Benjamin Hernández Ambris
Expediente 546/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 546/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Benjamin Hernández Ambris
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO, NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, ya que se trata de un juicio en el que por una parte se sobreseyó y en otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. ANOTACIONES Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. INCIDENTE No se hace pronunciamiento en relación al incidente de suspensión en razón de que no se solicitó la medida cautelar. Notifíquese.
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Morelia, Michoacán, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución con engrose seis de agosto de dos mil veintiuno, en la que por una parte SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por Benjamín Hernández Ambríz y por otra, le NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del tomo de prueba que la autoridad responsable ordenadora adjuntó a su informe, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 546/2020 promovido por contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Magistrado Presidente del Pleno y Magistrado titular de la Primera Sala Ordinaria, ambos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta ciudad. Síndico Municipal en representación del Ayuntamiento de Huaniqueo, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente las autoridades responsables del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, adjuntaron como apoyo a su informe justificado, copia certificada del expediente de origen, que se tuvo por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo y que obra en cuaderno de pruebas por separado en la secretaría de este juzgado. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formulo alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 546/2020-IV, promovido por Benjamín Hernández Ambriz, contra actos que reclama del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, en la misma data, Benjamín Hernández Ambriz, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y otras autoridades, en los términos siguientes: "ACTOS RECLAMADOS.- Del Pleno y Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, se reclama: El haber omitido hasta hoy día, llevar a cabo el procedimiento administrativo a fin de realizar todas y cada una de las diligencias necesarias para que la responsable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huaniqueo, Estado de Michoacán, me cubra la cantidad de $715,000.00 (setecientos quince mil pesos 00/100 M.N.) a que fue condenado mediante resolución de data 16 dieciséis de enero de 2019 dos mil diecinueve, dentro del juicio Administrativo número JA-1084/2017-I, del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, y que interpuse frente a tal municipio; y El haber omitido hasta hoy día, requerir, sancionar, aplicar las medidas de apremio eficaces y puntuales, ordene el embargo de cuentas públicas y realice las gestiones pertinentes, para que la responsable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huaniqueo, Estado de Michoacán, llevé a cabo el procedimiento Administrativo a fin de contemplar en su presupuesto de egresos el pago inmediato de la cantidad de $715,000.00 (setecientos quince mil pesos 00/100 M.N.) a que fue condenado mediante resolución de data 16 dieciséis de enero de 2019 dos mil diecinueve, dentro del juicio Administrativo número JA-1084/2017-I, del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, y que interpuse frente a tal municipio. 2. Del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Huaniqueo, Estado de Michoacán se le reclama: El haber omitido hasta hoy día, efectuar la plena ejecución de la resolución a que fue condenado en fallo de data 16 dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dentro del juicio administrativo número JA-1084/2017 del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, y que interpuse frente a tal municipio; El haber omitido hasta hoy día el pago que me corresponde y al cual fue condenado tal municipio responsable dentro del juicio administrativo número JA-1084/2017-I, del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, y que interpuse frente a tal municipio; y El haber omitido contemplar en el presupuesto de egresos del municipio el pago inmediato de $715,000.00 (setecientos quince mil pesos 00/100 M.N.) a que fue condenado mediante resolución de data 16 dieciséis de enero de 2019 dos mil diecinueve, dentro del juicio Administrativo número JA-1084/2017-I, del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, se formó el expediente y lo registró bajo el número 546/2020, y previa prevención se admitió la demanda de garantías; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La omisión de la autoridad demanda en el juicio de origen en dar cumplimiento a la sentencia dictada el dieciséis de enero de dos mil diecinueve dentro del juicio administrativo número 1084/2017, por el Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán; y, La omisión del Magistrado instructor de la Primera Sala ordinaria y del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Michoacán, de actuar para dar cumplimiento a la sentencia. TERCERO. Inexistencia de la omisión precisada en el inciso b), respecto del Magistrado instructor. El Magistrado Instructor de la Primera Sala Administrativa ordinaria, al rendir su informe justificado negó la omisión reclamada. Además, la inexistencia de la omisión se corrobora con las constancias que la responsable Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, exhibió en apoyo a su informe con justificación, consistentes en copias fotostáticas certificadas del juicio de origen. