Belen Cortés Villa y Otros.
Expediente 319/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 319/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 07/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rebeca Lucero Cortez Aburto
- Belen Cortés Villa y Otros.
- Marcos Raydel Pañeda Cortés
- Belen Cortés Villa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil diecinueve. SE DA CUENTA CON AUTOS Y SE ORDENA ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al ARCHIVO el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. En consideración a lo anterior y toda vez que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse SOBRESEÍDO el juicio de amparo, por lo que se estima que el juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. DESTINO DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por haberse negado la suspensión provisional y definitiva, es susceptible de DESTRUIRSE, lo anterior de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del acuerdo en mención. DUPLICADO DE INCIDENTE. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su DESTRUCCIÓN una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente. TRANSFERENCIA. Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.Edy
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de ocho de agosto de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO EN EL EXPEDIENTE 319/2019, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. GERARDO ORTIZ PÉREZ DE LOS REYES, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 319/2019, promovido por Belén Cortés Villa, por sí y en representación de su menor hijo M.R.P.C., y otros, contra actos del contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretaria de la Secretaría de Bienestar Social, ambos con sede en la ciudad de México, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. De igual forma se hace contar que en auto de quince de abril del año que transcurre, se ordenó girar oficio al Delegado Regional de la Defensoría Pública Federal, con sede en esta ciudad, con la finalidad de designar representante especial del menor M.R.P.C., y otros, el cual mediante oficio presentado el veinticuatro de abril del año que transcurre , informó que se designaba a Olivia Benítez Reyes, como representante especial de los menores, quien aceptó y protestó el cargo conferido mediante oficio presentado ante el Oficial de Partes de este Juzgado el veinticuatro de ese mismo mes y año . Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: a) Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. b) Director General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que los quejosos adjuntaron diversas constancias a su escrito inicial de demanda , probanzas que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que únicamente la asesora jurídica federal hizo lo propio mediante el ocurso presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el dos de julio pasado , EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por formulados los alegatos de referencia, y al no haber más alegatos que tener por reproducidos se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 319/2019, promovido por Belén Cortés Villa, por sí y en representación de su menor hijo M.R.P.C., y otros contra actos del contra actos de la Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, remitido por razón de turno a este Juzgado de Distrito en esa misma data, Belén Cortés Villa, por sí y en representación de su menor hijo M.R.P.C., y otros, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados que a continuación se precisan: "ACTO, NORMAS O LEYES RECLAMADAS: 1. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: A). 'La omisión de publicar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019. B). 'Las consecuencias directas e indirectas de la omisión reclamada en el punto que antecede, mismas que se pueden traducir en la falta de entrega de subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, e incluso de la cancelación del Registro en el Padrón del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. C). 'En el supuesto caso, no consentido, que se considere que se dictaron las reglas de operación para Apoyar a Madres Trabajadoras, mediante el ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019'; también se reclama esté. 2. Del C. Secretario de la Secretaría de Bienestar Social: A). 'La omisión de publicar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal de 2019'. B: 'Las consecuencias directas e indirectas de la omisión reclamada en el punto que antecede, mismas que se pueden traducir en la falta de entrega del subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, e incluso de la cancelación del Registro en el Padrón del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras'. C). 'En el supuesto caso, no consentido, que se considere que se dictaron las reglas de operación para Apoyar a Madres Trabajadoras, mediante el ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019'; también se reclama esté'." En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulnerados en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 4, 5, 6, 11, 14, 16, 25, 27, 49, 72, 73, 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. RADICACIÓN Y PREVENCIÓN. En proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve se tuvo por recibida la demanda de amparo; se registró en el libro de gobierno bajo el número I-319/2019; y, se previno a la parte quejosa para que subsanara las irregularidades ahí advertidas. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO. Subsanado lo anterior, el quince de abril de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que se reclama la inconstitucionalidad de una norma de naturaleza administrativa con motivo de su entrada vigor, por reclamarse actos que no tienen ejecución, por tanto, el conocimiento de la demanda se determina a prevención. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados se debe acudir al estudio integral de la demanda de amparo sin atender a calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, desprendiéndose, por ende, que los actos reclamados consisten en: La omisión de publicar las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. El Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos -por conducto del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos-, al rendir informe justificado , negó la existencia del acto y la omisión que las quejosas les atribuyeron, sin que estos últimos aportaran pruebas idóneas que desvirtuaran dichas negativas. Asimismo, el titular de la Secretaría de Bienestar -por conducto del titular de la Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de esa Secretaría-, al rendir informe justificado , negó la existencia de la omisión que las quejosas les atribuyeron, sin que las impetrantes de derechos aportaran medios de convicción idóneos que desvirtuaran esa negación. Además, la negativa afirmada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se corrobora al considerar que la parte quejosa le reclama como acto la expedición del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. En este sentido, de la lectura del ordenamiento reclamado -que es de conocimiento general al haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero del año en curso y, por consiguiente, no es objeto de prueba, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo- se corrobora que, efectivamente, el titular del ejecutivo no tuvo participación en su expedición y promulgación. Lo mismo ocurre por cuanto a la omisión que la quejosa reclama tanto al titular del Ejecutivo Federal, como a la titular de la Secretaría de Estado responsable, relacionada con la falta de publicación de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a madres trabajadoras, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, pues la lectura del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve permite advertir que el diverso que emitía "Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras" fue abrogado con motivo de la expedición del que emite "Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras". Lo anterior, conforme a su segundo transitorio, que dispone: "SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017.". Por ello, no es factible que exista una omisión respecto de publicar unas reglas que ya fueron abrogadas, y además fueron sustituidas por otras; de ahí que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintidós de marzo de dos mil diecinueve-, tal omisión no existía. Así, como ambas responsables negaron la existencia de la omisión que se les reclamó, y el titular del Ejecutivo Federal también negó la existencia del acto que se le atribuyó, y dichas negativas no se desvirtuaron con pruebas idóneas, ni los alegatos expuestos por la quejosa realizaron lo propio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer respecto de las omisiones reclamadas a las autoridades responsables, como también por lo que hace al acto que en concreto se reclamó al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por inexistentes. Resulta aplicable la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Es cierto el acto reclamado a la titular de la Secretaría de Bienestar, en el ámbito de sus atribuciones, porque así lo manifestó el funcionario que le representa, al rendir su informe justificado. Además, la notoria existencia de actos consistentes en disposiciones legales, no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Máxime, si la existencia de las disposiciones legales combatidas se encuentra acreditada con la publicación en el órgano de difusión oficial, dado que constituye un hecho notorio, en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo Jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, cuyo contenido es el siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." QUINTO. Previo al estudio de fondo del asunto, se deben analizar las causas de improcedencia invocadas por las partes o que este juzgado advierta, de conformidad con lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este resolutor advierte la actualización de la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XII , en relación con el diverso 5, fracción I -aplicado en sentido contrario-, ambos de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el juicio, tal como afirma la responsable titular de la Secretaría de Bienestar. Se afirma, porque la parte quejosa no acreditó que la emisión de las Reglas de Operación del Programa Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, afecte su interés jurídico o legítimo. Se considera así porque, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la parte agraviada es todo aquel que sufra un perjuicio, entendido éste como un menoscabo, una ofensa o lesión en sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por cualquier ley o acto de autoridad. En este sentido, el artículo 107 constitucional, que establece los principios rectores del juicio de amparo, contiene el principio de que