Benigno Osorio Hierro

Expediente 274/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
274/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Benigno Osorio Hierro
  • BENIGNO OSORIO HIERRO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que los promoventes interpusieran recurso de queja contra el auto de quince de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Notifíquese por lista a los promoventes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a los promoventes Benigno Osorio Hierro y Petra Cuatle Ruiz, para que dieran cabal cumplimiento al requerimiento que se le formuló el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, sin que lo haya hecho, a pesar de encontrarse debidamente notificado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haberse dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a los promoventes.

  3. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 15 DE abril DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a los promoventes Benigno Osorio Hierro y Petra Cuatle Ruiz, para que dieran cabal cumplimiento al requerimiento que se le formuló el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, sin que lo haya hecho, a pesar de encontrarse debidamente notificado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haberse dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a los promoventes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintidós de marzo pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que el juez de control responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El dieciocho de enero de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo al menor quejoso Brandon LS (de identidad reservada), respecto de la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, celebrada dentro de la causa penal 33/2020/JEJA, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), y 10, fracción I, incisos a), b), y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Secuestro, reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la víctima IMR -de identidad reservada-, así como de su ejecución; por las razones expuestas y para los efectos precisados en sus considerandos octavo y noveno. En acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se declaró que el fallo de referencia había causado ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Alberto Bagatella Bermúdez, Juez de Control Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla. Mediante proveído de once de marzo del año en curso, se tuvo al citado juez responsable comunicando los actos que había realizado en audiencias de seis y nueve de marzo de dos mil veintiuno, desahogadas dentro de la causa penal 33/2020/JEJA, con el objeto de cumplir con la ejecutoria de amparo; sin embargo, este órgano jurisdiccional advirtió dos motivos por los cuales no se encontraba cumplida la ejecutoria de amparo: ( El primero: que en las grabaciones contenidas en los dos discos en formato versátil digital (DVD) que dicha autoridad remitió, únicamente se apreciaba la audiencia celebrada el seis de marzo de dos mil veintiuno, mas no la de nueve de marzo del actual aludida en el oficio de cuenta; en cambio, se encontraron dos videograbaciones relativas a diversos procesos penales. ( El segundo: que no se encontraban ajustadas a la ejecutoria de amparo las actuaciones realizadas en audiencia de seis de marzo de dos mil veintiuno, consistentes en i) hacer constar la imposibilidad de Martín Uribe Romero -persona que asistió al menor quejoso como defensor particular en la audiencia inicial y su continuación- para acudir a la indicada audiencia y, por ende, de constatar su calidad de licenciado en derecho y de encontrarse especializado en el sistema integral de justicia penal para adolescentes; ii) ordenar la reposición del procedimiento de la audiencia inicial y su continuación y dar oportunidad al nuevo defensor, que en ese momento se encontraba asistiendo al quejoso, para que acreditara su calidad de licenciado en derecho y su especialidad en el sistema integral de justicia penal para adolescentes; y, iii) diferir la audiencia para el nueve de marzo de dos mil veintiuno, con la finalidad de que se exhibieran los documentos idóneos para probar la especialización del nuevo defensor. En ese tenor, en dicho acuerdo de once de marzo del actual y tomando en cuenta las consideraciones y efectos de la sentencia, se concluyó que el juez responsable no requería ni precisaba la presencia del defensor Martín Uribe Romero para corroborar si era licenciado en derecho y si contaba con la especialidad en el sistema integral de justicia penal para adolescentes al momento de la celebración de la audiencia inicial y su continuación -veinte y veinticuatro de agosto de dos mil veinte-, ya que ello lo pudo realizar sin su presencia, sólo verificando, con su auxiliar de sala, la cédula profesional y los documentos que dicha persona exhibió dentro de la carpeta judicial administrativa e, incluso, indagando en la página de internet de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y ante las diversas instituciones educativas que hayan expedido los documentos de especialidad en el aludido sistema. De manera que -se dijo- su inasistencia, por sí sola, no justificaba ni implicaba reponer toda la audiencia inicial, ya que ello conllevaría a otorgar, de forma indebida, una nueva oportunidad a la defensa de debatir la vinculación a proceso solicitada y los datos de prueba expuestos, violando el principio de igualdad procesal. En efecto, -se precisó- lo que se buscó con la sentencia de amparo era cerciorarse de que el defensor que asistió al quejoso, al momento de desahogarse la audiencia inicial, realmente fuera licenciado en derecho y contara con la especialidad en el sistema integral de justicia penal para adolescentes y, de ser así, dejar intocado el debate entre las partes y emitir una resolución en el mismo sentido que la reclamada; en caso contrario, se tendría que reponer dicha audiencia precisamente porque el quejoso no fue debidamente asistido, en contravención con el derecho de defensa reconocido por el artículo 20, apartado B, fracción VIII, Constitucional. En consecuencia, se requirió nuevamente al juez de