Benigno Barrientos Barrientos

Expediente 688/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
688/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/09/2019

Partes del expediente

  • Benigno Barrientos Barrientos

Actuaciones

  1. Principal

    El veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos, trascurrió del diecisiete al veintitrés de septiembre del año en curso, con exclusión de los días veintiuno y veintidós de presente mes y año por corresponder a sábado y domingo. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Sí existen constancias que devolver a la autoridad responsable juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, remitidas en apoyo a su informe justificado.Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, las constancias que remitió en apoyo al informe justificado, consistentes en el expediente 47/2016. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    CUENTA. El seis de septiembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Oficio signado por la secretaria del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el folio 12584, por el que remite el juicio de amparo directo civil 600/2019, promovido por Benigno Barrientos Barrientos, contra actos del juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, así como el expediente 47/2016. La circunstancia de que el licenciado Mishael Argumedo Domínguez cuenta con cédula profesional 9991686 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Óscar Antonio Venegas Flores. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de septiembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la secretaria del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite el juicio de amparo directo civil 600/2019, promovido por Benigno Barrientos Barrientos, contra actos del juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, así como el expediente 47/2016. COMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que del contenido de la ejecutoria de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo directo civil 600/2019, se advierte que dicho órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver respecto de la demanda promovida por Benigno Barrientos Barrientos, contra actos del juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas; y ordena se remita al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, guárdese por separado e juicio especial hipotecario 47/2016, debidamente identificado. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 688/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el quejoso señala como acto reclamado y autoridad responsable los siguientes: Autoridad responsable: Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Acto reclamado: Notificación realizada el veintidós de agosto del año en curso dentro del juicio especial hipotecario 47/2016, radicado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. En el caso que se atiende, del análisis integral de la demanda, así como de las constancias que integran el juicio de origen, se advierten los siguientes antecedentes: 1. En auto de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se inició el juicio especial hipotecario promovido por el apoderado general de Caja Popular Mexicana Sociedad de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable en contra del ahora quejoso Benigno Barrientos Barrientos, radicándose bajo el número 47/2016, del índice del juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Sombrerete, Zacatecas, en el que se ordenó emplazar al prenombrado (fojas 23 a 25 del legajo de pruebas). 2. Emplazamiento que se realizó el once de marzo de dos mil dieciséis (foja 31 del cuaderno de pruebas). 3. El trece de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo al ahora quejoso por contestada la demanda en sentido afirmativo presuntivamente en su contra al no haber contestado la demanda entablada en su contra en el término concedido (foja 34 del cuaderno de pruebas). 4. Seguidos los trámites legales, el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó al quejoso a pagar a la parte actora las prestaciones reclamadas (fojas 45 a 50 del cuaderno de pruebas). 5. Asimismo, en su resolutivo cuarto, se advierte que se ordenó sacar a remate el bien hipotecado para con su producto se haga paga llana a la parte actora del juicio de origen de las prestaciones a que ha sido condenado el demandado. 6. Sentencia que fue notificada al demandado ahora quejoso el dieciocho de enero de dos mil dieciocho (foja 73), misma que causó ejecutoria el catorce de febrero de ese propio año (foja 86). 7. Posteriormente, el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó el inicio del procedimiento de ejecución del punto resolutivo cuarto de la sentencia definitiva, procediéndose a la valuación del inmueble objeto de la hipoteca; asimismo, se tuvo por nombrado a perito de la parte actora y se requirió al demandado para que en el término de tres días designara su perito, bajo apercibimiento de no hacerlo el juzgado le designaría a costa del quejoso uno en rebeldía (foja 88). 8. Asimismo, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, la notificadora adscrita al juzgado responsable, se constituyó al domicilio del quejoso a efecto de notificarle el contenido del auto que antecede y al no encontrarlo en el momento, la citada diligenciaría procedió a realizar la notificación por medio de cédula, dejando la misma en poder de Rosa Herlinda Cordero García (fojas 105 y 106). La anterior notificación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. DESECHAMIENTO. Sentado lo anterior, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad; como se explicará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra autos o resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, los artículos 178, fracción III y 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas disponen: "Artículo 178. Las notificaciones serán nulas cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: III.