Benigno Rivera Contreras

Expediente 190/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
190/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Benigno Rivera Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION DE VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Acapulco, Guerrero; veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Benigno Rivera Contreras, por su propio derecho, contra actos del Titular de la Unidad del Centro de Justicia Alternativa en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 190/2021, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. De su análisis se advierte que el quejoso reclama de la autoridad responsable el inicio de la carpeta de investigación 12030230200255261120, instruida en su contra por el delito de fraude específico en agravio de Margarita Marcela Reyes Alcántara. Precisado lo anterior, tenemos que el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 6 de la citada ley de la materia; atento a lo siguiente: Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6 de su Ley Reglamentaria, en su orden, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Las citadas disposiciones conforman el llamado interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, el cual en lo que interesa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Entonces, para que proceda el juicio de amparo es necesario que la afectación del interés jurídico se concrete de manera cierta, directa y actual, pues se presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que se transgrede por una ley o acto de autoridad, de modo que, una persona tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional cuando el acto que reclame le causa un agravio personal y directo, que se entiende como todo menoscabo u ofensa a la persona, ya sea física o moral, el cual puede o no ser patrimonial, pero siempre apreciable objetivamente, es decir, real y no de carácter subjetivo o incierto. En ese sentido, la integración de una carpeta de investigación, no afecta la esfera jurídica del quejoso, pues el artículo 21 de la Constitución General de la República faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica el allegarse de medios que acrediten la responsabilidad del inculpado en la comisión de hechos que la ley señale como delito, para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, es una facultad de origen reservada al Ministerio Público, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que limitaría esa función, con graves consecuencias como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal. Por ende, si a dicha institución, por disposición constitucional le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar la materialidad de un delito y la responsabilidad del inculpado, entonces es inconcuso que dentro de dicha facultad se comprende la de investigar, lo que se traduce en practicar diligencias para descubrir algún hecho, en relación con la comisión de un ilícito y del responsable del mismo. De ese modo, se concluye que los actos del Ministerio Público relativos a la "integración de la carpeta de investigación" no pueden producir agravio personal y directo en contra de la parte quejosa, ni lesionan su interés jurídico, porque los particulares carecen de facultades legales para evitar la investigación de un delito, se reitera, por ser una facultad constitucional del Ministerio Público. Así las cosas, resulta improcedente la solicitud de un particular para que a través del juicio de amparo se analice la radicación de la carpeta de investigación, pues las diligencias ahí practicadas en ningún caso podrán llegar a afectarle si no es que una vez consignada un juez las tome en cuenta para emitir una orden de captura, de ahí que la demanda que se analiza resulta notoriamente improcedente en cuanto al acto reclamado de que se trata, pues se insiste, esa sola circunstancia en modo alguno afecta su interés jurídico. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia mencionada, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la misma y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Aquiles Serdán, número 9, Despacho 1, primer piso, colonia Centro, código postal 39300, en esta ciudad; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Romelio Lorenzo García, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Lucio García Villalva y Urbano Carrillo Lugardo, por no cumplir con el requisito anterior, quedando a salvo su derecho para hacerlo con posterioridad. Asimismo, para los efectos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por sus similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021 es decir, para comunicaciones no procesales, se tienen como datos de contacto los correos electrónicos y teléfonos proporcionados. INFORMACIÓN GENERAL Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 22, fracción I, 28 y 29 del citado Acuerdo General 21/2020, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se le invita para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Del mismo modo, se le informa que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general, para la consulta del expediente de manera física previamente deberá generar una cita, para lo cual habrá de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema le proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  3. Principal

    TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA

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