Benito Sanchez Tirado
Expediente 1935/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 38 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1935/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 14/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Benito Sanchez Tirado
- BENITO SANCHEZ TIRADO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del doce de mayo al uno de junio de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar los documentos originales que la parte quejosa exhibió junto con su escrito inicial de demanda, así como las que acompañó a sus escritos presentados ante este juzgado el veintiocho de diciembre de dos mil quince, veinte de diciembre de dos mil dieciséis y dieciocho de abril de dos mil diecisiete (fojas 22, 424, 864 y 1111, respectivamente); en consecuencia, requiérasele para que dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este juzgado Federal en forma personal, con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), a fin de que se le devuelvan los citados documentos, en el entendido de que dicho trámite sólo podrá realizarlo en el horario correspondiente de nueve a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado, apercibido que de no hacerlo en el término indicado, éste órgano jurisdiccional entenderá que el mismo será susceptible de depurado junto con el presente expediente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese la razón asentada por el Actuaria de la adscripción, de la que se desprende que no le fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa el auto de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, toda vez que el quejoso señalo los estrados para oír y recibir notificaciones, por lo que se vio impedido para realizar la mencionada diligencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el presente auto, el proveído de veintiocho de abril pasado y los subsecuentes, aún los de carácter personal por medio de lista de acuerdos. El proveído de veintiocho de abril del año en curso, en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinte de abril de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el diez de febrero de dos mil quince (fojas 123 a 147), el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en auxilio de este Juzgado de Distrito, terminó de engrosar la sentencia respectiva, que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Benito Sánchez Tirado contra el acto reclamado de la Directora del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, dependiente del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y del Procurador General de Justicia de la citada entidad federativa, consistente en el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, dictado en el expedientillo 178/2014, del índice de la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, por las razones precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Benito Sánchez Tirado contra los actos reclamados del Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos, del Director General Administrativo, de la Subdirectora de Recursos Humanos y del Coordinador del Centro de Información, todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, consistentes en el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, dictado en el expedientillo 178/2014, y su ejecución, respectivamente, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia." Inconforme con la anterior determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito (fojas 200 a 325), cuyos integrantes en sesión de ocho de julio de dos mil quince, en los autos del toca de revisión RA-115/2015, resolvieron carecer de competencia por razón de la materia, ordenando remitir dicho toca de revisión y el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito en turno. Así, del anterior recurso de revisión le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito (fojas 329 a 340), cuyos integrantes en sesión de diecinueve de noviembre de dos mil quince, en los autos del toca de revisión 88/2015, ante el desistimiento del quejoso Benito Sánchez Tirado del recurso de revisión, resolvieron declarar firme la sentencia dictada en el presente sumario constitucional. Así las cosas, los efectos de la concesión de amparo, fueron: (foja 144 a 146): "En ese orden, el amparo se concede para que el Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos y el Director General Administrativo, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, o la autoridad a la que corresponda de la dependencia a la que pertenecía el quejoso. 1. Dejen insubsistente el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, dictado en el expedientillo 178/2014. 2. Dejen insubsistentes todos los actos emitidos con la finalidad de ejecutar la determinación mencionada en el punto anterior. 3. En su lugar, inicien el procedimiento respectivo en contra del quejoso, a fin de respetar su derecho de audiencia previa, y en su momento resuelvan el asunto conforme a derecho. Sin que la concesión del amparo solicitado pueda tener como efecto inmediato, el pago de la indemnización y las demás prestaciones legales a que tenga derecho el quejoso, porque aquélla derivó de un vicio formal, esto es, no ha habido un pronunciamiento de fondo en relación con la causa que originó la separación de su cargo, y por lo tanto, no es el momento para que se haga el pago de la indemnización, pues éste exclusivamente procederá si al dictarse una resolución de fondo, se determina que el acto que provocó la separación es injustificado, ya que es la única hipótesis en la que surge la obligación resarcitoria del Estado. (.) La concesión del amparo tampoco implica la reinstalación del quejoso al servicio que venía desempeñando como auxiliar de mantenimiento en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, pues el artículo 123, aparado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, de manera expresa establece que en ningún caso procede su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. No pasa desapercibido que en el supuesto de que la nueva resolución que dicte la autoridad responsable fuera favorable y no se reiterara la separación del cargo del quejoso, entonces la autoridad administrativa deberá ordenar el pago de las prestaciones dejadas de obtener." Así las cosas, por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil quince, tomando en consideración lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en los autos del toca de revisión 88/2015, ante el desistimiento del quejoso Benito Sánchez Tirado del recurso de revisión, en que determinó declarar firme la sentencia dictada en el presente sumario constitucional, se requirió a las autoridades responsables Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos y el Director General Administrativo, ambos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (actualmente Fiscalía General del Estado de Puebla), para que dentro del plazo de tres días informaran sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (foja 341 a 343). Por auto de cuatro de diciembre de dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio 2145/2015/JA del Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios legislativos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (actualmente Fiscalía General del Estado de Puebla), mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió copia certificada de los acuerdos de uno de diciembre de dos mil quince, de los que se advierte que dejó sin efectos el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil catorce dictado en el expedientillo 178/2014, en el que se determinó el cese del quejoso Benito Sánchez Tirado en el puesto que desempeñaba en la mencionada institución y ordenó iniciar el procedimiento administrativo respectivo en su contra, informando que quien llevaría