Baudillo Hernández Hernández
Expediente 154/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Baudillo Hernández Hernández
- Oficina Local de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, ciudad.
- Baudillo Hernández Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro respectivo. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se tuvo por no presentada, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso b) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 2.3 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
1. Por no presentada demanda. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, se advierte que ha fenecido el plazo de tres días, concedido a la parte promovente para que diera cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de veintisiete de febrero del año en curso; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida a nombre de ******************************, quedando sin efectos las providencias dictadas en este asunto.
- Principal
1. Diligenciación de exhortos. Agréguense a los autos los oficios signados por la Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo (exhorto 39/2023-PF orden 80/2023) y Secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro (exhorto 40/2023-PF orden 81/2023), mediante los cuales devuelven sin diligenciar los exhortos que indican, de los que se advierte la imposibilidad de localización de los quejosos directos ******************** y ********************. 1.1 Anotaciones. En consecuencia, dense de baja las comunicaciones oficiales de que se trata en el libro respectivo, sin que sea necesario acusar recibo a las autoridades oficiantes, ya que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes genera el mismo automáticamente. 1.2 Requerimiento. En consecuencia, requiérase al promovente ********************, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo conducente y señale, de tener conocimiento, la ubicación de las personas a favor de las cuales promovió el amparo o en su caso, informe si lo promovió por equivocación en favor de ******************** y ********************, en virtud de que no fueron encontrados por los Actuarios adscritos a las autoridades exhortadas. 1.3 Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido o de no informar oportunamente la causa legal que se lo impida, se entenderá que por equivocación presentó demanda a favor de los quejosos directos ******************** y ********************, presumiendo su ilegal detención sin conocer con certeza el hecho y se tendrá por no presentada la misma. 2. Informe de suspensión de plano. Glósese al expediente el oficio enviado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en la Estación Coahuila, con sede en Saltillo, mediante el cual rinde informe de suspensión de plano. 2.1 Acuerdo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes.
- Principal
1. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo de la que se advierte que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, se declaró incompetente en el juicio de amparo********************, de su índice, formado con motivo de la demanda promovida por por ********************, en favor de******************** y********************. 1.1 Competencia. Con fundamento en los artículos 33, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; comuníquese esta determinación al juzgado declinante. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 154/2023, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Autoridad responsable llamada a juicio. Se tiene como autoridad responsable al Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, toda vez que es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito que es esta la autoridad encargada de las cuestiones migratorias en esta ciudad. 3.1 Autoridades que no tienen carácter de responsables. En relación a las autoridades migratorias restantes que describe la parte promovente en la demanda de amparo; este órgano de justicia considera ocioso incorporarla con ese carácter para efectos del trámite del juicio de amparo en cumplimiento al deber de justicia pronta contenida en el artículo 17 constitucional, en virtud que de acuerdo a la labor propia de este juzgado, corresponden únicamente al Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, las cuestiones migratorias en esta ciudad. De ahí que, este órgano de justicia actuando en beneficio de la parte quejosa, considera idóneo desvincular a las diversas autoridades migratorias para efectos del trámite del presente juicio de amparo, sin perjuicio que de resultar necesario, de manera oficiosa este órgano de control constitucional, en suplencia total de la queja en favor de los quejosos en su calidad de migrantes, realice la incorporación de alguna autoridad distinta que pudiera tener intervención en los actos reclamados. 4. Suspensión de plano. Ahora bien, con independencia de que el juzgado declinante por auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, decretó la suspensión de plano en favor de la parte quejosa respecto de los actos reclamados en el presente asunto, al aceptar éste órgano jurisdiccional la competencia planteada, los quejosos se encuentran a nuestra disposición, respecto su libertad personal y por ende, se decreta la suspensión de plano en los siguientes términos: 4.1 Cesen de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 4.2 Si la detención de los quejosos fue efectuada por autoridades administrativas, esto es, policiales o de seguridad pública, en relación con la comisión de un delito, sin demora sean puestos en libertad o a disposición de la Fiscalía competente. 4.3 Si los quejosos se encuentran a disposición de autoridades del Ministerio Público como probables responsables en la comisión de un delito y por haber sido detenidos en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sean consignados ante el juez penal correspondiente o puestos en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que los hoy quejosos hayan sido detenidos en flagrancia, el delito que se les atribuya no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad de los quejosos o imponerles una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sean puestos en inmediata libertad. 4.4 Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que los quejosos queden a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar de reclusión correspondiente, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que conozca del procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que los quejosos no sean detenidos, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evadan la acción de la justicia y se presenten al proceso penal para los efectos de su continuación y puedan ser devueltos a la autoridad responsable en caso de que no obtengan la protección de la justicia federal. iii) Cuando los quejosos ya se encuentren materialmente detenidos por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de los imputados en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando los quejosos estén siendo procesados o hayan sido sentenciados previamente por la comisión de un delito doloso y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto i). Si los quejosos incumplen las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 4.5 Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de las personas detenidas; en caso de que la autoridad responsable haya efectuado la detención o los tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado a los quejosos, desde que fueron detenidos hasta que queden a disposición del representante social. 4.6 No sean exhibidos en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 4.7 Se mantenga a los quejosos en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma. 4.8 Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que sean sometidos. 