Beatriz Sandoval Laguna y Otros.

Expediente 494/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
494/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
27/06/2019

Partes del expediente

  • Beatriz Sandoval Laguna y Otros.
  • Beatriz Sandoval Laguna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de doce de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por las quejosas **********, ********** y ********** de apellidos **********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngaseles cumpliendo el requerimiento que se les hizo en providencia de diez de los actuales; en ese sentido se acuerda: Bajo ese contexto, el suscrito estima por una parte, que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, se señala que en la especie la parte quejosa reclama: El acuerdo de treinta de mayo del año en curso, dictado en los autos del juicio sucesorio C0368/2018, en el que el Juez de origen en atención al escrito de veintinueve de ese mes y año que le fue presentado, tuvo a las aquí quejosas realizando manifestaciones y determinó que en atención a que la actuaria designada no se cercioró que la albacea de la sucesión ********** se encontrara habitando en el domicilio que le fue indicado y que en atención a que las gestionantes en su escrito de trece de mayo pasado señalaron un segundo domicilio, ordenó de nueva cuenta remitir el expediente respectivo a la Oficina Central de Actuarios a fin de que el funcionario designado previo cercioramiento de ley, lleve a cabo la notificación ordenada en auto de catorce del mes y año citados, en el que el que se contiene el requerimiento a la albacea antes mencionada. De igual forma, es necesario destacar que los artículos 243, 244 y 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato estatuyen: "Art. 243.- Son apelables las sentencias dictadas, en primera instancia, tanto por los jueces de partido como por los menores. Art. 244.- Las sentencias que fueran apelables conforme al artículo anterior lo será en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Art. 245.- Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos. De la lectura de los anteriores preceptos legales, se desprende que sólo son apelables: Las sentencias dictadas en primera instancia, tanto por los jueces de partido como por los menores; Los autos que decidan un incidente o lo disponga dicho código Por su parte, el numeral 232 de la misma legislación dispone: "Art. 232.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Del tal dispositivo legal se advierte que: Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó. Bajo ese contexto, en la especie la parte quejosa reclama el auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Titular del Juzgado Cuarto Civil de Partido con sede en esta ciudad, dentro del juicio sucesorio C0368/2018, mediante el cual el Juez responsable tuvo a las aquí quejosas realizando manifestaciones y determinó que en atención a que la actuaria designada no se cercioró que la albacea de la sucesión ********** se encontrara habitando en el domicilio que le fue indicado y que en atención a que las gestionantes en su escrito de trece de mayo pasado señalaron un segundo domicilio, ordenó de nueva cuenta remitir el expediente respectivo a la Oficina Central de Actuarios a fin de que el funcionario designado previo cercioramiento de ley, lleve a cabo la notificación ordenada en auto de catorce del mes y año citados, en el que se contiene el requerimiento a la albacea antes mencionada. Ahora, atendiendo a los contenidos de los preceptos transcritos en líneas precedentes, dicho auto de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato no es apelable, sino revocable acorde a lo establecido en el numeral 232 de dicha codificación, esto es, que existe un recurso ordinario a través del cual el auto que se reclama en este juicio puede ser modificado total o parcialmente por el Juez que lo dictó; por ello, es inconcuso que la peticionaria del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer dicho medio de defensa para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, como las solicitantes del amparo no controvirtieron dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que no se trate de un tercero extraño a procedimiento, dado que son parte en el juicio de origen al haber sido declaradas herederas de las sucesión que ahí se ventila, y el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal. Aunado a lo anterior, es de destacarse que en el caso en estudio, se estima que también se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación se derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro de juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, con la finalidad de exponer por qué se actualiza la causal de improcedencia de mérito, es necesario señalar que del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que: Ante el Juzgado Cuarto Civil de Partido con sede en esta ciudad, se encuentra radicado el juicio sucesorio C368/2018, el que se encuentra en etapa de ejecución de la sentencia de adjudicación, promovido por los coherederos **********, **********, **********, **********, **********, así como por **********, todos de apellidos **********, esta última en su carácter de albacea de la sucesión. En dicho juicio las aquí quejosas mediante escrito presentado el trece de mayo del año en curso, solicitaron al Juez de origen, que requiriera a la albacea de la sucesión **********, la rendición de cuentas respecto de los inmuebles que conforman la masa hereditaria. En atención a ello, en proveído de catorce de mayo del año en curso, el Juez responsable ordenó requerir a la albacea de la sucesión **********, para que dentro del plazo de cinco días presentara ente ese Tribunal la rendición de cuentas de los inmuebles que refirieron las promoventes, y la apercibió que en caso de no realizarlo en el término concedido, se aplicaría en su contra los medios de apremio que señala en artículo 