dicho procedimiento sería la Encargada del Despacho de la Visitaduría General de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (actualmente Fiscalía General del Estado de Puebla), por lo que se requirió a ésta autoridad para que informara los actos que había llevado a cabo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 374 y 375). En proveído de quince de diciembre de dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio VG/2896/2015 de dicha autoridad mediante el cual informó que citó al quejoso Benito Sánchez Tirado para que compareciera ante dicha unidad administrativa y le fuera puesto a la vista el expediente generado con motivo de los exámenes de control de confianza que le fueron realizados, para respetar su garantía de audiencia dentro del expediente administrativo 435/2015 (fojas 390 y 391). En acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil quince, se tuvo al quejoso promoviendo incidente de cumplimiento sustituto, el cual le fue desechado (fojas 425 y 426). Contra el anterior proveído el amparista interpuso recurso de queja, del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, quien en resolución de siete de julio de dos mil dieciséis en el expediente QT-58/2016, resolvió declarar infundado dicho recurso de queja (fojas 628 a 647); por lo que en auto de tres de agosto del mismo año, se requirió nuevamente a la Visitadora General de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (actualmente Fiscalía General del Estado de Puebla), para que informara sobre las gestiones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 648 a 651). En auto de quince de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo a la Directora General del órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informando que señaló nuevo día y hora para que el quejoso compareciera ante dicha autoridad y le fuera puesto a la vista el expediente formado con motivo de la Evaluación de Control de Confianza que le fue aplicado, y que requirió al Director de Asuntos Civiles, Mercantiles y Administrativos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla, para que le designara un defensor público al amparista y lo asistiera en la audiencia señalada (fojas 681 y 682). En proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la citada Directora General, informando que a las once horas del treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se llevó a cabo el desahogo de la diligencia para poner a la vista del quejoso el expediente formado con motivo de la evaluación de control de confianza que le fue aplicado; por lo que, en el mismo auto se le requirió informara las diligencias que aún tuviera pendientes por desahogar en el procedimiento administrativo 435/2015, para estar en condiciones de resolver el mismo (fojas 720 y 721). En proveídos de veintisiete de septiembre, cuatro, once y veintisiete de octubre, todos de dos mil dieciséis, se tuvo a la Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informando las diversas gestiones que llevó a cabo para desahogar las probanzas ofrecidas en el procedimiento administrativo 435/2015 (fojas 731, 732, 743, 755 a 757 y 791, respectivamente). En auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la multicitada Directora General, informando que el veinticinco de noviembre del año en cita, dictó la resolución definitiva en el expediente administrativo 435/2015, donde determinó como injustificada la separación del cargo de la que fue objeto el aquí quejoso y ordenó al Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el pago de las prestaciones dejadas de obtener, en virtud de no ser procedente la reinstalación; motivo por el cual, en dicho proveído se requirió a la citada autoridad para que en el término de tres días remitiera a) la cuantificación de las prestaciones dejadas de obtener por la separación injustificada del cargo del quejoso Benito Sánchez Tirado, en atención a la resolución de veinticinco de noviembre del citado año dictada por la Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en el expediente administrativo 435/2015, de su índice y b) acreditara el pago de dichas prestaciones al referido quejoso (fojas 824 y 825). En auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis, el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informó que la autoridad competente para cumplir con el requerimiento y fallo protector era el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración; por lo que se requirió a dicha autoridad lo indicado en el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 834 y 835). En auto de doce de diciembre de dos mil dieciséis, el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, hizo del conocimiento que mediante memorándum Depto.R.H/704/2016, se giraron instrucciones al Jefe del Departamento de Nómina de esa dependencia, a fin de que previa suficiencia presupuestal emitiera el cheque correspondiente al aquí quejoso, precisando que dicho pago estaría disponible a partir del catorce de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 839 y 840). En proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración informando las gestiones dadas a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, para lo cual remitió copia certificada de memorándum Depto.R.H/704/2016, así como de la nómina y cheque emitidos a favor del amparista, por una cantidad total neta de $268,944.66 (doscientos sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional -fojas 850 a 859-). Asimismo, en dicho auto se tuvo al quejoso Benito Sánchez Tirado, acreditando haber recibido el cheque por el cual se le pagaron las prestaciones dejadas de obtener por la separación injustificada del cargo del que fue objeto, en atención a la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en el expediente administrativo 435/2015, de su índice; agregando que únicamente recibió el cheque referido, donde no se desglosan de forma debida las cantidades pagadas, por lo que solicitó la apertura del incidente innominado de liquidación respectivo por no estar conforme con la cantidad recibida (fojas 860 a 869); reservándose la tramitación de dicho incidente hasta en tanto se le diera vista al quejoso con las diversas constancias remitidas por el Oficial Mayor de la Fiscalía General y del Director de Recursos Humanos de la Secretaria de Finanzas y Administración, ambos del Estado de Puebla. En auto de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, remitiendo la constancia que acredita que el aquí quejoso Benito Sánchez Tirado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, recibió el cheque de las prestaciones dejadas de obtener por la separación injustificada del cargo de la que fue objeto en atención a la resolución de veinticinco de noviembre pasado dictada por Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en el expediente administrativo 435/2015 (fojas 867 a 870). En auto de treinta de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 873 a 875), se admitió a trámite el incidente innominado de liquidación que promovió la parte quejosa para cuantificar las prestaciones que dejó de percibir con motivo de la separación injustificada del cargo del que fue objeto, por no estar conforme con la cantidad recibida, al tenor del escrito que presentó el veinte de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 860 a 869), por lo que se ordenó dar vista a las demás partes para que, en el término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes; reservándose a proveer sobre las pruebas ofrecidas por la parte quejosa hasta el momento procesal oportuno. Por auto de seis de enero de dos mil diecisiete, se tuvo a la autoridad responsable Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal General del Estado, contestando la vista del incidente planteado por