el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, ante la existencia de un agravio personal y directo, que puede entenderse como una afectación que, pudiendo o no ser material, debe apreciarse y demostrarse objetivamente. Es decir, la persona que acude al amparo alegando violación a sus derechos debe demostrar que esta es real y no de carácter simplemente subjetivo, es decir, que cuenta con interés jurídico para reclamar los actos que, a su consideración, vulneran derechos. Es orientadora, en tanto que no se opone a la normativa de amparo vigente, la jurisprudencia 168/2007 , emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." (El resaltado es propio). Así, el interés jurídico se liga estrechamente con la existencia del agravio personal y directo, pues, para analizar si un acto u omisión que se reclama en amparo vulnera los derechos de una persona, necesariamente debe demostrarse que el gobernado cuenta con interés jurídico para reclamarlo, esto es, que efectivamente es titular de un derecho subjetivo y que la conducta de la autoridad le genera una afectación real y actual a éste; de lo contrario, no es posible que exista aquél para ejercer válidamente la acción constitucional. Entonces, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), lo cual, se insiste, debe demostrarse fehacientemente y no con base en presunciones o simples manifestaciones. En ese sentido, a efecto de verificar si se actualiza la causa de improcedencia en mención, en primer término se precisa que de la interpretación literal de los artículos Transitorios del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve , se desprende que dicho Acuerdo entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el citado medio de difusión federal. Dicha norma general abroga el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017. También, que la Secretaría de Bienestar otorgará a las personas Beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, el apoyo correspondiente a los meses de enero y febrero del 2019, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de ese año mediante el mecanismo que establezca la Secretaría de Bienestar. Asimismo, que las personas que se afiliaron al Programa en el ejercicio fiscal 2018 en la modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil y no habían cumplido el año calendario prestando los servicios de cuidado y atención infantil, con niñas(os) inscritas(os) y con la finalidad de evitar se incurra en la conducta denominada "uso indebido de recursos públicos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas", por la realización de actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos federales o que omita la rendición de cuentas de la comprobación de los recursos destinados a la afiliación al Programa, se ordena que, la persona Responsable deberá realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) del apoyo inicial que se le otorgó con motivo de la afiliación al Programa en el ejercicio fiscal 2018, y en el caso de que haya concluido el plazo del reintegro y no se tenga la comprobación del depósito realizado a la cuenta de TESOFE, la Secretaría de Bienestar por conducto de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo reguladas en el artículo 17 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, girará un oficio a la persona Responsable remisa en el reintegro indicándole una fecha precisa para el depósito del recurso junto con las cargas financieras que se hayan generado y, en el caso de no haberse realizado el reintegro del apoyo inicial y las cargas financieras previo al requerimiento anterior, las referidas Delegaciones turnarán por las vías jurisdiccionales correspondientes la petición del reintegro más cargas financieras. Por último, que en caso de que se necesitara emitir alguna Nota Aclaratoria relacionada con las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, dicha Nota debería ser firmada por la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar. Así, dicha porción normativa, establece determinada hipótesis bajo la cual, entre otras cosas, precisa la fecha a partir de la que entra en vigor; abroga el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017 e indica la forma en que se otorgará a las personas Beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, el apoyo correspondiente a los meses de enero y febrero del 2019, así como la data en la cual, a más tardar, se llevará a cabo la entrega de dicho apoyo mediante el mecanismo que establezca la Secretaría de Bienestar; asimismo, se prevén los lineamientos que deben cubrir las personas que resulten favorecidas con el programa contenido en el Acuerdo tildado de inconstitucional. En consecuencia, dicha norma es de naturaleza autoaplicativa, ya que no requiere de un acto posterior en donde se aplique dicho ordinal para que se considere que causa perjuicio a quienes está dirigida, porque la citada ley establece la forma en que se otorgarán los apoyos a las personas Beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019; y, por tanto, las personas que se encuentren beneficiadas con el aludido programa, quedan obligadas a someterse a las reglas de operación del citado Acuerdo por su sola expedición. De ahí que, su sola expedición que fija, entre otras cuestiones, la fecha a partir de la cual entra en vigor; abroga el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017 y la forma en que se otorgará a las personas Beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, el apoyo correspondiente a los meses de enero y febrero del 2019, así como la data en la cual, a más tardar, se llevará a cabo la entrega de dicho apoyo mediante el mecanismo que establezca la Secretaría de Bienestar; y se establecen los lineamientos que deben cubrir las personas que resulten favorecidas con el programa en mención, causa perjuicio a los gobernados que se encuentran beneficiados por el programa en cita. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 232359, página 250, Volumen 181-186, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, y b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad". De igual forma, resulta aplicable, la tesis del propio Pleno de nuestro Alto Tribunal del País, registro 800694, página 167, Volumen 103-108, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse al través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma". Así, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. La procedencia de la acción constitucional de amparo requiere que se acredite el perjuicio por la entrada en vigencia del reglamento reclamado, es decir, que incida en los derechos que se invocan, pues un acto reclamado en amparo causa perjuicio a una persona física o moral cuando lesiona, directa o indirectamente sus intereses, ya sea en su persona o patrimonio, y es cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en esta vía constitucional. De igual manera, resulta necesario que el gobernado sea titular o portador de un interés -patrimonial o moral- al cual se le cause una afectación subjetiva u objetiva, es decir, debe incidir en sus derechos, ya que con esto puede reclamar y alegar su interés, pues la intención es que su pretensión -en el caso de que prospere-, se traduzca en un beneficio jurídico a su favor. De lo expuesto se infiere que para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, es que el acto o ley reclamados causen un perjuicio al quejoso o agraviado. Acotado lo anterior, como se señaló en la precisión del acto reclamado, la parte quejosa reclama el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Sin embargo, las quejosas carecen de interés para impugnar dicha norma, ya que no justificaron el carácter con el que se ostentaron en su demanda, esto es, no acreditaron ser afectadas por la expedición del Acuerdo aludido, y por ende, que las consecuencias jurídicas de dicha normativa afecten su esfera jurídica. Resulta conveniente contextualizar la temática inherente al "Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras", a saber: El Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras se encuentra sujeto a la expedición de las Reglas de Operación, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. Luego, estas Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, según su artículo 3.2., tienen una población objetivo a la que va dirigido dicho programa, la cual se divide en dos modalidades: ? La primera, se encuentra encaminada al apoyo a madres trabajadoras, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita no rebasa la línea de bienestar y declaren que no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios; y que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o un niño de entre un año y hasta un día antes de cumplir los cuatro años, o entre un año y hasta un días antes de cumplir los seis años, en casos de menores con alguna discapacidad; y, ? La segunda, dirigida al impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil, cuya población consiste en las personas que deseen establecer y operar una Estancia Infantil, o que cuenten con los espacios en los que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y atención infantil para la población de la primera modalidad, conforme a los criterios y requisitos establecidos en el numeral 5 [Modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil] de estas reglas de operación y sus anexos. Ahora, en el caso, las quejosas afirman encontrarse en esa primera directriz o modalidad, en su carácter de madres trabajadoras beneficiarias del programa multicitado y que con motivo de las normas reclamadas se le irroga un perjuicio. En ese orden de ideas, para acreditar la afectación a su esfera jurídica, con motivo de la entrada en vigor de las normas reclamadas, las quejosas exhibieron: 1) Copias cotejadas de las actas de nacimiento de sus menores hijos Marcos Raydel Pañeda Cortés, Scarlett Olivo Cortez, Ian Alejandro Ramírez Guzmán, Tadeo Salvador Calix Vargas, Javier Everardo Vargas Saucedo, Elizabeth Guerra Morelos, Diego Said Arévalo Lara y José García Cortés . 2) Copias cotejadas de las credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electora e Instituto Nacional Electoral respectivamente, de las madres aquí quejosas . 3) Copia cotejada del convenio de concertación celebrado el pasado dos de enero de dos mil dieciocho entre la entonces Secretaría de Desarrollo Social y la "responsable de la estancia infantil" . 