Benito Villanueva García

Expediente 817/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
817/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
08/02/2017

Partes del expediente

  • Benito Villanueva García
  • Sixto Ramírez Pedraza
  • Sixto Ramírez Pedraza y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de febrero de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta y toda vez que se hace constar que las partes no formularon manifestación en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por lo que, se procede a calificar el mismo. Por sentencia con engrose de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo, para el efecto de que, la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México: a) Deje sin efectos la resolución de treinta de marzo de dos mil dieciséis, dictada en los autos del recurso de revisión 1717/2012; esto únicamente por lo que hace a los quejosos Sixto Ramírez Pedraza y Benito Villanueva García. b) Pronuncie conforme a derecho y en términos de lo establecido en el análisis llevado a cabo en la sentencia, en cumplimiento a lo que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; una nueva determinación que podrá ser en el mismo sentido o en diverso, empero, deberá atender a todas y cada una de las probanzas que existen en el procedimiento de ejecución y valorarlas en términos de lo que dispone el artículo 95 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, tanto en lo individual como en su conjunto, aplicando las reglas de la lógica y de la sana crítica, determinando el valor de cada una de ellas, unas enfrente de las otras para fijar el resultado final de la valoración; asimismo, deberá analizar si lo argumentado, probado y alegado por las partes, es o no correcto para determinar el debido cumplimiento de la sentencia correspondiente. Por auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, se requirió su cumplimiento; por lo que, la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, mediante oficio TCA-SGA/313/2017, presentados el diecisiete de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, y al día siguiente en este órgano jurisdiccional, adjuntó copia certificada de la sentencia dictada por esa Primera Sección el doce de enero del año en curso, por la que, en principio, dejó sin efectos la resolución de treinta de marzo de dos mil dieciséis, emitida en los autos del recurso de revisión R.R. 1717/2015, esto únicamente por cuanto hace a los quejosos Sixto Ramírez Pedraza y Benito Villanueva García, y procedió a dictar una nueva sentencia. Así, en estricto apego a la ejecutoria de amparo, en la nueva determinación asentó lo que esa Primera Sección de la Sala Superior había expuesto en la sentencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, en los autos de los recursos de revisión 135/2013 y 174/2013 acumulados; así como, los puntos resolutivos de la diversa resolución de veintidós de mayo de dos mil quince, dictada en el recurso de revisión 41/2015, promovida contra el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el expediente 498/2012 del índice de la Séptima Sala Regional de ese Tribunal, en la que la responsable Primera Sección de la Sala Superior determinó revocar dicho acuerdo; y, lo asentado en su correspondiente aclaración de tres de julio de dos mil quince, emitida en el recurso de revisión 41/2015, en la que se precisó que, por cuanto hacía a Benito Villanueva García, el monto total a pagarle era por la cantidad de $566,426.74 (quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos veintiséis pesos 74/100 moneda nacional), sin que pasara desapercibido que la autoridad demandada ya había realizado al actor un pago por la cantidad de $316,712.83 (trescientos dieciséis mil setecientos doce pesos 83/100 moneda nacional), por lo que restaba pagarle la cantidad de $249,713.91 (doscientos cuarenta y nueve mil setecientos trece pesos 91/100 moneda nacional); en tanto que, en relación a Sixto Ramírez Pedraza, el monto total a pagarle era por la cantidad de $334,202.96 (trescientos treinta y cuatro mil doscientos dos pesos 96/100 moneda nacional), sin que pasara desapercibido que la autoridad demandada ya había realizado a éste un pago por la cantidad de $158,325.10 (ciento cincuenta y ocho mil trescientos veinticinco pesos 10/100 moneda nacional), por lo que restaba pagar al actor la cantidad de $175,877.86 (ciento setenta y cinco mil ochocientos setenta y siete pesos 86/100 moneda nacional). Enseguida, señaló que era un hecho notorio que los recurrentes, aquí quejosos, habían sido notificados de la resolución de tres de julio de dos mil quince, y las autoridades demandadas el trece de agosto del mismo año, sin que se advirtiera inconformidad en su contra, por lo que era evidente que el mismo había causado ejecutoria. Luego, en atención a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, indicó que, en relación al argumento de los recurrentes, en el sentido de que conforme a los informes rendidos por la Dirección de Administración del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, en contestación a las solicitudes de acceso a la información con números de folio 00105/TOLUCA/IP/2014 y 00107/TOLUCA/IP/2014, no debía tenerse por cumplida la sentencia correspondiente, los mismos resultaban infundados, pues aun concediéndoles valor probatorio pleno, en términos de los artículos 57, 95, 100 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos de la Entidad, no constituían un medio de prueba eficaz para los efectos pretendido, pues habían sido expedidos en fecha previa a la emisión de la resolución dictada por esa Primera Sección de la Sala Superior, así como a la aclaración de la misma, dentro de los autos del recurso de revisión 41/2015, en la que se había establecido de manera exacta los montos a pagar a los actores, y causado ejecutoria al no haber sido