la parte quejosa, ofreciendo como pruebas de su parte a) la instrumental pública de actuaciones, b) la documental pública -oficio SFA-DRH-3748/2016 de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración- c) la pericial en materia de contabilidad (adicionando un punto más al cuestionario exhibido por el quejoso) y d) la presuncional; reservándose acordar sobre dichas probanzas hasta el momento procesal oportuno (foja 882). En auto de once de enero de dos mil diecisiete (fojas 902 y 903), una vez que se venció la vista dada a las partes con el incidente planteado por la parte quejosa, se proveyó sobre las probanzas que habían sido reservadas, por lo que se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales de la parte quejosa (foja 869) y la diversa de la Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado, así como la instrumental pública de actuaciones (foja 879). De igual forma, se admitió la prueba pericial en contabilidad que ofrecieron las partes antes citadas, respecto de la liquidación de las cantidades pagadas al quejoso; por lo que se requirió a Marcela Ramírez Carrera, perito en materia de contabilidad designada por la Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado, para que compareciera al local de este juzgado debidamente identificada a aceptar y protestar el cargo conferido, lo cual realizó en diligencia de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (foja 976); y, rindió su respectivo dictamen con los números 47/2017 y 57/2017 (fojas 1008 a 1010 y 1030, respectivamente); los cuales ratificó ante esta autoridad el seis de marzo de dos mil diecisiete (foja 1042). Asimismo, se requirió a las partes para que en el término de cinco días, designaran perito de su parte; apercibidas que en caso de que no hacerlo, se les tendría por conformes con el dictamen que en su caso, rindiera el perito oficial (apercibimiento que se hizo efectivo en auto de dos de febrero de dos mil diecisiete, incluyendo al quejoso -foja 978 vuelta-). Se ordenó librar oficio al Coordinador General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República en Puebla, para que, proporcionara un experto de la Institución a su cargo, que fungiera como perito de este Juzgado, en relación a la pericial citada en materia de contabilidad. Designándose a Juan Alberto Oviedo Vélez, perito oficial en materia de contabilidad, adscrito a dicha dependencia, quien en diligencia de treinta de enero de dos mil diecisiete aceptó y protestó el cargo conferido (foja 972); rindiendo su dictamen mediante oficio folio 1668 (fojas 1014 a 1025); ratificando el mismo ante esta autoridad el dos de marzo de dos mil diecisiete (foja 1040). De igual forma, se admitió la prueba de informes que ofreció la parte quejosa (foja 864) y se requirió al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, para que en el término de tres días remitiera copia certificada de los tabuladores y hojas de nómina del quejoso Benito Sánchez Tirado de los últimos ocho meses antes de ser despedido injustificadamente (probanzas que se tuvieron por recibidas en diverso auto de veintitrés de enero de dos mil diecisiete -foja 951-). En auto de doce de enero de dos mil diecisiete, se admitieron las pruebas documentales ofrecidas por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, consistente en el desglose de las cantidades que se tomaron en cuenta para calcular la cantidad total que le correspondía al quejoso con motivo de la separación injustificada del cargo del que fue objeto; hoja de movimiento de personal; tabuladores de sueldos de las categorías de cuerpos de seguridad pública del Gobierno del Estado de Puebla; y constancias de nómina del quejoso (fojas 908 a 922). En proveído de quince de marzo de dos mil diecisiete, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental (foja 1047), la que se desahogó el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete (fojas 1050 y 1051). En determinación de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se resolvió el incidente innominado de liquidación derivado del presente juicio de amparo, a efecto de cuantificar las prestaciones que dejó de percibir el quejoso Benito Sánchez Tirado con motivo de la separación injustificada del cargo del que fue objeto (fojas 1055 a 1068), en el que se determinó en lo conducente y concluyó: "Así las cosas, el período que abarcará la cuantificación de las prestaciones que dejó de percibir el quejoso Benito Sánchez Tirado con motivo de la separación injustificada del cargo del que fue objeto, será del dieciséis de octubre de dos mil catorce al catorce de diciembre de dos mil dieciséis." "RESUELVE: PRIMERO. Es FUNDADO el incidente innominado planteado por el quejoso Benito Sánchez Tirado dentro del presente juicio de amparo 1935/2015 (antes 1586/2014), de donde deriva el presente incidente que promovió. SEGUNDO. Se determina que la cantidad que dejó de percibir el quejoso, del periodo comprendido del dieciséis de octubre de dos mil catorce al catorce de diciembre de dos mil dieciséis, asciende a la cantidad de $340,885.40 (trescientos cuarenta mil ochocientos ochenta y cinco pesos con cuarenta centavos moneda nacional), sin perjuicio de las deducciones que correspondan por ley, y que deberán así referirlo y probarlo las autoridades requeridas. TERCERO. Una vez que quede firme la presente interlocutoria, dese cuenta con el estado procesal de los autos a efecto de acordar lo procedente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo." Resolución que al no haber sido impugnada por las partes, en auto de diez de abril de dos mil diecisiete causó estado, por lo que se requirió su cumplimiento a la Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración (autoridad no responsable encargada del cumplimento de la ejecutoria de amparo -fojas 1088 a 1090-). Ahora bien, mediante oficio SFA-CGJ-(64)-1419/17 de diecisiete de abril de dos mil diecisiete (fojas 1118 a 1124), el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia certificada de diversas constancias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con las cuales acreditó haber pagado al aquí quejoso una parte del monto especificado en el incidente innominado de liquidación de sentencia. Para lo cual informó que el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, le fue entregado al quejoso el cheque número 1062803 por la cantidad de $268,944.66 (doscientos sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional). Que con fecha diez de enero de dos mil diecisiete, le fue entregado al quejoso el cheque número 0594075 por la cantidad de $40,808.33 (cuarenta mil ochocientos ocho pesos con treinta y tres centavos moneda nacional). Lo cual acredita con copia certificada de la constancia de recibido por parte del quejoso Benito Sánchez Tirado, quien incluso firmó de recibido (fojas 1119 y 1120). Que de forma complementaria se generó el cheque número 111128 por la cantidad de $16,345.93 (dieciséis mil trescientos cuarenta y cinco pesos con noventa y tres centavos moneda nacional), que estaría a disposición del quejoso a partir del doce de abril de dos mil diecisiete. Precisando que de la cantidad determinada en el incidente innominado de liquidación derivado del presente juicio de amparo, de $340,885.40 (trescientos cuarenta mil ochocientos ochenta y cinco pesos con cuarenta centavos moneda nacional), le fue restado el Impuesto Sobre la Renta (ISR) consistente en la cantidad de $14,786.48 (catorce mil setecientos ochenta y seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional), lo que arrojó un total a cubrir al quejoso por la cantidad final de $326,098.92 (trescientos veintiséis mil noventa y ocho pesos con noventa y dos centavos moneda nacional). Cantidad que refiere será cubierta de la siguiente forma desglosada: CONCEPTO