Belen Felix del Villar
Expediente 1032/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 10/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Belen Felix del Villar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. El término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo transcurrió para la parte quejosa del veinticuatro de septiembre al cinco de octubre de dos mil dieciocho, sin que haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. Sí existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a diez de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el trece de septiembre del año en curso, en la que se negó el amparo y protección solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general, remítase el presente expediente previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, el tomo de pruebas que remitió en su momento como justificación de sus actos, consistente en el toca de apelación civil 707/2015. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. SDelgado
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1032/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el trece de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Benigno Beltrán Telles y Benigno Daniel Beltrán Esparza, en nombre y representación de Belén Félix del Villar, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de la autoridad y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 16 a 19); se ordenó su registro con el número 1032/2018; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguidos todos los trámites, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos emitidos por una autoridad judicial con residencia dentro del territorio donde tiene competencia este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda de amparo este juzgador considera que los quejosos reclaman: 1. De la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas: La resolución de trece de marzo de dos mil dieciocho dictada en el toca de apelación civil 707/2015, que confirmó la interlocutoria de dos de octubre de dos mil quince emitida por el juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, en el juicio ejecutivo mercantil 998/2009. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo anterior por así desprenderse de las constancias que conforman el juicio de amparo, toda vez que los quejosos fueron notificados del acto reclamado el veinte de marzo de dos mil dieciocho (foja 862 vuelta del tomo de pruebas); surtiendo efectos dicha notificación al día siguiente de conformidad con el artículo 1075 del Código de Comercio, por lo tanto, el plazo para la interposición del amparo transcurrió del veintidós de mazo al dieciséis de abril de dos mil diecisiete, con descuento de los días veinticuatro, veinticinco, veintiocho, veintinueve y treinta de marzo, así como el uno, siete, ocho, catorce y quince de abril, todos de dos mil dieciocho, por haber sido días inhábiles; consecuentemente si la demanda de amparo se presentó el trece de abril de dos mil dieciocho, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La magistrada presidenta de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado (foja 25 del juicio de amparo), aceptó la existencia del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con el toca de apelación civil 707/2015; documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que debe analizarse de oficio la eventual actualización de alguna causal de improcedencia, pero en el caso, una vez analizado de manera oficiosa el juicio de amparo, la suscrita no advierte la existencia de alguna causal de obvia y objetiva constatación, por lo que no es procedente sobreseer en el juicio, además que las partes omitieron expresar razones que justificaran la actualización de algún motivo de improcedencia. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 137/2006, consultable en la página 365, del Tomo XXIV, Octubre de 2006, correspondiente a la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor literal: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio". SEXTO. Conceptos de violación. En el caso, se determina innecesario realizar la trascripción de los conceptos de violación que expresó la promovente del juicio de amparo, pues se encuentran dentro del capítulo respectivo del escrito de demanda. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que a continuación se transcribe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Antecedentes del acto reclamado. Previo a emitir pronunciamiento respecto de lo fundado o infundado de los conceptos de violación formulados, conviene relatar los antecedentes de los actos reclamados y exponer su contenido, según se desprende de las constancias con que se cuenta para resolver, de los que se destaca lo manifestado en los antecedentes de la demanda de amparo. 1. Por auto de catorce de septiembre de dos mil nueve, ante el Juzgado Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, se radicó el juicio ejecutivo mercantil 998/2009, promovido por DANIEL ARTEAGA CORREA, por conducto de sus endosatarios en procuración José Carlos Azabache López y/o Edgar César Muñoz Ibarra y/o Ignacio Martínez Flores, aquí terceros interesados, contra HOMERO LARA FÉLIX y la aquí quejosa BELÉN FÉLIX DEL VILLAR VIUDA DE LARA, reclamando el pago de $1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), y demás anexidades (fojas 20 y 21 del tomo de pruebas). 2. El diez de noviembre de dos mil diez, se dictó sentencia condenatoria en contra de la aquí quejosa y su codemandado, por la cantidad de $500,000.00, (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración un abono de $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional), de la cantidad que se reclamó como suerte principal inicialmente $1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional); asimismo, se condena a los demandados a pagar el 3% mensual a partir de la fecha que incurrió en mora, hasta el pago total de las prestaciones (fojas 102 a 112 ídem). 