Belem Gabriela Domínguez Díaz

Expediente 968/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
968/2015
Año
2015
Actuaciones
17
Última actuación
11/11/2015

Partes del expediente

  • Adalberto Muñoz Babún
  • Belem Gabriela Domínguez Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    En once de noviembre de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a once de noviembre de dos mil quince. Vistos los presentes autos y estando por resolver en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, y la jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con registro 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El cinco de agosto de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías y, el tres de septiembre de dos mil quince, fue dictada de la sentencia respectiva, en la que por una parte se sobreseyó el juicio de amparo y por la otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos Belem Gabriela Domínguez y Adalberto Muñoz Beltrán, por su propio derecho y en representación de su menor hija Tania Gabriela Muñoz Domínguez, contra actos del Director del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en la ciudad de Zacatecas, Delegado Estatal, Subdelegado Médico y Jefe del Departamento de Atención Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas, para los efectos siguientes: "1. Le suministre a la menor Tania Gabriela Muñoz Domínguez el tratamiento necesario para sus problemas de salud, y/o lo que requiere de acuerdo con las valoraciones que para tal efecto se le realicen. 2. Le proporcionen a la menor Tania Gabriela Muñoz Domínguez una consulta con un especialista en matera de Escoliosis Ideopática Severa, a efecto de que sea valorada clínicamente de los padecimientos que le aquejan. 3. Con base en dicha valoración, evalúen la factibilidad de que la menor Tania Gabriela Muñoz Domínguez, cuente con las piezas ortopédicas consistentes en corsette y corrector de escoleosis, si así lo requiriera; y de que éstas, en su caso, puedan ser proporcionadas por el instituto de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." Mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia de mérito, sin que se requiriera a las autoridades responsables Director del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en la ciudad de Zacatecas, Delegado Estatal, Subdelegado Médico y Jefe del Departamento de Atención Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas, en virtud de que mediante oficio registrado con el número de folio 18891, la apoderada legal y delegada de las autoridades responsables Delegada Estatal en el Zacatecas, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, adjunto el original del oficio 058/2015 de fecha uno de septiembre de dos mil quince, signado por el Coordinador de Cirugía del Hospital General de Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como tres copias certificadas de las notas médicas que obran dentro del expediente clínico de la C. Tania Gabriela Muñoz Domínguez, de las que se advierte que le fue brindado tratamiento y se realizó la colocación del corsé correctivo a la menor Tania Gabriela Muñoz Domínguez, así como copia certificada de la autorización de tratamiento firmada por la madre de la menor. En consecuencia, de lo anterior se advierte que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa y, con ello, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que haya ejercido tal derecho. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se ordena el archivo del presente asunto, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo General, se determina que tanto el expediente en que se actúa como el original del incidente de suspensión SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, y en lo relativo al incidente solo se conservarán las constancias relativas a la resolución interlocutoria, tomando en consideración en el primero se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados y en el segundo concedió la suspensión de los actos reclamados. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá transferirse el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al citado Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvanse al Juez responsable las citadas constancias, que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. *mash.

  2. Principal

    En veinticuatro de septiembre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para la parte quejosa del nueve al veintitrés del mes y año en curso, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este juzgado el tres de los corrientes, dentro del juicio de amparo número 968/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos así como con el oficio registrado con el número de folio 18891.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día tres de los corrientes, en la cual por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. Por otra parte, glósese al sumario para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la apoderada legal y delegada de las autoridades responsables Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al que anexa original del oficio 058/2015 de fecha uno de septiembre de dos mil quince, signado por el Coordinador de Cirugía del Hospital General de Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tres copias certificadas de las notas médicas que obran dentro del expediente clínico de la C. Tania Gabriela Muñoz Domínguez, de las que se advierte que se le brindó tratamiento y se realizó la colocación del corsé correctivo, así como copia certificada de la autorización de tratamiento firmada por la madre de la menor, con la que se acredita que mi representado le brindó atención médica y tratamiento necesario; lo anterior, a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos. En consecuencia, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa con dichas constancias, para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsables. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. DOY FE. *mash

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día tres de los corrientes, en la cual por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. Por otra parte, glósese al sumario para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la apoderada legal y delegada de las autoridades responsables Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al que anexa original del oficio 058/2015 de fecha uno de septiembre de dos mil quince, signado por el Coordinador de Cirugía del Hospital General de Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tres copias certificadas de las notas médicas que obran dentro del expediente clínico de la C. Tania Gabriela Muñoz Domínguez, de las que se advierte que se le brindó tratamiento y se realizó la colocación del corsé correctivo, así como copia certificada de la autorización de tratamiento firmada por la madre de la menor, con la que se acredita que mi representado le brindó atención médica y tratamiento necesario; lo anterior, a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos. En consecuencia, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa con dichas constancias, para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsables."