BRUTO (ANTES DE IMPUESTOS) ISR TOTAL A PAGAR (DESPUÉS DE IMPUESTOS) Cheque 1062803 $282,834.76 $13,890.10 $268,944.66 Cheque 0594075 $40,841.76 $33.43 $40,808.33 Cheque 1111282 $17,208.88 $862.95 $16,345.93 Total de indemnización $340,885.40 $14,786.48 $326,098.92 Impuesto Sobre la Renta (ISR) consistente en la cantidad de $14,786.48 (catorce mil setecientos ochenta y seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional) que la suscrita jueza federal considera ajustado a derecho, por no existir prueba en contrario; aunado a que dicho monto es casi igual (con la diferencia de $122.68 -ciento veintidós pesos con sesenta y ocho centavos moneda nacional-), al establecido en el dictamen 47/2017 suscrito por Marcela Ramírez Carrera, perito en materia de contabilidad designada por la Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado, al cual en el incidente innominado de liquidación aludido se le concedió valor probatorio en términos del artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otro lado, del acta de veintiséis de abril de dos mil diecisiete (foja 1126), levantada con motivo de la comparecencia al local de este juzgado del quejoso Benito Sánchez Tirado, de la que se advierte que ratificó el contenido y firma del escrito que presentó ante esta autoridad el dieciocho de abril del año en cita (fojas 1108 a 1110), del cual se advierte, en la parte que aquí interesa que bajo protesta de decir verdad refiere que el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, recibió el cheque número 111128 por la cantidad de $16,345.93 (dieciséis mil trescientos cuarenta y cinco pesos con noventa y tres centavos moneda nacional); del cual incluso anexó el original del talón del mismo (foja 1111). Así las cosas, como se puede advertir al quejoso Benito Sánchez Tirado ya le fue pagada la cantidad íntegra que se le adeudaba con motivo de la separación injustificada del cargo del que fue objeto, del periodo del dieciséis de octubre de dos mil catorce al catorce de diciembre de dos mil dieciséis (período establecido en el citado incidente innominado de liquidación). Es decir, la cantidad total de $326,098.92 (trescientos veintiséis mil noventa y ocho pesos con noventa y dos centavos moneda nacional); que resultó previa resta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) consistente en la cantidad de $14,786.48 (catorce mil setecientos ochenta y seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional). Por otro lado, agréguese a los autos el escrito con el que se da cuenta del quejoso, por medio del cual desahoga la vista otorgada en auto de veinte abril de dos mil diecisiete, y refiere que la autoridad responsable no da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Manifestaciones que son las mismas que realizara el quejoso en diverso escrito presentado ante esta autoridad el dieciocho de abril de dos mil diecisiete (fojas 1108 a 1110), el cual, como se indicó, ratificó ante esta autoridad el veintiséis de abril del actual (foja 1126). Así, por economía procesal, se procederá a contestar dichas manifestaciones de manera global. Así las cosas, téngase al quejoso oponiéndose al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, bajo el argumento de que la autoridad encargada del cumplimiento solo le ha pagado la cantidad de $16,345.93 (dieciséis mil trescientos cuarenta y cinco pesos con noventa y tres centavos moneda nacional), y no la cantidad que se fijó en el incidente innominado de liquidación por el monto de $340,885.40 (trescientos cuarenta mil ochocientos ochenta y cinco pesos con cuarenta centavos moneda nacional), Manifestaciones que resultan infundadas, ya que como se indicó anteriormente el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, ya le ha pagado al quejoso Benito Sánchez Tirado, la cantidad total de $326,098.92 (trescientos veintiséis mil noventa y ocho pesos con noventa y dos centavos moneda nacional); que resultó previa resta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) consistente en la cantidad de $14,786.48 (catorce mil setecientos ochenta y seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional). Aunado a que, en la determinación de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente innominado de liquidación que promovió la parte quejosa Benito Sánchez Tirado a efecto de cuantificar las prestaciones que dejó de percibir con motivo de la separación injustificada del cargo del que fue objeto, se estipuló que la materia de dicha incidencia era únicamente cuantificar el monto que debió percibir el quejoso durante el periodo del dieciséis de octubre de dos mil catorce al catorce de diciembre de dos mil dieciséis, sin considerar deducciones de pagos ya efectuados, así como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo cual sería materia de análisis posteriormente. Deducciones de pagos ya efectuados, así como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que en la presente determinación ya se ha procedido a su estudio, y de la cual se concluyó que al quejoso Benito Sánchez Tirado le fue pagada la cantidad integra que se le adeudaba con motivo de la separación injustificada del cargo del que fue objeto, del periodo del dieciséis de octubre de dos mil catorce al catorce de diciembre de dos mil dieciséis, por la cantidad de $326,098.92 (trescientos veintiséis mil noventa y ocho pesos con noventa y dos centavos moneda nacional); que resultó previa resta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) consistente en la cantidad de $14,786.48 (catorce mil setecientos ochenta y seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional). De ahí lo infundado de sus alegaciones. Respecto de la alegación del quejoso de que la autoridad encargada del cumplimiento no estaba facultada por recalcular el monto de los impuestos que había de descontársele, pues los mismos ya estaban establecidos en el dictamen que emitió la perito oficial y que esta autoridad tomó en consideración en el incidente de liquidación; también resulta infundado. Lo anterior en virtud de que en la multicitada resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente innominado de liquidación que promovió el quejoso a efecto de cuantificar las prestaciones que dejó de percibir con motivo de la separación injustificada del cargo del que fue objeto; si bien, se tomó en consideración el dictamen suscrito por Marcela Ramírez Carrera, perito en materia de contabilidad designada por la Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado; también lo es que se estipuló que no se tomaba en consideración el importe que establecía respecto del Impuesto Sobre la Renta, pues ello no correspondía a la materia de dicha incidencia; de ahí lo infundado de la alegación del quejoso. Por otro lado, respecto de la solicitud del quejoso de que autoridad responsable deberá actualizar los pagos de las quincenas que le adeuda con motivo de su retraso al no pagar en tiempo y forma, dígasele que no ha lugar a acordar favorable su solicitud, toda vez que el monto que la responsable debe cubrir, se estipuló al resolver el incidente innominado de liquidación de sentencia de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete; el cual al no haber sido recurrido por ninguna de las partes, en auto de diez de abril del año en curso quedó firme. Finamente, respecto de su solicitud de que se ejecute en contra de las autoridades responsables las multas establecidas en la Ley de Amparo, por no dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud ya que como quedó establecido anteriormente las autoridades responsables y las encargadas del cumplimiento, ya han acatado los términos y lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Finalmente, agréguese a los autos la copia para conocimiento del oficio SFA-DRH-1415/2017, signado por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla, por medio del cual informa que el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, el quejoso se presentó ante dichas oficinas a recoger el cheque correspondiente al pago de indemnización correspondiente; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que en esta misma fecha se tuvo por cumplida la sentencia. "
