Benito Álvarez Bernal
Expediente 549/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Benito Álvarez Bernal
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 549/2018 RESULTANDO Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el veinte de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido en ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Benito Álvarez Bernal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que enseguida se mencionan. AUTORIDAD RESPONSABLE Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad. ACTO RECLAMADO ". la indebida, ilegal y deficiente contestación hecha a mi escrito de fecha 18 de mayo de 2018, mediante oficio número 129001340100/0920 de fecha 05 de junio de 2018." Segundo. Tramitación del juicio de amparo. Por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada bajo el número 549/2018; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO Primero. Competencia Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un oficio emitido por una autoridad administrativa residente en el lugar en que este juzgado de Distrito tiene jurisdicción . Segundo. Oportunidad. La parte quejosa en su demanda bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el cinco de junio de dos mil dieciocho, sin que de autos se advierta diversa fecha de conocimiento; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del seis al veintisiete de junio del año en curso (descontados los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro por haber sido inhábiles); de ahí que, al haberse presentado la demanda el veinte de junio de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. Tercero. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que el objeto de estudio en este asunto lo constituye el oficio 129001340100/0920 de cinco de junio de dos mil dieciocho, derivado de la petición formulada por el quejoso en escrito presentado ante la autoridad responsable el dieciocho de mayo pasado. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad al corroborarse de la documental consistente en el oficio 129001340100/0920 que en original exhibido por la parte quejosa; a la cual, dada su naturaleza se le concede valor pleno en término de los artículos 197, 202 y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; que la parte quejosa dirigió una petición por escrito a dicho instituto. Sin que obste que el referido comunicado oficial lo signa el Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo y no la autoridad señalada en este juicio con el carácter de responsables, dado que aquél es un servidor público que pertenece a la Delegación en Guerrero del Instituto Mexicano de Seguro Social, autoridad a la cual inicialmente el peticionario de amparo le dirigió petición por escrito, como se advierte del acuse de recibo respectivo; es decir, se trata de autoridades de una misma dependencia. Aunado a que fundamentalmente lo que pretende la garantía consagrada en el artículo 8º Constitucional, es dar contestación a la petición, por lo que la autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo alguno; de ahí que la respuesta contenida en el oficio reclamado cumple con los fines del derecho de petición. Quinto. Causales de improcedencia. Verificada la certeza del acto reclamado, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en este apartado se analizan las causas de improcedencia; en el caso, se estima que se actualiza la prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu, que en la parte interesa disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación (.)." La fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Por otro lado, el juicio de amparo siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo que para determinar si un eventual fallo protector es susceptible de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de dicha violación, debe tenerse en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), consultable en la página 898, del Libro 31, junio de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Conforme a dicho criterio jurisprudencial la procedencia del juicio de amparo respecto de la omisión de dar contestación a una solicitud formulada ante una entidad aseguradora -Instituto Mexicano del Seguro Social-, se deriva de la necesidad de garantizar la protección efectiva al derecho de petición contenido en el artículo 8º constitucional, a efecto de que el funcionario o servidor público diera respuesta a la petición relativa en materia de seguridad social, haciéndose señalamiento expreso de que no procedía la ampliación de la demanda de amparo en contra dicha contestación, pues de no satisfacerse el intereses del gobernado asegurado con tal determinación, tenía expedito su derecho para acudir a la vía ordinaria correspondiente para combatirla. Es decir, en esto último la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció una hipótesis de improcedencia de la acción constitucional, en tanto que en los casos en los que el gobernado acude dentro de una relación de coordinación ante un funcionario o servidor público a ejercer el derecho sustantivo contenido en el invocado precepto constitucional, el amparo sólo es procedente contra la omisión de dar contestación a la petición relativa, siendo improcedente respecto de la contestación que se llegue a emitir, pues tal decisión deberá analizarse en la instancia ordinaria que corresponda; lo que a su vez guarda congruencia con el carácter extraordinario del juicio de amparo. En ese orden de ideas, de las actuaciones que obran en este juicio, se obtiene que el quejoso mediante escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, presentó