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". Las anteriores documentales evidencian que el Magistrado instructor de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, dejó de conocer del juicio, ante la creación de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Administrativos del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, por lo que asumió su conocimiento el Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, quien emitió sentencia el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, requirió el cumplimiento de la sentencia e impuso multa, y posterior a ello remitió los autos al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, a efecto de que continuara con el procedimiento de ejecución de la sentencia; de ahí que si la primera autoridad dejó de conocer del juicio, es obvio que no le corresponde dar impulso al cumplimiento de la sentencia. En ese orden de ideas, ante la inexistencia de la omisión reclamada a la anotada autoridad responsable, y dada la falta de pruebas por parte de la quejosa que demostrara lo contrario, resulta procedente con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a las autoridades aquí precisadas. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 196080 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Junio de 1998 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 1a. XXIV/98 Página: 53 "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Amparo en revisión 1241/97. Super Car Puebla, S.A. de C.V. 25 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga. También es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Sexta Época Registro: 1002350 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 305 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 698/58.-Oranimatla, S.A.-15 de noviembre de 1960.-Mayoría de quince votos.-Ponente: Gilberto Valenzuela. Amparo en revisión 1275/55.-Rodolfo Luna y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-Ponente: Ángel González de la Vega. Amparo en revisión 4689/57.-Adolfo Aguilar Borja y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 6131/57.-Antonio Macías Caballero y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 2850/59.-Inmobiliaria Málaga, S.A.-22 de marzo de 1961.-Unanimidad de quince votos.-Ponente: Franco Carreño. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 236, Pleno, tesis 284". En consecuencia, dado que la negativa informada por la responsable no fue desvirtuada por el quejoso, ni demostrado en el cuaderno de amparo, con evidencia alguna la existencia de las omisiones reclamadas antes indicadas, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en relación a dichas omisiones, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: Época: Séptima Época Registro: 394465 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 509 Página: 335 "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Séptima Epoca: Amparo en revisión 588/62. Gregorio Escobar y coags. 2 de julio de 1962. Cinco votos. Amparo en revisión 1543/69. Angelina Meza Esquerra. 22 de enero de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 4444/69. Enrique Villegas Montes y coags. 4 de febrero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 1391/70. Carmen Gibsón de Cobera. 24 de septiembre de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 6171/69. Poblado Comunal de San Rafael Ixtapaluca, Mpio. de Tlahuapan, Puebla. 30 de septiembre de 1970. Unanimidad de cuatro votos". CUARTO. Certeza de la omisión reclamada. Del contenido de los informes justificados signados por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y Síndico del Municipio de Huaniqueo, Michoacán en representación del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Huaniqueo, Michoacán, se advierte la certeza de la omisión que le atribuye. Además, la existencia de la omisión reclamada se corrobora con las constancias que la responsable exhibió en apoyo a su informe con justificación, consistentes en copias fotostáticas certificadas del juicio de origen. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. En el caso, respecto del acto reclamado precisado en primer término, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que hacen valer las autoridades responsables Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, y titular de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, tal como se analizará en los párrafos siguientes. El acto reclamado de mérito, a la autoridad responsable H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Huaniqueo, Michoacán, lo constituye la omisión en el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, dentro del juicio administrativo JA-1084/2017-I. Ahora bien, el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos y medios de defensa que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo; de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación o de defensa, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario sui generis utilizado para invalidar los actos de las autoridades que lesionen la esfera de derechos de la parte quejosa, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios y medios de defensa previstos por las leyes respectivas. De ese modo, aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de los recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios, ya que con ello se da oportunidad al particular que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios o medios de defensa que puedan hacer cesar la violación de la que se quejan. Por ende, para tener por acreditada la causa de improcedencia en cita, es necesario que se cumplan los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado provenga de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento que pueda revocar, nulificar o modificar el acto reclamado; y, c) Que no se actualice alguno de los supuestos de excepción contenidos en dicho precepto. Al respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la jurisprudencia del siguiente contenido y datos de localización: "Época: Décima Época Registro: 2017117 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Página: 8 "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 25/2015. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 de septiembre de 2017. Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. Tesis contendientes: Tesis 1a./J. 44/2012 (10a.), de rubro: ´PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.´, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 1, julio de 2012, página 729, y Tesis 2a. LVI/2000, de rubro: ´DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.´, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, julio de 2000, página 156". El Tribunal Pleno, el veintiocho de mayo en curso, aprobó, con el número 11/2018 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de junio de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013". En este orden tenemos que el Código de Justicia Administrativa para el Estado de Michoacán, respecto de la ejecución de sentencias establece lo siguiente: "Artículo 284. Si dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que haya causado ejecutoria la sentencia, ésta no se cumpliere, el Tribunal de oficio o a petición de parte, hará uso de los medios de apremio previstos por este Código. Si una vez agotados los medios de apremio, persistiere el incumplimiento de la sentencia, el Tribunal podrá decretar la destitución del servidor público que la incumplió. En caso de que el incumplimiento sea realizado por una autoridad que requiera juicio de procedencia para su destitución, se procederá conforme a la ley de la materia. Las sanciones, también serán procedentes cuando no se cumplimente en sus términos la suspensión que se hubiere decretado respecto al acto impugnado". "Artículo 285. En caso de incumplimiento injustificado de la sentencia, se procederá como sigue: I. Se fijará multa de entre cien y quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días hábiles y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas en los términos de esta fracción, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada; II. Si al concluir el plazo mencionado en la fracción anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, el Tribunal podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días hábiles la obligue a cumplir sin demora; III. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por la fracción I; y, IV. Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia". De lo anterior, se advierte que el periodo de ejecución de incumplimiento de la sentencia, comienza de oficio o a petición de la parte actora una vez que hayan transcurrido los quince días concedidos para que la autoridad demandada cumpla con la sentencia, asimismo que el tribunal empleará los medios de apremio previstos en la legislación, incluso que podrá decretar la destitución del servidor público que la incumplió su determinación. Asimismo que en caso de cumplimiento injustificado se procederá de la siguiente manera: Se fijará una multa, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días hábiles y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. Si al concluir los tres días concedidos persiste el incumplimiento, el Tribunal requerirá a su superior jerárquico para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De seguir el incumplimiento se impondrá al superior jerárquico una multa. Cuando la naturaleza del acto lo permita la Sala podrá Comisionar al funcionario que por sus funciones estime más adecuado para que dé cumplimiento a la sentencia. Por su parte, el afectado puede ocurrir en queja de conformidad con el artículo 287 del Código de Justicia Administrativa para el Estado de Michoacán de Ocampo que establece: "Artículo 287. La queja se presentará ante el Pleno y procederá en contra de los siguientes actos: Resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia; Resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo, cuando se trate de una sentencia dictada, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso; Omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia; o, Incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. La queja podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en la fracción III y IV, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia". Así el numeral 289 del cuerpo de leyes antes citado, prevé: "Artículo 289. El Presidente del Pleno ordenará a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días hábiles sobre el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala, la que resolverá dentro de los cinco días hábiles siguientes. Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere". De los artículos transcritos se advierte que la queja se presentará ante el Pleno, que procederá entre otros supuestos, contra la omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia. Por otro lado, del artículo 290 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, se advierte que establece que la resolución que recaiga a la queja podrá tener, entre otros efectos, que cuando se trate de una omisión, se estará a lo dispuesto por el diverso 287 del mismo ordenamiento (que establece los supuestos en que es procedente la queja), esto es, que en caso de que la autoridad persista en no dar cumplimiento se dará vista al Ministerio Público. En tanto que, en el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, el tribunal declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, y que durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. Ahora bien, en la especie el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa, es la omisión atribuida a la autoridad responsable, de cumplir con la sentencia definitiva dictada por el Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, dentro del juicio administrativo JA-1084/2017-I, en la cual se condenó a la autoridad demandada Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huaniqueo, Michoacán, a cubrir a la parte actora las prestaciones reclamadas. Por tanto, conforme lo relatado, permite concluir la existencia de la causa de improcedencia del juicio de amparo, al no actualizarse la hipótesis que al efecto prevé la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo toda vez que la omisión reclamada deriva del procedimiento de ejecución del juicio administrativo, el cual no constituye un elemento