3. Por auto de trece de diciembre de dos mil diez, causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil de origen (foja 122 del tomo de pruebas). 4. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil catorce, la demandada aquí quejosa, promovió incidente de excepción superveniente de pago ante el juez de origen (fojas 765 a 776 del tomo de pruebas). 5. Por auto de veinte de noviembre de dos mil catorce, la autoridad responsable proveyó como no admisibles la excepciones de la quejosa, mismo que en cumplimiento a la concesión de amparo del juicio 240/2015, del índice de este propio Juzgado de Distrito, ordenó dar trámite al incidente propuesto lo que aconteció mediante auto de uno de septiembre de dos mil uno (foja 777, 778, 793 a 796 y 803 del tomo de pruebas). 6. Mediante resolución de dos de octubre de dos mil quince, el juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital del Estado de Zacatecas, declaró improcedente el incidente de excepción superveniente de pago (fojas 812 a 816 del tomo de pruebas). 7. Inconforme con dicha resolución la aquí quejosa interpuso recurso de apelación, el cual resolvió la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, mediante resolución de trece de marzo del año en curso, la cual confirmó la sentencia de primera instancia (fojas 857 a 862 del tomo de pruebas). Resolución que constituye el acto reclamado. Ahora, en los conceptos de violación la quejosa se duele de que el acto reclamado, además de afectar sus intereses jurídicos y patrimoniales, viola en su perjuicio los derechos humanos y las garantías que otorga la Constitución, en relación con el artículo 17, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales, ya que, desde su punto de vista, la Sala responsable obró incorrectamente, en virtud de que la demandada otorgó la cantidad de $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional), que fueron reconocidos en confesional por el actor; así como que la responsable debió haber revocado el auto apelado y decretado la procedencia de la excepción de pago ya que se fundó en documentos públicos y privados los cuales no han sido discutidos en su veracidad; máxime que lo que está en juego es la casa habitación de la quejosa y al negarse a reconocerle el derecho a la justicia por cuestiones de un rigorismo jurídico que no debe existir se le niega su derecho fundamental. También arguye que la autoridad se pierde en complicadas interpretaciones y deja al lado la verdad real que consta en el expediente y que con los documentos públicos y privados que ahí obran es procedente la excepción de pago. Asimismo, que de la sentencia que se impugna se advierte que los argumentos que la responsable vierte para declarar improcedentes los agravios expresados por la parte demandada aquí quejosa, no tienen sustento jurídico, ya que por más que manifieste para apoyarlos que son actos antes del dictado de la sentencia e invoque diversas tesis, se olvida que ello es contrario a los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque obliga a la quejosa a pagar una deuda que no tiene. También, se duele que la responsable hace una mala interpretación del artículo 1397 del Código de Comercio, ya que sustenta la improcedencia en que los hechos son anteriores al dictado de la sentencia, lo cual es cierto; pero posteriores a la contestación, incluso que el actor reconoció la existencia de un pago de dinero relacionada de un mutuo con pago de interés y garantía hipotecaria, reconocido también por el actor; a más que lo que ha venido sosteniendo es que se administre justicia, lo que no ocurre con la sentencia reclamada. Asimismo, señala que no se analizaron correctamente sus agravios, sin perderse en criterios rigoristas ya que si bien es cierto los hechos fueron anteriores al dictado de la sentencia no menos cierto es que debe prevalecer en todo momento el principio de dar razón a quien la tiene. Considera el suscrito que los anteriores conceptos de violación devienen infundados e inoperantes, por las siguientes razones. En primer lugar, cabe decir que las garantías consagradas en los artículo 14, 16 y 17 Constitucionales, estipulan que nadie puede ser privado de la vida, de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que deberán de ser observadas las formalidades esenciales del procedimiento, de lo que se sigue al respetar ese derecho se hace posible que la parte afectada sea oída y vencida en una resolución que tenga la posibilidad de impugnar. Así como, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de una autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y finalmente que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos legales. Tales garantías asumen su verdadero significado cuando se le concatenan y complementan con la diversa del debido proceso legal, pues el llamamiento que se hace al demandado, debe ser seguido de la pulcritud procedimental de los demás actos procesales que embonen correctamente con los términos estrictamente establecidos en la legislación que resulte aplicable, acorde al principio de seguridad jurídica (legalidad), asimismo, que todo acto de autoridad debe ser fundado y motivado, por último que todo gobernado tiene el derecho a que se le administre justicia. Luego, contrariamente a lo que aduce la quejosa, de las constancias que se tienen a la vista no se advierte que en el procedimiento de origen dejaran de respetarse los fundamentos esenciales del debido proceso, tampoco que haya incurrido en contra de los artículos 14 y 16 Constitucionales, en el sentido de que no se encuentre debidamente