recurrida. Agregó, de igual manera, no resultaba eficaz ni fundado que a través de tales argumentos pretendiera se modificara lo establecido en una determinación que había adquirido firmeza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 278 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Asimismo, en relación a las pruebas ofrecidas por las partes, la responsable las relacionó y enseguida procedió a valorarlas en términos de lo que disponen los artículos 57, 95, 100 y 105 de la legislación administrativa invocada, para lo cual tomó en las resoluciones antes referidas y concluyó que las documentales, consistentes en la contestación a las solicitudes de acceso a la información, eran insuficientes para acreditar el incumplimiento a la sentencia dictada en el juicio administrativo 498/2012, pues en principio no tenían el carácter de supervinientes y, en segundo término, en las aludidas resoluciones se había determinado de forma exacta las cantidades que debían pagarse a los actores, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia dictada en los recursos de revisión 135/2013 y 174/2013 acumulados; de ahí que, resultaran ineficaces para acreditar derecho alguno al pago de cantidad distinta a la establecida. Corolario de lo anterior, la Primera Sección de la Sala Superior señaló que la sentencia dictada en el juicio 498/2012, respecto a los aquí quejosos Sixto Ramírez Pedraza y Benito Villanueva García, había quedado debidamente cumplimentada. Del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que ésta atendió a los efectos del fallo protector, pues a través de la sentencia de doce de enero de dos mil diecisiete, dejó sin efectos la resolución de treinta de marzo de dos mil dieciséis, dictada en los autos del recurso de revisión 1717/2012; esto únicamente por lo que hacía a los quejosos Sixto Ramírez Pedraza y Benito Villanueva García; y, pronunció una nueva determinación, en la que atendió todas y cada una de las probanzas existentes en el procedimiento de ejecución, mismas que valoró, entre otros, en términos de lo que dispone el artículo 95 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, tanto en lo individual como en su conjunto, aplicando las reglas de la lógica y de la sana crítica, determinando el valor de cada una de ellas; asimismo, analizó los argumentos y alegaciones de las partes, para finalmente concluir que había quedado debidamente cumplimentada de la sentencia correspondiente. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA; POR LISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Oscar Jesús Segundo Suárez, que da fe.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA AL QUEJOSO *** EL PROVEÍDO DE OCHO DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO QUE A LA LETRA DICE:Toluca, Estado de México, ocho de febrero de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta y toda vez que se hace constar que las partes no formularon manifestación en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por lo que, se procede a calificar el mismo. Por sentencia con engrose de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo, para el efecto de que, la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México: a) Deje sin efectos la resolución de treinta de marzo de dos mil dieciséis, dictada en los autos del recurso de revisión 1717/2012; esto únicamente por lo que hace a los quejosos **** y ****. b) Pronuncie conforme a derecho y en términos de lo establecido en el análisis llevado a cabo en la sentencia, en cumplimiento a lo que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; una nueva determinación que podrá ser en el mismo sentido o en diverso, empero, deberá atender a todas y cada una de las probanzas que existen en el procedimiento de ejecución y valorarlas en términos de lo que dispone el artículo 95 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, tanto en lo individual como en su conjunto, aplicando las reglas de la lógica y de la sana crítica, determinando el valor de cada una de ellas, unas enfrente de las otras para fijar el resultado final de la valoración; asimismo, deberá analizar si lo argumentado, probado y alegado por las partes, es o no correcto para determinar el debido cumplimiento de la sentencia correspondiente. Por auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, se requirió su cumplimiento; por lo que, la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, mediante oficio TCA-SGA/313/2017, presentados el diecisiete de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, y al día siguiente en este órgano jurisdiccional, adjuntó copia certificada de la sentencia dictada por esa Primera Sección el doce de enero del año en curso, por la que, en principio, dejó sin efectos la resolución de treinta de marzo de dos mil dieciséis, emitida en los autos del recurso de revisión R.R. 1717/2015, esto únicamente por cuanto hace a los quejosos *** y ***, y procedió a dictar una nueva sentencia. Así, en estricto apego a la ejecutoria de amparo, en la nueva determinación asentó lo que esa Primera Sección de la Sala Superior había expuesto en la sentencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, en los autos de los recursos de revisión 135/2013 y 174/2013 acumulados; así como, los puntos resolutivos de la diversa resolución de veintidós de mayo de dos mil quince, dictada en el recurso de revisión 41/2015, promovida contra el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el expediente 498/2012 del índice de la Séptima Sala Regional de ese Tribunal, en la que la responsable Primera Sección de la Sala Superior determinó revocar dicho acuerdo; y, lo asentado en su correspondiente aclaración de tres de julio de dos mil quince, emitida en el recurso de revisión 41/2015, en la que se precisó que, por cuanto hacía a ****, el monto total a pagarle era por la cantidad de $566,426.74 (quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos veintiséis pesos 74/100 moneda nacional), sin que pasara desapercibido que la autoridad demandada ya había realizado al actor un pago por la cantidad de $316,712.83 (trescientos dieciséis mil setecientos doce pesos 83/100 moneda nacional), por lo que restaba pagarle la cantidad de $249,713.91 (doscientos cuarenta y nueve mil setecientos trece pesos 91/100 moneda nacional); en tanto que, en relación a Sixto Ramírez Pedraza, el monto total a pagarle era por la cantidad de $334,202.96 (trescientos treinta y cuatro mil doscientos dos pesos 96/100 moneda nacional), sin que pasara desapercibido que la autoridad demandada ya había realizado a éste un pago por la cantidad de $158,325.10 (ciento cincuenta y ocho mil trescientos veinticinco pesos 10/100 moneda nacional), por lo que restaba pagar al actor la cantidad de $175,877.86 (ciento setenta y cinco mil ochocientos setenta y siete pesos 86/100 moneda nacional). Enseguida, señaló que era un hecho notorio que los recurrentes, aquí quejosos, habían sido notificados de la resolución de tres de julio de dos mil quince, y las autoridades demandadas el trece de agosto del mismo año, sin que se advirtiera inconformidad en su contra, por lo que era evidente que el mismo había causado ejecutoria. Luego, en atención a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, indicó que, en relación al argumento de los recurrentes, en el sentido de que conforme a los informes rendidos por la Dirección de Administración del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, en contestación a las solicitudes de acceso a la información con números de folio 00105/TOLUCA/IP/2014 y 00107/TOLUCA/IP/2014, no debía tenerse por cumplida la sentencia correspondiente, los mismos resultaban infundados, pues aun concediéndoles valor probatorio pleno, en términos de los artículos 57, 95, 100 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos de la Entidad, no constituían un medio de prueba eficaz para los efectos pretendido, pues habían sido expedidos en fecha previa a la emisión de la resolución dictada por esa Primera Sección de la Sala Superior, así como a la aclaración de la misma, dentro de los autos del recurso de revisión 41/2015, en la que se había establecido de manera exacta los montos a pagar a los actores, y causado ejecutoria al no haber sido recurrida. Agregó, de igual manera, no resultaba eficaz ni fundado que a través de tales argumentos pretendiera se modificara lo establecido en una determinación que había adquirido firmeza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 278 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Asimismo, en relación a las pruebas ofrecidas por las partes, la responsable las relacionó y enseguida procedió a valorarlas en términos de lo que disponen los artículos 57, 95, 100 y 105 de la legislación administrativa invocada, para lo cual tomó en las resoluciones antes referidas y concluyó que las documentales, consistentes en la contestación a las solicitudes de acceso a la información, eran insuficientes para acreditar el incumplimiento a la sentencia dictada en el juicio administrativo 498/2012, pues en principio no tenían el carácter de supervinientes y, en segundo término, en las aludidas resoluciones se había determinado de forma exacta las cantidades que debían pagarse a los actores, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia dictada en los recursos de revisión 135/2013 y 174/2013 acumulados; de ahí que, resultaran ineficaces para acreditar derecho alguno al pago de cantidad distinta a la establecida. Corolario de lo anterior, la Primera Sección de la Sala Superior señaló que la sentencia dictada en el juicio 498/2012, respecto a los aquí quejosos *** y ***, había quedado debidamente cumplimentada. Del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que ésta atendió a los efectos del fallo protector, pues a través de la sentencia de doce de enero de dos mil diecisiete, dejó sin efectos la resolución de treinta de marzo de dos mil dieciséis, dictada en los autos del recurso de revisión 1717/2012; esto únicamente por lo que hacía a los quejosos Sixto Ramírez Pedraza y Benito Villanueva García; y, pronunció una nueva determinación, en la que atendió todas y cada una de las probanzas existentes en el procedimiento de ejecución, mismas que valoró, entre otros, en términos de lo que dispone el artículo 95 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, tanto en lo individual como en su conjunto, aplicando las reglas de la lógica y de la sana crítica, determinando el valor de cada una de ellas; asimismo, analizó los argumentos y alegaciones de las partes, para finalmente concluir que había quedado debidamente cumplimentada de la sentencia correspondiente. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA; POR LISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Oscar Jesús Segundo Suárez, que da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por medio del cual informa las acciones y remite constancias tendentes a cumplir la sentencia. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido de la secretaria María Esther Arce Francés, que da fe.

  4. Principal

    ...Agréguese el oficio de la autoridad signante, por medio del cual informa las acciones tendentes a cumplir la sentencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 197, 258 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente para que en el plazo de tres días, la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, en acatamiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, una vez dictado el proyecto de resolución correspondiente, remita copias certificadas del mismo, en el entendido de que subsiste el apercibimiento que le fue formulado en autos...

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