autónomo, sino que se ubica en el procedimiento de ejecución de la sentencia con que culminó el juicio planteado por el propio quejoso, y no constituye la última resolución dictada en el mismo. Esto es, la omisión de dar cumplimiento a la aludida resolución, no se identifica con aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material para darle cumplimiento, por el contrario el procedimiento de ejecución no ha culminado, puesto que el tribunal aun continua en el ejercicio de sus facultades tendientes a lograr el cumplimiento de la sentencia. Es así, toda vez que de las constancias que obran en autos se observa que las responsables, han emitido diversas diligencias tendentes a lograr el cumplimiento de la sentencia, de las que se destacan la imposición de diversos medios de apremio, como lo son apercibimientos y multas; incluso el juez Primero Administrativo ordenó la remisión de los autos al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, a fin de que se continuara con el procedimiento de ejecución -sin que a la fecha de promoción del juicio de amparo (nueve de septiembre de dos mil veinte) en que se actúa, existiera pronunciamiento alguno sobre el total cumplimiento de la sentencia definitiva. Aunado a que, como ya se dijo, para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el controvertido natural, la parte quejosa debió agotar el recurso de queja previsto en el Código de Justicia Administrativa para el Estado de Michoacán, ello porque la ejecución forzosa la sentencia, como acto definitivo, no es otra cosa sino el propio efecto que produce ésta, a fin de obtener la satisfacción de la pretensión de la aquí quejosa, dado que no obtuvo el cumplimiento voluntario. Es de invocarse la tesis siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2002231 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: XI.5o.(III Región) J/1 (10a.) Página: 1071 AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE CUMPLIR UNA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD, SI NO SE HA AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE NI DICTADO UN AUTO DONDE SE DECLARE EL CUMPLIMIENTO O LA IMPOSIBILIDAD PARA ACATARLA. Conforme al artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, puede pedirse amparo ante el Juez de Distrito si se trata de actos de ejecución de sentencia, y sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; hipótesis que no se actualiza cuando el acto reclamado lo constituye la omisión de la autoridad administrativa de cumplir una ejecutoria dictada en el juicio de nulidad, si no se ha agotado el procedimiento de ejecución correspondiente ni dictado un auto donde se declare el cumplimiento o la imposibilidad para acatarla, al no tratarse de la última resolución dictada en aquél. Por tanto, en esa hipótesis el amparo indirecto es improcedente, al operar la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII de la ley de la materia, en relación con el precepto inicialmente citado, aplicado este último a contrario sensu. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN. Amparo en revisión 335/2011. Jefe de Gobierno del Distrito Federal y Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia, ambos del Distrito Federal. 10 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretaria: Verónica Aparicio Coria. Amparo en revisión 105/2012. Sacramento Leyva Leyva. 31 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretaria: Isaura Romero Mena. Amparo en revisión 106/2012. Delegado Regional Poniente en el Distrito Federal, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 31 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretario: David Israel Domínguez. Amparo en revisión 128/2012. Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 21 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Ramón Rocha González, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Arelí Ortuño Yáñez. Amparo en revisión 139/2012. 28 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Ramón Rocha González, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Horacio Ortiz González. Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 105/2015 del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo expediente original fue remitido para su resolución al Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito. Por ejecutoria del 13 de abril de 2016, la Segunda Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 116/2015 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico. Por ejecutoria del 21 de junio de 2016, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró improcedente la contradicción de tesis 21/2015 y 22/2015, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis." De igual forma debe atenderse al contenido de la siguiente tesis: "Época: Décima Época Registro: 2019309 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II Materia(s): Común, Administrativa Tesis: I.11o.A.7 A (10a.) Página: 3020 INCUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE NULIDAD DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -HOY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA- DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI EL ACTOR AGOTÓ EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA LEY QUE RIGE A ESE ÓRGANO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 1/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), estableció que las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un tribunal de lo contencioso administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I y 11, todos de la Ley de Amparo abrogada. Lo anterior, porque esa abstención se traduce en una transgresión al derecho de acceso a la justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al constituir un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. En estas condiciones, como no existe medio de defensa que proceda para impugnar la resolución del recurso de queja previsto en la ley que rige al Tribunal de lo Contencioso Administrativo -hoy de Justicia Administrativa- de la Ciudad de México, que agotó el actor ante el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad, ni procedimiento posterior alguno que pueda tramitar para lograr que se acate el fallo dictado en su favor, contra dicho incumplimiento procede el juicio de amparo indirecto. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 190/2016. Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 16 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Alfredo Silva García. Secretario: Luis Alfredo Fragoso Portales. Amparo en revisión 572/2017. Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 8 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Alfredo Silva García. Secretario: José Francisco Avilés Ávila. Amparo en revisión 154/2018. Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 12 de julio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Alfredo Silva García. Secretario: Luis Alfredo Fragoso Portales. Amparo en revisión 160/2018. Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 16 de agosto de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Urbano Martínez Hernández. Secretaria: Lorena Durán Chávez. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), de título y subtítulo: "DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD." citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 2, febrero de 2012, página 894. Esta tesis se publicó el viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación". En virtud a lo antes expuesto, es inconcuso que la parte quejosa debió impugnar el acto reclamado, a través del recurso de queja previsto en el artículo 287, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, antes de promover el presente juicio constitucional. De ahí, al no hacerlo así, resulta obvio que incumplió con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; máxime, que el acto reclamado no se encuentra dentro de los supuestos de excepción a que se refiere dicho numeral. En consecuencia, al no haberlo realizado en esos términos, se actualiza la causa de improcedencia que para tal efecto señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Época: Octava Época Registro: 918107 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia TCC Materia(s): Común Tesis: 573 Página: 515 RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO.- La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Octava Época: Amparo en revisión 384/89.-Jesús Rivera Méndez y otro.-15 de noviembre de 1989.-Unanimidad de votos.-Ponente: Eric Roberto Santos Partido.-Secretario: Manuel Acosta Tzintzún. Amparo en revisión 86/90.-Enrique Rosas Jiménez.-29 de marzo de 1990.-Unanimidad de votos.-Ponente: Eric Roberto Santos Partido.-Secretario: Manuel Acosta Tzintzún. Amparo en revisión 50/93.-Luis Sordo Varela.-12 de febrero de 1993.-Unanimidad de votos.-Ponente: Eric Roberto Santos Partido.-Secretario: Manuel Acosta Tzintzún. Amparo en revisión 69/93.-Gliserio Ramírez Pérez.-5 de marzo de 1993.-Unanimidad de votos.-Ponente: Eric Roberto Santos Partido.-Secretaria: María Luisa Pérez Romero. Amparo en revisión 157/93.-Ángela Salamanca Salmorán.-22 de abril de 1993.-Unanimidad de votos.-Ponente: Eric Roberto Santos Partido.-Secretario: Manuel Acosta Tzintzún. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, página 674, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 982; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, julio de 1993, página 93." De igual forma cabe abundar que en el caso concreto no se surte ninguno de los casos de excepción previstos en el trascrito artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, esto es así porque ello sólo tiene aplicación cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. "Época: Décima Época Registro: 2017117 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Página: 8 DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 25/2015. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 de septiembre de 2017. Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. Tesis contendientes: Tesis 1a./J. 44/2012 (10a.), de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 1, julio de 2012, página 729, y Tesis 2a. LVI/2000, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, julio de 2000, página 156. El Tribunal Pleno, el veintiocho de mayo en curso, aprobó, con el número 11/2018 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de junio de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V de dicho ordenamiento, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo. No impide determinarlo así, el hecho de que la demanda de garantías haya sido admitida y que se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si aquéllas se encuentran plenamente probadas a través de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. Al decretarse el sobreseimiento no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. Es orientador por no ser contrario a la actual Ley de Amparo, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708.". SEXTO.- Antecedentes. Previo a realizar el estudio de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen. 1. Ante los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Michoacán, Benjamín Hernández Ambriz, promovió procedimiento Administrativo, sobre pago de la indemnización constitucional y otras prestaciones. 2. El veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, de la cual conoció la Magistrada de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán. 3. El Magistrado instructor de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, dejó de conocer del juicio, ante la creación de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Administrativos del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, por lo que asumió su conocimiento el Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, quien emitió sentencia el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, la cual fue recurrida en apelación, recurso que fue desechado en resolución de siete de mayo de dos mil diecinueve. 