Benjamín Hernández Rodríguez
Expediente 1116/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1116/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/12/2021
Partes del expediente
- Benjamín Hernández Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículos 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve ***, por propio derecho; por tanto, con fundamento en el numeral 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1116/2021-II-C. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. Del análisis íntegro del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa, esencialmente reclama del Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. El auto de veinticinco de agosto del año en curso, dictado dentro del expediente de responsabilidad administrativa ***, a través del cual, cita al aquí quejoso a su garantía de audiencia para el diecinueve de noviembre del año en curso, en el expediente *** del índice de responsabilidad administrativa "B" como autoridad substanciadora. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es menester de esta autoridad federal verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, el precepto legal invocado refiere: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, el juicio de amparo que se intenta resulta improcedente, en atención a que se actualiza la causal estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de acto dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no constituyen actos de imposible reparación, mismos que prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral en comento han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. "DERECHOS SUSTANTIVOS. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. DERECHOS ADJETIVOS. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado." La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Los diversos 107 Constitucional y 107 fracción III, inciso b), éste último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del procedimiento, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica que la violación puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino que con motivo de un pronunciamiento definitivo, no se actualice el daño o perjuicio. En apoyo se cita la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de mil novecientos noventa y dos, que prevé: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora, en el caso concreto la demanda resulta improcedente de manera notoria, si se toma en cuenta que el promovente hizo consistir el acto reclamado en el acuerdo de veinticinco de agosto del año en curso, dictado dentro del expediente de responsabilidad administrativa ***, a través del cual, la responsable ordena a la Directora de Responsabilidad Administrativa "B" de la Dirección General de Responsabilidad administrativa de la Secretaria de Contraloría del Estado de México, realice nuevo análisis del informe de presunta responsabilidad administrativa, citando al impetrante a la audiencia inicial misma que, se encuentra señalada para el diecinueve de los actuales; actos que no ocasionan perjuicios al quejoso, pues de lo plasmado no se advierte el agravio actual y directo que la ley, tratado, reglamento o acto de autoridad le ocasione para los efectos del juicio constitucional, pues se trata de actuaciones por las que es citado para su garantía de audiencia dentro del expediente de responsabilidad administrativa antes señalado, y por ende, los actos no conllevan una ejecución de imposible reparación que atente contra derecho sustantivo alguno; máxime que es parte procesal en dicho procedimiento, y la consecuencia del acto combatido es la continuación de dicho expediente , lo que se insiste, no constituye un acto de imposible reparación. En efecto, se estaría ante transgresiones a la esfera jurídica si la autoridad responsable, con motivo de los actos de que se duelen, ordenaran que se privara al quejoso de la libertad personal, o de sus posesiones o derechos, circunstancias por las cuales se estaría ante transgresiones susceptibles de ser impugnadas mediante la vía que intenta. En ese orden de ideas, los actos que reclama, no pueden constituir violación a derecho sustantivo alguno, salvo en el supuesto de que éstas afectaran de manera directa e inmediata los derechos sustanciales del individuo, su libertad, posesiones o derechos, y, en todo caso, será hasta el momento en que la autoridad responsable resuelva en definitiva el procedimiento administrativo, cuando se pudiera materializar el perjuicio en su esfera de derechos, pues podría acontecer que dicha resolución no fuera contraria a sus intereses, caso en el que ninguna afectación se habría ocasionado al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.1o.A.19 A, consultable en la página 728, Tomo: VII, Junio de 1998, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "VIOLACIONES PROCESALES. LAS COMETIDAS EN RESOLUCIONES DE TRÁMITE EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO SON IMPUGNABLES EN LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA: Si en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, se comete una violación en una resolución, no definitiva, sino de trámite que deja al agraviado en estado de indefensión o le priva de un derecho que la ley de la materia le otorga, y no es un acto de imposible reparación; la infracción deberá reclamarse junto a las posibles violaciones de fondo que se hubiesen cometido en la resolución que pone fin al procedimiento; por lo que el momento oportuno para impugnar dicho acto será hasta que el procedimiento administrativo culmine y la responsable pronuncie su resolución definitiva.". De igual forma, apoya a lo anterior la tesis II.1o.4 A (10a.), consultable en la página 2921, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "RESOLUCIONES INTRAPROCESALES, INTERMEDIAS O DE TRÁMITE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO SI CAUSAN UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/2012 (10a.)]: El artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía