Benita Chan y Uc

Expediente 554/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
554/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
17/06/2019

Partes del expediente

  • Benita Chan y Uc

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por el Secretario en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en el presente juicio de amparo y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. De conformidad con el párrafo tercero del artículo Décimo Primero del citado Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, se hace del conocimiento a la parte quejosa, que cuenta con un término de noventa días hábiles para que comparezca a este juzgado a recoger los diversos documentos que exhibió adjuntos a su demanda en el presente juicio, apercibida que de no hacerlo los mismos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    aviso ... Mérida, Yucatán, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por el Secretario en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en el presente juicio de amparo y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. De conformidad con el párrafo tercero del artículo Décimo Primero del citado Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, se hace del conocimiento a la parte quejosa, que cuenta con un término de noventa días hábiles para que comparezca a este juzgado a recoger los diversos documentos que exhibió adjuntos a su demanda en el presente juicio, apercibida que de no hacerlo los mismos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se tienen por recibidos los informes justificados rendidos por la Subdelegada de Registro y Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán y por la Registradora Integral adscrita al Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, los cuales se agregan a estos autos para que obren como legalmente correspondan. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta a la solicitud que formuló mediante escrito presentado ante la Delegación en Yucatán del Registro Agrario Nacional el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, y a la cual se le dio el número de folio 31190000459, por medio del cual solicitó la inscripción de la transmisión de derechos por sucesión que en vida le correspondiera a su extinto conyuge, el señor Pablo Can y Uicab en el ejido de Kanasín, del Municipio de Kanasín, Estado de Yucatán, en términos de la sentencia del TUA 34-1066/2018 de cinco de noviembre de dos mil dieciocho en la que se nombra a la parte quejosa sucesor preferente. Sin embargo, de los informes justificados y constancias anexas, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el veinte de mayo de dos mil diecinueve se dio respuesta a la solicitud que formulo la parte quejosa por escrito presentado ante la Delegación en Yucatán del Registro Agrario Nacional el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, y a la cual se le dio el número de folio 31190000459, por lo que se ejecutó la sentencia dictada en el expediente TUA34-1066/2018 relativo a la transmisión de derechos del extinto Pablo Can y Uicab a favor de Benita Chan y Uc, en el ejido de Kanasín, del Municipio de Kanasín, Yucatán, por tal motivo se generaron los certificados con números 1010283 y 57946/176, mismos que serán materializados por el Departamento de Titulación de la Unidad Administrativa de dicha Delegación, los cuales se pondrán a disposición en el Centro de Atención de Usuarios de la misma para ser entregados a su titular; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la omisión por parte de las autoridades responsables de dar respuesta a la solicitud que formulo la parte quejosa por escrito presentado ante la autoridad responsable el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, y a la cual se le dio el número de folio 31190000459, por medio del cual solicitó la inscripción de la transmisión de derechos por sucesión que en vida le correspondiera a su extinto conyuge el señor Pablo Can y Uicab en el ejido de Kanasín, del Municipio de Kanasín, Estado de Yucatán, en términos de la sentencia del TUA 34-1066/2018 de cinco de noviembre de dos mil dieciocho en la que se nombra a la parte quejosa sucesor preferente; es incuestionable que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que la autoridad responsable dio contestación a dicha solicitud, lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la Materia, se tiene como delegada de las nombradas autoridades responsables, a la profesionista señalada en el oficio de cuenta, asimismo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en los referidos oficios de mérito, por tratarse de su residencia oficial. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AVISO ... Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se tienen por recibidos los informes justificados rendidos por la Subdelegada de Registro y Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán y por la Registradora Integral adscrita al Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, los cuales se agregan a estos autos para que obren como legalmente correspondan. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta a la solicitud que formuló mediante escrito presentado ante la Delegación en Yucatán del Registro Agrario Nacional el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, y a la cual se le dio el número de folio 31190000459, por medio del cual solicitó la inscripción de la transmisión de derechos por sucesión que en vida le correspondiera a su extinto conyuge, el señor Pablo Can y Uicab en el ejido de Kanasín, del Municipio de Kanasín, Estado de Yucatán, en términos de la sentencia del TUA 34-1066/2018 de cinco de noviembre de dos mil dieciocho en la que se nombra a la parte quejosa sucesor preferente. Sin embargo, de los informes justificados y constancias anexas, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el veinte de mayo de dos mil diecinueve se dio respuesta a la solicitud que formulo la parte quejosa por escrito presentado ante la Delegación en Yucatán del Registro Agrario Nacional el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, y a la cual se le dio el número de folio 31190000459, por lo que se ejecutó la sentencia dictada en el expediente TUA34-1066/2018 relativo a la transmisión de derechos del extinto Pablo Can y Uicab a favor de Benita Chan y Uc, en el ejido de Kanasín, del Municipio de Kanasín, Yucatán, por tal motivo se generaron los certificados con números 1010283 y 57946/176, mismos que serán materializados por el Departamento de Titulación de la Unidad Administrativa de dicha Delegación, los cuales se pondrán a disposición en el Centro de Atención de Usuarios de la misma para ser entregados a su titular; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la omisión por parte de las autoridades responsables de dar respuesta a la solicitud que formulo la parte quejosa por escrito presentado ante la autoridad responsable el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, y a la cual se le dio el número de folio 31190000459, por medio del cual solicitó la inscripción de la transmisión de derechos por sucesión que en vida le correspondiera a su extinto conyuge el señor Pablo Can y Uicab en el ejido de Kanasín, del Municipio de Kanasín, Estado de Yucatán, en términos de la sentencia del TUA 34-1066/2018 de cinco de noviembre de dos mil dieciocho en la que se nombra a la parte quejosa sucesor preferente; es incuestionable que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que la autoridad responsable dio contestación a dicha solicitud, lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la Materia, se tiene como delegada de las nombradas autoridades responsables, a la profesionista señalada en el oficio de cuenta, asimismo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en los referidos oficios de mérito, por tratarse de su residencia oficial. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

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