Beatriz Sandoval Laguna y Otros.
Expediente 1009/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Patricia Sandoval Laguna y Otros.
- Beatriz Sandoval Laguna y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito con sede en la ciudad de Guanajuato, al que acompaña los autos originales del expediente en que se actúa e informa que el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra del diverso dictado por este Juzgado el veintinueve de octubre pasado, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, causó estado. Acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Atendiendo al punto vigésimo, fracciones I y III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto, deberá ser destruidos, en el plazo a que alude dicho acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que suscribe el actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual informa que en proveído de catorce de noviembre del año en curso, desechó por improcedente el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, en contra del proveído de veintinueve de octubre del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo que ésta promovió, contra actos del Juez Cuarto Civil de Partido con sede en esta ciudad.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por **********, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, con fundamento en los artículos 82, 83, 84, 85, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, refiere interponer recurso de revisión en contra de la determinación de veintinueve de octubre del presente año, en la que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Décimo Sexto Circuito en el Estado de Guanajuato, el expediente en que se actúa, el escrito de agravios y una copia del mismo para el Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal de Alzada. Solicítese acuse de recibo. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Por recibida la demanda de amparo que presentan *********, ********* y *********, todas de apellidos *********, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de Partido con sede en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1009/2019-VII. El suscrito estima por una parte, que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra sustentado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, se señala que en la especie la parte quejosa reclama: La resolución de diez de octubre del año en curso, dictada por el Juez Cuarto Civil de Partido con sede en esta ciudad, en el incidente de remoción de albacea, así como de solicitud de la venta de un bien inmueble para gastos de ejecución de sentencia, promovido por las aquí quejosas, en el juicio sucesorio C0368/2018. De igual forma, es necesario destacar que los artículos 243, 244 y 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato estatuyen: "Art. 243.- Son apelables las sentencias dictadas, en primera instancia, tanto por los jueces de partido como por los menores. Art. 244.- Las sentencias que fueran apelables conforme al artículo anterior lo será en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Art. 245.- Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos. De la lectura de los anteriores preceptos legales, se desprende que sólo son apelables: Las sentencias dictadas en primera instancia, tanto por los jueces de partido como por los menores; Los autos que decidan un incidente o lo disponga dicho código. Bajo ese contexto, en la especie la parte quejosa reclama la resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Cuarto Civil de Partido con sede en esta ciudad, en el incidente de remoción de albacea, así como de solicitud de la venta de un bien inmueble para gastos de ejecución de sentencia, que promovió en el juicio sucesorio C0368/2018. Ahora, atendiendo a los contenidos de los preceptos transcritos en líneas precedentes, dicho auto de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato es apelable, acorde a lo establecido en el numeral 245 de dicha codificación, esto es, que existe un recurso ordinario a través del cual la resolución que se reclama en este juicio pueda ser revocada o modificada; por ello, es inconcuso que la peticionaria del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer dicho medio de defensa para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, como las solicitantes del amparo no controvirtieron dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que no se trata de un tercero extraño a procedimiento, dado que son parte en el juicio de origen al haber sido declaradas herederas de las sucesión que ahí se ventila, y el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XVIII- de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************, en virtud de obrar su cedula profesional número ***********, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral a ***********, por así haberse solicitado. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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