los supuestos en que procedía el juicio de amparo indirecto, es similar y tiene cierta equivalencia con el precepto 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013; sin embargo, en cuanto al procedimiento administrativo no jurisdiccional seguido en forma de juicio, en el nuevo texto se añadió una modificación sustancial, que lleva a establecer que la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), es inaplicable a los asuntos tramitados conforme a sus disposiciones. Lo anterior es así, porque en términos de la ley anterior, el juicio constitucional en la vía indirecta sólo podía tramitarse, tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, contra la última resolución, es decir, contra la que decidía en definitiva el asunto, por violaciones cometidas en ésta y, en su caso, en ese mismo juicio de amparo debían hacerse valer también las que se hubiesen cometido durante el procedimiento, de suerte que no era dable impugnar en amparo las actuaciones intermedias, procedimentales o de trámite, sino hasta que se impugnara la última resolución, porque así lo exigía el principio de definitividad establecido en el artículo 114, fracción II, de la legislación abrogada. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada (relativo a la procedencia del amparo contra actos emitidos dentro del juicio), debía hacerse extensivo a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de modo que también aquellas actuaciones intraprocesales, intermedias o de trámite, emitidas en los referidos procedimientos administrativos (no judiciales), podrían ser impugnadas directamente a través del amparo indirecto, sin necesidad de esperar hasta la resolución definitiva, siempre y cuando ocasionaran al quejoso afectaciones o perjuicio de imposible reparación. Con ese mismo criterio de interpretación, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia inicialmente referida, analizó la orden de clausura provisional emitida como medida preventiva o de seguridad dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y determinó que dicho acto genera perjuicios de imposible reparación, por lo que es impugnable en amparo indirecto. Sin embargo, se reitera, esta última tesis es inaplicable a los juicios de amparo tramitados conforme a la ley de la materia actual, toda vez que en su artículo 107, fracción III, inciso b), se regula expresamente (a diferencia de la ley anterior), la procedencia del juicio de amparo contra actos, omisiones y resoluciones dictadas dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, cuando se trate de actos de imposible reparación.". En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII y 107, fracción III, inciso b), este último interpretado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve ***. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en la lista electrónica y física que se pública en el Portal del Consejo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Posteriormente, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020). Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO En esas condiciones, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere para que aporte como "medios de comunicación alternos" (no procesal) un correo electrónico y número telefónico, para efectos del sumario en que se actúa. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dieciséis de enero de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. FORMACIÓN DE ANEXO. Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias que adjunta el quejoso al escrito de cuenta, fórmese el anexo respectivo, para su mejor manejo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Por otro lado, se autoriza la devolución de los documentos que refiere la parte quejosa, por lo que podrá comparecer ante este órgano a recoger los mismos en día y hora hábil, previa copia que obre en autos. En el entendido de que el solicitante deberá generar su código QR para el día permitido por el sistema, en el horario matutino de nueve quince de la mañana a las catorce horas con quince minutos de lunes a viernes CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito hasta en tanto la Comisión de Carrera Judicial o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine o adscriba titular a este órgano jurisdiccional; conforme a lo dispuesto por los artículos 43 párrafo segundo, 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y con el párrafo cuarto del oficio CCJ/ST/2786/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del secretario Aldo Alejandro Santana Jiménez, que da fe.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE ONCE DE LOS ACTUALES, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA ****, EL PROVEÍDO DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LA ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve ***, por propio derecho; por tanto, con fundamento en el numeral 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1116/2021-II-C. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. Del análisis íntegro del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa, esencialmente reclama del Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. El auto de veinticinco de agosto del año en curso, dictado dentro del expediente de responsabilidad administrativa ***, a través del cual, cita al aquí quejoso a su garantía de audiencia para el diecinueve de noviembre del año en curso, en el expediente *** del índice de responsabilidad administrativa "B" como autoridad substanciadora. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es menester de esta autoridad federal verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, el precepto legal invocado refiere: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, el juicio de amparo que se intenta resulta improcedente, en atención a que se actualiza la causal estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de acto dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no constituyen actos de imposible reparación, mismos que prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral en comento han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. "DERECHOS SUSTANTIVOS. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. DERECHOS ADJETIVOS. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado." La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Los diversos 107 Constitucional y 107 fracción III, inciso b), éste último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del procedimiento, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica que la violación puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino que con motivo de un pronunciamiento definitivo, no se actualice el daño o perjuicio. En apoyo se cita la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de mil novecientos noventa y dos, que prevé: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora, en el caso concreto la demanda resulta improcedente de manera notoria, si se toma en cuenta que el promovente hizo consistir el acto reclamado en el acuerdo de veinticinco de agosto del año en curso, dictado dentro del expediente de responsabilidad administrativa ***, a través del cual, la responsable ordena a la Directora de Responsabilidad Administrativa "B" de la Dirección General de Responsabilidad administrativa de la Secretaria de Contraloría del Estado de México, realice nuevo análisis del informe de presunta responsabilidad administrativa, citando al impetrante a la audiencia inicial misma que, se encuentra señalada para el diecinueve de los actuales; actos que no ocasionan perjuicios al quejoso, pues de lo plasmado no se advierte el agravio actual y directo que la ley, tratado, reglamento o acto de autoridad le ocasione para los efectos del juicio constitucional, pues se trata de actuaciones por las que es citado para su garantía de audiencia dentro del expediente de responsabilidad administrativa antes señalado, y por ende, los actos no conllevan una ejecución de imposible reparación que atente contra derecho sustantivo alguno; máxime que es parte procesal en dicho procedimiento, y la consecuencia del acto combatido es la continuación de dicho expediente , lo que se insiste, no constituye un acto de imposible reparación. En efecto, se estaría ante transgresiones a la esfera jurídica si la autoridad responsable, con motivo de los actos de que se duelen, ordenaran que se privara al quejoso de la libertad personal, o de sus posesiones o derechos, circunstancias por las cuales se estaría ante transgresiones susceptibles de ser impugnadas mediante la vía que intenta. En ese orden de ideas, los actos que reclama, no pueden constituir violación a derecho sustantivo alguno, salvo en el supuesto de que éstas afectaran de manera directa e inmediata los derechos sustanciales del individuo, su libertad, posesiones o derechos, y, en todo caso, será hasta el momento en que la autoridad responsable resuelva en definitiva el procedimiento administrativo, cuando se pudiera materializar el perjuicio en su esfera de derechos, pues podría acontecer que dicha resolución no fuera contraria a sus intereses, caso en el que ninguna afectación se habría ocasionado al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.1o.A.19 A, consultable en la página 728, Tomo: VII, Junio de 1998, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "VIOLACIONES PROCESALES. LAS COMETIDAS EN RESOLUCIONES DE TRÁMITE EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO SON IMPUGNABLES EN LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA: Si en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, se comete una violación en una resolución, no definitiva, sino de trámite que deja al agraviado en estado de indefensión o le priva de un derecho que la ley de la materia le otorga, y no es un acto de imposible reparación; la infracción deberá reclamarse junto a las posibles violaciones de fondo que se hubiesen cometido en la resolución que pone fin al procedimiento; por lo que el momento oportuno para impugnar dicho acto será hasta que el procedimiento administrativo culmine y la responsable pronuncie su resolución definitiva.". De igual forma, apoya a lo anterior la tesis II.1o.4 A (10a.), consultable en la página 2921, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "RESOLUCIONES INTRAPROCESALES, INTERMEDIAS O DE TRÁMITE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO SI CAUSAN UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA ****: (...).". En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII y 107, fracción III, inciso b), este último interpretado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve ***. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en la lista electrónica y física que se pública en el Portal del Consejo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Posteriormente, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020). Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO En esas condiciones, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere para que aporte como "medios de comunicación alternos" (no procesal) un correo electrónico y número telefónico, para efectos del sumario en que se actúa. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dieciséis de enero de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. FORMACIÓN DE ANEXO. Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias que adjunta el quejoso al escrito de cuenta, fórmese el anexo respectivo, para su mejor manejo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Por otro lado, se autoriza la devolución de los documentos que refiere la parte quejosa, por lo que podrá comparecer ante este órgano a recoger los mismos en día y hora hábil, previa copia que obre en autos. En el entendido de que el solicitante deberá generar su código QR para el día permitido por el sistema, en el horario matutino de nueve quince de la mañana a las catorce horas con quince minutos de lunes a viernes CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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