escrito ante la Delegación Estatal Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual, relató de manera detallada que con motivo de sus actividades en la empresa en la cual prestaba sus servicios, sufrió riesgo de trabajo y derivado de esto se le concedió pensión de incapacidad permanente parcial, por lo que se dio de baja como trabajador, sin que el referido instituto le otorgara una resolución en la que estableciera su alta del padecimiento y/o en su caso, se determinara una pensión definitiva; asimismo, precisó que la sociedad civil para la cual laboraba lo dio de baja ante el instituto de referencia. Por lo que pidió, se le inscribiera "en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, ello de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Seguro Social, ya que de acuerdo con la resolución de pensión de fecha 23 de enero de 2017, la misma se me otorgó a partir del 21 de noviembre de 2016 al 20 de noviembre de 2018, para que se me haga una valoración médica y se me pueda o dar de alta y me reintegre a mi trabajo o en su defecto se me otorgue una pensión definitiva". En razón de ello, en su único punto petitorio solicitó: "Que la empresa LALA OPERACIONES, S.A. DE C.V., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la ley del seguro social continúe pagando las aportaciones obrero patronales, hasta en tanto se determine por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social que se me reintegre a laborar o me otorgue una pensión de incapacidad permanente total y definitiva". Con base en lo anterior, sobre la solicitud que elevó el quejoso en su carácter de asegurado, la autoridad responsable, a través del Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo de la Dirección de Prestaciones Económica y Sociales, del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Guerrero, que en "atención al oficio sin número de folio, sin fecha, recibido por esta coordinación el día 04-06-2018, donde después de haber sido analizado en todas y cada una de sus partes, no se desprende ningún cuestionamiento a esta coordinación, solo mencionada usted mismo que tiene pendiente una revaloración en el mes de noviembre para estar en condiciones de otorgar un alta o continuar con la pensión que actualmente goza". Entonces, teniendo como referencia los lineamientos contenidos en la invocada jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), puede obtenerse que la respuesta contenida en el oficio reclamado fue en cumplimiento a la obligación que el artículo 8º constitucional impuso a la autoridad responsable, cuyo ejercicio se desplegó dentro de una relación de coordinación por tratarse de un trabajador hacia la patronal. Por tanto, este juzgador se encuentra impedido para analizar la legalidad del oficio 129001340100/0920, ya que como se dijo en líneas precedentes, en la hipótesis que nos ocupa, al ser precisamente el caso atendido en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), no es factible analizar la legalidad de la contestación recaída a una petición formulada en un plano de igualdad, por lo que no es jurídicamente posible restituir al quejoso en el pleno goce del derecho que estima violentado, habida cuenta que ello debe ser objeto de pronunciamiento de la potestad común en la instancia ordinaria que corresponda; situación que pone de manifiesto que opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el artículo 77, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, en su interpretación a contrario imperio, con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por ende, con fundamento en el arábigo 74 del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 75 y 77, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 549/2018, en términos de lo establecido en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. Agréguese lo de cuenta; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Representante y Apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero, en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; asimismo, téngasele por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley de la materia a las personas que designa. Ahora bien, a fin de que el informe de mérito sea conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día, y se fijan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por otro lado, para los efectos legales que correspondan, hágase del conocimiento de las partes de la designación del Titular de este juzgado de Distrito mediante oficio SEADS/809/2018, de cuatro de julio actual, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con efectos a partir del dieciséis de julio de dos mil dieciocho.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por BENITO ÁLVAREZ BERNAL, por su propio derecho, contra actos del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. Regístrese en el libro de gobierno con el número 549/2018, y fórmese expediente. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberá informar sí con anterioridad la parte quejosa promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirá las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTOS. Igualmente, se le informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. PRUEBAS. Ahora bien, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas las documentales que adjunta junto con su demanda de amparo, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Zacatecas, número 58, colonia Progreso, de esta ciudad; por autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Noé Villanueva Hidalgo, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.
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