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinte de abril de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el diez de febrero de dos mil quince (fojas 123 a 147), el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en auxilio de este Juzgado de Distrito, terminó de engrosar la sentencia respectiva, que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Benito Sánchez Tirado contra el acto reclamado de la Directora del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, dependiente del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y del Procurador General de Justicia de la citada entidad federativa, consistente en el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, dictado en el expedientillo 178/2014, del índice de la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, por las razones precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Benito Sánchez Tirado contra los actos reclamados del Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos, del Director General Administrativo, de la Subdirectora de Recursos Humanos y del Coordinador del Centro de Información, todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, consistentes en el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, dictado en el expedientillo 178/2014, y su ejecución, respectivamente, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia." Inconforme con la anterior determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito (fojas 200 a 325), cuyos integrantes en sesión de ocho de julio de dos mil quince, en los autos del toca de revisión RA-115/2015, resolvieron carecer de competencia por razón de la materia, ordenando remitir dicho toca de revisión y el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito en turno. Así, del anterior recurso de revisión le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito (fojas 329 a 340), cuyos integrantes en sesión de diecinueve de noviembre de dos mil quince, en los autos del toca de revisión 88/2015, ante el desistimiento del quejoso Benito Sánchez Tirado del recurso de revisión, resolvieron declarar firme la sentencia dictada en el presente sumario constitucional. Así las cosas, los efectos de la concesión de amparo, fueron: (foja 144 a 146): "En ese orden, el amparo se concede para que el Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos y el Director General Administrativo, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, o la autoridad a la que corresponda de la dependencia a la que pertenecía el quejoso. 1. Dejen insubsistente el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, dictado en el expedientillo 178/2014. 2. Dejen insubsistentes todos los actos emitidos con la finalidad de ejecutar la determinación mencionada en el punto anterior. 3. En su lugar, inicien el procedimiento respectivo en contra del quejoso, a fin de respetar su derecho de audiencia previa, y en su momento resuelvan el asunto conforme a derecho. Sin que la concesión del amparo solicitado pueda tener como efecto inmediato, el pago de la indemnización y las demás prestaciones legales a que tenga derecho el quejoso, porque aquélla derivó de un vicio formal, esto es, no ha habido un pronunciamiento de fondo en relación con la causa que originó la separación de su cargo, y por lo tanto, no es el momento para que se haga el pago de la indemnización, pues éste exclusivamente procederá si al dictarse una resolución de fondo, se determina que el acto que provocó la separación es injustificado, ya que es la única hipótesis en la que surge la obligación resarcitoria del Estado. (.) La concesión del amparo tampoco implica la reinstalación del quejoso al servicio que venía desempeñando como auxiliar de mantenimiento en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, pues el artículo 123, aparado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, de manera expresa establece que en ningún caso procede su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. No pasa desapercibido que en el supuesto de que la nueva resolución que dicte la autoridad responsable fuera favorable y no se reiterara la separación del cargo del quejoso, entonces la autoridad administrativa deberá ordenar el pago de las prestaciones dejadas de obtener." Así las cosas, por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil quince, tomando en consideración lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en los autos del toca de revisión 88/2015, ante el desistimiento del quejoso Benito Sánchez Tirado del recurso de revisión, en que determinó declarar firme la sentencia dictada en el presente sumario constitucional, se requirió a las autoridades responsables Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos y el Director General Administrativo, ambos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (actualmente Fiscalía General del Estado de Puebla), para que dentro del plazo de tres días informaran sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (foja 341 a 343). Por auto de cuatro de diciembre de dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio 2145/2015/JA del Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios legislativos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (actualmente Fiscalía General del Estado de Puebla), mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió copia certificada de los acuerdos de uno de diciembre de dos mil quince, de los que se advierte que dejó sin efectos el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil catorce dictado en el expedientillo 178/2014, en el que se determinó el cese del quejoso Benito Sánchez Tirado en el puesto que desempeñaba en la mencionada institución y ordenó iniciar el procedimiento administrativo respectivo en su contra, informando que quien llevaría dicho procedimiento sería la Encargada del Despacho de la Visitaduría General de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (actualmente Fiscalía General del Estado de Puebla), por lo que se requirió a ésta autoridad para que informara los actos que había llevado a cabo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 374 y 375). En proveído de quince de diciembre de dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio VG/2896/2015 de dicha autoridad mediante el cual informó que citó al quejoso Benito Sánchez Tirado para que compareciera ante dicha unidad administrativa y le fuera puesto a la vista el expediente generado con motivo de los exámenes de control de confianza que le fueron realizados, para respetar su garantía de audiencia dentro del expediente administrativo 435/2015 (fojas 390 y 391). En acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil quince, se tuvo al quejoso promoviendo incidente de cumplimiento sustituto, el cual le fue desechado (fojas 425 y 426). Contra el anterior proveído el amparista interpuso recurso de queja, del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, quien en resolución de siete de julio de dos mil dieciséis en el expediente QT-58/2016, resolvió declarar infundado dicho recurso de queja (fojas 628 a 647); por lo que en auto de tres de agosto del mismo año, se requirió nuevamente a la Visitadora General de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (actualmente Fiscalía General del Estado de Puebla), para que informara sobre las gestiones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 648 a 651). En auto de quince