Benigno Lazcano Carreon
Expediente 1374/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1374/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Benigno Lazcano Carreon
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Libres Puebla, por medio del cual atento a lo requerido mediante auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, devuelve diligenciado el despacho 916/2017 orden 1121/2017 del índice de este juzgado, deducido del presente asunto. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial de mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, de la razón asentada por el Diligenciario adscrito al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Libres Puebla, se advierte que refiere haberse constituido en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de dicho Distrito Judicial, el trece de diciembre de dos mil diecisiete, para notificar al hoy quejoso Benigno Lazcano Carreón, el auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en este sumario constitucional. Atento lo anterior, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal de Libres, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique a Benigno Lazcano Carreón el presente acuerdo y el diverso de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Libres, Puebla; b) Por conducto del personal de seguridad y custodia de dicho Centro Penitenciario, se avoque a la localización de Benigno Lazcano Carreón, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente - juicio de amparo 1374/2017-D; d) Le notifique el presente acuerdo y el diverso de catorce de diciembre de dos mil diecisiete; e) Le corra traslado con copia autorizada de los mismos; y, f) Asiente razón en el sentido de si quisieron o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. En ese orden, dígase al juez requerido que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo vigente. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Benigno Lazcano Carreón, por propio derecho, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el juicio de amparo 1374/2017-D y, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, de la lectura íntegra a la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, dentro del juicio oral 7/2017/ORIENTE de su índice, consistentes en: a) La determinación tomada en audiencia de once de diciembre de dos mil diecisiete, de destituir a su defensor particular y nombrarle al defensor de oficio. b) Que a dicho defensor de oficio no se le concedió el plazo necesario para enterarse del contenido de la carpeta de investigación, según lo estipulado por el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, del acto reclamado identificado en el inciso a), la suscrita juzgadora advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" De tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, siempre y cuando el quejoso no sea tercero extraño al juicio natural. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En el particular, debe decirse que el quejoso Benigno Lazcano Carreón reclamó de la autoridad responsable Tribunal de Juicio Oral de la Región Oriente, con sede en la ciudad de Teziutlán, Puebla, la determinación adoptada en la audiencia llevada a cabo el once de diciembre de dos mil diecisiete, en el juicio oral 7/2017/ORIENTE, mediante revocó de su cargo a su defensor particular y le nombró al defensor de oficio, a quien concedió un término de cuatro días para imponerse de los autos de la citada carpeta. De lo antes indicado, es claro que la mencionada actuación constituye un proveído de trámite, pues no resuelve en definitiva el asunto, como lo señala el numeral 67, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, los preceptos 465, 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son del siguiente tenor: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." "Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de enjuiciamiento: I. Las que versen sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso." De la interpretación de dichos artículos se advierte que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, a efecto de que la examine nuevamente y resuelva lo que conforme a derecho corresponda; asimismo, se señala cuáles son las resoluciones apelables, emitidas por el juez de control y por el tribunal de enjuiciamiento. Bajo ese contexto, resulta evidente que si el acto reclamado por el quejoso Benigno Lazcano Carreón (determinación adoptada por el tribunal responsable en la audiencia llevada a cabo el once de diciembre de dos mil diecisiete, en la parte relativa en la cual destituir a su defensor particular y nombrarle al defensor de oficio, a quien le concedió un término de cuatro días para imponerse de los autos de la carpeta de investigación, es de mero trámite, porque no resuelve la controversia en definitiva, y en contra de dicho acto no procede el recurso de apelación, en tanto que no se ubica en ninguna de las hipótesis que señalan los transcritos artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por ende, es revocable, conforme al numeral 465 de la misma codificación. De esta manera, si el recurso de revocación que contempla la ley que rige el acto tildado de inconstitucional tiene por objeto que una de las partes legitimadas en la controversia penal pueda instarlo y con base en él se modifique, revoque o nulifique el mismo, es claro que existe la obligación de promoverlo previamente a la solicitud del amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Similar criterio adoptaron tanto el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión R-301/2015 de su índice, como el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión R-194/2017, cuestiones que se invocan como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia número 2a./J. 27/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra, dice: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial." Por tanto, en la especie, respecto del acto antes señalado, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, sin que en el caso opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b) y c) de dicho precepto legal, pues el acto reclamado por el quejoso no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Tampoco se trata de persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, caso en el cual el quejoso quedaría en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En otro sentido, respecto al acto reclamado identificado en el inciso b), consistente en que no se concedió el plazo necesario para enterarse del contenido de la carpeta de investigación al defensor público que le fue nombrado al quejoso, según lo estipulado por el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley..." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:. V.- Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Es conveniente precisar, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, interpretó el artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo y estableció el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al señalar que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" y, en esencia, afirmó que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Derivado de la contradicción de tesis, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese orden de ideas, conforme a la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el amparo es improcedente contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos y no sólo derechos adjetivos o procesales, siendo inaplicable el criterio de "grado predominante o superior" conforme a la interpretación expuesta en la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.). Así pues, por regla general, tratándose de violaciones cometidas dentro de procedimiento, resulta procedente el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. De tal manera, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado que tutelan los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano es parte, o bien, en la Carta Magna por medio de las garantías individuales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, entre otras. Ello, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. En cambio, los actos procesales que no tienen una ejecución irreparable, no tocan o lesionan por sí mismos los citados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado, sino que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones trasciendan al resultado del fallo definitivo y ocasionen que se resuelva adverso a los intereses del quejoso. Orienta lo anterior, por identidad de razón, la tesis P.L.VII/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia Común , que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la Jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/89, publicada con el número 607, en la página 673, Tomo II, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- Septiembre de 2011, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Atento a lo plasmado con anterioridad, la demanda promovida por el quejoso, respecto del acto reclamado identificado en el inciso b), resulta improcedente en virtud de reclamarse el hecho de que el tribunal de enjuiciamiento no concedió al defensor público el plazo necesario para enterarse del contenido de la carpeta de investigación, según lo estipulado por el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se está combatiendo un acto que no es de imposible reparación. Cierto, ese acto reclamado en esta instancia constitucional conculca un derecho adjetivo o procesal del quejoso, cuya ejecución no es de imposible reparación, dado que solo produce efectos de carácter formal o intraprocesal e incide en las posiciones que van tomando las partes del procedimiento con vista a obtener un fallo definitivo favorable. Dicho de otra manera, la circunstancia de que no se concediera al defensor público el plazo necesario para enterarse del contenido de la carpeta 07/2017/ORIENTE, no produce de manera directa e inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, puesto que puede quedar reparado al momento de que se dicte sentencia definitiva. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías por notoriamente improcedente. Por otra parte, no obstante que el quejoso señala un domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, ya que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social del Municipio de Libres, Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones dicho lugar; por lo que, de conformidad con el precitado numeral y, según lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal de Libres, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique a Benigno Lazcano Carreón el presente acuerdo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Libres, Puebla; b) Por conducto del personal de seguridad y custodia de dicho Centro Penitenciario, se avoque a la localización de Benigno Lazcano Carreón, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente - juicio de amparo 1374/2017-D; d) Le notifique el presente acuerdo; e) Le corra traslado con copia autorizada del mismo; y, f) Asiente razón en el sentido de si quisieron o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. En ese orden, dígase al juez requerido que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo vigente. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Por otro lado, se tiene como autorizado, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Benigno Lazcano Carreon, puesto que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho y, en términos restringidos del mismo numeral a Francisco Taboada García, por así haberlo solicitado. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." También, hágase saber a las autoridades responsables que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá por hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Aunado a ello, se les impondrá de forma separada una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes: "(.) a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días. (.)"; lo anterior, con excepción de los jueces Federales. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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