio de 1992, de la Octava Época, visible a página 51, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que estas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Así, debido a que este órgano jurisdiccional no advierte de manera oficiosa que se actualice diversa causa de improcedencia en el presente juicio de amparo, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada, dando respuesta a los conceptos de violación. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. El único concepto de violación aducido es esencialmente fundado aunque para tales efectos deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la ley de Amparo, así como atendiendo a la causa de pedir expresada en él. Lo antes dicho con sustento en lo señalado en la jurisprudencia 68/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.', en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". Ahora bien, previo al pronunciamiento que este órgano de control realice, es preciso señalar que el estudio del acto reclamado en la demanda de amparo debe realizarse de manera exhaustiva en todos los apartados que contenga la demanda de amparo, esto a fin de que el órgano de control constitucional esté en aptitud de impartir una justicia completa e integral atendiendo a las solicitudes del gobernado, debiendo analizar el que la actuación de la autoridad responsable siempre sea en apego al respeto de los derechos humanos de la persona, y en caso de que se advierta alguna inconformidad que pueda vulnerarlos realizar el pronunciamiento respectivo. Lo antes dicho atendiendo a la Jurisprudencia 2ª./J.55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. A fin de corroborar lo anterior conviene señalar que el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, en lo medular dispone que, en una sola audiencia, se recibirán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará la resolución correspondiente. En ese orden, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, informó que es cierto el acto reclamado, toda vez que se encuentra radicado el expediente laboral 551/2016, promovido por los quejosos Benigno, Priscila Paloma, Antonio y Monserrat, todos de apellidos Núñez Arellano, donde no se ha señalado fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, lo que ha retardado la impartición de justicia al gobernado en el referido controvertido laboral. En ese contexto, evidente resulta que el Presidente del Tribunal responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta, pues si a la fecha ya se tuvo por recibida la demanda laboral, debió procurarse todo lo necesario para estar en condiciones de emitir el auto relativo al señalamiento de la audiencia de ley que nos ocupa, conforme lo disponen los artículos 99 y 103 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. En efecto, el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios señala el procedimiento a seguir, del que destaca que aquél se reducirá a la presentación de la demanda y contestación y a una sola audiencia en la que se presentarán pruebas y alegatos, y se pronunciará resolución, a menos que se requiera la práctica de diligencias posteriores, sin que la autoridad responsable se haya pronunciado al respecto. Así las cosas, desde el auto que recayó a la demanda de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, así como el instructivo de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, por el cual se le emplazó a la demandada en el juicio ordinario laboral 551/2016, hasta el día de hoy han transcurrido más de dos meses, con veintidós días, término que excede en demasía al que alude el artículo 103 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, para que se emplace a la demandada y se señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, por ende, es que la abstención que se reclama en esta vía constitucional resulte violatoria de la garantía que pregona el artículo 17 Constitucional relativa a la impartición de justicia pronta y expedita. En consecuencia, lo procedente es otorgar a los quejosos Benigno, Priscila Paloma, Antonio y Monserrat, todos de apellidos Núñez Arellano, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que: El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, siguiendo los lineamientos establecidos en la ley de la materia, de manera inmediata señale fecha para que tenga verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución dentro del controvertido de origen laboral 551/2016, de su índice. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número CV/2013 (10ª.) de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 Y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." No pasa inadvertido para el suscrito juzgador el contenido de la jurisprudencia emitida por la 2ª Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011580, del rubro " AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS" Sin embargo, el suscrito juzgador estima que no se actualiza la causal de improcedencia en comento, toda vez que en el particular se actualiza el caso de excepción previsto en dicho criterio jurisprudencial, ya que se evidencia una abierta dilación en el desahogo de la audiencia ya señalada en párrafos precedentes, sin que exista causa justificada de parte de la autoridad responsable. Lo anterior, a fin de restituir a la impetrante en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la Ley de la Materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO La Justicia de la Unión ampara y protege Benigno, Priscila Paloma, Antonio y Monserrat, todos de apellidos Núñez Arellano, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil dieciocho. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que se encuentran señaladas las once horas con veinte minutos de este día, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, tomando en consideración que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra de licencia y que en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Secretario Encargado del Despacho, solamente se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, por lo que no está en aptitud de celebrar la audiencia de ley; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. PEDIMENTO MINISTERIAL. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado formulando alegatos en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase al promovente copia de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Morales Pardo, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3765/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy Femmg
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. DIFERIMIENTO Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy Femmg
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