control responsable para que cumpliera, sin excesos ni defectos, con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, en el entendido de que debía dejar sin efectos las determinaciones dictadas en audiencias de seis y nueve de marzo de dos mil veintiuno, celebradas dentro de la causa penal de origen. Finalmente, por auto emitido el veintidós de marzo del año en curso, se tuvo al juez de control informando de nueva cuenta los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y con el contenido del oficio con registro 4942 -de 2021- y sus anexos, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se declaró inconstitucional el auto de vinculación a proceso de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictado en contra del quejoso dentro de la causa penal 33/2020/JEJA, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de secuestro agravadoprevisto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), y 10, fracción I, incisos a), b), y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Secuestro, reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la víctima IMR -de identidad reservada-, así como de su ejecución -la cual no se reclamó por vicios propios-. Para arribar a tal conclusión, en dicha sentencia se consideró -en esencia- lo siguiente: A. Que atendiendo a los motivos de agravio que sustentó la parte quejosa en su demanda de amparo, no hubo necesidad de requerirle para que, además del auto de vinculación a proceso dictado en su contra, señalara como actos reclamados destacados las resoluciones del control de su detención y de la imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, dictadas también en audiencia inicial de veinte de agosto de dos mil veinte y en su continuación verificada el veinticuatro de agosto siguiente. B. Que en virtud de ello, el análisis constitucional se enfocaría únicamente en el cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento para el dictado de un auto de vinculación a proceso y, en todo caso, en las violaciones procesales acaecidas en dicha etapa. C. Que se cumplieron con ciertas formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que el auto de vinculación a proceso se emitió por autoridad jurisdiccional, que no se aplicó ley de forma retroactiva en perjuicio del director quejoso y que satisfizo el procedimiento que los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén para el desahogo de la audiencia inicial y su continuación, aplicado supletoria a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. D. Que el juez de control no se cercioró con el auxiliar de sala si Martín Uribe Romero, quien protestó y aceptó el cargo de defensor particular del quejoso Brandon LS, era licenciado en derecho y que contara con especialidad en el sistema integral de justicia penal para adolescentes; y que todo ello constara en la videograbación respectiva, en cumplimiento al criterio jurisprudencial emanado de la contradicción de tesis 405/2017; lo cual, no implica el reconocimiento de una violación al derecho de defensa adecuada sino únicamente el de un incumplimiento a la regla de cerciorarse que el defensor era licenciado en derecho y, además, que contara con la aludida especialidad. E. Que durante el desahogo de la audiencia inicial y su continuación no se advirtió que el defensor haya incurrido en errores sistemáticos que evidenciaran desconocimiento notorio e indudable de las técnicas de litigación del procedimiento de origen y que hayan ameritado su remoción en términos del artículo 121 del Código Nacional. F. Que fue acertada la decisión del juez de control en excluir los medios de prueba ofrecidos por la defensa, porque ésta no realizó su descubrimiento probatorio dentro de un plazo prudente antes de la continuación de la audiencia inicial, a fin de que su contraparte estuviera en igualdad de condiciones. En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: 1. Dejara sin efectos el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia oral de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, celebrada dentro de la causa penal 33/2020/JEJA -acto reclamado-. 2. Hecho lo anterior, señalara fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de esa determinación, para que con las formalidades de ley, se cerciorara de que Martín Uribe Romero, persona que asistió al menor quejoso como defensor particular en la audiencia inicial y su continuación, fuera licenciado en derecho y se encontrara especializado en el sistema integral de justicia penal para adolescentes, lo que acontecería con el hecho de que se hiciera referencia del número de cédula que lo acreditara como profesional y de los documentos que exhibió para acreditar su especialidad, así como con el cuestionamiento que el juez de control hiciera al encargado de sala, sobre si verificó que los datos a los que se hizo alusión correspondían a los documentos exhibidos por el defensor. 3. En ese punto, se abrirán dos supuestos o caminos -excluyentes entre sí-, uno en el que apareciera que efectivamente el defensor es licenciado en derecho y que cuenta con la aludida especialidad y otro en el que no, por lo que el juez de control debía seguir sólo uno de los caminos que se exponen a continuación. Primer camino: en el que aparezca que el defensor sí es licenciado en derecho y que cuenta con la aludida especialidad. Segundo camino: en el que aparezca que el defensor no es licenciado en derecho y que cuenta con la aludida especialidad ....Notifíquese personalmente al quejoso menor de edad Brandon LS (de identidad reservada), en el lugar donde se encuentra resguardado -"Casa del Adolescente" perteneciente al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ubicada en kilómetro 4.5 de la Carretera Federal Puebla-Atlixco, Colonia Emiliano Zapata, San Andrés Cholula, Puebla-; por lista a su madre, a su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo -en cumplimiento al proveído de diez de septiembre de dos mil veinte-, así como al tercero interesado de identidad reservada IMR -parte ofendida de origen-, en cumplimiento a lo ordenado en auto de doce de noviembre de dos mil veinte; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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