60 de la legislación adjetiva civil. En providencia de veinte de mayo del presente año, el Juez Cuarto Civil de Partido en esta ciudad, acordó que una vez que fue revisada la diligencia de notificación practicada por la actuaria designada, al no haber observado ninguna violación a la legalidad, con fundamento en el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, la ordenó agregar al expediente para que surtiera sus efectos legales correspondientes. Después, con motivo del escrito presentado por las aquí quejosas el veintinueve de mayo del año en curso, en proveído de treinta del mismo mes y año, el Juez de origen las tuvo por realizando manifestaciones y determinó que en atención a que la actuaria designada no se cercioró que la albacea de la sucesión ********** se encontrara habitando en el domicilio que le fue indicado y que en atención a que las gestionantes en su escrito de trece de mayo pasado señalaron un segundo domicilio, ordenó de nueva cuenta remitir el expediente respectivo a la Oficina Central de Actuarios a fin de que el funcionario designado previo cercioramiento de ley, lleve a cabo la notificación ordenada en auto de catorce del mes y año citados, en el que se contiene el requerimiento a la albacea antes mencionada -acto que constituye el acto reclamado-. Por lo antes expuesto, se considera que la determinación reclamada, no constituye un acto dentro del procedimiento que sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al declararse cumplida la sentencia respectiva, si ésta es favorable a los intereses de la accionante, y en caso contrario, de resultar opuesta, puede reclamarla en el juicio de amparo indirecto que promueva en contra de la determinación que decida dicha etapa. Lo anterior es así, pues conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse se insiste, al declararse cumplida la sentencia respectiva, si ésta es favorable a los intereses de las accionantes. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia reguladas por la fracción XVIII del artículo 61, así como la prevista en la diversa XXIII del referido numeral, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA:Agréguese a los autos el escrito signado por las quejosas **********, ********** y ********** de apellidos **********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngaseles cumpliendo el requerimiento que se les hizo en providencia de diez de los actuales; en ese sentido se acuerda: Bajo ese contexto, el suscrito estima por una parte, que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, se señala que en la especie la parte quejosa reclama: El acuerdo de treinta de mayo del año en curso, dictado en los autos del juicio sucesorio C0368/2018, en el que el Juez de origen en atención al escrito de veintinueve de ese mes y año que le fue presentado, tuvo a las aquí quejosas realizando manifestaciones y determinó que en atención a que la actuaria designada no se cercioró que la albacea de la sucesión ********** se encontrara habitando en el domicilio que le fue indicado y que en atención a que las gestionantes en su escrito de trece de mayo pasado señalaron un segundo domicilio, ordenó de nueva cuenta remitir el expediente respectivo a la Oficina Central de Actuarios a fin de que el funcionario designado previo cercioramiento de ley, lleve a cabo la notificación ordenada en auto de catorce del mes y año citados, en el que el que se contiene el requerimiento a la albacea antes mencionada. De igual forma, es necesario destacar que los artículos 243, 244 y 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato estatuyen: "Art. 243.- Son apelables las sentencias dictadas, en primera instancia, tanto por los jueces de partido como por los menores. Art. 244.- Las sentencias que fueran apelables conforme al artículo anterior lo será en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Art. 245.- Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos. De la lectura de los anteriores preceptos legales, se desprende que sólo son apelables: Las sentencias dictadas en primera instancia, tanto por los jueces de partido como por los menores; Los autos que decidan un incidente o lo disponga dicho código Por su parte, el numeral 232 de la misma legislación dispone: "Art. 232.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Del tal dispositivo legal se advierte que: Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó. Bajo ese contexto, en la especie la parte quejosa reclama el auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Titular del Juzgado Cuarto Civil de Partido con sede en esta ciudad, dentro del juicio sucesorio C0368/2018, mediante el cual el Juez responsable tuvo a las aquí quejosas realizando manifestaciones y determinó que en atención a que la actuaria designada no se cercioró que la albacea de la sucesión ********** se encontrara habitando en el domicilio que le fue indicado y que en atención a que las gestionantes en su escrito de trece de mayo pasado señalaron un segundo domicilio, ordenó de nueva cuenta remitir el expediente respectivo a la Oficina Central de Actuarios a fin de que el funcionario designado previo cercioramiento de ley, lleve a cabo la notificación ordenada en auto de catorce del mes y año citados, en el que se contiene el requerimiento a la albacea antes mencionada. Ahora, atendiendo a los contenidos de los preceptos transcritos en líneas precedentes, dicho auto de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato no es apelable, sino revocable acorde a lo establecido en el numeral 232 de dicha codificación, esto es, que existe un recurso ordinario a través del cual el auto que se reclama en este juicio puede ser modificado total o parcialmente por el Juez que lo dictó; por ello, es inconcuso que la peticionaria del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer dicho medio de defensa para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, como las solicitantes del amparo no