Benito Reyes Ortiz

Expediente 726/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
726/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • Benito Reyes Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de uno de octubre de dos mil veintiuno, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por **************, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención.

  2. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta que firma el juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, al que anexó: 1. Copia certificada de la demanda de amparo promovida por *** con la que se formó el juicio de amparo *** de su índice; y, 2. El informe justificado rendido por el juez de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Acámbaro, base Moroleón y un DVD que consta de tres tantos; constancias, las reseñadas, de las que se advierte que hubo una separación de autos, al existir actos reclamados derivados de diversas causas penales, por lo que, en el presente asunto se analizará el acto reclamado derivado de la causa penal *** de la estadística del aludido Juzgado de Oralidad. Desechamiento de demanda Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se provee: Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al mencionado principio de impartición de justicia pronta y expedita, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que, en su caso, se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII y 62 en relación con los numerales 1 y 75 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: En el caso concreto, el quejoso, señala como acto reclamado en forma destacada: La orden de aprehensión, detención, mandato judicial, de comparecencia y/o cualquier otro acto que atente contra su libertad personal, así como su ejecución. De lo narrado con antelación se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Asimismo, el artículo 1 y 75 de la Ley de Amparo disponen que: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]" De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Ahora bien, de las constancias que remitió el juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que anexó, copia certificada de la demanda de amparo promovida por *** con la que se formó el juicio de amparo *** de su índice; y el informe justificado rendido por el juez de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Acámbaro, base Moroleón y un DVD que consta de tres tantos. De las constancias anteriores, se advierte que el trece de agosto de dos mil veintiuno, el juez de Control emitió orden de aprehensión en contra de *** y otros, por la probabilidad de su intervención como coautor en el hecho que la ley considera como el delito de homicidio calificado, previsto por el artículo 138 y sancionado por el diverso numeral 140, en correlación con el 153 fracción I, párrafo primero, por lo que hace a la premeditación, 13y 20 párrafo primero tercer supuesto, todos del Código Penal vigente en el Estado de Guanajuato, hechos que se cometieron en agravio de quienes en vida respondieron al nombre de ***, *** y *** . Así como por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa previsto por el artículo 138, sancionado en el artículo 140, en correlación con los artículos 153, fracción I párrafo primero, por lo que hace a la premeditación, 13, 18 y 20 párrafo primero tercer supuesto todos del Código Penal vigente en el Estado de Guanajuato, hechos que se cometieron en agravio de ***, ***,***, ***, *** y ***. Ahora bien, la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Sostener lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. Bajo dicha guisa, en el caso que nos ocupa se sostiene que el acto reclamado es inexistente, toda vez que la parte quejosa presentó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio el dos de julio del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en Celaya, según se advierte del sello de recepción. Mientras que, del informe justificado rendido por el juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede en Acámbaro, base Moroleón, que en el caso adquiere relevancia, se advierte que la orden de aprehensión que el quejoso señaló como acto reclamado, fue librada el trece de agosto de dos mil veintiuno, lo que pone en evidencia que el acto cuya constitucionalidad se cuestiona es inexistente, pues la orden de captura fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo; es decir, cuarenta y dos días después, data de acuerdo con la cual debe ser analizada la existencia del acto de autoridad reclamado dada su naturaleza positiva. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 16, Tomo II, Penal Jurisprudencia SCJN, Materia Penal, del Apéndice 2000, en que se lee: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." En tal sentido al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados Toda vez que el promovente del amparo señaló como domicilio para recibir notificaciones de índole personal los estrados de este juzgado federal, es decir, no precisa domicilio para tal efecto, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley Reglamentaria y 306 del supletorio Código de Procedimientos Civiles. Se tiene como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tiene inscrita su cédula profesional federal en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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