de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo a la Directora General del órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informando que señaló nuevo día y hora para que el quejoso compareciera ante dicha autoridad y le fuera puesto a la vista el expediente formado con motivo de la Evaluación de Control de Confianza que le fue aplicado, y que requirió al Director de Asuntos Civiles, Mercantiles y Administrativos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla, para que le designara un defensor público al amparista y lo asistiera en la audiencia señalada (fojas 681 y 682). En proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la citada Directora General, informando que a las once horas del treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se llevó a cabo el desahogo de la diligencia para poner a la vista del quejoso el expediente formado con motivo de la evaluación de control de confianza que le fue aplicado; por lo que, en el mismo auto se le requirió informara las diligencias que aún tuviera pendientes por desahogar en el procedimiento administrativo 435/2015, para estar en condiciones de resolver el mismo (fojas 720 y 721). En proveídos de veintisiete de septiembre, cuatro, once y veintisiete de octubre, todos de dos mil dieciséis, se tuvo a la Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informando las diversas gestiones que llevó a cabo para desahogar las probanzas ofrecidas en el procedimiento administrativo 435/2015 (fojas 731, 732, 743, 755 a 757 y 791, respectivamente). En auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la multicitada Directora General, informando que el veinticinco de noviembre del año en cita, dictó la resolución definitiva en el expediente administrativo 435/2015, donde determinó como injustificada la separación del cargo de la que fue objeto el aquí quejoso y ordenó al Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el pago de las prestaciones dejadas de obtener, en virtud de no ser procedente la reinstalación; motivo por el cual, en dicho proveído se requirió a la citada autoridad para que en el término de tres días remitiera a) la cuantificación de las prestaciones dejadas de obtener por la separación injustificada del cargo del quejoso Benito Sánchez Tirado, en atención a la resolución de veinticinco de noviembre del citado año dictada por la Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en el expediente administrativo 435/2015, de su índice y b) acreditara el pago de dichas prestaciones al referido quejoso (fojas 824 y 825). En auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis, el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informó que la autoridad competente para cumplir con el requerimiento y fallo protector era el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración; por lo que se requirió a dicha autoridad lo indicado en el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 834 y 835). En auto de doce de diciembre de dos mil dieciséis, el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, hizo del conocimiento que mediante memorándum Depto.R.H/704/2016, se giraron instrucciones al Jefe del Departamento de Nómina de esa dependencia, a fin de que previa suficiencia presupuestal emitiera el cheque correspondiente al aquí quejoso, precisando que dicho pago estaría disponible a partir del catorce de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 839 y 840). En proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración informando las gestiones dadas a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, para lo cual remitió copia certificada de memorándum Depto.R.H/704/2016, así como de la nómina y cheque emitidos a favor del amparista, por una cantidad total neta de $268,944.66 (doscientos sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional -fojas 850 a 859-). Asimismo, en dicho auto se tuvo al quejoso Benito Sánchez Tirado, acreditando haber recibido el cheque por el cual se le pagaron las prestaciones dejadas de obtener por la separación injustificada del cargo del que fue objeto, en atención a la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en el expediente administrativo 435/2015, de su índice; agregando que únicamente recibió el cheque referido, donde no se desglosan de forma debida las cantidades pagadas, por lo que solicitó la apertura del incidente innominado de liquidación respectivo por no estar conforme con la cantidad recibida (fojas 860 a 869); reservándose la tramitación de dicho incidente hasta en tanto se le diera vista al quejoso con las diversas constancias remitidas por el Oficial Mayor de la Fiscalía General y del Director de Recursos Humanos de la Secretaria de Finanzas y Administración, ambos del Estado de Puebla. En auto de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, remitiendo la constancia que acredita que el aquí quejoso Benito Sánchez Tirado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, recibió el cheque de las prestaciones dejadas de obtener por la separación injustificada del cargo de la que fue objeto en atención a la resolución de veinticinco de noviembre pasado dictada por Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en el expediente administrativo 435/2015 (fojas 867 a 870). En auto de treinta de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 873 a 875), se admitió a trámite el incidente innominado de liquidación que promovió la parte quejosa para cuantificar las prestaciones que dejó de percibir con motivo de la separación injustificada del cargo del que fue objeto, por no estar conforme con la cantidad recibida, al tenor del escrito que presentó el veinte de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 860 a 869), por lo que se ordenó dar vista a las demás partes para que, en el término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes; reservándose a proveer sobre las pruebas ofrecidas por la parte quejosa hasta el momento procesal oportuno. Por auto de seis de enero de dos mil diecisiete, se tuvo a la autoridad responsable Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal General del Estado, contestando la vista del incidente planteado por la parte quejosa, ofreciendo como pruebas de su parte a) la instrumental pública de actuaciones, b) la documental pública -oficio SFA-DRH-3748/2016 de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración- c) la pericial en materia de contabilidad (adicionando un punto más al cuestionario exhibido por el quejoso) y d) la presuncional; reservándose acordar sobre dichas probanzas hasta el momento procesal oportuno (foja 882). En auto de once de enero de dos mil diecisiete (fojas 902 y 903), una vez que se venció la vista dada a las partes con el incidente planteado por la parte quejosa, se proveyó sobre las probanzas que habían sido reservadas, por lo que se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales de la parte quejosa (foja 869) y la diversa de la Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado, así como la instrumental pública de actuaciones (foja 879). De igual forma, se admitió la prueba pericial en contabilidad que ofrecieron las partes antes citadas, respecto de la liquidación de las cantidades pagadas al quejoso; por lo que se requirió a Marcela Ramírez Carrera, perito en materia de contabilidad designada por la Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado, para que compareciera al local de este juzgado debidamente identificada a aceptar y protestar el cargo conferido, lo cual realizó en diligencia de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (foja 976); y, rindió su respectivo dictamen con los números 47/2017 y 57/2017 (fojas 1008 a 1010 y 1030, respectivamente); los cuales ratificó ante esta autoridad el seis de marzo de dos mil diecisiete (foja 