Belarky Verdu Ávila
Expediente 243/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Belarky Verdu Ávila
- Belarky Verdu Ávila y Otros.
Actuaciones
- Principal
1. Quejosos no ratifican demanda. Agréguese a los autos la razón actuarial y constancia de notificación de veintiséis de los actuales, de las que se advierte que los quejosos directos ******, ******* y ***********, manifestaron que no ratifican la demanda de amparo, interpuesta en su favor por el licenciado ******* y **********. 1.1 No presentada. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y dada la voluntad manifestada por los quejosos directos, ante el Actuario Judicial adscrito, se tiene por no presentada la demanda de amparo interpuesta en su nombre, quedando sin efecto las providencias dictadas en este juicio de amparo. 2. Causa estado. En ese contexto, resulta claro que los citados quejosos al expresar su voluntad de no ratificar la demanda interpuesta en su favor, evidencia que no recurrirán el presente auto; por ello, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 Constitucional, de conformidad con la fracción III del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo, ha causado estado. 3. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 4. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se tuvo por no presentada, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso b) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 5. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 6. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Demanda. Visto el escrito de demanda presentado por el licenciado Jaime Adrián Álvarez Araujo y Rafael Ibarra de Santiago, en representación de ...contra actos de la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 243/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Autoridad responsable llamada a juicio. Se tiene como autoridad responsable a la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza. 4. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de la libertad personal, dignidad e integridad física de los agraviados, se adoptan como medidas urgentes que deben cumplir las autoridades, las siguientes: 4.1 Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 4.2 Si la detención de los quejosos fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora sean puestos en libertad o a disposición de éste último; o Si la detención no tuvo relación con la comisión de un hecho contemplado por la ley como ilícito, sean puestos inmediatamente en libertad. 4.3 Si los quejosos encuentran a disposición de autoridades del Ministerio Público como probable responsable en la comisión de un delito y por haber sido detenidos en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sean consignados ante el juez penal correspondiente o puestos en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que los hoy quejosos hayan sido detenidos en flagrancia, el delito que se les atribuya no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad de los quejosos o imponerles una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sean puestos en inmediata libertad. 4.4 Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que los quejosos queden a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que se señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que los quejosos no sean detenidos, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evadan la acción de la justicia y se presenten al proceso penal para los efectos de su continuación y puedan ser devueltos a la autoridad responsable en caso de que no obtengan la protección de la justicia federal. iii) Cuando los quejosos ya se encuentren materialmente detenidos por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de los imputados en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando los quejosos estén siendo procesados o hayan sido sentenciados previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto I. Si los quejosos incumplen las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 4.5 Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de las personas detenidas; en caso de que las autoridades responsables hayan efectuado la detención o los tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado a los quejosos, desde que fueron detenidos hasta que fueron puestos a disposición del representante social. 4.6 No sean exhibidos en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 4.7 Se mantenga a los quejosos en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma y acorde a la edad del mismo. 4.8 Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que éstos sean sometidos. 4.9 Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso a los detenidos; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentren sujetos, pues tampoco pude ser contactados en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometidos a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 5. Suspensión de plano relativa a la deportación. La parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la orden de detención con fines de deportación que la autoridad responsable pretende ejecutar en su contra, al ser de nacionalidad cubana. Por consiguiente, con fundamento en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 15, 126 y 160 de la Ley de la Materia, procede conceder la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la orden de detención con fines de deportación en favor de ...al tratarse de un acto que tiene relación directa y se involucra la libertad personal de los quejosos directos, pues tiene como finalidad la deportación del país, por lo que hace a los efectos y consecuencias, esto es, para el solo efecto de que, en caso de que los quejosos tengan la calidad de extranjeros, no se les obligue a abandonar el país. Es decir, se abstengan las autoridades responsables de deportarlos a su lugar de origen, quedando en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto reciban notificación de la sentencia ejecutoriada que se dicte en el presente juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido que la suspensión concedida no constituye un obstáculo para que, de ser voluntad expresa de los aquí quejosos, puedan retornar a su país de origen. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia I.3º.A.J/7 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 6. Cumplimiento de la suspensión. En acatamiento a la medida cautelar, las autoridades responsables deberán informar a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la notificación de este auto, el cumplimiento de la suspensión de plano; lo anterior, en términos del artículo 15, último párrafo de la Ley de Amparo. Apercibidas que de no rendir el informe solicitado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para avalar su dicho, se les impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se precisa a las autoridades responsables que de incumplir con el presente mandato judicial, pueden incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo. 7. Comisión al Actuario de la adscripción. Se comisiona al Actuario de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la autoridad responsable con residencia en esta ciudad; o bien, en cualquier centro de detención o reclusión de este municipio, en aras de lograr la ubicación de ...una vez localizados, se encomienda al funcionario adscrito a realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, conforme a los artículos 107, y 109 de la Ley de Migración, así como del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, lo siguiente: 7.1 Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de menores de edad o algún otro grupo de personas que se ubique en estado de vulnerabilidad. 7.2 Dé fe del estado físico de los quejosos directos al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlos sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentran y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 7.3 Dé cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato contra el quejoso. Se hace del conocimiento a las autoridades que están obligadas a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 7.4 Requiera a los quejosos para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos su notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Se hace saber a las autoridades responsables que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgado para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se les impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se autoriza al Actuario de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de las autoridades mencionadas en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 8. Requerimiento a los promoventes. Se hace del conocimiento de los promoventes Jaime Adrián Álvarez Araujo y Rafael Ibarra de Santiago, que en términos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo, en caso de que ...no sean encontrados por el personal del juzgado en el lugar que refirió se encuentran detenidos, deberá comunicar a este Juzgado de Distrito si estos fueron puestos en libertad o si tiene algún dato adicional con el que se pueda lograr su paradero, puesto que tal circunstancia pudiera generar una causa de sobreseimiento del asunto. Bajo el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 9. Atención médica. Una vez que el Actuario adscrito tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición a los quejosos, y en caso de que así se amerite, habrá de requerirlo para que ordene a quien corresponda, se de atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en que de ...debiendo de informar dicha autoridad las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. 10. Autorizado. Se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Jaime Adrián Álvarez Araujo, hasta en tanto acredite tener registrada su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 10.1 Correo electrónico y números telefónicos. Se tiene a la parte promovente proporcionando como correo electrónico y número telefónico, los que señala en su escrito de cuenta, en el entendido de que se establecerá para comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus. 11. Consulta y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica a nombre del usuario "Licadrian15". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que el usuario proporcionado corresponda efectivamente al profesionista mencionado en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 11.1 Instrucción. Se instruye a la Secretaría encargada de la mesa de trámite, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 12. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 13. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 14. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.
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