4. El doce de diciembre de dos mil diecinueve, Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, previo requerimiento de la sentencia a imponer multa, remitió los autos al Pleno del Tribunal, para el seguimiento del procedimiento de ejecución de sentencia; sin embargo fue retornado para llevar a cabo una audiencia de conciliación como medio alternativo de solución. 5. En razón de que no se logró acuerdo alguno, se retornaron los autos al Pleno, quien recibió los autos el veinte de febrero de dos mil veinte, y ordenó requerir a la demandada para dar cumplimiento a la sentencia. 6.- El tres de marzo de dos mil veinte, el Pleno responsable de nueva cuenta requirió a la demandada para que diera cumplimiento a la sentencia, con apercibimiento de multa de entre quinientas cincuenta a cinco mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de dar vista al Congreso del Estado para dar inicio al procedimiento de separación del cargo, vista al Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, por la comisión de los delitos que se deriven del incumplimiento de la sentencia y órganos internos para inicio de procedimientos administrativos. 7. El veintinueve de junio de dos mil veinte, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, determinó que con las manifestaciones de la demandada, no se cumplía con la sentencia, por lo que determinó que incurrían en incumplimiento con la sentencia, y le impuso una multa por el equivalente a $47,784.00 cuarenta y siete mil setecientos ochenta y cuatro pesos, requiriendo de nuevo el cumplimiento. 8. En nueve de julio de dos mil veinte, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, proveyó sobre las manifestaciones de la demandada y determinó que no cumplía con la sentencia, por lo que la requirió a efecto de que acreditara el cumplimiento de la sentencia, apercibida que de no hacerlo, se le impondría una multa entre seiscientas a cinco mil veces del valor diario de la unidad de medida y actualización; sin perjuicio de dar vista al Congreso del Estado para dar inicio al procedimiento de separación del cargo, vista al Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, por la comisión de los delitos que se deriven del incumplimiento de la sentencia y órganos internos para inicio de procedimientos administrativos. SÉPTIMO. Estudio de fondo respecto del acto reclamado precisado en el inciso b), del considerando tercero de esta sentencia. Este juzgado considera innecesario transcribir los conceptos de violación, debido a que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.". Los conceptos de violación formulados por el quejoso son infundados, por las razones que a continuación se exponen: Ahora bien, al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se le atribuye el no actuar a fin de obligar a la demandada a cumplir con la sentencia dictada dentro del juicio administrativo JA-1084/2017-I, en el cual se condenó a la autoridad demandada, H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Huaniqueo, Michoacán, a cubrir a favor de la parte actora, las prestaciones reclamadas. En el primer concepto de violación, el peticionario del amparo alega que la responsable ha sido omisa en desarrollar los procedimientos administrativos y de gobernanza necesarios para dar cumplimiento a la sentencia, con lo cual se vulnera su derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, no obstante que el Código de Justicia Administrativa para el Estado de Michoacán prevé que los tribunales están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias. El anterior concepto de violación resulta como se había anunciado, infundado, toda vez que contrario a lo señalado, de la narrativa de antecedentes se puede advertir que contrario a lo señalado por la parte quejosa, la responsable, observó el trámite previsto por los artículos 284, 285 y 290 del Código de Justicia Administrativa del Estado, pues requirió en múltiples ocasiones a las autoridades demandadas, e incluso le ha impuesto multa por el equivalente a $47,784.00 cuarenta y siete mil setecientos ochenta y cuatro pesos. Además se advierte que el Pleno responsable apercibió con dar vista al Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, por la presunta comisión de los delitos en los que pudiese incurrir; así como al órgano interno para el inicio de los procedimientos administrativos de responsabilidad en que pueda incurrir, y vista al Congreso, para dar inicio al procedimiento de separación del cargo. En esos términos, si la autoridad responsable ha actuado dentro del ámbito de sus atribuciones para lograr el cumplimiento de la sentencia, no es dable sostener que exista una conducta omisiva. Con lo anterior se pone de manifiesto lo infundado de los conceptos de violación. En consecuencia lo procedente es negar el amparo solicitado por Benjamín Hernández Ambris, respecto de la omisión reclamada. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 37, 73, 74, 107, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Benjamín Hernández Ambris, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta determinación. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Benjamín Hernández Ambris, en contra del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable en el considerando sexto de esta sentencia, por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de doce de marzo anterior, se efectuó anticipadamente el diferimiento de la audiencia en este juicio, ordenándose notificar personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables, lo que no se hizo como consta en el sumario. En tales condiciones y a efecto de subsanar dicha omisión, realícese la notificación personal a las partes de ese proveído así como del presente acuerdo, girándose los correspondientes oficios para conocimiento de las responsables. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente el presente proveído así como el diverso de doce de marzo pasado a las partes. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/1022/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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