Benito Mangu Chigora

Expediente 1421/2013 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1421/2013
Año
2013
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2015

Partes del expediente

  • Benito Mangu Chigora

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por la autoridad responsable; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: Mediante sentencia de diez de marzo de dos mil catorce (fojas 49 a 60), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, se sobreseyó el juicio por los motivos y las consideraciones expuestas en los considerandos respectivos, en lo atinente a los actos reclamados al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en estricto acatamiento a los argumentos establecidos en la sentencia de amparo. Posteriormente, mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil catorce (fojas 67 a 73), en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el quejoso Benito Mangú Chigora, interpuso recurso de revisión contra el fallo descrito en párrafos anteriores, mismo que por acuerdo de veintiséis de marzo de ese año, fue tramitado a efecto de enviarlo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en turno, para su substanciación (foja 74). Por razón de turno conoció del medio de impugnación intentado el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, órgano colegiado que en resolución de quince de enero de dos mil quince (fojas 78 a 112), resolvió: "PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida en los términos del considerando sexto de la presente sentencia. SEGUNDO. Se declara improcedente el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en representación de dicho órgano, de acuerdo a lo expuesto en el considerando séptimo de la presente determinación. TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ***, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria de conformidad con las razones expuestas en el noveno considerando para los efectos precisados en el diverso décimo de la presente sentencia." Atento a lo anterior, los efectos del fallo protector quedaron de la manera siguiente: "DÉCIMO. Efectos de la sentencia de amparo. Con base en el considerando anterior, se concede el amparo a la parte quejosa para los efectos siguientes: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada; 2. Emita una nueva determinación de manera fundada y motivada en la cual deberá subsanar el vicio de inconstitucionalidad que ameritó el otorgamiento del amparo en esta sentencia, es decir, deberá precisar de forma específica las cantidades que en su caso no fueron ejercidas de forma correcta; 3. Precisará de forma específica cuáles son los actos que debió realizar el ahora quejoso y no sólo limitarse a mencionar que "debió vigilar", sino, cuáles son las facultades que debió llevar a cabo para cumplir con la exigencia que se le reprocha, en su caso, establecer cuáles se encontraba obligado a efectuar, de conformidad con la normatividad correspondiente, sin necesidad de que previamente fuera ordenado por el cabildo correspondiente; 4. Hecho lo anterior, de considerar actualizada la responsabilidad administrativa resarcitoria, se reitera, deberá fundar y motivar su determinación de conformidad con el artículo 16 Constitucional, así como la cantidad que corresponda al daño efectuado a la "Hacienda Pública" en relación con dicha medida." Posteriormente, en acuerdo de seis de febrero de dos mil quince (fojas 113 y 114), con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, mediante oficio OSFEM/UAJ/SJC/DR/465/2015 presentado el doce de febrero de dos mil quince (fojas 146 a 161), en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, comunicó las gestiones tendentes a dar cumplimiento al fallo protector; de igual manera, exhibió las copias certificadas del acuerdo de nueve de febrero de dos mil quince, en el que deja insubsistente la resolución de siete de octubre de dos mil trece, emitida en el expediente administrativo resarcitorio OSFEM/UAJ/PAR-AF/103/10 y en su lugar dictó otra el diez de febrero de dos mil quince, actuaciones que notificó al impetrante de garantías, con lo cual dicha autoridad refiere dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Luego, en proveído de trece de febrero de dos mil quince (foja 162), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, sin que realizaran alguna. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, cumplió con los aspectos establecidos y satisfizo los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, comunicó las gestiones tendentes a dar cumplimiento al fallo protector; de igual manera, exhibió las copias certificadas del acuerdo de nueve de febrero de dos mil quince, en el que deja insubsistente la resolución de siete de octubre de dos mil trece, emitida en el expediente administrativo resarcitorio OSFEM/UAJ/PAR-AF/103/10; de la resolución de diez de febrero de dos mil quince que dictó en su lugar, en la que determinó: ".VII. Por lo anterior, se determina la inexistencia de la responsabilidad administrativa resarcitoria que se le atribuyó en el Pliego Preventivo de Responsabilidad OSFEM/UAJ/PPR-AF/103/10, al ciudadano Benito Mangú Chigora, Presidente Municipal de Almoloya de Juárez, México, durante la administración 2003-2006, debido a que los elementos con que cuenta este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, son insuficientes para acreditar la responsabilidad administrativa resarcitoria; por ello de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, de aplicación supletoria conforme a los artículos 7 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se determina cancelar el Pliego Preventivo de Responsabilidad OSFEM/UAJ/PPR-AF/103/10, de fecha diez de diciembre de dos mil diez, fincado por un monto total de $39'388, 736.00 (treinta y nueve millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos treinta y seis pesos con cero centavos en moneda nacional). Por lo anteriormente expuesto y fundado se: R E S U E L V E PRIMERO.