- La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiera que la ha conocido, pues de lo contrario queda revalidada aquélla de pleno derecho, y [.]" "Artículo 179. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos, cuando se trate de emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juez puede sancionar con multa a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad". De los preceptos transcritos se advierte que procede el incidente de nulidad de notificaciones en contra de las notificaciones que no se hayan verificado conforme a las disposiciones legales. En el caso, respecto al acto reclamado consistente en la notificación realizada el veintidós de agosto del año en curso dentro del juicio especial hipotecario 47/2016, radicado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, en contra del quejoso. Ahora, de las manifestaciones del quejoso, mismas que realizó bajo protesta de decir verdad, en el escrito de demanda, así como de las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que el prenombrado es el demandado, que fue emplazado al juicio, se tuvo al ahora quejoso por contestada la demanda en sentido afirmativo presuntivamente en su contra al no haber contestado la demanda entablada en su contra en el término concedido, y que la notificación que se reclama fue practicada con posterioridad a la emisión de la sentencia definitiva -etapa de ejecución de sentencia- y es relativo a la ejecución de ésta. En ese orden, contra el acto reclamado el impetrante se encontraba en aptitud de defenderse e interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 178, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas; sin embargo, no se aprecia que el promovente acudiera al citado medio de defensa, no obstante, de encontrarse en aptitud para ello, al ser parte en dicho expediente, y atendiendo a que el juicio de amparo, como juicio extraordinario únicamente procede en contra de actos definitivos, entendiéndose por estos, aquellos en contra de los cuales no exista recurso alguno o medio de defensa cuya substanciación pueda dar lugar a la modificación, revocación o anulación de los mismos, y como en la especie, era procedente tramitar el incidente de nulidad de notificaciones, y al no haberlo hecho así, el promovente no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia J/27 del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 987, Tomo VIII, de Registro 195095, Diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES PROCEDENTE, DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si la quejosa estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emana el acto reclamado, el incidente de nulidad de actuaciones previsto por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado dicho acto, y si no agotó ese medio de defensa antes de acudir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad, por lo que procede sobreseer el juicio de garantías de conformidad con lo previsto por la fracción XIII del artículo 73 y 74 fracción III de la Ley de Amparo, no obstante de que se reclame la falta de notificación personal de un proveído pronunciado en ejecución de sentencia, pues al caso resulta igualmente procedente dicho incidente cuando sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo." Por otra parte, es menester recordar que, para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, deben de reunirse los siguientes requisitos. a). Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b). Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso particular, la causal de improcedencia referida se actualiza de manera indudable y manifiesta, toda vez que la notificación reclamada emana de un procedimiento hipotecario; por su parte los artículos 178, fracción III y 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece el incidente de nulidad de notificaciones contra las notificaciones que no sean practicas conforme a las leyes; dada la naturaleza del juicio del que emana el acto reclamado sí permite que el incidente de nulidad de notificaciones pueda promoverse dentro de aquél procedimiento; y con el medio de impugnación referido podría lograrse la nulificación de dichas notificaciones. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte del juicio natural, no es tercero extraño a éste. La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Benigno Barrientos Barrientos, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracciones XVIII de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. La fracción XXIII del artículo 61 citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Carta Magna. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Así, en general, el juicio procede contra los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, existen reglas particulares respecto de dos actos específicos: (a) actos en ejecución de sentencia; y (b) actos de remate. (a) En tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. (b) En tratándose de remates, sólo procede el amparo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. De lo anterior se sigue que para efectos del juicio de amparo, la última resolución en el caso de remate la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, la conclusión de un procedimiento de remate se encuentra condicionada a que concurran dos supuestos: I. Se ordene otorgar la escritura donde se formaliza la venta judicial de los bienes y II. se ordene la entrega de la posesión de éstos. De manera que para que se considere definitivo el procedimiento de remate, en el estado procesal de éste debe haberse ordenado la escrituración o la entrega de la posesión del bien involucrado. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, página: 1066: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Sin embargo, existen casos de excepción, en los que no debe esperarse a promover el juicio de amparo hasta que se emita la última resolución dictada en la fase de cumplimiento de sentencia, como son aquellos actos que gozan de autonomía por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural (por ejemplo, cuando se trate de incidentes de liquidación para cuantificar la condena), ya que por esa razón estos actos no forman parte de la etapa de ejecución. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que incluso en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente excepcionalmente cuando se promueva contra actos que afecten de manera directa derechos sustantivos, siempre y cuando éstos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen; es decir, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; teniendo como condición que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto de manera definitiva, pues al adquirir la condena la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. El criterio invocado se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2011, visible página 5, tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." El criterio anterior resulta aplicable de conformidad con el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo vigente, dado que interpretan disposiciones que guardan identidad con las actuales. Sobre la base de lo expuesto, debe concluirse que las determinaciones tendentes a conseguir la ejecución de un juicio no constituyen actos autónomos a la etapa de ejecución del procedimiento, puesto que dichos actos inciden en la materia de cumplimiento de ejecutoria, al ser consecuencia directa e inmediata de la condena objeto de la sentencia en ejecución. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente contra la notificación realizada el veintidós de agosto del año en curso dentro del juicio especial hipotecario 47/2016, radicado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, en contra del quejoso, a través de la cual se le hizo de su conocimiento el contenido del auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en el que se ordenó el inicio del procedimiento de ejecución del punto resolutivo cuarto de la sentencia definitiva, procediéndose a la valuación del inmueble objeto de la hipoteca; asimismo, se tuvo por nombrado a perito de la parte actora y se requirió al demandado para que en el término de tres días designara su perito, bajo apercibimiento de no hacerlo el juzgado le designaría a costa del quejoso uno en rebeldía, pues se trata de un acto procesal tendente al remate del bien inmueble a rematar para el cumplimiento de la condena decretada, y en ese caso el juicio de derechos únicamente procede contra la última resolución que dicte en dicho procedimiento de subasta; siempre y cuando no se afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. En la presente instancia constitucional, en concreto, la parte quejosa reclama la notificación de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dentro del juicio especial hipotecario 47/2016, radicado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, en contra del quejoso, a través de la cual se le hizo de su conocimiento el contenido del auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en el que se ordenó el inicio del procedimiento de ejecución del punto resolutivo cuarto de la sentencia definitiva, procediéndose a la valuación del inmueble objeto de la hipoteca; asimismo, se tuvo por nombrado a perito de la parte actora y se requirió al demandado para que en el término de tres días designara su perito, bajo apercibimiento de no hacerlo el juzgado le designaría a costa del quejoso uno en rebeldía. Del análisis integral de la demanda se advierte que la notificación reclamada tiene como origen la ejecución de la sentencia que fue emitida contra el quejoso. De manera que se trata de un acto llevado a cabo con posterioridad al juicio, respecto del cual el quejoso es parte formal y material (al ser parte demandada en el sumario de origen). Así, al integrarse el acto reclamado por la notificación reclamada, es evidente que la finalidad de tal actuación se concreta en el remate del bien inmueble hipotecado. Por tanto, el acto reclamado forma parte del procedimiento natural de remate tendente a la ejecución de la condena realizada contra la parte demandada. De tal suerte que el acto reclamado forma parte de un procedimiento de remate, por lo que, como se expuso, el juicio de amparo únicamente procede contra la resolución definitiva de dicho trámite (supuesto en el que se pueden alegar todas las violaciones que hubieran acontecido durante la substanciación de la subasta); es decir, contra la orden de escrituración o entrega de la posesión del bien enajenado. Por tanto, al combatirse la notificación de veintidós de agosto de dos mil dieciocho realizada en ejecución del juicio natural, la presente instancia constitucional resulta improcedente, porque no se trata de la resolución definitiva del procedimiento de remate. Por lo que en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida en términos del artículo 113 de dicha legislación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Mishael Argumedo Domínguez, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por no acreditar la anterior circunstancia únicamente se tiene para oír notificaciones e imponerse de autos a Óscar Antonio Venegas Flores y a Jesus de Nazareth Venegas Flores y Francisco Adrián Reyes Trejo, y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Roberto Cabral del Hoyo, número ciento treinta y uno (131), colonia Díaz Ordaz, en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. rimb/mcc.