Beatriz Rojero Melendez

Expediente 3/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
3/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
03/01/2017

Partes del expediente

  • Beatriz Rojero Melendez
  • Titular de la Delegación Estatal en Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social. Saltillo

Actuaciones

  1. Incidental

    I. Trámite del incidente de suspensión. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, del que se agrega copia certificada, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 3/2017, promovido por ***, contra actos de la autoridad denominada Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en la ciudad de Saltillo, y otras autoridades. II. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 129, 138, 139, 162 y 168, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir por oficio y por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas; para lo cual se le remite copia de la demanda. III. Apercibimiento a las autoridades responsables. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto que de ellas se reclama, para el sólo efecto de la suspensión y se les impondrá una multa de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 260, fracción I, de la Ley de Amparo. IV. Audiencia incidental. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del nueve de enero de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente, de conformidad con el numeral 138, fracción II, de la ley de la materia. V. Acto reclamado. Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la orden de detención emitida en su contra, y su ejecución. VI. Concesión o negativa de la suspensión. Expuesto lo anterior, se provee la suspensión provisional en los términos siguientes: Ahora bien, si el acto reclamado deriva de un delito o delitos que se imputen a la parte incidentista, para los cuales no rige el nuevo sistema penal acusatorio, los efectos de la suspensión se proveerán de conformidad con lo establecido en los artículos 124, 130, 136 y 138, de la Ley de Amparo (anterior a la publicada el dos de abril de dos mil trece), acorde a lo ordenado en el párrafo segundo del artículo Décimo Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. Por otra parte, si el o los injustos que se atribuyan a la peticionaria de la medida cautelar, y de los cuales en su caso, deriva el acto reclamado, ya le son aplicables las disposiciones del nuevo sistema de justicia penal a que se hizo alusión, como fundamento de los efectos de la medida suspensional se invocan los numerales 128, 163, 166 y 168 de la ley de la materia vigente. Así las cosas, al encontrarse satisfechos los requisitos previstos por la Ley de Amparo, para decretar la suspensión de los actos reclamados, toda vez que la solicita la parte agraviada, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que son de difícil reparación los daños o perjuicios que se llegaren a ocasionar a la parte quejosa de ejecutarse el acto reclamado; lo procedente es conceder a Eleazar y Enrique, ambos de apellidos Reyna Hernández, la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no sean privados de su libertad en ejecución de la orden de detención reclamada a las autoridades señaladas como responsables, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito, por cuanto a su libertad personal. Cabe precisar, que de materializarse la medida de captura reclamada, por tratarse de delito grave o de prisión preventiva oficiosa, las autoridades señaladas como responsables o incluso aquéllas que sin tener tal calidad intervengan en su materialización, deberán respetar en todo momento los derechos humanos de los quejosos. Resulta pertinente señalar que la presente medida cautelar no surtirá efecto alguno, en los siguientes casos: a) Si se pretende privar de la libertad de los quejosos en cumplimiento de alguna orden restrictiva de libertad girada en su contra por autoridad judicial competente, o bien librada por una autoridad relacionada con la institución del Ministerio Público, distintas de las señaladas como responsables. b) Si se les sorprende en la comisión de flagrante delito o en el caso de urgencia a que se refiere el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) Si las órdenes restrictivas de libertad fueron reclamadas por la parte quejosa en un juicio en el que se hubiere negado el amparo y protección de la justicia de la Unión. d) Si las órdenes tendentes a la privación de la libertad de la parte quejosa, son de fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue a las diez horas con veinte minutos del dos de enero de dos mil diecisiete. Además, debe decirse que la suspensión concedida surte efectos de inmediato, pero como medida de efectividad de la misma, se impone a las partes agraviadas la obligación de presentarse ante la autoridad responsable ordenadora que acepte la existencia del acto reclamado, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que se pongan a la vista el informe respectivo, lo que deberán de acreditar dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir de su comparecencia; lo anterior, para la práctica de las diligencias que la autoridad estime necesarias; bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así, dejará de surtir efectos la suspensión concedida. Asimismo, se precisa que la suspensión concedida se revocará si la parte quejosa no exhibe dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que sea notificada de esta resolución, una garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) cada uno, en cualquiera de las formas legales. Las garantías impuestas a los quejosos podrán ser exhibidas en cualquiera de las formas establecidas por la ley, y deberán contener los siguientes requisitos: 1. Que se expida ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 2. Señalar el número de expediente; y, 3. Expresar el objeto para el cual se exhibe. Ahora, si la parte quejosa, opta por exhibir póliza de fianza, ésta deberá de contener, además de los requisitos anteriores, la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de la cantidad caucionada. Lo anterior, se estipula como medida de aseguramiento de que no evadirán la acción de la justicia, a fin de que puedan ser devueltos a la autoridad responsable en caso de que no se conceda el amparo solicitado; garantías que al momento de pronunciarse la resolución definitiva en este incidente podrá ser modificada, ajustándola al monto estimado del probable daño causado por la comisión del delito, en el caso de que éste haya existido; a las probables sanciones pecuniarias a imponer que se desprenda del informe previo de la responsable, tomando asimismo en cuenta, la situación económica que acredite la parte quejosa y las pruebas existentes que puedan determinar la factibilidad de que los impetrantes se sustraigan a la acción de la justicia. Con relación a las anteriores medidas de aseguramiento, es preciso puntualizar que guardan relación con la naturaleza del acto reclamado y que la parte quejosa hizo consistir en la orden de detención girada en su contra, lo cual en todo caso es un acto derivado fuera de procedimiento judicial, con lo que se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de la libertad personal, como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad. Asimismo, las garantías se fijan de manera discrecional, la cual se obtiene tomando en cuenta el tiempo probable en que tardaría en resolverse en definitiva el juicio principal del que deriva este incidente de suspensión, tanto en esta, como en segunda instancia, que es aproximadamente seis meses o ciento ochenta días, por tanto, tomando en consideración que la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se encuentra en $80.04 (ochenta pesos 04/100 moneda nacional), multiplicado éste por los ciento ochenta días mencionados, nos arroja la cantidad de $14,407.20 (catorce mil cuatrocientos siete pesos 20/100 moneda nacional), atendiendo a lo anterior, es que se estima equitativa la suma estipulada en primer término. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, Novena Época, página 226, Materia Penal Constitucional Común, de rubro siguiente: *** Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Apercibidas las autoridades responsables de que se trata, que de no obedecer el presente proveído se procederá en su contra, en términos de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que, una vez que se cuente con mayores datos a los proporcionados en la demanda, es decir, con las pruebas que en su momento llegara a exhibir la parte quejosa o con la información allegada por las autoridades vía informes previos, podrán modificarse la presente determinación. VII. Domicilio y autorizado. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado ***, y autorizando en los amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ***. VIII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. IX. Expedición de copia simple y/o certificada. Como lo solicitan los quejosos, expídanse copia certificada de esta determinación y entréguese a las personas autorizadas para tal efecto, previa razón de recibo que se deje en autos.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el auto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis (foja 17), por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En el caso, toda vez que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  3. Principal

    Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.

  4. Principal

    Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de seis de enero de dos mil dieciséis, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.

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