- Esta Autoridad determina la inexistencia de la responsabilidad administrativa resarcitoria atribuida en el presente procedimiento al ciudadano ***, Presidente Municipal de Almoloya de Juárez, México, durante la administración 2003-2006, con fundamento en el artículo 59 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en su artículo 7." Es decir, en atención a los lineamientos planteados en la ejecutoria, la autoridad responsable consideró resolver la inexistencia de la responsabilidad del quejoso, durante la administración 2003-2006 y cancelar el pliego preventivo de responsabilidad número OSFEM/UAJ/PPR-AF/103/10, por las consideraciones expuestas en la misma y, adjuntó las constancias de notificación hechas al impetrante de garantías, con lo cual dicha autoridad refiere dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. Se concluye, al estimar que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. En su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Toluca, para su debido resguardo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en su carácter de representante jurídico del órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y de su titular el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, a través del cual, en atención al acuerdo de seis de febrero de dos mil quince, informa que dejó insubsistente la resolución de siete de octubre de dos mil trece, en la cual se determinó la existencia de la responsabilidad del quejoso y para acreditar su dicho exhibe original de los oficios OSFEM/UAJ/SJC/DR/373/2014 y OSFEM/UAJ/SJC/DR/420/2014, así como el acuerdo y la resolución de nueve y diez de febrero de dos mil quince, de los cuales también anexa copias simples para que le sean devueltos los originales. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; así como con el oficio de cuenta y su anexo, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación que del presente proveído se les practique, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento que realizaron las responsables al fallo protector; apercibidas que de no hacerlo, este juzgado de Distrito se pronunciará al respecto con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por éstas. Finalmente, mediante oficio que derive del presente, hágase la devolución de los originales que adjunto la oficiante, previa certificación que de ellas se haga.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, mediante el cual el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas mediante oficio 2990. En esas condiciones, téngase por hecho del conocimiento de este órgano jurisdiccional lo informado por la oficiante, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Cuatro Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el quince de enero pasado, dentro del recurso de revisión 76/2014, formado con motivo del amparo en revisión, relativo al juicio de amparo 1421/2013, en la que se resolvió: (.) PRIMERO. se revoca la sentencia recurrida. - - - - - - - - - SEGUNDO. Se declara improcedente el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en representación de dicho órgano, de acuerdo a lo expuesto en el considerando séptimo de la presente determinación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Benito Mangú Chigora, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria de conformidad con las razones expuestas en el diverso décimo de la presente sentencia. Acúsese el recibo de estilo a la superioridad, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósense las actuaciones originales que obran en el cuadernillo de antecedentes al expediente en que se actúa, al estar formado en su mayoría por copia certificada de los originales. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable, los anexos que adjuntó como complemento a su informe justificado, solicitando ordene a quien sus funciones ataña, haga llegar el acuse respectivo; apercibido que de ser omisa, se acordará lo que en derecho proceda. Ahora, considerando que el cumplimiento de la sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI de la Constitución General de la República, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que es cosa juzgada. En tales condiciones, en estricto cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días cumpla con la ejecutoria de amparo, lo cual deberá acreditar en el mismo lapso con las constancias respectivas, la cual se concedió para el efecto de que: ".1. Deje insubsistente la resolución reclamada; 2. Emita una nueva determinación de manera fundada y motivada en la cual deberá subsanar el vicio de inconstitucionalidad que ameritó el otorgamiento del amparo en esta sentencia, es decir, deberá precisar de forma específica las cantidades que en su caso no fueron ejercidas de forma correcta; 3. Precisará de forma específica cuáles son los actos que debió realizar el ahora quejoso y no sólo limitarse a mencionar lo que "debió vigilar", sino, cuáles son las facultades que debió llevar a cabo para cumplir con la exigencia que se le reprocha, en su caso, establecer cuáles se encontraba obligado a efectuar, de conformidad con la normatividad correspondiente, sin necesidad de que previamente fuera ordenado por el cabildo correspondiente; 4. Hecho lo anterior, de considerar que se actualiza la responsabilidad administrativa resarcitoria, se reitera, deberá fundar y motivar su determinación de conformidad con el artículo 16 Constitucional, así como la cantidad que corresponda al daño efectuado a la "Hacienda Pública" en relación con dicha medida." Por tanto, se le apercibe que de no hacerlo en el tiempo concedido, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, en caso de su inobservancia, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Cabe precisar que conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que la autoridad antes señalada. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la nueva Ley de Amparo.

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