fundada ni motivada la resolución reclamada y por lo tanto, que se haya dejado de administrar justicia por parte de la responsable como lo precisa el diverso precepto 17 de nuestra carta magna, en conexión con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; lo anterior, toda vez que se le llamó a juicio, tuvo oportunidad de ofrecer pruebas y desahogarlas, así como de alegar y obtener una sentencia que se declaró ejecutoriada. También se puede constatar el respeto a esos derechos al haber confirmado la improcedencia del incidente excepción superveniente de pago planteado el trece de noviembre de dos mil catorce. Determinación que el suscrito considera acertada en la medida que la autoridad judicial no tenía otra opción legal que la establecida en el artículo 1397 del Código de Comercio, que establece: "Artículo 1,397. Si se tratare de sentencia, no se admitirá más excepción que la de pago si la ejecución se pide dentro de ciento ochenta días; si ha pasado ese término, pero no más de un año, se admitirán además las de transacción, compensación y compromiso en árbitros; y transcurrido más de un año, serán admisibles también la de novación, comprendiéndose en ésta la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, y la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida en virtud de ejecutoria, convenio ó juicio constante en autos. Todas estas excepciones, sin comprender la de falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia, convenio ó juicio, y constar por instrumento público, por documento judicialmente reconocido ó por confesión judicial". Por tanto, no tiene razón la inconforme al dolerse de lo resuelto en el acto reclamado, ya que ella misma al plantear el mencionado incidente de excepción superveniente de pago, indicó y aportó pruebas en donde se desprende que celebró un contrato de mutuo por la cantidad de $1,500,000.00, (un millón quinientos mil pesos), de once de julio de dos mil siete; exhibió diez pagares donde consta la cantidad de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos moneda nacional), el último con vencimiento de ocho de junio de dos mil ocho, así como un recibo de pago por la cantidad de $700,000.00 (setecientos mil pesos) con data de ocho de julio de dos mil ocho, lo que no sólo revela que la excepción citada no es posterior a la sentencia ejecutoriada dictada el diez de noviembre de dos mil diez, sino que de la propia sentencia se desprende que fue tomada en consideración como abono o pago parcial a la deuda y existió una remisión de la misma y fue condenada descontando esa cantidad en el fallo final ejecutoriado. De ahí que quien resuelve no advierta una conducta errónea de la sala responsable cuando acopló su determinación a lo que estipula la ley, puesto que el hecho de que se pueda hacer valer en cualquier tiempo una excepción sustancial y perentoria en la etapa de ejecución de sentencia, atiende únicamente a la procedencia del incidente de excepción de pago, pero no elimina la necesidad de que la respectiva excepción surja con posterioridad a la sentencia ejecutoriada. Apoya lo anterior, la tesis aislada 1o.C.167 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, registro 167117, página 1062, del rubro y texto: "EXCEPCIÓN DE PAGO. DEBE ADMITIRSE EN CUALQUIER TIEMPO DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)". De la interpretación del artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, no se deduce que la excepción de pago únicamente pueda oponerse dentro de los ciento ochenta días siguientes a aquel en que se hubiese notificado la sentencia ejecutoriada, toda vez que si se diera tal interpretación se llegaría al absurdo de impedir al condenado en juicio demostrar que cumplió con la sentencia decretada en su contra después de dicho lapso; cuando el cumplimiento es la finalidad esencial que se persigue, como un acto emanado de la administración de justicia, al que está obligada la autoridad a proporcionar a todo gobernado. Es decir, la instauración de un juicio y su culminación en el dictado de una sentencia no tienen otra finalidad que objetivizar una norma abstracta en un caso concreto, de tal manera que a través de su dictado se establezca la existencia del derecho desconocido por el demandado y su obligación de cumplir con él; luego, dicha obligación de cumplir no desaparece en tanto no se haya cumplido con la sentencia o haya prescrito el derecho a hacerla efectiva, y tampoco se le puede obligar a cumplir dos veces o más con ella. Por tanto, su cumplimiento, o pago no puede estar supeditado a un término de ciento ochenta días, y en caso de que dicho cumplimiento o pago se haya dado fuera de ese término, es ilícito obligar al condenado por tal resolución a volver a cumplir con ella; consecuentemente, la excepción de pago debe admitirse en cualquier tiempo de la ejecución de la sentencia ejecutoriada pues el referido artículo 504 no priva de ese derecho al establecer que si la ejecución de la sentencia se solicita dentro de los ciento ochenta días siguientes al en que se notificó la sentencia ejecutoriada, sólo se admitirá la excepción de pago; si ya pasó ese término, pero no más de un año, se admitirán, además de la excepción de pago, las de transacción, compensación y compromiso en árbitros; si hubiere transcurrido más de un año, serán admisibles, además de todas las excepciones anteriores, la de novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualesquiera otro arreglo que modifique la obligación, así como la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida por virtud de ejecutoria o convenio constante en autos." En el caso, la excepción superveniente de pago que hizo valer la quejosa y se declaró improcedente, no es oponible a lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable, ya