4) Copias simple del "Control de Asistencias por Niño (a)", que se llevó en la "estancia infantil" durante el mes de diciembre de dos mil dieciocho . Sin embargo, dichas documentales son insuficientes para acreditar su interés jurídico o legítimo, porque el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, tiene como objeto mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral mediante la entrega de un apoyo económico para el cuidado y atención infantil de las niñas y niños a cargo de las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian y que no tienen acceso directo o por parentesco a los sistemas de seguridad social, en específico al cuidado y atención infantil como prestación laboral. Es así porque, en primer término, el control de asistencias que las quejosas adjuntaron a su demanda de amparo, se trata de copias simples que por sí misma carece de valor probatorio pleno y sólo genera la simple presunción de la existencia del documento que reproduce. De modo que, en cuanto a su contenido, no se advierte que se trate de un documento público, pues no se observa algún membrete o sello oficial de alguna institución gubernamental, sin que tampoco exista mención del nombre de algún servidor público que respalde y haga suyo su contenido para llegar a presumir de que exista el documento que reproduce. Bajo esta tesitura, se estima que con la copia fotostática descrita no es suficiente para acreditar el interés jurídico, dado que aun cuando la copia del control de asistencias pudiera corresponder a la que llevara una estancia infantil afiliada al programa -como una entidad particular en términos del cumplimiento de las reglas de operación del año inmediato anterior-, es necesario que la parte promovente acredite de manera fehaciente que efectivamente era beneficiaria del programa aludido durante el ejercicio fiscal anterior. En segundo término, si bien exhibieron el convenio de concertación celebrado el pasado dos de enero de dos mil dieciocho entre la entonces Secretaría de Desarrollo Social y la responsable de la "estancia infantil", éste tampoco no es suficiente para crear convicción en el suscrito respecto del interés jurídico que pudieran tener las quejosas. Es así, porque del convenio de concertación únicamente se colige que, de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, la estancia infantil mencionada celebró convenio con el Ejecutivo Federal, a través de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, para que, entre otras cosas, de acuerdo a los fines y objetivos del programa mencionado, se conjuntaran acciones y recursos con el objeto de ofrecer servicios de cuidado y atención infantil, bajo las cláusulas ahí estipuladas, durante el ejercicio fiscal mencionado. Además, este órgano jurisdiccional tiene como un hecho notorio que el pasado veintiocho de febrero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que en concreto en sus artículos primero y segundo transitorios, se aprecia lo siguiente: "(.) TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017. (.)" Como se ve, en el citado Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el uno de marzo de dos mil diecinueve, y en el artículo segundo transitorio del referido acuerdo se abrogó el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil diecisiete. En mérito de lo anterior, es evidente que el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, a la fecha ya no se encuentra vigente, puesto que desde el uno de marzo de dos mil diecinueve, se encuentra en vigor el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Incluso, el punto 4.4 de las mencionadas reglas de operación para el presente año, dispone lo siguiente: "4.4. Integración del Padrón de Beneficiarios Las Personas que al 31 de diciembre 2018 se encontraban incluidas en el padrón de beneficiarios en la modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos, a cargo de la Dirección General de Políticas Sociales y que cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el numeral 3.3, con excepción de lo señalado en el requisito 5 de dicho numeral; así como las personas Beneficiarias que se incorporen mediante los levantamientos de información realizados en campo quienes tendrán que dar cumplimiento a todos los criterios y requisitos señalados en el numeral 3.3 de estas Reglas de Operación Se dará prioridad para ser Beneficiarias(os) a las personas que habiten municipios indígenas, de alto rezago social, pobreza extrema, zonas con alto grado de marginación, altos índices de violencia, la zona fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que generen estrategias integrales de desarrollo." Como se observa, las personas que hayan sido beneficiarias del Programa al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho -lo que presupone el cumplimiento de las reglas de operación de ese año-, serán incluidas al padrón de beneficiarios para la presente anualidad siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 3.3 de las vigentes reglas de operación, con la previsión expresa de otorgar prioridad a las personas que habiten municipios indígenas, de alto rezago social, pobreza extrema, índices de violencia, la zona fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que generen estrategias integrales de desarrollo. En esta medida, si bien pudiera existir una nueva incorporación al padrón de las personas beneficiarias al treinta y uno de diciembre del año anterior, es el caso que para efecto de este juicio de amparo, la parte quejosa debió demostrar fehacientemente que se encontraba afiliada durante el año próximo pasado, para considerar que dentro de la presente anualidad pudiera seguir contando con el beneficio referido. Sobre esa base, como se mencionó, si la parte quejosa no acreditó alguna afectación con la emisión del Acuerdo que expidió las ciadas reglas de operación, es evidente que carece de interés jurídico para impugnar la norma general tildada de inconstitucional, puesto que cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al amparista, es requisito indispensable que la parte solicitante del amparo en la audiencia