1042). Asimismo, se requirió a las partes para que en el término de cinco días, designaran perito de su parte; apercibidas que en caso de que no hacerlo, se les tendría por conformes con el dictamen que en su caso, rindiera el perito oficial (apercibimiento que se hizo efectivo en auto de dos de febrero de dos mil diecisiete, incluyendo al quejoso -foja 978 vuelta-). Se ordenó librar oficio al Coordinador General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República en Puebla, para que, proporcionara un experto de la Institución a su cargo, que fungiera como perito de este Juzgado, en relación a la pericial citada en materia de contabilidad. Designándose a Juan Alberto Oviedo Vélez, perito oficial en materia de contabilidad, adscrito a dicha dependencia, quien en diligencia de treinta de enero de dos mil diecisiete aceptó y protestó el cargo conferido (foja 972); rindiendo su dictamen mediante oficio folio 1668 (fojas 1014 a 1025); ratificando el mismo ante esta autoridad el dos de marzo de dos mil diecisiete (foja 1040). De igual forma, se admitió la prueba de informes que ofreció la parte quejosa (foja 864) y se requirió al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, para que en el término de tres días remitiera copia certificada de los tabuladores y hojas de nómina del quejoso Benito Sánchez Tirado de los últimos ocho meses antes de ser despedido injustificadamente (probanzas que se tuvieron por recibidas en diverso auto de veintitrés de enero de dos mil diecisiete -foja 951-). En auto de doce de enero de dos mil diecisiete, se admitieron las pruebas documentales ofrecidas por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración, consistente en el desglose de las cantidades que se tomaron en cuenta para calcular la cantidad total que le correspondía al quejoso con motivo de la separación injustificada del cargo del que fue objeto; hoja de movimiento de personal; tabuladores de sueldos de las categorías de cuerpos de seguridad pública del Gobierno del Estado de Puebla; y constancias de nómina del quejoso (fojas 908 a 922). En proveído de quince de marzo de dos mil diecisiete, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental (foja 1047), la que se desahogó el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete (fojas 1050 y 1051). En determinación de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se resolvió el incidente innominado de liquidación derivado del presente juicio de amparo, a efecto de cuantificar las prestaciones que dejó de percibir el quejoso Benito Sánchez Tirado con motivo de la separación injustificada del cargo del que fue objeto (fojas 1055 a 1068), en el que se determinó en lo conducente y concluyó: "Así las cosas, el período que abarcará la cuantificación de las prestaciones que dejó de percibir el quejoso Benito Sánchez Tirado con motivo de la separación injustificada del cargo del que fue objeto, será del dieciséis de octubre de dos mil catorce al catorce de diciembre de dos mil dieciséis." "RESUELVE: PRIMERO. Es FUNDADO el incidente innominado planteado por el quejoso Benito Sánchez Tirado dentro del presente juicio de amparo 1935/2015 (antes 1586/2014), de donde deriva el presente incidente que promovió. SEGUNDO. Se determina que la cantidad que dejó de percibir el quejoso, del periodo comprendido del dieciséis de octubre de dos mil catorce al catorce de diciembre de dos mil dieciséis, asciende a la cantidad de $340,885.40 (trescientos cuarenta mil ochocientos ochenta y cinco pesos con cuarenta centavos moneda nacional), sin perjuicio de las deducciones que correspondan por ley, y que deberán así referirlo y probarlo las autoridades requeridas. TERCERO. Una vez que quede firme la presente interlocutoria, dese cuenta con el estado procesal de los autos a efecto de acordar lo procedente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo." Resolución que al no haber sido impugnada por las partes, en auto de diez de abril de dos mil diecisiete causó estado, por lo que se requirió su cumplimiento a la Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración (autoridad no responsable encargada del cumplimento de la ejecutoria de amparo -fojas 1088 a 1090-). Ahora bien, mediante oficio SFA-CGJ-(64)-1419/17 de diecisiete de abril de dos mil diecisiete (fojas 1118 a 1124), el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia certificada de diversas constancias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con las cuales acreditó haber pagado al aquí quejoso una parte del monto especificado en el incidente innominado de liquidación de sentencia. Para lo cual informó que el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, le fue entregado al quejoso el cheque número 1062803 por la cantidad de $268,944.66 (doscientos sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional). Que con fecha diez de enero de dos mil diecisiete, le fue entregado al quejoso el cheque número 0594075 por la cantidad de $40,808.33 (cuarenta mil ochocientos ocho pesos con treinta y tres centavos moneda nacional). Lo cual acredita con copia certificada de la constancia de recibido por parte del quejoso Benito Sánchez Tirado, quien incluso firmó de recibido (fojas 1119 y 1120). Que de forma complementaria se generó el cheque número 111128 por la cantidad de $16,345.93 (dieciséis mil trescientos cuarenta y cinco pesos con noventa y tres centavos moneda nacional), que estaría a disposición del quejoso a partir del doce de abril de dos mil diecisiete. Precisando que de la cantidad determinada en el incidente innominado de liquidación derivado del presente juicio de amparo, de $340,885.40 (trescientos cuarenta mil ochocientos ochenta y cinco pesos con cuarenta centavos moneda nacional), le fue restado el Impuesto Sobre la Renta (ISR) consistente en la cantidad de $14,786.48 (catorce mil setecientos ochenta y seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional), lo que arrojó un total a cubrir al quejoso por la cantidad final de $326,098.92 (trescientos veintiséis mil noventa y ocho pesos con noventa y dos centavos moneda nacional). Cantidad que refiere será cubierta de la siguiente forma desglosada: CONCEPTO BRUTO (ANTES DE IMPUESTOS) ISR TOTAL A PAGAR (DESPUÉS DE IMPUESTOS) Cheque 1062803 $282,834.76 $13,890.10 $268,944.66 Cheque 0594075 $40,841.76 $33.43 $40,808.33 Cheque 1111282 $17,208.88 $862.95 $16,345.93 Total de indemnización $340,885.40 $14,786.48 $326,098.92 Impuesto Sobre la Renta (ISR) consistente en la cantidad de $14,786.48 (catorce mil setecientos ochenta y seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional) que la suscrita jueza federal considera ajustado a derecho, por no existir prueba en contrario; aunado a que dicho monto es casi igual (con la diferencia de $122.68 -ciento veintidós pesos con sesenta y ocho centavos moneda nacional-), al establecido en el dictamen 47/2017 suscrito por Marcela Ramírez Carrera, perito en materia de contabilidad designada por la Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado, al cual en el incidente innominado de liquidación aludido se le concedió valor probatorio en términos del artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otro lado, del acta de veintiséis de abril de dos mil diecisiete (foja 1126), levantada con motivo de la comparecencia al local de este juzgado del quejoso Benito Sánchez Tirado, de la que se advierte que ratificó el contenido y firma del escrito que presentó ante esta autoridad el dieciocho de abril del año en cita (fojas 1108 a 1110), del cual se advierte, en la parte que aquí interesa que bajo protesta de decir verdad refiere que el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, recibió el cheque número 111128 por la cantidad de $16,345.93 (dieciséis mil trescientos cuarenta y cinco pesos con noventa