BENITA GATICA CALVARIO y Otros.

Expediente 21/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
21/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
19/02/2019

Partes del expediente

  • Benita Gatica Calvario
  • José Gatica Pérez
  • BENITA GATICA CALVARIO y Otros.
  • JOSÉ GATICA PÉREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió el primer testimonio de la escritura pública número dieciocho mil cuatrocientos setenta; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se le deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlo, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicho documento será destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Luis Ángel Robles Lucas, Secretario adscrito a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, QUE DICE: Visto el escrito signado por Homar Hernández Reséndiz, apoderado legal de la parte quejosa, a través del cual desahoga la prevención formulada en proveído de quince de enero actual y exhibe copia simple de la sentencia definitiva dictada en el expediente TCA/SRZ/064/2015 y sus acumulados. Ahora bien, del escrito inicial de demanda, así como de los escritos aclaratorios, se advierte que inicialmente señaló como acto reclamado el siguiente: 1. La resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente TCA/SRZ/064/2015, dictada por la Sala Regional de Zihuatanejo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. Luego, en diverso ocurso recibido en acuerdo de veintinueve de enero de la presente anualidad, amplió la demanda por cuanto hace al siguiente acto reclamado: 2. La notificación de ocho de enero de dos mil diecinueve, de la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente TCA/SRZ/064/2015, dictada por la Sala Regional de Zihuatanejo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. IMPROCEDENCIA Ahora bien, en acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. El juicio de amparo por los actos reclamados, es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo de la Ley de Amparo. La citada disposición legal, indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. 5. Cuando se trate de auto de vinculación a proceso. En el caso concreto, el acto reclamado con el arábigo uno, debe impugnarse a través del recurso de revisión por los siguientes motivos: Los artículos 168, 169, 178, fracción VII, 179, 180, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen: "ARTICULO 168.- Para impugnar las resoluciones, son admisibles los siguientes recursos: I.- Queja; II.- Reclamación; y III.- Revisión". "ARTICULO 169.- Los recursos deberán ser interpuestos por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, en los términos establecidos para cada uno de ellos". "ARTICULO 178.- Procede el recurso de revisión en contra de: . VII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto." "ARTICULO 179.- El recurso de revisión deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma". "ARTICULO 180.- En el escrito de revisión, el recurrente deberá asentar una relación clara y precisa de los puntos que en su concepto le causen agravios y las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho que estime le han sido violados, debiendo agregar una copia para el expediente y una más para cada una de las partes, designará domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de ubicación de la Sala Superior del Tribunal, adjuntará el documento que acredite la personalidad cuando no gestione en nombre propio y señalará el nombre y domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere". "ARTICULO 181.- Interpuesto el recurso, en el acuerdo de recepción respectivo y previa certificación, la Sala Regional emplazará a la parte contraria y al tercero perjudicado si lo hubiere, para que en un término de cinco días dé contestación a los agravios, si así le conviniera. Hecho lo anterior, se remitirá el expediente a la Sala Superior para su calificación y resolución correspondientes, en un plazo que no exceda de cinco días hábiles contados a partir de que hayan sido notificadas las partes. La omisión de esta disposición dará origen a la responsabilidad oficial que corresponda". "ARTICULO 182.- La Sala Superior calificará la admisión del recurso y de ser procedente, designará al Magistrado ponente, quien formulará el proyecto de resolución y dará cuenta del mismo al Pleno de la Sala Superior en un plazo no mayor de diez días hábiles. No se admitirá y se desechará de plano el recurso, cuando sea interpuesto por la autoridad y ésta no haya dado contestación a la demanda instaurada en su contra" De lo transcrito se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el citado cuerpo de leyes, se encuentra el de revisión, el cual procede en contra de las resoluciones que resuelvan el fondo del asunto. De lo expuesto, se concluye que antes de acudir al juicio de amparo, era necesario acudir a la vía ordinaria de defensa para combatir el acto reclamado, dado que éste era susceptible de ser impugnado a través del recurso de revisión, pues tal medio de impugnación tiene por objeto que la Sala Superior a la luz de los agravios planteados, confirme, revoque o modifique total o parcialmente el auto controvertido; y al no hacerlo se incumplió con el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, por lo que atañe al segundo de los actos reclamados, consistente en la notificación de ocho de enero de dos mil diecinueve, de la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente TCA/SRZ/064/2015, dictada por la Sala Regional de Zihuatanejo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se tiene que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, en términos de los artículos 152, 153 y 154 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Guerrero, que señalan: "ARTÍCULO 152.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en este Código serán nulas. En este caso, el afectado podrá promover el incidente de nulidad dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el escrito en que la promueva. ARTICULO 153.- Admitida la promoción de la nulidad, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expongan lo que a su derecho convenga, y transcurrido dicho plazo, el Magistrado de la Sala dictará resolución. Si se declara la nulidad, la Sala ordenará reponer el procedimiento a partir de la notificación declarada nula. ARTÍCULO 154.- En caso de que se declare la nulidad por responsabilidad imputable al actuario, se le aplicará una multa que no excederá de cinco días de su salario mensual; en caso de reincidencia, se le impondrá una sanción hasta por quince días de suspensión en el ejercicio de sus funciones." De la transcripción anterior se advierte que contra de la notificación de ocho de enero de dos mil diecinueve, debió agotar el incidente de nulidad previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Guerrero, previo a la instancia del juicio de amparo, en acatamiento al principio de definitividad que lo rige. Lo anterior, en razón de que es evidente que la notificación del ocho de enero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente TCA/SRZ/064/2015 y sus acumulados, debió impugnarse a través del incidente de nulidad de notificación previsto por el artículo 152, del digo de Procedimientos Administrativos del Estado de Guerrero, previamente a la instauración de la presente instancia constitucional, habida cuenta que la resolución que resuelva dicha incidencia debe entenderse como la última resolución de un procedimiento de autonomía destacada. Por tanto, resulta indudable que la parte quejosa, en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, debió agotar el referido incidente, pues a través de éste, la notificación que reclama y sus consecuencias, pudieron haber sido nulificadas, aunado el hecho de que no ubica en alguna de las hipótesis de excepción a que se refieren las fracciones a) a d), del invocado ordinal 61, de la ley de la materia. Lo anterior es así, en virtud de que no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, primeramente, porque a los quejosos no les resulta el carácter de persona extraña a juicio, pues son terceros extraños en el expediente TCA/SRZ/064/2015 y sus acumulados, ya que bajo protesta de decir verdad manifestaron que fueron llamados en dicho asunto con dicha calidad, además refieren que el veinticinco de enero de este año acudieron ante la Sala Regional de Zihuatanejo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, a efecto de notificarse de la resolución de la que se duelen y fueron informados que la misma se les había notificado por estrados el ocho de enero de este año; por tanto, no se actualiza la citada excepción. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro V, febrero de 2012, página 1627, cuyo rubro y texto literalmente establecen lo siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Lo anterior, aunado a que dicha resolución no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal. De ahí que es dable estimar que la procedencia del recurso o medio de defensa no debe sujetarse a una interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente para determinarla, para que éste, en caso contrario quedara en libertad de interponerlos; por lo que, los quejosos previamente a promover el juicio de amparo, debieron interponer el recurso de revisión en contra de la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente TCA/SRZ/064/2015 y sus acumulados, dictada por la Sala Regional de Zihuatanejo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero y en contra de su notificación el incidente de nulidad por las consideraciones antes señaladas. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para los ahora agraviados cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. En este tenor, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa.Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

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