Benito Fabián Girón Álvarez

Expediente 1100/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1100/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
09/06/2023

Partes del expediente

  • Benito Fabián Girón Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se decretó la valoración y archivo del presente juicio de amparo; en ese sentido, se ordena la destrucción del legajo de copias certificadas formado con motivo del recurso de queja interpuesto, en el plazo de seis meses, por lo que se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio remitido vía interconexión por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia León, mediante el cual informa que el ocho de mayo de la presente anualidad, el titular de ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto; en tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y se ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto concluido, el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso j), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se determinó la incompetencia para conocer del presente asunto. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el juicio de amparo 1100/2022-IV promovido por ******************, quien se ostenta defensor público de ******************, fue turnado al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León y se registró bajo el número 508/2023 de su estadística; en ese sentido, con todo comedimiento solicítese al homólogo federal que, de no tener impedimento legal alguno, por cualquiera de las siguientes vías estafeta, telegráfica, o bien, al correo electrónico 6jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, informe sobre la determinación que haya tomado respecto de la incompetencia legal planteada por este juzgado, a fin de estar en aptitud de acordar lo que legalmente corresponda.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, capital, mediante el que envía un legajo de copias certificadas del presente juicio de amparo 1100/2022, así como el testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja penal 3/2023 de su índice, que en su punto resolutivo determinó: ÚNICO. SE DECLARA PARCIALMENTE FUNDADA LA QUEJA." En ese sentido, acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Alzada y para una mejor comprensión de lo que se proveerá, conviene establecer que respecto: Del acto reclamado consistente en la resolución pronunciada en la carpeta de ejecución ************* el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en la que calificó la legalidad del traslado involuntario del sentenciado *************** del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de San Felipe, Guanajuato, al Centro Federal de Readaptación Social en Tepic, Nayarit; y a la Autoridad responsable Juzgado de Ejecución Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, residente en Acámbaro. Con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, por lo que a esa autoridad y acto se refiere. Por otra parte, en lo que atañe a los actos reclamados a la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de San Felipe, Guanajuato, debe decirse que la competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso esencialmente reclama en la presente instancia constitucional: La resolución de tres de noviembre de dos mil veintidós, emitida por la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca ***************, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor del quejoso, en contra el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, emitido por el Juez Único de Ejecución Penal de Acámbaro, Guanajuato, que calificó de legal el traslado del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de San Felipe, Guanajuato, al Centro Federal de Readaptación Social 04 "CPS ORIENTE NOROESTE NAYARIT", así como su ejecución (actualmente donde se encuentra recluido) dentro de la Carpeta de Ejecución ************. Con base en lo expuesto, se llega a la conclusión de que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón del territorio, para conocer de la presente demanda de amparo, dado que los efectos del acto reclamado -el cual si bien es declarativo, tiene efectos positivos-, comenzaron a ejecutarse en una jurisdicción (San Felipe, Guanajuato) y continuaron ejecutándose en otra (Tepic, Nayarit). Se afirma lo anterior, porque según se advierte de los antecedentes narrados en la demanda, dicho traslado se materializó el pasado trece de febrero de dos mil veintidós, fecha en que el directo quejoso Ubaldo Castillo Arellano, fue llevado del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de San Felipe, Guanajuato, al Centro Federal de Readaptación Social 04 "CPS ORIENTE NOROESTE NAYARIT", en donde actualmente está recluido. Por lo que, al comenzar a ejecutar los efectos de ese mandato en una jurisdicción y continuar ejecutándose en otra diversa a la de este órgano jurisdiccional, es incuestionable que se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en donde se establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Pues no hay duda que dicho traslado se materializó en diversas jurisdicciones territoriales (San Felipe, Guanajuato y Tepic, Nayarit) donde este órgano jurisdiccional no ejerce competencia. En el entendido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario. Entonces, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Juzgados de Distrito que en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, ejercen jurisdicción territorial, entre otros, en el municipio de San Felipe. Ello, dado que, si bien es cierto que tanto dichos órganos jurisdiccionales, así como los juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, pueden conocer de la misma por razón de territorio, en virtud de que la orden de traslado se materializó en diversas jurisdicciones territoriales, también lo es que, a fin de lograr una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima que los órganos jurisdiccional con sede en León, Guanajuato, deben conocer de la demanda que se promueve, en virtud de que en el centro penitenciario de dicha localidad se encontraba recluido el ahora quejoso. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48, ambos de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena: I. Remitir los autos del presente juicio de amparo al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con sede en León, a quien se considera competente para conocer del mismo. II. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. III. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído; y, IV. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente.

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