constitucional, acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa), lo cual no acontece en el particular. Máxime, que no obra constancia de la que se desprenda que con la emisión del Acuerdo icombatido, se haya cancelado algún registro otorgado a su favor y que se encuentre vigente; ya que no basta, para tener por demostrado el interés jurídico o legítimo, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de la hipótesis de la norma, puesto que aunque ello aconteciera, sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 206527, página 267, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que prevé: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURÍDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma". De igual forma, tiene apoyo la jurisprudencia 3a./J. 9/94 de la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal Mexicano, registro 206625, página 17, Núm. 76, Abril de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERES JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica". Asimismo, es aplicable al respecto, la tesis aislada 3a. LII/91 de la extinta Tercera Sala del Alto Tribunal, registro 207025, página 50, tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA ÚNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA. No debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el artículo 4o. de la Ley de Amparo previene que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo". Por tanto, es dable concluir que las quejosas no se encuentran en un contexto legal determinado, surgido de una relación concreta con la finalidad de la exigencia que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; menos aún, están en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes del Estado de Mexicano, ya que no se advierte un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, por medio del cual puedan reclamar a los poderes públicos que actúen acorde con los ordenamientos legales correspondientes. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa refiera que el Acuerdo reclamado trastoca el interés superior del menor contenido en el artículo 4° de la Constitución Federal, ya que si no se encuentra demostrado que algún infante sea titular de un derecho legítimamente tutelado contenido en la norma impugnada, la sola manifestación de la amparista en ese sentido, es insuficiente para acreditar el interés jurídico o legítimo en el amparo, ya que la aplicación de dicho principio no implica inobservar los requisitos para la procedencia del juicio, ni constituir derechos a favor del menor. Menos aún conlleva soslayar los presupuestos de procedencia del juicio y resolver si se niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Apoya a lo anterior, por analogía jurídica, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal del País, registro 2005039, página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". De igual forma, es aplicable, por identidad de razón jurídica, en lo conducente, la tesis XXVII.3o.129 K (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, registro 2018163, página 2389, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UN MOTIVO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO SE ALEGUE LA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA VIVIENDA Y LA PROTECCIÓN DE UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE UN MENOR. El numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el párrafo séptimo del artículo 4o. constitucional dispone que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. En este contexto, si en el juicio de amparo el representante legal de un menor invoca el principio del interés superior de la niñez y afirma, subjetivamente, que el acto reclamado (consistente en el embargo de un inmueble), le generará daños a su bienestar, desarrollo y al derecho de contar con una vivienda, sin demostrar que el infante es titular de un derecho legítimamente tutelado, ello es insuficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, ya que la aplicación de dicho principio no implica inobservar los requisitos para la procedencia del juicio, ni constituir derechos a favor del menor". Asimismo, resulta aplicable, la diversa tesis aislada XXVII.3o.130 K (10a.) del propio Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, registro 2018164, página 2390, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". En conclusión, al no haberse probado que la sola entrada en vigor de la normatividad reclamada causa perjuicio alguno a los intereses jurídicos o legítimos de las quejosas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se debe sobreseer en este juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Belén Cortés Villa, Rebeca Lucero Cortez Aburto, Claudia Lizbeth Guzmán Sánchez, Katia Guadalupe Vargas Ortiz, María Monserrat Saucedo Villaseñor, Itzel Guadalupe Morelos Manríquez, Gabriela Lara Guerrero y María de los Ángeles Cortés Barajas, por sí y en representación de sus menores hijos, en contra de los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de julio de dos mil diecinueve. ALEGATOS. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por Olivia Benítez Reyes, representante especial de los menores M.R.P.C y otros; atento a su contenido, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por haciendo las manifestaciones que vierte a guisa de alegatos, de todo lo cual se ordena hacer relación en la audiencia constitucional. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.*lsm.
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