que las excepciones supervenidas que se hagan valer posteriores al dictado de la sentencia, deben ser hechos suscitados después del dictado de la sentencia, y los acaecidos con anterioridad a ella ya se tuvo la oportunidad de hacerlos valer dentro del procedimiento; como en el caso, máxime que su pago parcial sí fue tomado en consideración al momento de dictarse la resolución, de ahí que resulten infundados los conceptos de violación esgrimidos en relación a que no se le administró justicia y que son cuestiones rigoristas los fundamentos de la responsable al dictar la confirmación de la resolución que declaró improcedente el incidente de excepción superveniente de pago. Apoyo a lo anterior, la tesis I.8o. C.50C, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Novena Época, página 673, del tenor siguiente: "EXCEPCION DE PAGO EN EL PERIODO DE EJECUCION. PUEDE PLANTEARSE COMO EXCEPCION SOBREVENIDA CON POSTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA. El artículo 1397 del Código de Comercio que regula la excepción de pago en el período de ejecución, establece que ésta puede hacerse valer con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva, cuando se trate evidentemente de excepciones sobrevenidas, tomando en consideración que respecto de hechos acaecidos antes de dictarse la sentencia de primera instancia ya se tuvo oportunidad dentro del procedimiento de hacer valer las defensas y excepciones que se estimaron convenientes, pues de otra forma se estarían controvirtiendo cuestiones que ya constituyen cosa juzgada." A la par, resulta inoperante el diverso motivo de agravio relativo a que no se tomó en cuenta que la demandada aquí quejosa haya abonado la cantidad de $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional). Lo anterior, en virtud de que de la sentencia dictada en el juicio mercantil de origen se advierte que si se tomaron en consideración la cantidad referida, tan es así que en la propia sentencia se hizo énfasis de la existencia del abono o pago parcial de la deuda, como se desprende de las fojas ciento ocho y ciento nueve del tomo de pruebas, incluso la suerte principal reclamada por el actor ascendía a $1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) y fue condenado únicamente por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo que es inconcuso que hubo una disminución del monto reclamado, de ahí la inoperancia de su concepto de violación. Luego, lo procedente es negar la protección constitucional impetrada contra el acto reclamado de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta capital. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en lo establecido por los artículos 73, 74, 77 y 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política del País, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Belén Félix del Villar, por conducto de sus representantes Benigno Beltrán Telles y Benigno Daniel Beltrán Esparza, por las razones expresadas en el último considerando que antecede. Notifíquese; y personalmente. ..."
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con diez minutos del trece de junio de dos mil dieciocho, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1032/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Armando Agustín Solís Monroy, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. En principio, el secretario da cuenta con un pedimento ministerial registrado con el folio 12440. A lo que el juez acuerda: agréguese a los autos el pedimento de cuenta y relaciónese en la etapa procesal respectiva; asimismo, como lo solicita la representación social, una vez que se dicte la sentencia, expídansele las copias respectivas, en términos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Enseguida, el secretario da lectura de las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias; en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de la autoridad responsable Primera Sala Civil y de lo Familiar del tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por conducto de la magistrada presidenta (foja 25); de igual forma se tiene por emplazado a juicio en su calidad de tercero interesado a Daniel Arteaga Correa (foja 42). En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con la documental que exhibió la quejosa con su demanda de amparo (fojas 10-15), así como con la que remitió la autoridad responsable, consistente en el toca de apelación civil 707/2015 (guardado por separado). A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario relaciona los vertidos por la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado mediante el pedimento de cuenta; a lo que el juez acuerda: ténganse formulados los alegatos referidos y precluído el derecho de las demás partes para expresarlos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo, que firman quienes intervinieron.- DOY FE. EL JUEZ IVÁN OJEDA ROMO EL SECRETARIO ARMANDO AGUSTÍN SOLÍS MONROY
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El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con folio 10563. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Daniel Arteaga Correa, en su carácter de tercero interesado; en atención a su contenido, se le tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Uno, número 223 Altos, Fraccionamiento Boulevares, en esta ciudad. Asimismo, una vez realizada una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, se advierte que los licenciados Sergio Ignacio Martínez Flores y Patricia Martínez Escobedo sí tienen cédula profesional 1895620 y 9821599, respectivamente registradas; por tanto, como lo solicitó el mencionado tercero interesado en el escrito, se le tienen como autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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