y tres centavos moneda nacional); del cual incluso anexó el original del talón del mismo (foja 1111). Así las cosas, como se puede advertir al quejoso Benito Sánchez Tirado ya le fue pagada la cantidad íntegra que se le adeudaba con motivo de la separación injustificada del cargo del que fue objeto, del periodo del dieciséis de octubre de dos mil catorce al catorce de diciembre de dos mil dieciséis (período establecido en el citado incidente innominado de liquidación). Es decir, la cantidad total de $326,098.92 (trescientos veintiséis mil noventa y ocho pesos con noventa y dos centavos moneda nacional); que resultó previa resta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) consistente en la cantidad de $14,786.48 (catorce mil setecientos ochenta y seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional). Por otro lado, agréguese a los autos el escrito con el que se da cuenta del quejoso, por medio del cual desahoga la vista otorgada en auto de veinte abril de dos mil diecisiete, y refiere que la autoridad responsable no da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Manifestaciones que son las mismas que realizara el quejoso en diverso escrito presentado ante esta autoridad el dieciocho de abril de dos mil diecisiete (fojas 1108 a 1110), el cual, como se indicó, ratificó ante esta autoridad el veintiséis de abril del actual (foja 1126). Así, por economía procesal, se procederá a contestar dichas manifestaciones de manera global. Así las cosas, téngase al quejoso oponiéndose al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, bajo el argumento de que la autoridad encargada del cumplimiento solo le ha pagado la cantidad de $16,345.93 (dieciséis mil trescientos cuarenta y cinco pesos con noventa y tres centavos moneda nacional), y no la cantidad que se fijó en el incidente innominado de liquidación por el monto de $340,885.40 (trescientos cuarenta mil ochocientos ochenta y cinco pesos con cuarenta centavos moneda nacional), Manifestaciones que resultan infundadas, ya que como se indicó anteriormente el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, ya le ha pagado al quejoso Benito Sánchez Tirado, la cantidad total de $326,098.92 (trescientos veintiséis mil noventa y ocho pesos con noventa y dos centavos moneda nacional); que resultó previa resta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) consistente en la cantidad de $14,786.48 (catorce mil setecientos ochenta y seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional). Aunado a que, en la determinación de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente innominado de liquidación que promovió la parte quejosa Benito Sánchez Tirado a efecto de cuantificar las prestaciones que dejó de percibir con motivo de la separación injustificada del cargo del que fue objeto, se estipuló que la materia de dicha incidencia era únicamente cuantificar el monto que debió percibir el quejoso durante el periodo del dieciséis de octubre de dos mil catorce al catorce de diciembre de dos mil dieciséis, sin considerar deducciones de pagos ya efectuados, así como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo cual sería materia de análisis posteriormente. Deducciones de pagos ya efectuados, así como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que en la presente determinación ya se ha procedido a su estudio, y de la cual se concluyó que al quejoso Benito Sánchez Tirado le fue pagada la cantidad integra que se le adeudaba con motivo de la separación injustificada del cargo del que fue objeto, del periodo del dieciséis de octubre de dos mil catorce al catorce de diciembre de dos mil dieciséis, por la cantidad de $326,098.92 (trescientos veintiséis mil noventa y ocho pesos con noventa y dos centavos moneda nacional); que resultó previa resta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) consistente en la cantidad de $14,786.48 (catorce mil setecientos ochenta y seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional). De ahí lo infundado de sus alegaciones. Respecto de la alegación del quejoso de que la autoridad encargada del cumplimiento no estaba facultada por recalcular el monto de los impuestos que había de descontársele, pues los mismos ya estaban establecidos en el dictamen que emitió la perito oficial y que esta autoridad tomó en consideración en el incidente de liquidación; también resulta infundado. Lo anterior en virtud de que en la multicitada resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente innominado de liquidación que promovió el quejoso a efecto de cuantificar las prestaciones que dejó de percibir con motivo de la separación injustificada del cargo del que fue objeto; si bien, se tomó en consideración el dictamen suscrito por Marcela Ramírez Carrera, perito en materia de contabilidad designada por la Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado; también lo es que se estipuló que no se tomaba en consideración el importe que establecía respecto del Impuesto Sobre la Renta, pues ello no correspondía a la materia de dicha incidencia; de ahí lo infundado de la alegación del quejoso. Por otro lado, respecto de la solicitud del quejoso de que autoridad responsable deberá actualizar los pagos de las quincenas que le adeuda con motivo de su retraso al no pagar en tiempo y forma, dígasele que no ha lugar a acordar favorable su solicitud, toda vez que el monto que la responsable debe cubrir, se estipuló al resolver el incidente innominado de liquidación de sentencia de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete; el cual al no haber sido recurrido por ninguna de las partes, en auto de diez de abril del año en curso quedó firme. Finamente, respecto de su solicitud de que se ejecute en contra de las autoridades responsables las multas establecidas en la Ley de Amparo, por no dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud ya que como quedó establecido anteriormente las autoridades responsables y las encargadas del cumplimiento, ya han acatado los términos y lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Finalmente, agréguese a los autos la copia para conocimiento del oficio SFA-DRH-1415/2017, signado por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla, por medio del cual informa que el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, el quejoso se presentó ante dichas oficinas a recoger el cheque correspondiente al pago de indemnización correspondiente; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que en esta misma fecha se tuvo por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de abril de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos oficio signado por la Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla y anexo, atento a su contenido, téngase a dicha autoridad, informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento con el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otro lado, agréguese a los autos el diverso oficio signado por el Director de Recurso Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla y anexo, por medio del cual hace del conocimiento de esta autoridad las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual anexa diversas constancias con las cuales acredita haber dado cumplimiento parcial a la ejecutoria, al haberle pago al aquí quejoso una parte del monto especificado en el incidente innominado de liquidación de sentencia. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contados a partir de que se encuentre debidamente notificado del presente proveído, con las pruebas exhibidas por la autoridad responsable para que manifieste su conformidad o inconformidad con base a los pagos ya recibidos y de las deducciones relativas a que hace referencia la autoridad oficiante.
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