controvirtieron dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que no se trate de un tercero extraño a procedimiento, dado que son parte en el juicio de origen al haber sido declaradas herederas de las sucesión que ahí se ventila, y el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal. Aunado a lo anterior, es de destacarse que en el caso en estudio, se estima que también se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación se derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro de juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, con la finalidad de exponer por qué se actualiza la causal de improcedencia de mérito, es necesario señalar que del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que: Ante el Juzgado Cuarto Civil de Partido con sede en esta ciudad, se encuentra radicado el juicio sucesorio C368/2018, el que se encuentra en etapa de ejecución de la sentencia de adjudicación, promovido por los coherederos **********, **********, **********, **********, **********, así como por **********, todos de apellidos **********, esta última en su carácter de albacea de la sucesión. En dicho juicio las aquí quejosas mediante escrito presentado el trece de mayo del año en curso, solicitaron al Juez de origen, que requiriera a la albacea de la sucesión **********, la rendición de cuentas respecto de los inmuebles que conforman la masa hereditaria. En atención a ello, en proveído de catorce de mayo del año en curso, el Juez responsable ordenó requerir a la albacea de la sucesión **********, para que dentro del plazo de cinco días presentara ente ese Tribunal la rendición de cuentas de los inmuebles que refirieron las promoventes, y la apercibió que en caso de no realizarlo en el término concedido, se aplicaría en su contra los medios de apremio que señala en artículo 60 de la legislación adjetiva civil. En providencia de veinte de mayo del presente año, el Juez Cuarto Civil de Partido en esta ciudad, acordó que una vez que fue revisada la diligencia de notificación practicada por la actuaria designada, al no haber observado ninguna violación a la legalidad, con fundamento en el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, la ordenó agregar al expediente para que surtiera sus efectos legales correspondientes. Después, con motivo del escrito presentado por las aquí quejosas el veintinueve de mayo del año en curso, en proveído de treinta del mismo mes y año, el Juez de origen las tuvo por realizando manifestaciones y determinó que en atención a que la actuaria designada no se cercioró que la albacea de la sucesión ********** se encontrara habitando en el domicilio que le fue indicado y que en atención a que las gestionantes en su escrito de trece de mayo pasado señalaron un segundo domicilio, ordenó de nueva cuenta remitir el expediente respectivo a la Oficina Central de Actuarios a fin de que el funcionario designado previo cercioramiento de ley, lleve a cabo la notificación ordenada en auto de catorce del mes y año citados, en el que se contiene el requerimiento a la albacea antes mencionada -acto que constituye el acto reclamado-. Por lo antes expuesto, se considera que la determinación reclamada, no constituye un acto dentro del procedimiento que sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al declararse cumplida la sentencia respectiva, si ésta es favorable a los intereses de la accionante, y en caso contrario, de resultar opuesta, puede reclamarla en el juicio de amparo indirecto que promueva en contra de la determinación que decida dicha etapa. Lo anterior es así, pues conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse se insiste, al declararse cumplida la sentencia respectiva, si ésta es favorable a los intereses de las accionantes. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia reguladas por la fracción XVIII del artículo 61, así como la prevista en la diversa XXIII del referido numeral, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, ********** y **********, todas de apellidos **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de Partido con sede en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 494/2019-VII. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "El acuerdo emitido en fecha 30 de Mayo del presente año y que nos fuera notificado por lista en fecha 31 de Mayo de los corrientes. Ahora bien, no obstante de que señalan bajo protesta de decir verdad algunos de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, sin embargo de ellos no se puede advertir si este último fue dictado con motivo de la sentencia de adjudicación de fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dentro del expediente sucesorio **********, o bien, dentro del incidente de liquidación de la condena que señalan. Conclusivamente, ante la omisión por la parte quejosa, lo procedente conforme al mencionado artículo 108 fracción V, en relación con el diverso 114 fracción II, ambos de la Ley de Amparo, es prevenirla para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito, y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad si el acto reclamado se emitió con motivo de la sentencia de adjudicación de fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente sucesorio **********, o bien, dentro del incidente de liquidación de la condena que señalan. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos la integran, de ahí que debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un sólo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En otro contexto, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que se precisa en su escrito de demanda. De igual manera, como lo solicitan las gestionantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de la parte quejosa a **********, ello con independencia de que con posterioridad se designe a alguien más con ese carácter. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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