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 968/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el ocho de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Belem Gabriela Domínguez y Adalberto Muñoz Beltrán, por su propio derecho y en representación de su menor hija Tania Gabriela Muñoz Domínguez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridades Responsables Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en México, Distrito Federal. Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en Guadalupe, Zacatecas. Subdelegado Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en Guadalupe, Zacatecas. Jefe del Departamento de Atención Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en Guadalupe, Zacatecas. Jefe de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social, con sede en esta ciudad. Director del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en esta ciudad de Zacatecas. Acto reclamado "1. Derecho a la salud, a través de la negativa de las autoridades responsables mencionadas anteriormente, lo que pone en peligro la salud de nuestra menor hija y por consecuencia se le prive de la vida a la que tiene derecho. 2. La falta de atención médica a que tiene derecho nuestra menor hija, y que conocen las autoridades responsables por su estado de salud y su situación actual. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, el ocho de junio de dos mil quince, se registró bajo expediente 968/2015, su Titular ordenó su admisión; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 114 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos atribuidos a autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de los calificativos de inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consiste en: La negativa y falta de atención médica a que tiene derecho la menor Tania Gabriela Muñoz Domínguez. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Inexistencia. Las autoridades responsables Jefe de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social y Subdelegado de Prestaciones, ambas adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en esta ciudad y Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en México, Distrito Federal al rendir su informe con justificación niegan los actos que se les reclama, y precisan que sus facultades no versan sobre el otorgamiento del servicio médico correspondiente al seguro de salud, puesto que no son las encargadas de brindar atención médica de primer o segundo nivel a los derechohabientes; por lo que se tiene por negando la existencia de los actos que se les atribuye, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de lo acto reclamado a la citada autoridad responsable, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II. 2. 2. Certeza: Las autoridades responsables Director del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en esta ciudad de Zacatecas, Delegado Estatal, Subdelegado Médico y Jefe del Departamento de Atención Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente los actos que se les reclama (fojas 27, 40, 54 y 61); sin embargo, no remitieron constancias que acreditaran haber proporcionado atención médica a la menor Tania Gabriela Muñoz Domínguez, respecto de su padecimiento (Escoliosis Ideopática Severa). III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien, las autoridades responsables, refieren que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia de los actos reclamados. A ello debe decirse, que no se entrará al estudio de dicha causal de improcedencia, toda vez que ello será motivo de estudio del fondo del asunto. IV. Litis constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Su falta de trascripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, lo cual se corrobora con la tesis del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de que el juez federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar en su caso, la ilegalidad de la misma". Los conceptos de violación resultan ser esencialmente fundados para conceder el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión. Los quejosos aducen, que se violan en su perjuicio diversos derechos protegidos por la Constitución Federal debido a que las autoridades responsables no le dan la atención médica que necesita su menor hija Gabriela Muñoz Domínguez, en relación con su problema de Escoliosis Ideopática Severa; lo anterior, es fundado como se explica a continuación. En la parte que interesa, el artículo 4º Constitucional, señala: "Artículo 4º. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." De lo anterior, se desprende que en dicho artículo se tutela la protección de la salud, misma que se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. En ese sentido, atendiendo al caso de estudio, debe tenerse en cuenta que la menor Gabriela Muñoz Domínguez padece una Escoliosis Ideopática Severa, requiriendo de urgencia, que se le aplique un corsette y corrector de escoliosis; en ese contexto, las autoridades responsables deben atender a las necesidades médicas que requiera, tomando como base los lineamientos que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual, en lo relativo a la protección a la salud, en su precepto 3°, dispone: Artículo 3°. Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros: I. De salud, que comprende: a) Atención médica preventiva; b) Atención médica curativa y de maternidad, y c) Rehabilitación física y mental; II. De riesgos del trabajo; III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y IV. De invalidez y vida. Por su parte el dispositivo 27 de la mencionada Ley dispone: Artículo 27. El Instituto establecerá un seguro de salud que tiene por objeto proteger, promover y restaurar la salud de sus Derechohabientes, otorgando servicios de salud con calidad, oportunidad y equidad. El seguro de salud incluye los componentes de atención médica preventiva, atención médica curativa y de maternidad y rehabilitación física y mental. De lo anterior se colige que el derecho a la protección de la salud deberá ser garantizada la asistencia médica, así como la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, lo que implica que cuando el derechohabiente padezca alguna enfermedad que amerite atención y tratamiento médico, deberá ser atendida de manera oportuna y adecuada las veces que así lo requiera. En el caso, las autoridades responsables Director del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en esta ciudad de Zacatecas, Delegado Estatal, Subdelegado Médico y Jefe del Departamento de Atención Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas, al rendir sus informes con justificación fueron omisas en remitir diversas documentales en las que se acreditara haber proporcionado atención médica a la menor Tania Gabriela Muñoz Domínguez, respecto de su en enfermedad que padece -Escoliosis Ideopática Severa-. Asimismo, por la enfermedad que padece la menor Tania Gabriela Muñoz Domínguez, -Escoliosis Ideopática Severa-, se requirió de urgencia aplicar un corsette y corrector de escoliosis, y para ello se canalizó a la unidad Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en esta ciudad desde el mes de noviembre del año próximo pasado. Sin embargo, las autoridades responsables fueron omisas en remitir constancia que compruebe que hasta el día de hoy, la citada menor ha sido tratada y valorada por un especialista en Escoliosis Ideopática Severa y, soslayó remitir constancia que compruebe que efectivamente ésta ha recibido el medicamento prescrito; lo cual se considera necesario para estar en condición de comprobar que ha recibido una adecuada atención médica para los padecimientos que le aquejan. Lo anterior, debido a que del escrito de demanda, se advierte que la menor Tania Gabriela Muñoz Domínguez, fue valorada clínicamente por el médico de consulta externa Salvador Hinojosa García adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, quien le practicó en su consultorio particular un examen físico, ordenando se le tomaran diversas placas radiológicas en diferentes posturas, debido a la gravedad del padecimiento que fue detectado, dicha menor fue canalizada a la institución ya mencionada. Lo cierto es que, no se acredita que en efecto se le proporcionó la atención a que hacen mención los informes de mérito, consistente en la valoración por un especialista en Escoliosis Ideopática Severa; por lo tanto, se considera que no se justificó con medio de convicción alguno la atención solicitada por los ahora quejosos, al no haber remitido prueba apta que demostrara tal circunstancia y, que ya fue atendida la menor Tania Gabriela Muñoz Domínguez por el médico especialista respectivo. Además, debido al padecimiento de la menor Tania Gabriela Muñoz Domínguez, los quejosos aluden que necesita corsette y corrector de escoliosis, que previamente le fueron prescritos por el doctor de consulta externa; sin embargo, las responsables fueron omisas en pronunciarse al respecto, de ahí que se considere que tampoco le han proporcionado atención en ese sentido, mismo que forma parte de la atención médica especializada que la menor requiere. Por lo anterior, se considera que las autoridades responsables han violentado el derecho humano a la salud de la menor Tania Gabriela Muñoz Domínguez, ante la falta de atención médica adecuada, pues dicha menor tiene derecho a que se le respete su integridad física, lo que se traduce en la protección del derecho a la salud. De ahí, que este juzgador considere que las responsables vulneraron la garantía relativa al derecho a la salud en perjuicio de la parte quejosa, debido a que, como se precisó, no quedó acreditado que le suministraran el tratamiento que la menor necesita para el padecimiento que presenta, la atención médica especializada en Escoliosis Ideopática Severa y, las piezas ortopédicas que requiere -corsette y corrector de escoliosis-, y con ello, que se hubiera cumplido con lo dispuesto en el artículo 4º, Constitucional, 3° y 27 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las autoridades responsables efectúen lo siguiente: Le suministren a la menor Tania Gabriela Muñoz Domínguez el tratamiento necesario para sus problemas de salud, y/o lo que requiere de acuerdo con las valoraciones que para tal efecto se le realicen. Le proporcionen a la menor Tania Gabriela Muñoz Domínguez una consulta con un especialista en materia de Escoliosis Ideopática Severa, a efecto de que sea valorada clínicamente de los padecimientos que le aquejan. Con base en dicha valoración, evalúen la factibilidad de que la menor Tania Gabriela Muñoz Domínguez cuente con las piezas ortopédicas consistentes en corsette y corrector de escoliosis, si así lo requiriera; y de que éstas, en su caso, puedan ser proporcionadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Robustece lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sostiene: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso". Así como la tesis P. XIX/2000, emitida también por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Por lo expuesto, fundado se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por los quejosos Belem Gabriela Domínguez y Adalberto Muñoz Beltrán, por su propio derecho y en representación de su menor hija Tania Gabriela Muñoz Domínguez, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables indicados en el considerando II. 2. 1. de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia Federal AMPARA Y PROTEGE a los quejosos Belem Gabriela Domínguez y Adalberto Muñoz Beltrán, por su propio derecho y en representación de su menor hija Tania Gabriela Muñoz Domínguez, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables indicados en el considerando II. 2. 2. de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando IV.1 de esta sentencia, para los efectos ahí precisados. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, hasta el día de hoy tres de septiembre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE.

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