Benjamín Avila Cruz
Expediente 199/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 37 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 199/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 30/10/2020
Partes del expediente
- Benjamín Avila Cruz
- Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veinte. Intégrese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por la cual remite el acuse de recibo de la misiva enviada a la autoridad responsable "Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa de Trámite de la Unidad "E1" de la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, Estado de México", a fin de que tomara conocimiento del proveído de once de agosto del año en curso, en el cual se recibió la ejecutoria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que declaró infundado el incidente de inejecución de sentencia y se ordenó el archivo como asunto concluido; por tanto, téngase por satisfecho el requerimiento y déjese sin efecto el apercibimiento con que se conminó; asimismo, por notificada a la responsable respectiva.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Agréguese el oficio 9040/2020, dirigido a la autoridad señalada como "Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa de Trámite de la Unidad "E1" de la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, Estado de México", el cual fue devuelto por la empresa de mensajería acelerada (ESTAFETA), por el que se le intenta notificar el proveído de once de agosto del año en curso, en el cual se recibió la ejecutoria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que declaró infundado el incidente de inejecución de sentencia y se ordenó el archivo como asunto concluido. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, y a fin de que dicha autoridad tome conocimiento del proveído en mención, reenvíese la misiva en cita, por conducto del Fiscal General de Justicia del Estado de México, quien se encuentra constreñido a remitir la constancia de notificación respectiva, dentro del plazo de veinticuatro horas. Lo anterior, bajo apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, o no manifestar su imposibilidad, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de Cincuenta Unidades de Medida y Actualización.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que decretó la imposibilidad jurídica, para que las responsables cumplan con el fallo protector. En tales condiciones, con fundamento en el último párrafo del artículo 196, en relación con el diverso 193 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, remítanse los autos originales del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, para que tenga a bien revisar el trámite que este órgano jurisdiccional ha agotado y emita la resolución que en derecho corresponda, en cuanto a la imposibilidad jurídica de lograr el cumplimiento del fallo protector. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, y toda vez que las partes fueron omisas en pronunciarse en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de quince de abril de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión para el efecto de que ".El Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México deje insubsistente, la orden de aprehensión de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictada en la carpeta administrativa 155/2016, en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales C.A.R., en tanto que no se colmaron la totalidad de los requisitos de la solicitud por el Representación Social. - - - En el entendido de que esta determinación no limita la facultad constitucional del Ministerio Público de, en su caso, si así lo estima pertinente, solicitar nuevamente el mandato de captura en los términos que correspondan, ya que en ese aspecto sus facultades quedan incólumes. - - - Concesión de amparo que se hace extensiva respecto de la ejecución reclamada al Fiscal General de Justicia del Estado de México, al ser consecuencia directa e inmediata de los actos de la autoridad señalada como ordenadora y en virtud de no haberse reclamado por vicios propios, por lo que deberá dejarse sin efectos todos aquellos actos relativos a su cumplimiento." Determinación que adquirió firmeza procesal el nueve de mayo de dos mil diecinueve, fecha en la que este juzgado determinó la imposibilidad jurídica para el cumplimiento de la sentencia y dio inicio al incidente de inejecución por lo que remitió el asunto al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno a efecto de que emitiera la resolución correspondiente. En resolución de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito declaró improcedente el incidente de inejecución de mérito, en virtud de que no se había seguido el trámite correspondiente en términos de lo establecido en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo; por lo que por auto de seis de noviembre del año en curso este juzgado requirió a las responsables dieran cumplimiento a la sentencia amparadora. Mediante oficio recibido el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva, en representación del Coordinador General de la Policía de Investigación, manifestó su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que ya no existía una orden e aprehensión vigente pendiente de ejecutar en contra del quejoso. Por su parte el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, mediante oficio recibido el trece de noviembre