4.9 Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso a los detenidos o asegurados; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentren sujetos, pues tampoco pueden ser contactados en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometidos a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 4.10 Libertad de entrar y viajar en territorio de México. En observancia de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución General de la República, el derecho de entrar y viajar por el territorio mexicano está subordinado a las facultades de la autoridad administrativa donde se regulen limitaciones a esos derechos que impongan las leyes sobre inmigración. Por consiguiente, esta suspensión de plano está sujeta a dichas modalidades constitucionales (no violatorias de derechos humanos) y serán autoridades administrativas quienes decidirán acerca de los derechos identificados en dicho artículo constitucional. 5. Suspensión de plano relativa a la deportación. La promovente solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la deportación o expulsión que la autoridad responsable pretende ejecutar en contra de los quejosos directos******************** y********************. Con fundamento en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 15, 126 y 160 de la Ley de la Materia, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados previamente mencionados en favor de******************** y********************, al tratarse de un acto que tiene relación directa y se involucra la libertad personal del mismo, pues tiene como finalidad la deportación del país, por lo que hace a los efectos y consecuencias, esto es, para efecto de que no se les obligue a abandonar el país. Es decir, se abstenga la autoridad responsable de deportar a su lugar de origen a los quejosos, quedando en el lugar donde se encuentre a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto reciba notificación de la sentencia ejecutoriada que se dicte en el presente juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido que la suspensión concedida no constituye un obstáculo para que, de ser voluntad expresa de los aquí quejosos, puedan retornar a su país de origen. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia I.3º.A.J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Se previene a la autoridad responsable que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo. 6. Cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación a la autoridad responsable, a fin de que den pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, requiérase a la autoridad señalada como responsable para que en el término de veinticuatro horas informen todo lo conducente que pueda servir para la localización de los quejosos, o bien, la causa legal que se los impida; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 7. Orden de salida de la estación migratoria. Respecto a la solicitud de suspensión contra la omisión de emitir la orden de salida, no se tienen elementos suficientes en este momento procesal para determinar si es procedente o no la medida cautelar. 8. Comisión Actuarial. Se comisiona a los Actuarios adscritos a los juzgados exhortados que más adelante se precisarán, para que se constituya en las instalaciones de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza y Querétaro, con sede en Querétaro, a fin de localizar a los quejosos******************** y********************; una vez localizados, se encomienda a los funcionarios a realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, conforme a los artículos 107, 109 y 112 de la Ley de Migración, así como del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, lo siguiente: 8.1 Dén fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberán actuar de manera especial, tratándose de menores de edad o algún otro grupo de personas que se ubique en estado de vulnerabilidad. 8.2 Dén fe del estado físico de los quejosos al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlos sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentran y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 8.3 Dén cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato contra los quejosos. Se hace del conocimiento a la autoridad que está obligada a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 8.4 Requieran a los quejosos para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos su notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Se hace saber a la autoridad responsable que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgador para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se le impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Atento a lo manifestado, se estima innecesario tramitar el incidente de suspensión solicitado en la demanda respecto a los actos reclamados, en razón de que la suspensión de plano concedida es equiparable a la definitiva, de conformidad con lo que determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número P./J. 1/96 (8A). Se autoriza a los Actuarios para que de resultar inexacta la denominación de la autoridad mencionada en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 9. Atención médica. Una vez que los Actuarios tengan conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición a los quejosos y en caso de que así se amerite, habrán de requerirla para que ordene a quien corresponda, se de atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en ellos, debiendo de informar dicha autoridad las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior en el plazo de veinticuatro horas. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. 10. Estado procesal. De las constancias que remite la autoridad declinante, se advierte que el quejoso directo******************** fue trasladado el cuatro de febrero del año en curso a la Estación Migratoria de Saltillo, Coahuila de Zaragoza y el diverso******************** fue trasladado el nueve de febrero del presente año a la Estación Migratoria de Querétaro, con residencia en Querétaro, a fin de continuar con el trámite de su procedimiento migratorio. 10.1 Exhorto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, gírense atentos exhortos vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en turno y Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirvan notificar a los quejosos directos******************** y********************, quien presuntamente se encuentran alojados en la Estación Migratoria de Saltillo, Coahuila de Zaragoza y en la Estación Migratoria de Querétaro, con residencia en Querétaro, respectivamente, el presente proveído, debiendo realizar los requerimientos ahí establecidos; por lo que, se acompaña digitalizado dicho acuerdo y la demanda de amparo, a efecto que se encuentren en condiciones de cumplir con la encomienda ahí citada. Además, deberá hacerle de su conocimiento la suspensión de plano a la autoridad que tenga bajo su resguardo a los quejosos de referencia, para los efectos legales a que haya a lugar. 10.2 Habilitación de días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios adscritos a dichos juzgados practiquen las diligencias correspondientes en el presente asunto, a fin de evitar dilaciones en el procedimiento. 11. Autorizado. Se tiene por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 12. Consulta y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica, al solicitante con nombre de usuario "********************". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente el usuario respectivo y que el usuario proporcionado corresponda efectivamente a los profesionistas mencionados en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 12.1 Instrucción a oficial judicial A. Se instruye a la oficial judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 13. Número telefónico. Se tiene por señalado el número telefónico que proporciona la parte promovente en el escrito de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. 14. Requerimiento al autorizado. Se hace del conocimiento del autorizado que en términos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo, en caso de que******************** y********************, no sean encontrados en el lugar que refirió se encuentran retenidos, deberá comunicar a este Juzgado de Distrito si éstos fueron puestos en libertad o si tiene algún dato adicional con el que se pueda lograr su paradero, puesto que tal circunstancia pudiera generar una causa de sobreseimiento del asunto. Bajo el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 15. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 16. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 17. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.
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