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "...Zacatecas, Zacatecas, seis de septiembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la secretaria del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite el juicio de amparo directo civil 600/2019, promovido por Benigno Barrientos Barrientos, contra actos del juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, así como el expediente 47/2016. COMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que del contenido de la ejecutoria de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo directo civil 600/2019, se advierte que dicho órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver respecto de la demanda promovida por Benigno Barrientos Barrientos, contra actos del juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas; y ordena se remita al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, guárdese por separado e juicio especial hipotecario 47/2016, debidamente identificado. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 688/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el quejoso señala como acto reclamado y autoridad responsable los siguientes: Autoridad responsable: Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Acto reclamado: Notificación realizada el veintidós de agosto del año en curso dentro del juicio especial hipotecario 47/2016, radicado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. En el caso que se atiende, del análisis integral de la demanda, así como de las constancias que integran el juicio de origen, se advierten los siguientes antecedentes: 1. En auto de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se inició el juicio especial hipotecario promovido por el apoderado general de Caja Popular Mexicana Sociedad de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable en contra del ahora quejoso Benigno Barrientos Barrientos, radicándose bajo el número 47/2016, del índice del juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Sombrerete, Zacatecas, en el que se ordenó emplazar al prenombrado (fojas 23 a 25 del legajo de pruebas). 2. Emplazamiento que se realizó el once de marzo de dos mil dieciséis (foja 31 del cuaderno de pruebas). 3. El trece de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo al ahora quejoso por contestada la demanda en sentido afirmativo presuntivamente en su contra al no haber contestado la demanda entablada en su contra en el término concedido (foja 34 del cuaderno de pruebas). 4. Seguidos los trámites legales, el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó al quejoso a pagar a la parte actora las prestaciones reclamadas (fojas 45 a 50 del cuaderno de pruebas). 5. Asimismo, en su resolutivo cuarto, se advierte que se ordenó sacar a remate el bien hipotecado para con su producto se haga paga llana a la parte actora del juicio de origen de las prestaciones a que ha sido condenado el demandado. 6. Sentencia que fue notificada al demandado ahora quejoso el dieciocho de enero de dos mil dieciocho (foja 73), misma que causó ejecutoria el catorce de febrero de ese propio año (foja 86). 7. Posteriormente, el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó el inicio del procedimiento de ejecución del punto resolutivo cuarto de la sentencia definitiva, procediéndose a la valuación del inmueble objeto de la hipoteca; asimismo, se tuvo por nombrado a perito de la parte actora y se requirió al demandado para que en el término de tres días designara su perito, bajo apercibimiento de no hacerlo el juzgado le designaría a costa del quejoso uno en rebeldía (foja 88). 8. Asimismo, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, la notificadora adscrita al juzgado responsable, se constituyó al domicilio del quejoso a efecto de notificarle el contenido del auto que antecede y al no encontrarlo en el momento, la citada diligenciaría procedió a realizar la notificación por medio de cédula, dejando la misma en poder de Rosa Herlinda Cordero García (fojas 105 y 106). La anterior notificación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. DESECHAMIENTO. Sentado lo anterior, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad; como se explicará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra autos o resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, los artículos 178, fracción III y 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas disponen: "Artículo 178. Las notificaciones serán nulas cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: III.- La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiera que la ha conocido, pues de lo contrario queda revalidada aquélla de pleno derecho, y "Artículo 179. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos, cuando se trate de emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juez puede sancionar con multa a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad". De los preceptos transcritos se advierte que procede el incidente de nulidad de notificaciones en contra de las notificaciones que no se hayan verificado conforme a las disposiciones legales. En el caso, respecto al acto reclamado consistente en la notificación realizada el veintidós de agosto del año en curso dentro del juicio especial hipotecario 47/2016, radicado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, en contra del quejoso. Ahora, de las manifestaciones del quejoso, mismas que realizó bajo protesta de decir verdad, en el escrito de demanda, así como de las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que el prenombrado es el demandado, que fue emplazado al juicio, se tuvo al ahora quejoso por contestada la demanda en sentido afirmativo presuntivamente en su contra al no haber contestado la demanda entablada en su contra en el término concedido, y que la notificación que se reclama fue practicada con posterioridad a la emisión de la sentencia definitiva -etapa de ejecución de sentencia- y es relativo a la ejecución de ésta. En ese orden, contra el acto reclamado el impetrante se encontraba en aptitud de defenderse e interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 178, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas; sin embargo, no se aprecia que el promovente acudiera al citado medio de defensa, no obstante, de encontrarse en aptitud para ello, al ser parte en dicho expediente, y atendiendo a que el juicio de amparo, como juicio extraordinario únicamente procede en contra de actos definitivos, entendiéndose por estos, aquellos en contra de los cuales no exista recurso alguno o medio de defensa cuya substanciación pueda dar lugar a la modificación, revocación o anulación de los mismos, y como en la especie, era procedente tramitar el incidente de nulidad de notificaciones, y al no haberlo hecho así, el promovente no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia J/27 del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 987, Tomo VIII, de Registro 195095, Diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES PROCEDENTE, DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si la quejosa estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emana el acto reclamado, el incidente de nulidad de actuaciones previsto por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado dicho acto, y si no agotó ese medio de defensa antes de acudir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad, por lo que procede sobreseer el juicio de garantías de conformidad con lo previsto por la fracción XIII del artículo 73 y 74 fracción III de la Ley de Amparo, no obstante de que se reclame la falta de notificación personal de un proveído pronunciado en ejecución de sentencia, pues al caso resulta igualmente procedente dicho incidente cuando sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo." Por otra parte, es menester recordar que, para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, deben de reunirse los siguientes requisitos. a). Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b). Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso particular, la causal de improcedencia referida se actualiza de manera indudable y manifiesta, toda vez que la notificación reclamada emana de un procedimiento hipotecario; por su parte los artículos 178, fracción III y 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece el incidente de nulidad de notificaciones contra las notificaciones que no sean practicas conforme a las leyes; dada la naturaleza del juicio del que emana el acto reclamado sí permite que el incidente de nulidad de notificaciones pueda promoverse dentro de aquél procedimiento; y con el medio de impugnación referido podría lograrse la nulificación de dichas notificaciones. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte del juicio natural, no es tercero extraño a éste. La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Benigno Barrientos Barrientos, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracciones XVIII de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. La fracción XXIII del artículo 61 citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Carta Magna. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Así, en general, el juicio procede contra los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, existen reglas particulares respecto de dos actos específicos: (a) actos en ejecución de sentencia; y (b) actos de remate. (a) En tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. (b) En tratándose de remates, sólo procede el amparo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. De lo anterior se sigue que para efectos del juicio de amparo, la última resolución en el caso de remate la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, la conclusión de un procedimiento de remate se encuentra condicionada a que concurran dos supuestos: I. Se ordene otorgar la escritura donde se formaliza la venta judicial de los bienes y II. se ordene la entrega de la posesión de éstos. De manera que para que se considere definitivo el procedimiento de remate, en el estado procesal de éste debe haberse ordenado la escrituración o la entrega de la posesión del bien involucrado. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, página: 1066: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Sin embargo, existen casos de excepción, en los que no debe esperarse a promover el juicio de amparo hasta que se emita la última resolución dictada en la fase de cumplimiento de sentencia, como son aquellos actos que gozan de autonomía por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural (por ejemplo, cuando se trate de incidentes de liquidación para cuantificar la condena), ya que por esa razón estos actos no forman parte de la etapa de ejecución. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que incluso en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente excepcionalmente cuando se promueva contra actos que afecten de manera directa derechos sustantivos, siempre y cuando éstos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen; es decir, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; teniendo como condición que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto de manera definitiva, pues al adquirir la condena la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. El criterio invocado se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2011, visible página 5, tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." El criterio anterior resulta aplicable de conformidad con el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo vigente, dado que interpretan disposiciones que guardan identidad con las actuales. Sobre la base de lo expuesto, debe concluirse que las determinaciones tendentes a conseguir la ejecución de un juicio no constituyen actos autónomos a la etapa de ejecución del procedimiento, puesto que dichos actos inciden en la materia de cumplimiento de ejecutoria, al ser consecuencia directa e inmediata de la condena objeto de la sentencia en ejecución. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente contra la notificación realizada el veintidós de agosto del año en curso dentro del juicio especial hipotecario 47/2016, radicado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, en contra del quejoso, a través de la cual se le hizo de su conocimiento el contenido del auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en el que se ordenó el inicio del procedimiento de ejecución del punto resolutivo cuarto de la sentencia definitiva, procediéndose a la valuación del inmueble objeto de la hipoteca; asimismo, se tuvo por nombrado a perito de la parte actora y se requirió al demandado para que en el término de tres días designara su perito, bajo apercibimiento de no hacerlo el juzgado le designaría a costa del quejoso uno en rebeldía, pues se trata de un acto procesal tendente al remate del bien inmueble a rematar para el cumplimiento de la condena decretada, y en ese caso el juicio de derechos únicamente procede contra la última resolución que dicte en dicho procedimiento de subasta; siempre y cuando no se afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. En la presente instancia constitucional, en concreto, la parte quejosa reclama la notificación de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dentro del juicio especial hipotecario 47/2016, radicado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, en contra del quejoso, a través de la cual se le hizo de su conocimiento el contenido del auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en el que se ordenó el inicio del procedimiento de ejecución del punto resolutivo cuarto de la sentencia definitiva, procediéndose a la valuación del inmueble objeto de la hipoteca; asimismo, se tuvo por nombrado a perito de la parte actora y se requirió al demandado para que en el término de tres días designara su perito, bajo apercibimiento de no hacerlo el juzgado le designaría a costa del quejoso uno en rebeldía. Del análisis integral de la demanda se advierte que la notificación reclamada tiene como origen la ejecución de la sentencia que fue emitida contra el quejoso. De manera que se trata de un acto llevado a cabo con posterioridad al juicio, respecto del cual el quejoso es parte formal y material (al ser parte demandada en el sumario de origen). Así, al integrarse el acto reclamado por la notificación reclamada, es evidente que la finalidad de tal actuación se concreta en el remate del bien inmueble hipotecado. Por tanto, el acto reclamado forma parte del procedimiento natural de remate tendente a la ejecución de la condena realizada contra la parte demandada. De tal suerte que el acto reclamado forma parte de un procedimiento de remate, por lo que, como se expuso, el juicio de amparo únicamente procede contra la resolución definitiva de dicho trámite (supuesto en el que se pueden alegar todas las violaciones que hubieran acontecido durante la substanciación de la subasta); es decir, contra la orden de escrituración o entrega de la posesión del bien enajenado. Por tanto, al combatirse la notificación de veintidós de agosto de dos mil dieciocho realizada en ejecución del juicio natural, la presente instancia constitucional resulta improcedente, porque no se trata de la resolución definitiva del procedimiento de remate. Por lo que en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida en términos del artículo 113 de dicha legislación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Mishael Argumedo Domínguez, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por no acreditar la anterior circunstancia únicamente se tiene para oír notificaciones e imponerse de autos a Óscar Antonio Venegas Flores y a Jesus de Nazareth Venegas Flores y Francisco Adrián Reyes Trejo, y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Roberto Cabral del Hoyo, número ciento treinta y uno (131), colonia Díaz Ordaz, en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. ... Notifíquese personalmente. ..."

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