de dos mil diecinueve, informó la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que la orden de aprehensión por la que se concedió el amparo en la sentencia de quince de abril del año en curso, fue ejecutada previamente el diez de abril de dos mil diecinueve; por lo que el once siguiente se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión y el quince siguiente se dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, el cual fue confirmado en apelación el veintinueve de mayo del año en curso y el doce de noviembre del dos mil diecinueve se decretó el sobreseimiento del asunto en virtud del cumplimiento del acuerdo reparatorio celebrado por las partes. Con lo cual se dio vista a las partes el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, a fin de que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que hayan hecho pronunciamiento alguno. En ese tenor, una vez requerido el cumplimiento a las autoridades responsables, sin que así lo hubieran hecho al expresar la imposibilidad que tienen para ello, con lo que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, sin que así lo hubieran hecho; en términos de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, corresponde a este juzgado determinar si se dio o no cumplimiento a la sentencia de amparo, o si en su caso existe imposibilidad para cumplirla, como lo aducen las responsables. Así, del examen de las documentales que obran en autos, en específico de los discos en formato DVD, que contienen las audiencias de once y quince de abril del año en curso dictadas en la carpeta administrativa 155/2016, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que efectivamente existe una imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Se afirma lo anterior en virtud de que la concesión de amparo de quince de abril de dos mil diecinueve, fue para que el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México deje insubsistente, la orden de aprehensión de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictada en la carpeta administrativa 155/2016, en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Sin embargo, previa a la sentencia amparadora el diez de abril de dos mil diecinueve dicha orden de aprehensión fue cumplimentada, por lo que el once siguiente se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión y el quince siguiente se resolvió la situación jurídica del quejoso al emitirse el auto de vinculación a proceso en su contra; sin que el juez responsable informara a este juzgado la actualización de la causa de improcedencia que ello generó, razón por la cual en proveído de nueve de mayo del año en curso se le impuso la multa correspondiente. De lo anterior, se desprende que ya no era posible para las responsables otorgar el cumplimiento de la sentencia de amparo a efecto de dejar insubsistente la orden de aprehensión reclamada al haberse ejecutado y por consiguiente consumado y encontrarse sustituida por el auto de vinculación a proceso de mérito. Conforme a lo anterior, y toda vez que si bien el artículo 113 de la Ley de Amparo prohíbe el archivo de los juicios de garantías en los cuales no se encuentre enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido la protección constitucional, cabe la excepción de aquellos casos en los que no exista materia para la ejecución, extremo que las autoridades responsables tienen derecho a acreditar. De ahí que la imposibilidad de cumplimiento de una sentencia de amparo sólo puede actualizarse cuando la causa alegada obedezca a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de las autoridades obligadas, pero no cuando derive de omisiones culposas o dolosas de éstas, pues bastaría que invocaran su propia incuria en el cumplimiento de sus deberes de conservación del bien jurídicamente tutelado, para que se les eximiera de la obligación de acatar la ejecutoria y sus consecuencias, lo cual pugna con lo previsto en el referido artículo 113 y con el principio general de derecho conforme al cual nadie puede alegar en su beneficio su propia omisión o culpa, con la pretensión de que se le libere del cumplimiento de una obligación en estricto sentido. Por tanto, se estima que si el Juez responsable el diez de abril del año en curso, cumplimentó la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso Benjamín Ávila Cruz y el quince siguiente dictó auto de vinculación a proceso; se evidencia la imposibilidad jurídica para que la autoridad acate en sus términos la ejecutoria de amparo, en términos de los artículos 196, párrafo segundo y 201, fracción II, de la Ley de Amparo. Conforme a las circunstancias anotadas, se considera que se actualiza una eventual imposibilidad jurídica para el cumplimiento de la sentencia del amparo. De ahí que este órgano jurisdiccional establezca imposibilidad jurídica, para que las responsables cumplan el fallo protector. En ese orden, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo se inicia incidente de inejecución de sentencia; consecuentemente, concluida la dilación que establece el artículo 202 de la legislación de la materia, se ordenara remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, a fin de que dicte la resolución que corresponda. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, visible en la página 490, libro 42, mayo de 2017, tomo I, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo1.".
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