Benito Lopez Guzman
Expediente 924/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Benito Lopez Guzman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio de amparo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, se deberá destruirse con posterioridad al NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS y pasados treinta días de dicho plazo. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Marcial Soto Montaño, Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones de la titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y notificado mediante oficio CCJ/ST/6954/2022, de doce de diciembre de dos mil veintidós, ante la licenciada Blanca Ofelia Prieto Vega, secretaria con quien actúa.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado por auto de cinco de diciembre del año en curso, remite copia certificada del oficio DEV/AJ/7821/2022, de ocho de diciembre de dos mil veintidós y de la factura depositada el nueve de diciembre de dos mil veintidós, en las oficinas de Correos de México, con sede en esta ciudad, dirigido al domicilio de la parte quejosa; en consecuencia, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa reclama el acto siguiente: a. La omisión de dar contestación y notificar la respuesta correspondiente, respecto a la solicitud registrada bajo el número 30220009674, presentada el tres de junio de dos mil veintidós. Resulta importante señalar que este juzgado de distrito tiene la obligación de analizar, en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la parte quejosa, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso Benito López Guzmán se duele de la omisión de las autoridades responsables de dar contestación y notificar la respuesta correspondiente, respecto a la solicitud registrada bajo el número 30220009674, presentada el tres de junio de dos mil veintidós. Ahora bien, la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante oficio DEV/AJ/7821/2022, de ocho de diciembre de dos mil veintidós, informó al quejoso que su solicitud de trámite 30220009674, relativa al trámite SEDATU-04-08 Acuerdo de Asamblea de Autorización para la Adopción del Dominio Pleno, inscripción del ejido "Buenos Aires", municipio de Paso del Macho, Veracruz, fue procedente y quedó debidamente registrado bajo el folio 30125010102101936R, bajo el rubro autorización para la adopción del dominio pleno folio de ejidos y comunidades; oficio que se envió para su notificación el nueve de diciembre de dos mil veintidós, según se advierte de la factura depositada en las oficinas de Correos de México, con sede en esta ciudad, dirigido al domicilio de la parte quejosa. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado han cesado, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En este orden de ideas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las DIEZ HORAS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003,2 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional
- Principal
Xalapa, Veracruz, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de once de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental de dicho órgano, con sede en Ciudad de México, remitió diversas constancias en justificación de sus actos, entre de ellas la contestación a la solicitud ******************** del quejoso de tres de junio de dos mil veintidós, pues señaló que al consultar el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral, observó que dicha solicitud ya cuenta con calificación registral mediante oficio ********************de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, y anexó las constancias respectivas. Por tanto, para estar en condiciones de acordar lo que en derecho proceda, requiérase a la autoridad Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, remita a este juzgado de distrito copia certificada de la constancia de la que se advierta la notificación a la parte quejosa del trámite ********************, del cual dependía de la calificación registral positiva antes precisada. Lo anterior, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, o bien, informe la imposibilidad en la que se encuentre, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 238 en relación con los numerales 237, fracción I, y 259, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 163/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 319, Novena Época, con registro 176291, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." En mérito de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y en su lugar se señalan DIEZ HORAS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Blanca Ofelia Prieto Vega, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes
- Belén Vásquez Sánchez865/2023
- Benedicto Hernández Martínez241/2018
- Benedicto Portilla Sandria705/2023
- Benigno Neftali Rivera Acevedo184/2018
- Benito Cruz Aparicio63/2023
- Benito Gómez Gapi478/2018
- Benito Munrrieta García357/2021
- Benito Peña Pacheco1305/2017
- Benito Zarate Vidal1509/2017
- Benito Zarate Vidal759/2019
- Benjamín Sánchez Herrera405/2019
- Benjamin Tabal Meza810/2019